En el día de ayer, hemos tenido conocimiento de la sentencia dictada por la Sala III del Tribunal Supremo en un asunto promovido por FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, en relación al Servicio de Inspección del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ).

Se trata de la STS 499/2022, de 27 de abril (recurso 129/2021), la cual ha anulado el Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ que ratificó la decisión de la Jefatura del Servicio de Inspección, tras una inspección virtual, de ordenar a un compañero que dictase una serie de resoluciones.

Concretamente, la decisión de la Inspección decía literalmente «Dirigir comunicación al magistrado para, si aún no lo ha hecho, en el plazo más breve posible, proceda al dictado de las resoluciones correspondientes a los siguientes procedimientos, de las que es ponente. Del dictado de la correspondiente resolución en los referidos asuntos deberá informarse a la unidad Inspectora, en el plazo máximo de un mes, adjuntando certificación de la letrada de la Administración de Justicia de la Sección».

Señala el Tribunal Supremo, en primer lugar, que, aunque la comunicación se envió al magistrado afectado cuando éste ya había resuelto los procedimientos pendientes, ello no significa que dicha decisión sea un acto de mero trámite, sin efectos jurídicos sobre quien la recibe. No puede olvidarse, dice el Supremo, que estamos ante un órgano técnico del CGPJ exigiendo a un magistrado, imperativamente, el cumplimiento de su deber de resolver unos asuntos, en un plazo determinado y debiendo justificarlo.

Por eso nuestro Alto Tribunal, sensible con la importancia del asunto, entra al fondo. Y es entonces cuando precisa que una cosa es proponer, invitar, recomendar o sugerir a los jueces, algo que puede hacer el Servicio de Inspección, y otra bien distinta requerirles o conminarles, cosa que no puede hacer.

Y es que, concluye la referida sentencia, las formas utilizadas por el Servicio de Inspección en la referida comunicación lo sitúan fuera de sus competencias. Es decir: «el Servicio de Inspección del CGPJ no está facultado para dirigirse conminatoriamente a los jueces y magistrados».

Hacerlo supone un ataque a su independencia judicial, la cual, además de ser esencial en la función que tienen encomendada (tutelar los derechos e intereses de todos y el control de la legalidad de la actuación administrativa), «juega tanto respecto de los demás poderes públicos como respecto de los órganos de gobierno del Poder Judicial».

No es la primera vez que el Tribunal Supremo tiene que embridar los excesos del Servicio de Inspección. Ya ocurrió en el pasado con, entre otras, la STS 137/2018, de 1 de febrero, en recurso interpuesto por FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, que anuló la decisión del Servicio de Inspección avalada por el CGPJ de ordenar a un compañero, en este caso, que señalase más juicios.

Desde esta asociación nos congratulamos de esta decisión judicial, por cuanto supone un nuevo recordatorio de la importancia de la independencia judicial, también frente a nuestro órgano de gobierno, lamentando que desde el mismo no se tengan claros los límites de su función y la importancia salvaguardar esa independencia judicial, obligando a compañeros como nuestro asociado a tener que acudir a los tribunales.

Creemos que esta sentencia del Supremo es muy importante para la carrera judicial, por cuanto contribuye a dar tranquilidad a todos los que puedan verse afectados por prácticas similares, que esperamos, y tras ella, queden definitivamente desterradas.

Entre tanto, desde FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE seguiremos dedicando nuestros esfuerzos y recursos a defender a los jueces de los ataques que reciban, también cuando vengan del propio CGPJ.

Madrid, a 5 de mayo de 2022

Comisión Gestora del FJI