Las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro acuerdo con las conclusiones alcanzadas el jueves pasado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), relativas al déficit estructural de la plantilla de la carrera judicial debido a la falta de creación de plazas judiciales.

España, lo hemos dicho reiteradamente, es uno de los países con mayor litigiosidad de nuestro entorno europeo, con un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. Pero ello no se refleja en el número de jueces/as para resolver esos litigios, sino al contrario: la media española de jueces/as por habitante es muy inferior a la media europea. Evidentemente, esto arroja sobrecarga y retraso en la respuesta que, desde los juzgados, se da a los problemas de los/as ciudadanos/as.

Con esto queremos decir que la situación de la que partimos ya es precaria. Pero es que, según concluye el CGPJ, a finales de 2023, y debido sobre todo a las jubilaciones, de las plazas judiciales ya creadas, que, repetimos, son insuficientes, quedarán vacantes unas 181. Es decir, el poder ejecutivo no está convocando por el turno libre plazas de jueces/as en número bastante como para cubrir al menos la tasa de reposición por jubilaciones.

Eso sí, no nos pasa desapercibido que el CGPJ, de un lado, denuncia la falta de creación de plazas judiciales por parte del poder ejecutivo, lo cual está muy bien señalar, pero de otro lado, y durante su largo mandato, ha dejado de convocar numerosas plazas por el turno de juristas de reconocida competencia y por el turno de especialidades, como es su obligación, contribuyendo así al mantenimiento de esas vacantes a las que se refiere.

Hay pocas plazas judiciales, pero si las mismas ni siquiera se cubren por la falta de compromiso del poder ejecutivo (y del propio CGPJ), vamos abocados a una ralentización aun mayor de la justicia española. No quepa duda de que, además de precarizar las condiciones de trabajo de los miembros de la carrera judicial, los mayores damnificados serán los/las justiciables y sus derechos, que podrán ser vulnerados sin encontrar un poder judicial que los ampare eficazmente.

No es la primera vez que denunciamos la falta de jueces/as en España. Lo hemos dicho públicamente en numerosas ocasiones, y otras tantas se lo hemos hecho llegar a los diferentes responsables políticos. Sin embargo, la única respuesta que recibimos es el silencio, demostrativo de lo poco que interesa que la Justicia funcione y con ello poca altura de miras, pues un sistema de justicia con medios y eficaz, repercute en un estado de Derecho más avanzado, en una economía más eficiente y en una mejor imagen y confianza externa.

El bienestar de nuestra sociedad y su salud democrática no sólo dependen del correcto funcionamiento de servicios tales como la sanidad o la educación, sino también de la Justicia. No atenderla, como conscientemente llevan haciendo los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años, es poner en riesgo uno de los pilares fundamentales del Estado, menoscabando el crecimiento económico del país, los derechos de los ciudadanos y las garantías contra la corrupción de los poderosos.

Por todo ello, volvemos a reclamar, no solo un incremento de la plantilla judicial, sino también el correspondiente esfuerzo presupuestario para sostenerla. Y también las reformas legales necesarias que permitan superar el tradicional binomio juez-juzgado y que faciliten económicamente la creación de plazas judiciales.

A 29  de abril de 2022

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE