En el día de ayer los grupos parlamentarios socialista y confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentaron ante la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para modificar la actual LOPJ para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones.
Tal propuesta, que presenta como aspectos más relevantes la suspensión de la función de nombramientos por parte del CGPJ durante el tiempo que permanezca en funciones y la limitación de su potestad reglamentaria, tiene como razón de ser “un déficit en el diseño constitucional del Estado” y pretende “aportar legitimidad democrática al tercer poder del Estado”.
Ante la gravedad de los hechos descritos, desde FJI queremos hacer las siguientes consideraciones:
1.- Resulta llamativa la apelación al supuesto “déficit en el diseño constitucional”, cuando lo cierto es que la propuesta realizada tiene claros visos de inconstitucionalidad al impedir que el CGPJ pueda llevar a cabo una de las funciones que expresamente le reconoce el artículo 122.2 de la Constitución Española: realizar los nombramientos de los más altos Tribunales de nuestro país.
2.- El Poder Judicial por definición debe ser independiente. El vaciamiento intencionado de funciones de un órgano constitucional como el CGPJ por parte del poder legislativo, en atención a criterios meramente políticos, supone desconocer la exigencia del principio de separación de poderes, el imprescindible equilibrio entre ellos y una injerencia inadmisible constitucionalmente pues lo que busca es influir en la composición de la cúpula judicial. No puede bajo ningún concepto hacerse depender la composición de Tribunales de los intereses de los distintos partidos políticos.
3.- El pasado 9 de noviembre, los 47 ministros de justicia del Consejo de Europa en su 70 aniversario reafirmaron su compromiso de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger el Estado de Derecho.
4.- Pese a ello, el Ministro ha incumplido reiteradamente esta obligación Y así:
–       El Ministro ha interferido en la labor del CGPJ solicitando públicamente a aquel en diversas ocasiones que no realice nombramientos de magistrados del TS, a pesar de que el Consejo esté obligado a hacerlos.
–       El Ministro ha justificado públicamente una reforma de la LOPJ para reducir las mayorías con las que se eligen los vocales judiciales que debilita aún más la separación de poderes, lo que ha provocado que por primera vez en la historia intervengan, llamando la atención a España, tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa.
–       El Ministro no solo está dispuesto  a repartirse los Vocales del CGPJ sino que además aspira a alcanzar un acuerdo para designar al Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo, lo que contraviene directamente lo dispuesto en el artículo 586 de la LOPJ, tal y como lamentablemente sucede en este país desde hace 35 años, siendo responsables de dicha práctica los dos principales partidos que vienen alternándose en el poder en España
–       A pesar de las advertencias  de Europa se presenta esta segunda reforma, ante la pasividad del Ministro. Una reforma que paraliza  el funcionamiento del poder judicial, con la expresada intención de superar un bloqueo que no es otra cosa que la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en perfiles independientes.
 
Desde FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, -única asociación judicial que, en coherencia con lo reclamado no avala listas de candidatos al CGPJ-, se ha solicitado ya en el pasado la dimisión de Ministros de Justicia de distinto signo político, como Gallardón o Catalá, y no podemos permanecer impasibles ante los ataques a la separación de poderes que se vienen realizando con el anuncio de reformas que socavan la independencia judicial. Por todos los motivos expuestosy en atención también al resultado de la consulta efectuada a nuestros asociados el pasado 6 de noviembre, SOLICITAMOS LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA, Sr. Campo y reclamamos que la clase política apueste definitivamente por un modelo de gobierno del Poder Judicial que cumpla con los cánones anticorrupción que viene reclamando el Consejo de Europa desde hace 7 años.
La Comisión Gestora de Foro Judicial Independiente.
Madrid, 3 de diciembre de 2020