FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE quiere comunicar a la carrera y a la sociedad que en la mañana de hoy ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 28 de julio, acuerdo que retiró del orden del día el nombramiento de cinco cargos discrecionales que debía cubrir (tres magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una presidencia de Tribunal Superior de Justicia y una presidencia de Audiencia Provincial), y ello, según nota remitida a los medios, “por razones de prudencia ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del CGPJ”.

Ya nos pronunciamos públicamente sobre ello. El art. 570.2 LOPJ es muy claro en cuanto a que el CGPJ debe seguir proveyendo los nombramientos a pesar de no haber sido renovado, por eso entendimos que se trató de una decisión lamentable, sobre todo por cuanto supuso poner en el tablero de la negociación política esas plazas judiciales, ofreciéndolas como moneda de cambio para estimular la renovación el CGPJ. Con su actuar, el presidente Carlos Lesmes y demás vocales del CGPJ (solo cinco votaron en contra de dicho acuerdo), arrastraron la dignidad profesional de unos candidatos que llevan esperando una decisión al respecto desde hace meses.

Concretamente, desde hace más de los seis meses que el Reglamento de aplicación establece para proveer dichas plazas, sin más excusa que la de esperar que el cambio de cromos político culmine en la renovación del CGPJ.

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE no tiene intereses en esas plazas, pues ningún asociado se postula a ellas. Igualmente, tampoco tiene interés en que sea este CGPJ o el que ha de sucederle quien las provea, pues nos da igual qué presunta ideología debe dominar dicha elección; de hecho, lo que nos produce rechazo es que el mérito y capacidad de los candidatos se mida más por la configuración del CGPJ que por sus currículums.

Pero lo que no estamos dispuestos a dejar pasar es que el CGPJ juegue abiertamente con la composición de las altas instancias judiciales según cálculos políticos. No ya es que incumpla la Ley que le obliga a proveer esas vacantes en el plazo de seis meses, sino que lo hace con el confeso propósito de atender a las negociaciones políticas. Éstas, está diciendo el CGPJ, son las que deben guiar la elección de los magistrados del Tribunal Supremo.

No se puede admitir esta degradación de las funciones del CGPJ y, por tanto, de la misma institución. Y es por ello, por entender que es contrario a la Ley, que hemos recurrido ese acuerdo.

Esta decisión se tomó antes de conocer que en el orden del día del Pleno de este miércoles están incluidos, nuevamente, esos nombramientos. Quedamos a la espera de lo que suceda entonces.

 

Madrid a 28 de septiembre de 2020

La Comisión Gestora de FJI