El pasado día 28 de julio, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retiró del orden del día, que tenía previamente aprobado, el nombramiento de cinco cargos discrecionales que debía cubrir (tres magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una presidencia de Tribunal Superior de Justicia y una presidencia de Audiencia Provincial), y ello, según nota remitida a los medios, “por razones de prudencia ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del CGPJ”.

Ante lo ocurrido queremos manifestar nuestro más profundo rechazo.

Que el Ministro de Justicia, como miembro del poder ejecutivo, manifieste en la prensa que “el órgano de gobierno de los jueces no debe hacer nombramientos antes de ser renovado” es criticable, puesto que debe conocer lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y los Reglamentos aplicables al respecto. Pero que el CGPJ recoja el guante y se pliegue a los dictados del Ejecutivo, es algo que simplemente no debería suceder.

El problema es que no es la primera vez que el CGPJ pone los intereses políticos por encima de sus obligaciones legales en una inaceptable confusión de prioridades. Ya el 16 de enero, el CGPJ hizo pública la decisión adoptada en el Pleno de ese mismo día, a propuesta del presidente D. Carlos Lesmes, de “paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución”, acuerdo que nunca fue publicado, a pesar de que FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE lo ha pedido hasta en tres ocasiones con el fin de conocer el fundamento jurídico de tal decisión, sin haber obtenido respuesta.

Y ahora volvemos a asistir al lamentable espectáculo de ver cómo el CGPJ está más pendiente de las negociaciones de los partidos políticos que de proveer inmediatamente, tal y como manda la Ley, las vacantes judiciales, también las que se ocupan con nombramientos discrecionales.

Con ello, el CGPJ están perjudicando gravemente, no solo el interés público, que exige cubrir las plazas ahí donde quedan vacantes, para mejor prestación del servicio, sino también los legítimos intereses de los candidatos propuestos, que, utilizados como moneda de cambio para facilitar la renovación del CGPJ, llevan meses inmersos en un proceso que debería haber concluido hace otros tantos.

Pero, además, lo que ha hecho el CGPJ es poner en duda ante toda la opinión pública la aptitud profesional de estos candidatos. Con este actuar, el CGPJ evidencia que no se trata tanto de examinar sus méritos, pues entonces daría igual si la elección la hace uno u otro CGPJ, como de quién los nombre. Y si esto es importante, es porque se tienen en cuenta otras variables ajenas a sus capacidades, tales como los contactos o las afinidades ideológicas. Esto al menos hemos de agradecer al CGPJ, que, al actuar sin disimulo alguno, ha puesto de manifiesto cómo funcionan las cosas realmente, más allá de palabras huecas y discursos vacíos.

Tanto es así, que el referido acuerdo del Pleno del CGPJ cuenta con nada menos que cinco votos en contra, tres de los cuales han firmado un voto particular, incluso. Es evidente que no existe amparo normativo alguno a esta decisión, lo que nos acerca peligrosamente a figuras jurídicas tales como la desviación de poder, cuando no a otras más graves.

Y sobre todo, lo que se evidencia es una injerencia política en el Poder Judicial que daña la credibilidad de todo el sistema judicial y perjudica la lucha contra la corrupción. Conviene recordar que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) repitió en su último informe lo que lleva afeando a España desde hace lustros, esto es, que la intromisión de los partidos políticos en la elección del CGPJ es un factor de corrupción. Concretamente ha dicho que esta intromisión política hace que el CGPJ no se perciba como imparcial e independiente y que ello, no solo afecta a la confianza del ciudadano en la equidad y eficacia del sistema judicial, sino que produce un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción.

Nada menos.

Lamentamos profundamente, por el daño que supone a la separación depoderes y, por tanto, a la vigencia de un Estado Democrático de Derecho, que el CGPJ esté dando la razón a GRECO.  Y pedimos a la sociedad en su conjunto, a la carrera judicial y a los candidatos afectados que no callen ante este espectáculo y se pronuncien de la forma que consideren más adecuada, incluida la adopción de las medidas legales que FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE se compromete a estudiar y apoyar en la medida que se considere más oportuna.

Madrid 30 de julio de 2020
La Comisión Gestora de FJI