En las últimas semanas ha sido noticia, en varias ocasiones, la interposición de querellas por parte de un determinado despacho de abogados contra Magistrados de diversas Audiencias Provinciales, según los querellantes, por dictar sentencias contrarias a la jurisprudencia del TJUE. También ha sido noticia el archivo de varias de ellas, incluso, en algún caso, con imposición de multa a la querellante.

Hemos podido comprobar cómo estas noticias han generado malestar, incluso preocupación entre muchos compañeros de la Carrera Judicial.

Queremos dejar bien claro, desde el principio, que defendemos el derecho de cualquier persona o entidad a ejercitar las acciones que estime oportunas en defensa de sus intereses, incluso la actuación contra jueces o magistrados cuando considere que no han cumplido con sus deberes o le han causado algún perjuicio.

Asimismo, queremos manifestar nuestro total respeto a las decisiones que puedan adoptar los Tribunales a los que corresponde el conocimiento de estas querellas.

Sin embargo, ante el anuncio público por parte del despacho anteriormente referido de interponer nuevas querellas contra todos los jueces y magistrados que dicten resoluciones en las que no se comparta su mismo criterio, consideramos que no debemos esperar más para manifestarnos sobre esta cuestión.

Y es que, dadas las circunstancias concurrentes, no podemos evitar sospechar que, tras la interposición de estas querellas, existe el único interés de un despacho de abogados en presionar a los jueces y magistrados que han de conocer de cientos de asuntos interpuestos, o por interponer, para que resuelvan en el sentido que les conviene, y en obtener publicidad que les otorgue una posición ventajosa frente a otros despachos que llevan el mismo tipo de asuntos. Así, este despacho no se ha limitado a interponer las querellas a que hemos hecho referencia, sino que ha procurado darles la mayor difusión posible y, lo que consideramos más grave, ha anunciado públicamente la interposición de nuevas querellas contra los jueces o magistrados que se aparten de la aplicación del derecho que les interesa.

Sobre todo, queremos mostrar nuestra preocupación por el riesgo de que se puedan generalizar este tipo de conductas. Especialmente en el ámbito de la litigiosidad en masa, puesto que el gran volumen de dinero que mueve y las irrelevantes consecuencias que conlleva la interposición de una querella infundada pueden tentar a algún profesional, como así creemos que está ocurriendo, a intentar emplear de manera torticera estos mecanismos, como medio para satisfacer su (sin duda legítimo) ánimo de lucro.

En un Estado Democrático y de Derecho, como el nuestro, los jueces están sometidos al imperio de la ley, y son responsables de sus decisiones, penal y disciplinariamente, pero es garantía para los derechos de los ciudadanos que cada Juez y cada Magistrado pueda tomar sus decisiones libre y serenamente.

Madrid 13 de julio de 2020

Comisión Gestora del Foro Judicial Independiente