Estimados compañeros:
El pasado 4 de Junio la CP aprobó el informe –respuesta que formará parte de la respuesta que el Ministerio de Justicia presentará al Greco.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/El-CGPJ-aprueba-la-respuesta-informe-en-relacion-con-las-recomendaciones-de-GRECO
Por ser de interés para la carrera judicial os adjuntamos nuestra valoración sobre el contenido del informe aprobado por el Consejo.
EL CONSEJO SE RETRATA ANTE GRECO
LA ASOCIACION FJI ante la respuesta-informe elaborada por el CGPJ en relación con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en su Cuarta Ronda de Evaluación, que formará parte de la respuesta que el Ministerio deJusticia presentará al secretariado de este grupo del Consejo de Europa, desea realizar las siguientes manifestaciones:
1.- La falta de independencia estructural del Poder Judicial tiene su causa directa en la elección parlamentaria de los vocales, elección que indirectamente permite a los políticos influir en la designación de los altos cargos judiciales. Ningún organismo internacional lo apoya. Antes bien, desde el año 2013 todos han recomendado su modificación y lo consideran además un factor de corrupción. El TEDH y el TJUE han alertado de los riesgos que conlleva. No obstante, el informe silencia todas las recomendaciones y pronunciamientos jurisprudenciales.
2.- El CGPJ destaca como un logro el amplio acuerdo parlamentario para la elección de los vocales, pero este acuerdo ha consistido siempre y sin excepción en un mercadeo de puestos entre las diferentes fuerzas en proporción a su importancia con la finalidad de controlar el Poder Judicial, como reveló el famoso mensaje del senador Cosidó. El sistema descrito en el mensaje no fue una ocurrencia del senador sino el modo de proceder de las fuerzas parlamentarias durante 35 años en relación con la selección de vocales tal y como advirtió la STC 108/86 de 29 de Julio.

3.- Lo que el informe tampoco describe son los “requisitos necesarios” para resultar elegido vocal. El sistema de designación parlamentaria obliga a los jueces a aproximarse a los partidos políticos y ganarse su confianza para resultar elegidos. Es un sistema apoyado en las denominadas puertas giratorias, que premia a los jueces con cargos y resulta ventajoso para todos.
4.-Desde el punto de vista de la denominada “legitimidad democrática de origen” el sistema de elección judicial no admite reparo alguno salvo que se cuestione la legitimidad democrática del conjunto de los jueces españoles. El CGPJ no tiene legitimidad democrática por ser elegido en su integridad por el Parlamento sino por ser un órgano constitucional. Si los jueces no se eligen por el pueblo y nadie cuestiona su legitimidad como Poder del Estado, no vemos cómo se puede cuestionar de la misma manera que los gobernados elijan parcialmente a sus gobernantes, pues debe recordarse que nuestro sistema de elección de vocales es mixto.
5.- El origen parlamentario de los vocales dificulta la defensa de la independencia del Poder Judicial, dados los intereses políticos en juego, como se comprueba cada vez que se produce un ataque a la separación de poderes por parte del poder político, lo que deja al Poder Judicial, en la práctica, inerme ante dichos ataques.
6.-Ni la participación indirecta de jueces en el proceso, ni las mayorías reforzadas suponen un “cierto refuerzo de la independencia “como afirma el informe, pues desde que se reformó el sistema –salvo alguna excepción- nunca ha resultado elegido un vocal que no perteneciera a las asociaciones con presencia en el Consejo. De modo que la participación de los jueces en el proceso de selección no es más que un maquillaje con el que esconder la realidad de un pacto entre determinados jueces y políticos fuera del Parlamento y del control público.
7.- Solo una pequeña proporción de jueces tiene posibilidades reales de acceder a los altos cargos judiciales. El sistema de nombramiento discrecional se ha revelado falto de imparcialidad, – dados los intereses ventilados en relación con las partes-lo que afecta al derecho constitucional de los jueces a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, según prevé el art. 23.2 CE, pues sin contactos previos con los vocales es muy difícil que un candidato tenga opciones de resultar elegido en función exclusiva de los méritos invocados. No en vano los jueces españoles son los más críticos de toda Europa con su propio sistema de promoción según el último informe de la RECJ de 2017 (el 78% afirma que no se realizó conforme a la capacidad y la experiencia).
8.-La última reforma del art. 326 de la LOPJ no ha establecido criterios objetivos de evaluación como pedía el Greco para asegurar la transparencia. El legislador ha permitido que sea el propio Consejo quien señale “la ponderación de los méritos en la valoración global de cada candidato”. Y en esa ponderación, el Consejo ha decidido primar los méritos de apreciación subjetiva sobre los de carácter objetivo. Además, la motivación de los nombramientos no incluye contraste entre los candidatos. Como consecuencia, el control jurisdiccional se torna imposible.

9.- Nada dice el informe sobre la participación de las mujeres en los procesos selectivos para los puestos de nombramiento discrecional de la Judicatura
(Presidencias de Tribunales y Salas y puestos de Magistrado/a del Tribunal Supremo) a pesar de que según el último plan de igualdad aprobado por el Consejo el 20 de Enero de este año “continúa siendo muy baja durante toda la serie temporal, del mismo modo que continúa siendo llamativo el elevado número de procesos selectivos a puestos de nombramiento discrecional a los que no concurre ninguna mujer”, considerando necesario y urgente un estudio sociológico que analice las causas.
10.-Para el Consejo, sin embargo, no hay politización y el sistema de nombramientos discrecionales “garantiza tanto la imparcialidad del proceso como la observancia del derecho constitucional de igualdad. Todo el proceso de nombramiento para cargos de carácter discrecional en el seno de la Carrera Judicial goza de la máxima transparencia, y se sujeta al control jurisdiccional. “
FJI considera de extrema gravedad que el informe aprobado por la Comisión Permanente de 4 de junio ayude al Gobierno a defender un sistema que no es ni independiente, ni imparcial ni transparente, ni respeta el principio de igualdad en la promoción profesional.
FJI seguirá defendiendo la opción de no colaborar con el sistema de designación parlamentaria, aunque sea en solitario. Creemos que la mayoría de los jueces no lo apoya y espera que se modifique cuanto antes. Esto es lo que un Consejo independiente debería haber pedido y no apoyar sin fisuras un sistema que nos sitúa en la zona roja de todas las evaluaciones.
Madrid a 16 de junio de 2020.
La Comisión Gestora de Foro Judicial Independiente