A la vista de la Guía de Buenas Prácticas para la Reactivación de la Actividad Judicial, publicada por el Consejo General del Poder Judicial el 29/4/2020 y de los Acuerdos de la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, en su reunión de 4/5/2020, la Sección
Territorial de Foro Judicial Independiente en este territorio, quiere
indicar:
– PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN.

Resulta imprescindible en el deber de coordinación que existe en materia de prevención, que desde las distintas Presidencias de Audiencias Provinciales y Decanatos se impulsen reuniones y grupos de trabajo con las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Justicia,
Colegios Profesionales y, en su caso, con las Gerencias de los Edificios Judiciales, a fin de establecer Protocolos de actuación en materia de protección de la salud. En su defecto se insta a cada uno de los Jueces y Magistrados de este territorio para que dicten acuerdos gubernativos
que establezcan pautas de comportamiento, siguiendo lo indicado por la Guía de Buenas Prácticas publicada por el CGPJ.
– PROTOCOLO PARA CELEBRACIÓN DE VISTAS TELEMÁTICAS Y VIDEOCONFERENCIAS.

La referida Guía de Buenas Prácticas para la reactivación de la actividad judicial impone a las distintas Salas de Gobierno la obligación de aprobar protocolos para la celebración de vistas telemáticas y videoconferencias. Consideramos del todo insuficiente lo que sobre el particular ha acordado la Sala de Gobierno de Andalucía, Ceuta y Melilla en su punto 5 (reactivación de
la actividad judicial) e instamos a que realice de manera única un protocolo para todo el ámbito territorial, a fin de dotar de seguridad jurídica y criterios claros esta nueva forma de trabajo pues entendemos que resulta necesario, además, de determinar las competencias para determinar cuál o cuáles de los funcionarios ha de encargarse de
realizar las actuaciones para poder celebrar los juicios y actuaciones
por videoconferencia/circuit o sistema similar (por ejemplo, la invitación de circuit, recabar los números de teléfono o correos electrónicos y similar).
– DESESCALADA POR FASES.

El Acuerdo de la Sala de Gobierno aquí referido, plantea un escenario de reactivación por fases y entre el 11 al 24 de mayo insta a la celebración de aquellos señalamientos y actuaciones judiciales “razonables”. Denunciamos que tal decisión se haya adoptado de manera descoordinada, sin conocer la plantilla de la que dispone cada órgano judicial y sin saber si en este período va a permanecer vigente el estado de alarma. En ese caso, el concepto de
“razonabilidad” debe ser sustituido por el de esencialidad e inaplazabilidad, criterios legales de interpretación jurisdiccional para los que la Sala de Gobierno no tiene competencia decisoria.
– LA DESEADA NORMALIDAD.

El Acuerdo de la Sala de Gobierno plantea un escenario de normalidad a partir del 25 de mayo. Sin saber lo que se va a decidir por el Gobierno de España o en el Parlamento. El planteamiento que hace el acuerdo, que ahora valoramos, nos hace pensar que “la nueva normalidad” no es más que una irreal normalidad. Es imposible una ordenación de los señalamientos a la nueva situación, cuando están previamente señalados desde hace meses, sino años, y es conocido por la Sala de Gobierno. Se insta a priorizar medios telemáticos sin disponer de los
recursos técnicos necesarios; a modo de ejemplo, el programa Circuit es un programa de videoconferencias, pero no permite el traslado de documentos propios de un juicio.
Se insta a que las administraciones competentes faciliten los equipos de
protección adecuados, pero no se ha interesado por saber si cada Juez o Magistrado ya se dispone de ellos. Seremos los únicos que los llevaremos de casa. Se organiza la normalización de la actividad sin saber si los funcionarios van a reincorporase a sus puestos de trabajo, en la totalidad de la plantilla.
Acabamos de conocer un borrador el Misterio de Justicia, posterior al
acuerdo aquí valorado, que fija un plan de desescalada distinto en plazos y recursos humanos a lo establecido por la Sala de Gobierno, por lo que consideramos que de aprobarse aquél, lo decidido por nuestro órgano gubernativo no tendrá validez alguna.
– PROTOCOLO DE REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL.

Sonroja lo acordado por la Sala de Gobierno en este protocolo, al ser tan distante de la realidad, que parece no haber sido redactado por un profesional de la justicia. Está plagado de brindis al
sol y buenos propósitos, pero del todo contrarios a la realidad de un juzgado. Sin ánimo de repetirnos:
– Se insta al uso de aplicaciones informáticas que no están pensadas ni preparadas para la celebración de juicios, ni se atiende a la diferencia entre la práctica distinta de cada
Jurisdicción.
– Se acuerda el escalonamiento de los juicios en agendas que ya están cerradas desde hace meses, sino años, y no se puede desconocer y/u obviar.
– Se inventa un nuevo trámite procesal de anticipación de prueba, que además de no estar previsto en las leyes procesales, burocratiza con más papel los ya saturados procedimientos.
– Lo de pantallas o medios audiovisuales en el exterior de las sedes judiciales parece una broma de mal gusto. Trabajamos en edificios decimonónicos la mayor parte de los Jueces y
Magistrados de Andalucía y/o no estaban destinados para ser sedes judiciales, en los que existen tales medios.
– JUECES ESPECIALMENTE SENSIBLES Y CON NECESIDADES
DE CONCILIACIÓN FAMILIAR.

Nada se dice en el Acuerdo, ahora
valorado, de estos sectores de la Carrera Judicial. Instamos a quien se encuentre dentro de estos grupos a que soliciten la adaptación del puesto de trabajo o el correspondiente permiso para poder atender las necesidades de su familia.
En CONCLUSIÓN, la Sección Territorial de Foro Judicial Independiente en Andalucía valora que, de incorporarnos a la actividad jurisdiccional, será, como muy pronto el día 25 de mayo; antes será imposible manteniéndose el estado de alarma, y lo acordado en las fases de la
“desescalada”, como son las limitaciones de movilidad entre provincias, y la paralización de todos los trámites durante más de dos meses.
Si se desea que a partir de esa fecha se proceda a la normalización de la
actividad, previamente será necesaria la reincorporación de toda la plantilla de funcionarios en las distintas sedes judiciales, adoptando medidas para la protección de su salud.
Los órganos de gobierno en Andalucía deben bajar a la realidad, y si quieren ser útiles, deben promover protocolos de actuación en materia de prevención y de vistas por medios telemáticos, que garanticen un trabajo saludable y eficiente.
De lo contrario, la efectividad sólo se conseguirá a costa de la salud de todos los asistentes a juicio, viéndonos obligados a celebrar todas las vistas y declaraciones de manera presencial y sin elementos de seguridad laboral por falta de medios técnicos y de protección.
En Sevilla, a 7 de mayo de 2020.
SECCIÓN TERRITORIAL DE FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE EN
ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA.