La Asociación Judicial Foro Judicial Independiente quiere poner de manifiesto:
La preocupación que le produce el hecho de que en pleno estado de alarma el Gobierno, aprovechado la tramitación del Real Decreto-ley 15/2020, de 20 de abril, de medidas urgentes y complementarias para apoyar la economía y el empleo, que prevé medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis, se utilice su disposición transitoria sexta para
modificar la gestión de las pensiones de los funcionarios, entre ellos los miembros de la carrera judicial, sin debate parlamentario previo y sin haber estudiado, analizado y reflexionado el
alcance de dicha modificación.
Si prospera el citado Real Decreto Ley la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, pasa a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el estado
transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas. De una forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la
gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera durante un breve periodo transitorio.
La modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones. Por otro lado, las modificaciones incluidas en el Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía de las clases
pasivas del Estado de manera sorprendente.
Aunque inicialmente dicha trasferencia no afecta a los derechos de los funcionarios, sí podría ser un primer paso de modificaciones futuras y resulta especialmente preocupante dicho
traspaso en pleno estado de alarma y sin causa alguna que lo justifique.
Instamos al CGPJ a que realice un estudio serio y en profundidad sobre cómo estas medidas pueden afectar a los miembros de la carrera judicial.