En relación con el primer Documento de trabajo sobre medidas organizativas y
procesales para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma, y sin perjuicio de estar trabajando en el estudio para alegaciones sobre la totalidad del documento, queremos mostrar ya nuestro más absoluto rechazo a la
designada como 6.25.
Dicha medida consiste en “adscribir a los jueces en prácticas y en expectativa de
destino de las promociones 69.ª y 70.ª de la Carrera Judicial a realizar labores de
refuerzo en los órganos del orden jurisdiccional social”.
En el caso de los jueces de la promoción 69 se propone, nada menos, que
“modificar” el acuerdo de 19 de marzo de 2020 de la Comisión Permanente, mediante el que se nombró jueces sustitutos a los jueces en prácticas de dicha promoción. En primer lugar, esta propuesta modificación es contraria a la inamovilidad consagrada en el artículo 117.1 de la Constitución, que también es predicable de quien actúa como juez
sustituto (art. 298.2 de la LOPJ). Por otra parte, la Comisión Permanente no puede
“modificar” sin más sus propios actos, y está sometida a lo dispuesto en los arts. 106 y ss. de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, para la revisión de sus acuerdos. Finalmente, ha de tenerse en cuenta el grave perjuicio que esta decisión supone para los compañeros de la promoción 69, que ya han tomado posesión en sus
nuevos destinos, con el trastorno que ello supone en cuanto a su organización particular (arrendamientos, mudanzas, organización familiar…).
En el caso de los jueces de la promoción 70 lo que se propone es modificar su
plan docente, aprobado por acuerdo de la Comisión Permanente de 24 de julio de 2019.
De nuevo debe recordarse que la Comisión Permanente no puede, sin más, modificar sus acuerdos, sino que ha de ajustarse a la ley para la alteración de sus actos administrativos. Por otra parte se pretende reducir el plazo de prácticas tuteladas y ampliar (de 5 a 8 meses) el período de fase de sustitución o refuerzo. La medida propuesta supone, por una parte, un menosprecio a la fase de prácticas tuteladas, pese a la relevancia que tiene para la formación de los jueces. Además, implica el aumento del período de sustitución o refuerzo al que se refiere el art. 307.4 de la LOPJ, que es un período anómalo en el que pese a ejercer plena jurisdicción, los jueces siguen bajo la valoración de la Escuela Judicial, previo informe del Presidente del TSJ, a cuya disposición se encuentran, por lo que este período debería tener la menor duración
posible (Foro Judicial Independiente, de hecho, considera que no debería existir esta fase tal y como está configurada).
Por lo que solicitamos del Consejo General del Poder Judicial que retire dicha propuesta, al menos del documento definitivo que resulte

La comisión gestora de Foro Judicial Independiente.