Como os indicábamos en el comunicado adjunto, os damos algunas recomendaciones e indicaciones de actuación ante la crisis sanitaria del COVID 19.

I. ESCUELA JUDICIAL. Actualmente existen dos promociones de la Escuela Judicial. Una está terminando su fase de prácticas y va a empezar su actividad de sustitución/refuerzo y la otra se encuentra en la fase teórica en Barcelona. Le haremos llegar este comunicado y nos ponemos a su disposición para todas las dudas e inquietudes que tenemos.
Foro Judicial Independiente pone a disposición de toda la carrera judicial su estructura organizativa, desde su Gestora Nacional hasta sus delegaciones y gestoras territoriales en todas las Comunidades Autónomas. Atenderemos todas vuestras consultas dentro de nuestras posibilidades. Es el momento de ser solidarios y trabajar para ayudar a superar esta crisis sanitaria.

II. LICENCIA POR ENFERMEDAD Y VISADO DE RECETAS.
I.a) Licencia por enfermedad. La información facilitada se obtiene de la página web de MUGEJU. Cuando un mutualista deba permanecer en aislamiento por sospecha de síntomas compatibles con COVID 19 y no pueda salir de su domicilio, debe llamar a los teléfonos específicos de su comunidad autónoma, previstos para información sobre coronavirus. Los partes de Incapacidad Temporal derivados de la infección por coronavirus (por aislamiento preventivo o por padecer la enfermedad) deben ser cumplimentados por los médicos de atención primaria de los servicios públicos de salud en caso de adscripción del mutualista al servicio público de salud de la comunidad autónoma, o por los médicos de atención primaria de las entidades médicas en el caso de mutualistas adscritos a entidades aseguradoras.
Según hemos podido conocer, las asistencias en distintas CCAA (bien sea del sistema sanitario de salud o de la entidad médica), se están realizando por teléfono, llegando a extender el parte de baja de esta forma, remitiéndolo por correo electrónico a la persona interesada. Habrá que estar a cada caso particular.
A su vez, MUGEJU nos ha informado que, en caso de imposibilidad derivada de ingreso, por evidentes razones de aislamiento, se podrán presentar los partes a posteriori con efectos retroactivos.
Una vez recibida la baja médica, hay que cursarla para obtener la licencia por enfermedad (que no es lo mismo que la baja), “al Presidente del que inmediatamente dependa” (art.374 LOPJ), lo que implica la comunicación al presidente del TSJ correspondiente y también al de la AP/AN a efectos de sustitución. En algunos partidos judiciales se hace a través de Decanato.
I.b) Visado previo de recetas. A partir del día 21 de marzo y durante el periodo del estado de alarma y sus prórrogas, no será necesario visar las recetas de MUGEJU, por lo que durante ese periodo, los mutualistas pueden acudir directamente a la farmacia para obtener aquellos medicamentos y productos sanitarios que necesitaban visado previo por parte de MUGEJU (información obtenida web Mutua).

III. CONTACTO CON PERSONA PORTADORA DE COVID 19. En caso de haber tenido contacto durante tu jornada laboral de una persona portadora del COVID 19, las autoridades sanitarias deben darte instrucciones sobre cómo actuar. En todo caso, y en su defecto, te damos algunas indicaciones:
III.a) Cuarentena. El CGPJ en instrucción de 18 de marzo de 2020 ya equiparó a los integrantes de la carrera judicial con el resto de los funcionarios públicos a efectos de considerar como accidente de trabajo las licencias por enfermedad por contagio de COVID
19 y los períodos de aislamiento (cuarentena) indicados por la autoridad sanitaria. Se facilitó un formulario que ahora os adjuntamos, que debe ser remitido al correo electrónico aattcovid@cgpj.es
III.b) Notificación. Es necesario en caso de conocer contacto con persona portadora de COVID 19, cursar la información necesaria para que se adopten las medidas de desinfección y cuarentena respectivas. En la GUÍA DE ACTUACIÓN PARA ÓRGANOS GUBERNATIVOS DEL PODER JUDICIAL EN CASO DE POSITIVO DE CORONAVIRUS DEL PERSONAL JUDICIAL O QUE HAYA ESTADO EN DEPENDENCIAS JUDICIALES se indica que el afectado debe: ponerse en contacto con el servicio de salud pública correspondiente y seguir sus instrucciones. Informar a sus superiores orgánicos (Tribunal Superior de Justicia, Secretaria de Gobierno, Fiscal Superior o Instituto de Medicina Legal), informar a su entorno laboral más cercano y comunicar situación de IT a través de los cauces respectivos (tal como se indicó en el punto anterior).

IV. PERSONAL VULNERABLE Y CON PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO.
El Acuerdo 11.2 de la Comisión Permanente del CGPJ de 14 de marzo, a la hora de fijar los turnos rotatorios en distintas jurisdicciones (punto 2), establecía que para su aprobación se tuvieran en cuenta “la situación de los jueces y magistrado/as que se hallen en especial situación de sensibilidad para la prestación presencial de los servicios esenciales establecidos, y ello a los efectos de acordar exenciones totales o parciales y facilitar el teletrabajo”
Una vez más, al tratarse de derechos de jueces y magistrados, la instrucción fue parca y restrictiva, considerando por el contrario más ajustada a los derechos a proteger, la Resolución del Secretario de Estado de Justicia por la que se establecen directrices en desarrollo de la resolución de fecha 14 de marzo de 2020 sobre servicios esenciales. En la citada resolución (que consideramos aplicable en virtud del principio de subsidiariedad que rige en esta materia), se excluye de la prestación del servicio en turnos rotatorios a aquellas personas que padezcan patología previa que sea susceptible de agravarse por el contagio del COVID 19: diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión), enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad neurológica o neuromuscular crónica, inmunodeficiencia, embarazo, postparto (inferior a 6 semanas) y cáncer. Igualmente quedan excluidos aquellos que se encuentren en la situación de deber inexcusable para la atención de menores o mayores que estén bajo su dependencia. Igualmente, el Ministerio de Justicia hace extensible esta extensión a las personas mayores de 60 años.
Sobre esta previsión, y habiendo realizado los distintos decanos, a instancia de los presidentes de TSJ, un calendario de turnos rotatorios, se informa a quienes estén en la situación médica, familiar o de edad antes indicada, que podrán eximirse del citado turno rotatorio y de la actividad presencial en la sede judicial, debiendo interesarlo al juez decano del respectivo territorio.

V. ACTIVIDAD PRESENCIAL EN JUZGADOS Y TRIBUNALES:
Debemos de partir de una realidad. No sabemos quién está contagiado por el COVID 19. La falta de sintomatología de la enfermedad y la ausencia de test preventivos, aplicaciones informáticas y pruebas de temperatura convierte a toda la ciudadanía en potencial portador de esta enfermedad. Ante esta realidad no cabe más remedio que la actuación preventiva. Cuando las funciones jurisdiccionales necesiten la presencia en las sedes judiciales, resulta necesario la adopción de una serie de medidas de protección. Pasamos a daros algunas pautas:

II.a) Uso de mascarillas, guantes y geles desinfectantes. Es incomprensible que esta medida de evitación del contagio no se impusiera de manera general en el RD de estado de alarma. En esta realidad, la única forma de evitar contagiarse y contagiar es tomar precaución general y ante toda la población. Utiliza la mascarilla para todo y siempre que salgas de casa. En el trabajo, el contacto con el papel y resto de material puede igualmente propagar el contagio. Usa guantes y si puedes, de un único uso. Usa continuamente gel desinfectante.

II.b) Interrupción de actuaciones en personas con sintomatología. Nuestro trabajo es ponderar derechos e intereses. Toca hacer un análisis que, por novedoso, no deja de ser jurisdiccional. Ponderar entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la salud. No esperemos instrucciones del CGPJ ni opiniones forenses. Ante una persona con sintomatología, y en caso de ausencia de medios (mamparas, videoconferencia…) valora la inaplazabilidad del acto y el derecho a la protección de la salud de los asistentes y, si resulta posible, aplaza la actuación judicial en protección de la salud.

II.d) Medios electrónicos y telemáticos. Como todas las crisis mundiales, la necesidad agudiza el ingenio. Hemos avanzado esta última semana en comunicaciones telemáticas más que en los últimos decenios. Nos hemos obligado a salir de nuestros ámbitos de confort para darnos cuenta que existe otra forma de trabajar que además economiza tiempo y recursos humanos. Reiteramos sobre el particular lo que ya dijo el comunicado interasociativo de 15 de marzo. Evitar en lo posible la utilización de material de oficina (papel, bolígrafos), haciendo uso de la videograbación y firma electrónica. Utiliza cualquier aplicación que te permita la videollamada, garantizando el acto judicial con la fe del LAJ. Algunos integrantes de órganos colegiados están acudiendo a las sedes judiciales a deliberar, algo innecesario cuando se puede tener acceso al procedimiento a través del expediente judicial electrónico y se puede deliberar con multi participantes a través de cualquier aplicación, oficial o comercial. Los centros de atención al usuario de las CCAA y el Ministerio siguen estando operativos para las dudas que puedan surgir o resolver problemas en remoto.
II.e) Acceso del personal imprescindible a la sede judicial. Es algo que ya está implantando en todos los territorios, pero no está mal recordarlo. Dar instrucciones para que solo acceda a la sede judicial aquél cuya intervención resulta necesaria e imprescindible. Deberá hacerlo con acreditación. Se deberá suspender la audiencia pública en juicios y vistas esenciales e inaplazables para evitar el trasiego y contacto de personas que no tienen participación en el conflicto.
II.f) Reclamar medios de protección. Sabemos que la falta de previsión está provocando una falta de dotación de medios de protección individual. Hay que reclamarlos insistentemente. No sabemos si el protocolo el Ministerio de Justicia sobre reparto de EPIS va a dar sus frutos. Hemos dudado mucho sobre la respuesta que dar en estos casos y creemos que no hay una única válida para todos. Poneos en contacto con Foro Judicial Independiente (info@forojudicialindependiente.es) ante la ausencia de dichos medios para que podamos valorar la situación y adoptar las medidas oportunas para hacerlos llegar cuanto antes.
VI. TELETRABAJO
V.a) Teletrabajo y turnos de servicios esenciales.
No comprendemos la insistencia de algunos presidentes de TSJ y jueces decanos de exigir la presencia en la sede judicial de todos los jueces que se encuentren “de guardia” en el turno rotatorio de cada jurisdicción. Entendemos que así debe realizarse cuando la actividad jurisdiccional conlleva hace necesaria la presencia física (por ejemplo, juzgado de guardia), pero no si la actividad puede desarrollarse a través de comunicación telemática desde su casa (con medios como el expediente judicial electrónico, firma digital, videoconferencia, llamada telefónica). Así lo interpretamos desde la primera de las instrucciones del CGPJ de 11 de marzo y se ha seguido por algunos Ptes de TSJ, que a la hora de “solicitar” la fijación de los turnos rotatorios, indica que “deberá garantizar la disponibilidad física en la sede judicial en caso de que sea necesaria”.
La actividad, incluso en el día que corresponda por turno rotatorio, debe ser principalmente a través de teletrabajo, y sólo en el caso que resulte necesario, desplazarte físicamente al juzgado.
V.b) Cierre de edificios judiciales. Foro Judicial Independiente considera necesario el cierre de los edificios judiciales (excepto para servicios esenciales e inaplazables), como garantía de limitación de movimiento y evitación del contagio. En lo que respecta a la definición de estos servicios esenciales, resulta al menos llamativo y demuestra un gran desconocimiento de la realidad de la justicia, considerar como servicio esencial un conflicto colectivo en la jurisdicción social u otros procesos urgentes en esta jurisdicción o en la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la realidad de sobrecarga judicial lleva estos mismos procesos a años vista en los señalamientos.