Teniendo conocimiento de los pronunciamientos realizados recientemente por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Unión Iberoamericana de Jueces (UIJ) ponemos de manifiesto:

Que nos unimos a ambos pronunciamientos. Mostramos nuestro apoyo incondicional a los Jueces argentinos ante el proyecto de ley recientemente remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, del que resulta la modificación del régimen de jubilación de los miembros del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos de la República Argentina.

Recordamos que la separación de poderes constituye la esencia del Estado de derecho, y solo puede hablarse verdaderamente de independencia judicial cuando existe de forma real una efectiva división de poderes.

De entre los tres poderes de todo Estado social democrático y de derecho, es el judicial el que tiene entre sus funciones la de garantizar el control de las eventuales desviaciones de poder que puedan darse por parte del ejecutivo, e incluso cuestionar la inconstitucionalidad de determinadas leyes y actuaciones del legislativo. Por ello, se hace imprescindible dotar al poder judicial de la máxima independencia en el ejercicio de sus funciones.

Desde esta perspectiva los jueces/zas y Magistrados/as cuentan con varias garantías que refuerzan su estabilidad en el cargo con miras a garantizar la independencia de ellos mismos y del sistema, así como también la apariencia de independencia frente al justiciable y frente a la sociedad. La inamovilidad, las incompatibilidades y prohibiciones, la inmunidad judicial, el régimen de asociación profesional y la independencia económica son algunas de ellas.

La jubilación de los jueces/zas y magistrados/as, lejos de ser una cuestión meramente retributiva o profesional, se configura en nuestro sistema jurídico como un elemento que atañe intensamente a la independencia de los que ejercen la jurisdicción.

Desde aquí advertimos a los ciudadanos, como únicos destinatarios de la independencia judicial, del riesgo que se corre con todas las decisiones políticas que bajo argumentos de eficiencia, igualdad o productividad lo que persiguen es mantener un mayor control del poder ejecutivo sobre el poder judicial y en definitiva minar las garantías de independencia y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En Madrid a 26 de febrero de 2020.

Comisión Gestora Nacional Foro Judicial Independiente​