Asumiendo como principio democrático básico que los gobernantes han de ser elegidos por sus gobernados, en el Congreso Nacional de Foro Judicial Independiente, celebrado en Salamanca, del 26 al 28 de octubre de 2011, se concluyó que «El nombramiento de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias debería sustituirse por un sistema de elección libre, directo y secreto, como es el de los Jueces-Decanos y miembros electos de las Salas de Gobierno».

Posteriormente, en el X Congreso, celebrado en Toledo del 6 al 8 de noviembre de 2013, con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2013 referentes a los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, se interesó que los nombramientos de cargos gubernativos y de promoción profesionales se realizaran «conforme a criterios objetivos de mérito y capacidad, y en casos de igualdad de méritos se proceda atendiendo al puesto de escalafón y que no se repartan por cuotas asociativas o de cualquier otra naturaleza».

Los presidentes de los tribunales, de acuerdo con el Informe 19 (2016), el papel, del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) hecho en Estrasburgo el 10 de noviembre de 2016, asumen funciones diversas, entre ellas la representación del tribunal y los demás jueces, y la protección de la independencia e imparcialidad del tribunal que presiden y de los jueces que lo integran.

Sea cual sea el sistema de selección, lo fundamental es que se nombre a los mejores candidatos, aplicando criterios objetivos de mérito y competencia. El CCJE opina que los jueces del tribunal correspondiente podrían participar en el proceso de selección, lo que puede adoptar la forma de voto consultivo o de voto vinculante.

La redacción actual del apartado 2 del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial viene a positivizar algunas exigencias de la jurisprudencia. Pero no es el modelo elegido por esta asociación en su Congreso de Salamanca. Además, en la medida en que la LOPJ posibilita que las bases sean diferentes para cada convocatoria concreta —de manera que podrían fácilmente adaptarse al perfil de un candidato particular—, en que se permite una evaluación del conjunto de méritos y no se prevé la más mínima intervención democrática de quienes van a verse gobernados y representados por ese presidente en particular, el sistema no garantiza que se vayan a seguir criterios objetivos de mérito y competencia en el ejercicio de las funciones que a los presidentes se les reconoce.

No es nuestro sistema, y por eso no queremos darle con nuestra intervención informal ninguna impresión de conformidad con el mismo, sin perjuicio de que informemos cualquier proyecto de reglamento que, en desarrollo de sus competencias, proyecte el Consejo, en el trámite que le impone el art. 560 de la LOPJ.

En Madrid, a 31 de enero de 2019.