INTRODUCCIÓN.
El pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, que contenía el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales.
Este Acuerdo tiene su fundamento competencial en el art. 560.1.21ª de la LOPJ, que establece entre las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional”. La carga de trabajo del órgano judicial (módulo de entrada), es definida en el propio acuerdo como: “…la carga de trabajo que puede soportar cada tipo de órgano judicial, que será uno de los principales criterios -aunque no el único- que permitan la adopción de decisiones que afectan a la creación de órganos o incremento de plazas judiciales, a la aprobación de medidas de refuerzo y planes de urgencia, y a la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales, etc.”
Hay quien piensa que este módulo de entrada en nada afecta a jueces y magistrados, que su fijación no tiene importancia. Nada más lejos de la realidad. La creación de nuevos órganos judiciales que palíen la sobrecarga de trabajo, el nombramiento de refuerzos en nuestros juzgados y que nos adscriban forzosamente a otros juzgados mientras seguimos trabajando en el nuestro, depende, entre otros elementos, de esta nueva medición de la carga de trabajo del órgano judicial.
CUADRO COMPARATIVO.
Para entender el Acuerdo objeto de este informe os adjuntamos el cuadro comparativo entre los módulos de entrada previamente aprobados por el CGPJ (2003 y 2013), y el ahora publicado. Indicaros que hasta este nuevo módulo de entrada, el CGPJ venía aplicando en sus relaciones con el Ministerio de Justicia el de 2003 y a nivel internos (servicio de inspección, disciplinario…), el de 2013, pese a haber sido anulado por sentencia del TS de 9 de octubre de 2014.
Las dos últimas columnas del cuadro aportan datos de variación porcentual y en número de asuntos entre el módulo de entrada de 2013 y el de 2018. Se comparan ambos módulos por mantener criterios de cómputo más homogéneos y estar más cercanos en el tiempo.

Los datos de 2003 se han obtenido del documento del CGPJ “Nuevo sistema provisional de medición de la función jurisdiccional” (2010), que incluía la carga de entrada de 2003 y sucesivas modificaciones.
Los datos de 2013 se han obtenido del “Estudio de la medición de la carga de trabajo”, que fue aprobado por Pleno del CGPJ el 24/1/13 y ratificado el 19/9/13.
CARGA DE TRABAJO DE ENTRADA 2003-2013-2018.

(I). Los órganos colegiados se computan por magistrado/a.
(II). En el 2003 no se computó la jurisdicción voluntaria ni las ejecuciones en jurisdicción civil.
(III). El CGPJ partió en 2013 que estadísticamente el 41% de las Diligencias Previas (DP) ingresadas necesitaban tramitación. Este es el porcentaje usado para reducir el nº de DP de 2013 y compararlo con 2018, donde los SP (sobreseimiento provisional) no llegan al juzgado.
(IV) En 2003 y 2013 la carga de trabajo era la misma que para juzgado de instrucción, si bien las DP de VG tenía un factor de corrección X2 ó X5.
(V) La carga de trabajo de 2013 se fijó en una horquilla. Por ello, tal como hizo el CGPJ en los informes de órganos judiciales que superan el 150% de la carga de trabajo y con menor carga de trabajo (julio 2014), se ha utilizado para realizar la comparación el valor medio de la horquilla.

Sobre los anteriores datos Foro Judicial Independiente informa:

I. LA CARRERA JUDICIAL NO HA PARTICIPADO EN LA FIJACIÓN DE ESTA CARGA DE TRABAJO. Frente a propuestas o regulaciones anteriores adoptadas por el propio CGPJ, como las de 2009 y 2013, en esta ocasión la fijación de esta carga de trabajo de entrada se ha hecho a espaldas de la carrera judicial. Las asociaciones judiciales no hemos participado ni se nos ha dado trámite de informe. Olvidando la competencia y facultad que prevé el art. 14 del Reglamento 1/2011 de Asociaciones Judiciales Profesionales y los fines reconocidos en el art. 401.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha actuado a espaldas de las asociaciones judiciales y de toda la carrera judicial. Lo anterior no es sino una prueba más del escaso talante democrático que tiene este CGPJ, secundado ahora por el actual Ministerio de Justicia. Por la falta de transparencia desconocemos si en cumplimiento del citado art. 560.1.21ª, de este Acuerdo se ha dado previo traslado a las CCAA con competencia en la materia. Sería bueno hacerles llegar tal inquietud para que analicen la viabilidad de recurrir por los mismos defectos de forma por los que el Tribunal Supremo anuló la carga de trabajo de entrada de 2013 en sentencia de 9 de octubre de 2014. Foro Judicial Independiente, como asociación, va a analizar además si ha existido defecto de forma por falta de consulta pública y las consecuencias jurídicas que ello puede tener en términos de lo establecido en el art. 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
II. FALTA DE RIGOR TÉCNICO. “…

[s]e ha partido de estudios rigurosos sobre entrada de asuntos de los diferentes Órganos y su capacidad de resolución…” Así se indica en la consideración quinta del Acuerdo. Es difícil transmitir en este informe la hilaridad que tal afirmación nos produce. Si así hubiera sido, no habría habido motivos para ocultar los trabajos. Como se ve en el cuadro comparativo, lo único que se ha hecho es utilizar los estudios previamente realizados para redondear al alza, elevando a su vez la entrada en aquellos destinos que actualmente están más sobrecargados a fin de evitar la necesidad de afrontar la creación de nuevos órganos judiciales. No nos consta que para la fijación de esta carga de trabajo se haya recabado informe de impacto de género, impacto para la infancia o impacto en materia de prevención de riesgos de la carrera judicial. Sabemos que esta carga de trabajo no es de dedicación, de actividad del juez, pero resulta obvio que estos informes son necesarios pues el trabajo que puede asumir un órgano judicial no es más que la suma de los que desarrollan el juez o magistrado, el letrado de administración de justicia y los integrantes de la oficina judicial que los auxilian en su labor.
III. UN INCREMENTO DE LA CARGA DE TRABAJO SUPERIOR AL 35%. La variación porcentual media es de + 6,65% (columna cuatro de la tabla), pero tal dato no nos puede llevar a error. Del indicado cuadro se aprecia que sólo el 16,1% de los destinos (5 de 31) ven reducida su carga de trabajo de entrada. Frente e ello, cerca del 60% ven aumentado su módulo, resultando más significativa tal subida en los órganos judiciales de más número en España. Dos datos resultan necesario destacar: – Los juzgados de primera instancia, de instrucción, mixtos, contencioso administrativo o social representan el 83% de los órganos judiciales unipersonales (según informe La Justicia dato a dato 2017). En estos destinos la subida porcentual media ha sido del 20,9%. – Destacable es la subida en juzgados unipersonales de la jurisdicción civil: el aumento ha sido de un 47,9% en los juzgados de primera instancia, 32,5% en juzgados de familia, 18,8% en juzgados de lo mercantil o un 29,7% en la competencia civil de los juzgados mixtos. Todo tiene una explicación: cuanto más alto se ponga el módulo de entrada a más juzgados, menos necesidad de creación de órganos judiciales aparecerá.
Pero el incremento de esta carga de trabajo ha sido doble. No solo por el aumento del módulo en la mayoría de los destinos, sino por lo fijado en la estipulación tercera, que establece que: “ … a efectos de las programaciones de creación de planta que se realicen conforme a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, con carácter general y sin perjuicio de las medidas de refuerzo que se consideren necesarias, la creación de unidades judiciales precisará la superación del módulo en más de un 30% de media, en los cinco años anteriores”. Si el módulo de entrada se establece, entre otras funciones, para valorar la necesidad de creación de nuevas unidades judiciales y estas nuevos órganos judiciales sólo se crearán cuando el modulo supere de manera permanente el 30% del máximo, el resultado es que este nuevo módulo, ya elevado, se aumenta realmente y sin justificación alguna en un 30% más. Aquí el problema es para los órganos colegiados. ¿El 30% más de quién? ¿Del magistrado del órgano, de la sección o sala, o de toda la Audiencia o TSJ? ¿Se va a tener en cuenta el número de magistrados por órgano? Hay que pensar que una sección de 3 integrantes, el aumento acumulado es el 90%, pero si es de 5, es de 150%. La superación del 30% en estos órganos, ¿dará lugar a un magistrado más, o a toda una sala? Preguntas que no tienen respuestas al haberse analizado la carga de trabajo en el presupuesto y en de la realidad del trabajo judicial. Lamentamos que el CGPJ haya aprobado este Acuerdo cuando ya se encontraba en funciones y denunciamos su perjuicio para la carrera judicial, por lo que la Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente analizará la viabilidad de su recurso.

La Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente.

En Madrid, a 21 de enero de 2019.