El próximo día 21 de diciembre el Congreso de los Diputados tiene una oportunidad histórica: reformar la LOPJ para permitir que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los jueces, volviendo al sistema mixto en que los partidos políticos eligen a los otros ocho vocales. La excesiva concentración de poder corrompe personas y sociedades.

Se consigue así un sistema democrático en el que los gobernados eligen a sus gobernantes, que es más conforme a lo previsto en el 122.3 de la Constitución Española, como ya interpretó en su momento el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986, que ya advertía del riesgo de que prevalecieran intereses partitocráticos admisibles en otros ámbitos pero no en este.

Se pondría fin de esta manera a una práctica que, con el tiempo, se ha vuelto insostenible y ha propiciado que los ciudadanos piensen que la Justicia está manipulada por el poder político.

Los últimos acontecimientos sobre la renovación del CGPJ y la elección de su presidente deben llevar a una reflexión y a un compromiso por parte de todos los partidos políticos.

Una reflexión porque no hay separación de poderes sin independencia judicial y la independencia debe predicarse tanto del juez del municipio más pequeño como del órgano de gobierno de los jueces.

No se puede entender que se otorgue a los jueces y magistrados confianza para decidir sobre la vida y patrimonio de la ciudadanía y no para el gobierno de sus derechos estatutarios. Este sinsentido solo demuestra la intención de controlar las decisiones judiciales en las más altas instancias. Sobre eso, nuestra opinión es que es mejor un juez imparcial que la ruleta rusa de ser juzgado por un juez elegido por «mi partido» o por el «partido contrario».

Y también hace falta un compromiso, porque las Cortes Generales son la expresión de la voluntad popular y, hoy día, es una exigencia de los ciudadanos que sus representantes garanticen un CGPJ absolutamente independiente.

Pedimos a los representantes de la ciudadanía que demuestren sentido de Estado. El interés partidista nunca ha permitido el avance de un país.

Para finalizar, no pedimos que nos hagan caso a nosotros, los jueces. Hagan caso a las normas europeas conforme a las cuales se valorarán las decisiones que ustedes, los políticos, tomen en este asunto.

La conclusión n. º 32 del informe de la comisión de Venecia del año 2010, al informe 10/2007 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, a la Recomendación CM/REC/2010/2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, al informe del año 2013 del Grupo de Estados contra la Corrupción y sus informes de incumplimiento de 2016 y 2017 y a la sentencia del TEDH de 21 de junio de 2016.

Madrid, 17 de diciembre de 2018

Comisión Gestora del FJI