Una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó la semana pasada una sentencia que, cambiando de criterio, establecía que eran las entidades financieras y no los consumidores las obligadas al pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

Esta decisión provocó la inmediata respuesta del Presidente de la Sala 3ª, anunciando la paralización de todos los recursos de casación que sobre este tema se estuvieran tramitando, avocando a pleno una nueva decisión sobre esta materia, lo que se ha percibido por los medios de comunicación y por gran parte de la sociedad como un intento de dejar sin efecto aquella decisión.

El Presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial se ha reunido con los magistrados de la sección segunda, autora de la citada sentencia, y el presidente de la Sala Tercera.

Algunas asociaciones de jueces y de fiscales, por su parte, han aprovechado lo ocurrido y se han apresurado a denunciar un sistema del que forman parte y algunas se benefician, mediante el «cambio de cromos» que hace que los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial recaigan muy por encima de la proporción de miembros de la carrera judicial asociados, en afiliados a las asociaciones  de jueces y magistrados, siendo muy excepcional la promoción a esos cargos del amplio contingente de jueces y magistrados que no están asociados.

Sin perjuicio del respeto que nos merecen las decisiones estrictamente jurisdiccionales, tanto de la Sección autora de la sentencia, como del presidente de la Sala Tercera, Foro Judicial Independiente (y entendemos que la mayoría de los más de 5.000 jueces y magistrados de España) asiste con perplejidad a estos hechos que, a nuestro juicio, no son casuales, sino que muestran, una vez más, la crisis del sistema judicial español. Un sistema judicial que, en sus más altas instancias, no es más que una lucha de poder aderezado de intrigas, rencillas y falta de sentido de Estado.

Una vez más, la politización de la justicia crea dudas sobre la actuación del poder judicial. Es el momento de decirlo alto y claro: el sistema de elección de vocales del CGPJ, de los magistrados del Tribunal Supremo y de los principales órganos de gobierno del poder judicial no garantiza que a estos puestos lleguen los mejores, sino los que negocian, repartiéndose cuotas, vocales elegidos directamente por los partidos políticos y sin que se hayan asegurado los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso, conforme ha advertido el Consejo de Europa en sus informes GRECO.

Foro Judicial Independiente lamenta que ni los partidos políticos, ni las asociaciones judiciales, los propios jueces ni la ciudadanía hayan sabido calibrar en su justa medida el daño que la politización de la justicia puede provocar en la pervivencia de nuestro Estado democrático y de derecho. Unos y otros, cada uno en su ámbito de actuación han contribuido, con su actuar o con su silencio, a mantener el sistema actual. Nos preocupa especialmente la ciudadanía, a quien se mantiene en el desconocimiento o el desinterés sobre esta cuestión fundamental.

Frente a esta situación, Foro Judicial Independiente lleva quince años denunciando las mismas prácticas y el daño que se están provocando a nuestro Estado de Derecho. Quince años sin abandonar nuestros principios. Este tiempo y la firmeza en nuestras convicciones (evidenciada, una vez más, en la negativa a presentar candidatos al próximo CGPJ) nos otorga la credibilidad y autoridad suficiente para denunciar que la politización de la justicia es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia y que, al contrario de lo que pueda parecer, perjudica notablemente a los ciudadanos, que tienen el derecho a una justicia, independiente, inamovible e imparcial.

Por eso, una vez más, desde Foro Judicial Independiente reclamamos las modificaciones legislativas necesarias para que el Consejo General del Poder Judicial y los altos cargos judiciales de la nación sean elegidos al margen de criterios políticos partidistas y pedimos el compromiso de las demás asociaciones judiciales y de todos los jueces y magistrados para no sostener este sistema.