Artículo publicado en El Independiente el 20/09/2018 por Fernando Portillo Rodrigo.

Se ha liado bastante revuelo con ocasión de unos emails de unos jueces en la web profesional en los que, hace un año, expresaban su opinión contraria al procés catalán. Hasta el punto que el presidente de la Generalitat ha pedido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, nada menos.

Pero es que los jueces somos personas, y como tales tenemos opiniones sobre todos los temas de actualidad. Y sí, también tenemos ideología. Y como tenemos opiniones e ideología, a veces las expresamos, con mayor o menor fortuna.

Pues bien, si como juez expreso una opinión personal, alguien puede no estar de acuerdo con ella, pero ello no me hace peor juez. Y si gusta tampoco me hace mejor juez. Que mis pensamientos u opiniones gusten o no, dependerá de quién los oiga y su propio sistema de creencias.

Por ello, un juez será bueno o malo según se conduzca en su trabajo diario, no según sus opiniones o ideología.

Porque el trabajo de un juez poco o nada tiene que ver con lo que opinemos o con nuestra ideología. Para empezar porque la mayoría de las veces lo que se discute en un pleito está muy alejado de este tipo de cuestiones. En un juicio se ventilan HECHOS, no opiniones, y generalmente no se discute la aplicación del DERECHO.

Y para seguir porque, en todo caso, el trabajo del juez implica siempre un esfuerzo intelectual por alejarse de la propia ideología, creencias u opiniones, sea cuales sean. Así se distingue a un profesional y a eso aspiramos la inmensa mayoría.

He visto jueces conservadores condenar a alcaldes del PP, a jueces de izquierdas dar la razón a los bancos en cientos de desahucios. Constantemente jueces católicos divorcian a los ciudadanos, y jueces penales absuelven a delincuentes, aunque en su fuero interno (en su opinión) crean que son culpables.

El que un juez tenga una opinión sobre algo, por tanto, no le inhabilita para ser juez. Y que la exprese, tampoco. El único límite sería no dar nuestra opinión sobre los asuntos que llevamos, amén de alguna que otra limitación disciplinaria, pero más allá de ello…

Personalmente, creo que debemos ser prudentes en expresar públicamente lo que pensamos en según qué temas, pues suele confundirse lo que dice un juez por lo que dicen todos los jueces, que parece que no dejamos de ser jueces ni en nuestra vida privada.

Pero esa es mi postura. Respeto a quién no quiera ser prudente. Y defiendo su derecho a hacerlo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho en varias ocasiones que los jueces tenemos la misma libertad de expresión que el resto de ciudadanos, y que ello no nos compromete como jueces. Nuestro Tribunal Constitucional, recogiendo esta doctrina europea, así lo ha declarado de forma categórica en numerosos autos y sentencias. Incluso ya en los años ochenta dijo que “nadie puede ser descalificado como juez en razón de sus ideas” (ATC 358/1983)

Creo que como sociedad tenemos que aceptar de una vez por todas que los jueces tenemos opinión e ideología y que eso no tiene por qué afectar a nuestro trabajo. Si afecta, entonces estaremos ante un mal juez, pero no por tener creencias, sino por permitir que éstas interfieran en su labor. La obligación de motivar las decisiones y el sistema de recursos permite controlar estas interacciones.

Claro, para aceptar esto necesitamos ser una sociedad más madura, una sociedad que confíe en sus jueces, lo que es difícil dado que muchos periodistas y políticos no dejan de deslegitimar actuaciones judiciales con base en lo piensan o dicen algunos jueces o a su presunta ideología. Sin contar con el empeño de los políticos en controlar el Consejo General del Poder Judicial y, con éste, los nombramientos de la cúpula judicial.

Así, medios de comunicación y clase política transmiten a la sociedad el mensaje de que los jueces decidimos según nuestra ideología, y que ella es importante para el trabajo (y ascenso) de un juez. Eso es falso, pero cala en muchos ciudadanos porque es fácil de entender y simplifica las cosas. Eso provoca que los jueces perdamos apariencia de imparcialidad, pero falsamente, porque la imprescindible apariencia de imparcialidad de los jueces quedaría salvada con la indicada abstención de opinar sobre los asuntos que llevamos, y ya está.

Pero los jueces también somos “culpables”: es urgente explicar y acercar nuestra labor, y trabajar con mucha seriedad, pues el mal trabajo de unos pocos siempre es noticia y perjudica al resto.

En fin, que los jueces opinemos sobre algo no es malo, ni que tengamos ideología, aunque esta no coincida con la propia: no solo pueden ser jueces los que piensen como uno. Somos personas, tenemos y expresemos opiniones y, como decía, ello no afecta a un trabajo judicial bien hecho. Seremos una sociedad más avanzada el día que eso se haga y se vea con normalidad. Entre tanto, queda fuera de lugar el pedir dimisiones porque unos jueces OPINEN sobre un asunto que no es suyo, ni cabe deslegitimar un proceso judicial porque algunos jueces hayan DICHO algo con lo que no se está de acuerdo.

*Fernando Portillo Rodrigo, Juez Decano de Melilla y miembro de la asociación Foro Judicial Independiente.