FJI APOYA LAS REIVINDICACIONES DE LOS JUECES DE LAS ÚLTIMAS PROMOCIONES, CUYO TEXTO TRANSCRIBIMOS A CONTINUACIÓN:

PETICIÓN DE LAS JUEZAS Y JUECES DE LAS PROMOCIONES 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 AL EXCMO. PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Sr. D. Pedro Sánchez Pérez Castejón. A LA EXCMA. MINISTRA DE JUSTICIA, Sra. Dña. Dolores Delgado García. AL EXCMO. PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Sr. D. Carlos Lesmes Serrano.
Nosotros, los abajo firmantes, integrantes de las promociones 62, 63, 64, 65, 66 y 67, ante el transcurso del tiempo y la falta de respuesta política a nuestra situación, deseamos manifestar lo siguiente:
A) cuestiones relativas a la carrera judicial:

1. Que la ausencia crónica de una verdadera política judicial nos sitúa a los miembros de la carrera judicial con categoría de juez en una situación incomprensible a la par que injusta.

2. Que nuestra situación ha estado marcada, desde su inicio, por la precariedad. Ha de tenerse en cuenta que los miembros de las últimas promociones, ante la falta endémica de plazas en la judicatura, entraron en la carrera judicial en situación de “expectativa de destino” (artículo 308.2 LOPJ), situación en la que se mantuvieron durante varios años.

3. Que la respuesta coyuntural del CGPJ fue nuestra adscripción masiva como refuerzos del Juez de Adscripción Territorial, lo que dio lugar a que todos nosotros fuéramos calificados administrativamente como JED JAT o JA JAT (Juez en Expectativa de Destino en funciones de Apoyo al Juez de Adscripción Territorial).

4. Que la reforma operada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, suprimió el sistema de ascenso forzoso a categoría de magistrado con traslado de destino.

5. Que ello supone de facto la total disociación entre tener categoría de Magistrado y ocupar plaza de Magistrado. No en vano, dicha cuestión era reconocida expresamente en la exposición de motivos de la LO 1/2009, al señalar que la reforma suponía la ruptura del “vínculo existente hasta ahora entre la categoría del órgano judicial y la profesional de su titular”. La consecuencia es clara: a día de hoy, al no exigirse el traslado forzoso, hay magistrados ocupando plazas con categoría de Juez y, al mismo tiempo, jueces ocupando plaza de magistrado.

6. Que por loable que fue la reforma del año 2009 (al facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral), la falta de identidad entre la categoría del destino y la categoría del titular del órgano supone la quiebra del principio de igualdad proclamado en el artículo 14 CE en el sistema de ascenso por antigüedad.

7. Que la gran mayoría, durante nuestra fase de JA JAT o JED JAT, hemos ocupado, durante varios años en algunos casos, plaza de magistrado, lo que torna en aún mas absurda si cabe nuestra situación.

8. Que, de esta forma, los abajo firmantes sostenemos que el ascenso a Magistrado exigiendo distinta antigüedad a los jueces y las juezas, en especial de una misma promoción, sin que exista una causa objetiva, razonable y fundada, atenta de manera elemental contra el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución Española.

9. Que en la actual situación, no es previsible que el ascenso de los miembros de las promociones 63 y siguientes se produzca tras un periodo de tiempo no inferior a los 9 o 10 años en categoría de juez, con una diferencia que puede llegar a ser considerable incluso entre los miembros de una misma promoción. Por poner un ejemplo, al ritmo actual de ascensos, entre el número 1 y el 231 de la promoción 63 podrían pasar entre 5 y 7 años.

10. Que ello supone una discriminación irracional, injustificada e inadmisible.

B) Cuestiones relativas a las condiciones laborales de trabajo:

11. Que, de la misma manera, el estado crónico de la carrera judicial nos hace perder cualquier expectativa de mejora profesional a corto, medio y largo plazo. Si por algo se caracteriza la conocida como carrera judicial es, precisamente, por la ausencia de una verdadera carrera administrativa y, lo que es más grave, la permanente sensación de que, si alguien hace carrera y salvo honrosas excepciones, es al margen de cuestiones meritocráticas.

12. Que existe una absoluta ruptura entre el sistema vertical actual, de concepción decimonónica, y la realidad de una carrera judicial en la que “tan Juez es quien administra Justicia en primera instancia, como quien lo hace en apelación o casación; y, por tanto, idénticas son su independencia y su responsabilidad, por no mencionar que similar debe ser la consideración que merecen” (Anteproyecto LOPJ 4/4/2014).

13. Que en tal sentido, las y los jueces abajo firmantes nos encontramos con que, mientras que para el ejercicio de la carrera judicial se exige hoy una altísima cualificación y responsabilidad profesional, con múltiples competencias tantojurídicas como no jurídicas, nuestra retribución se encuentra a niveles muy inferiores a la responsabilidad y competencia que se nos exige. Retribución que ha sufrido mermas significativas desde los años 90 y que nunca ha sido actualizada. En tal sentido, no queremos mencionar ninguna profesión, pues todas son dignas y merecen igual respeto. Pero siendo todas dignas y respetables, lo que no puede admitirse es que profesionales de la función pública con un nivel de responsabilidad y exigencia competencial muy inferior al nuestro disfruten de salarios superiores (en más de un caso muy superiores), por razones en ocasiones tan mundanas como la mayor o menor cercanía a los poderes políticos de turno. Nada hablamos de condiciones laborales o de las retribuciones y descansos por guardia.

14. Que en todo caso, tal situación injusta y carente de sentido se ha advertido dentro de la propia carrera judicial. No queremos olvidar que, mientras los miembros de la carrera judicial, mayoritariamente formada por jueces de base de distinta antigüedad, han visto reducido significativamente su nivel retributivo, existe todavía una brecha absolutamente injustificada entre los magistrados del Tribunal Supremo y el resto de la carrera judicial.

15. Que, en todo caso, la carrera judicial ya ha sido objeto de discriminaciones salariales injustificables que hoy se tornan más injustificadas si cabe habida cuenta de la importancia tangencial que para el país tiene nuestra función. Nos referimos a la mejora retributiva con la que los magistrados del Tribunal Supremo se vieron beneficiados en el año 1998, con un incremento de un 60% de su salario. Tal cuestión, que dudamos seriamente que fuera ya aceptable en su momento, resulta absolutamente inadmisible en la actualidad y comporta una deuda histórica de todos los gobiernos para con la judicatura española. Una judicatura que, a pesar de lo que parece que se quiere hacer ver públicamente, es una carrera bastante joven, plural, altamente comprometida con los valores democráticos, con altísima competencia y formación, y que ejerce su importante función en un ambiente hostil caracterizado por la falta de medios y la sobrecarga endémica de los juzgados. El paso del tiempo y el incremento del coste de vida, unido a la permanente revisión de las condiciones laborales y retributivas de otras funciones públicas, especialmente las vinculadas a las autonomías y municipios, ha tornado en absolutamente discriminatoria aquella subida al romper sin justificación la unidad de la carrera judicial. Especialmente considerando que el Derecho judicial, el que afecta a la mayor parte de los ciudadanos, no pasa por el Tribunal Supremo, que ni siquiera tiene la oportunidad de revisarlo. Y cuando lo hace, confirma en un porcentaje cercano al 95% nuestras resoluciones. En modo alguno decimos que ellos no merezcan el sueldo percibido, ni que el incremento del año 1998 fuera inmerecido. Todo lo contrario. Lo merecen sin duda y, considerando las limitaciones que ello comporta (imposibilidad de retirarse en lucrativos puestos privados), probablemente su salario debería ser mejorado. Sin embargo, solo considerando las cifras oficiales de la estadística del CGPJ, podemos
afirmar que las razones que entonces se esgrimieron entonces se encuentran alejadas de la realidad de hoy y que la subida que entonces pareció negociarse rápidamente y sin obstáculos por parte del Gobierno de la nación no ha provocado sino una situación de absoluta injusticia y discriminación para con el resto de la carrera judicial. Es necesario resaltar así la importancia de la función que realizamos: la gran mayoría de las resoluciones judiciales sobre las más variadas materias se realizan en la instancia con una tasa de revocación insustancial no ya en la segunda instancia sino en la casación. Ello sucede en cualquier orden jurisdiccional. Y si ello es así, es porque la carrera responde, con carácter general, a los requerimientos de competencia profesional de todo juez, cada vez más exigentes a medida que el ordenamiento se vuelve más complejo. Si entonces se alegaron razones de tipo institucional y constitucional, esas mismas razones las alegamos nosotros.

16. Que nuestras promociones han sido especialmente ninguneadas, con respuestas improvisadas y coyunturales, con adscripciones forzosas, condiciones materiales de trabajo en algún caso absolutamente indignas (jueces, por ejemplo, que por razón del refuerzo y la falta de previsión fueron “colocados” en el cuarto de las impresoras) o sustituciones forzosas en fase de Escuela Judicial que pervierten la función formativa por una función productiva en favor de un Estado que no quiere hacer frente a la realidad de la sobrecarga endémica de la carga media de trabajo de los jueces y juezas españolas (puesto 23 de 27 en ratio juez/habitante en Europa). Por ejemplo, si la LO 1/2009, de 3 de noviembre suprimió el ascenso forzoso como medida favorecedora de la conciliación familiar, al final de nuestra situación en Expectativa se produjo nuestro traslado forzoso con cambio de destino, por lo que hemos sufrido un vestigio del antiguo sistema.

17. Que, como cualquier trabajador o trabajadora, deseamos tener derecho a una conciliación familiar real, no discriminatoria e igualitaria, que no permita la pervivencia de inercias de una carrera pensada en un hombre padre de familia que se trasladaba con su mujer e hijos a cuestas. Dicha concepción es ajena a la realidad de una carrera mayoritariamente formada por mujeres, lo que es la especialmente evidente en las últimas promociones, sin que se haya considerado siquiera el cambio sustancial que ello supone ni se haya tenido en cuenta la necesaria perspectiva de género.

18. Que ello supone que la gran mayoría de nosotros, tengamos que vivir y trabajar en distintos sitios, con el fin de lograr en ocasiones una mínima conciliación familiar, lo que supone mayores gastos por desplazamientos además de un agotamiento personal que en nada beneficia al ciudadano. Nada decimos, además, de la fuerte subida de los precios del alquiler o la vivienda, que nos afecta fuertemente pues, en la actual situación, no podemos realizar una planificación en plazos superiores a los 2 o 5 años.

Que por todo ello, y en consecuencia, solicitamos al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Justicia y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial:
A) en relación con el ascenso a categoría de magistrado:
1. Que se proceda a la reforma de la LOPJ para el establecimiento de una verdadera carrera horizontal que suponga la supresión de las categorías, sin perjuicio de que se mantenga el tratamiento de magistrado alcanzada cierta antigüedad personal.

2. Que, conscientes de que ello puede requerir algún ajuste a mayores, por el momento y mientras lo anterior no sea posible, se adecué el sistema de ascenso a las exigencias constitucionales y se supere la actual vulneración existente del principio de igualdad del artículo 14 CE.

3. Que para ello, basta con la simple modificación del artículo 311.2 LOPJ de forma que, donde dice para el ascenso por escalafón será necesario que hayan prestado tres años de servicios efectivos como jueces, deberá decir el ascenso por escalafón se producirá de forma automática a los tres años de servicios efectivos como jueces. Para evitar nuevas discriminaciones, dicho ascenso deberá tener efectos retroactivos respecto de los jueces que tengan actualmente categoría de juez, de forma que se compute la antigüedad en la categoría desde la fecha en que hubieran cumplido efectivamente tres años de servicio efectivo como jueces, lo que deberá establecerse mediante disposición transitoria.

4. Que dicha situación ya fue contemplada por el Anteproyecto LOPJ de 4/4/2014, anteproyecto que afirmaba expresamente que “la realidad es que estamos ante una carrera judicial esencialmente plana; lo que conduce a suprimir las categorías y reforzar aún más el peso de la antigüedad”.

B) en relación con las condiciones laborales:

1. Que la carrera horizontal no solo se circunscribe a la supresión de las categorías sino que implica una nueva concepción de la carrera personal del juez, vinculada precisamente a su condición y desligada prácticamente de la plaza que ocupa.

2. Que toda vez que lo anterior no perjudica una mejora retributiva inmediata, se convoque la Mesa de Retribuciones y se atienda a nuestra justa reivindicación, de
manera que la carrera judicial vea adecuada su situación retributiva a nuestra competencia y responsabilidad. La adecuación deberá llevarse a cabo progresivamente en un plazo máximo de 3 años.

3. Que considerando los salarios brutos (sueldo más complementos) que se perciben en otros ámbitos de la función pública carentes de la responsabilidad y competencia que se nos exige a los jueces (en ocasiones, además, con posibilidades de compatibilización con actividades privadas en nuestro caso inconcebibles), dicha mejora retributiva no debe ser inferior, por todos los conceptos, a un 40% para las categorías de Juez y Magistrado.

4. Que sólo de esta forma se subsana la deuda histórica existente y se subsanan agravios comparativos de imposible justificación tanto en términos relativos para con los magistrados del Tribunal Supremo como en términos relativos para con otras profesiones de la función pública.

5. Que para dicha actualización tan sólo hace falta voluntad política, puesto que no se trata siquiera de revisar el sueldo base, que también, sino los complementos que se deberían percibir por el ejercicio de la función judicial.

6. Que se actualice a niveles dignos la retribución por guardia, sin perjuicio de que ello debe ir ligado a una mejora retributiva que afecte a todos los jueces, no solo a aquellos que se encuentran en órganos de instrucción.

7. Que, sin perjuicio de lo anterior, se recupere con carácter inmediato el recorte del 10% sufrido por razón de la crisis, recorte que afecta, aún más si cabe, a los miembros de la carrera judicial con categoría de Juez.

8. Que todo lo anterior no perjudica que en el futuro se establezca un sistema retributivo basado en la horizontalidad y en la carrera personal de cada juez de forma que se establezcan parámetros progresivos a efectos retributivos tales como experiencia (vinculada a la antigüedad) y formación.

9. Que, aunque todos nosotros superamos con creces los estándares de productividad fijados por el CGPJ, estamos en contra de que tal parámetro se emplee a efectos retributivos, máxime cuando no se emplea a efectos de salud laboral. En todo caso, si se persiste en su mantenimiento como módulo retributivo, este debe respetar los criterios del Consejo de Europa, y no ser significativo en relación con el sueldo final del juez toda vez que un juez retribuido esencialmente con base a productividad atenta contra la tutela judicial efectiva del ciudadano (art. 6 CEDH; 24 CE). Se retribuye el cargo, la competencia y la responsabilidad sobre la base de unos objetivos razonables. No la producción en masa de resoluciones judiciales al margen de su calidad. Máxime cuando el informe sobre riesgos psicosociales de la carrera judicial, encargado por el propio CGPJ, ha detectado que el 84% de los y las jueces estamos en una zona de riesgo “muy
elevado” por estrés.

10. Que exigimos que con carácter urgente se adopten las medidas legislativas necesarias para igualar a las y los jueces en materia de permisos al resto de la función pública con carácter urgente.

11. Que solicitamos al CGPJ y al Ministerio que sean proactivos en la protección laboral de los y las jueces españoles, teniendo muy en cuenta nuestras condiciones laborales que, en términos generales, se pueden considerar de “penosidad”, especialmente en determinados destinos. En este sentido, consideramos que nuestra salud está en riesgo y, con ella, la tutela que podemos dispensar a los ciudadanos, cada vez más exigente, cada vez más variada.

12. Que a todos los efectos, solicitamos que todas las cuestiones antes señaladas se le reconozcan a los compañeros y compañeras de la carrera fiscal con las adaptaciones necesarias a las peculiaridades propias de su carrera.
Les saludan atentamente,
LAS JUEZAS Y JUECES DE LAS PROMOCIONES 62, 63, 64, 65, 66 Y 67