FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, en relación con los acontecimientos acaecidos el día 22 de mayo como consecuencia de los acuerdos del Presidente del TSJ de Murcia y la consiguiente respuesta a los mismos por parte del Secretario de Gobierno de ese TSJ, quiere realizar las siguientes consideraciones.

– Primero.- Por motivos que desconocemos las otras tres asociaciones judiciales no se pusieron en contacto con ésta a la hora de emitir el comunicado de fecha 25 de mayo.

– Segundo.- Ello no obstante, esta asociación comparte plenamente lo manifestado por esas tres dichas asociaciones.

– Tercero.- La actuación del Presidente del TSJ de Murcia al recabar del Secretario de Gobierno la información sobre la incidencia que tenía la jornada de huelga en las actuaciones de los Juzgados y Tribunales, es irreprochable.

Torticeramente, el Secretario de Gobierno afirma que se le imponía la obligación de controlar a jueces y magistrados en el ejercicio de su derecho de huelga. Nada más lejos de la realidad, lo que motivó que el Presidente del TSJ de Murcia y los demás Presidentes realizaran dicha petición, era la necesidad de valorar con datos ciertos y fiables, la incidencia de nuestra huelga en las actuaciones judiciales previstas para esa fecha. Sólo si los Letrados de la Administración de Justicia certifican qué actuaciones han sido suspendidas como consecuencia de la Huelga de Jueces y Fiscales se puede dar datos fiables de la repercusión de esta jornada de paro. ¿Es que acaso los Letrados de la Administración de Justicia no dan fe de las actuaciones jurisdiccionales? ¿No son requeridos por el Servicio de Inspección del CGPJ para certificar cuál es el número de resoluciones que dictamos o cuántas tenemos pendientes de dictar? ¿Qué es lo que cambia esta percepción para los Letrados de la Administración de Justicia, cuando se trata de certificar cuántas vistas o comparecencias han dejado de practicarse porque los Jueces y Fiscales han decidido movilizarse? ¿Quizás preocupa al Ministro de Justicia que se sepa la verdad? ¿Pudiera ser que al Ministerio le inquiete que se conozca cuál es la trascendencia de que Jueces y Fiscales dejen de trabajar por un día cuando protestan contra su pasividad e indiferencia?

– Cuarto.- Esta asociación no quiere dejar pasar por alto el hecho de que, si el Ministerio, por medio de instrucciones verbales, es capaz de manejar a su antojo la actividad de los Letrados de la Administración de Justicia, a quienes se encomienda cada día más funciones, en detrimento de la que asumimos los Jueces; debería preocuparnos seriamente que con ello se esté pretendiendo controlar la actividad jurisdiccional, pues con ello queda en entredicho nuestra INDEPENDENCIA.

– Quinto.- Precisamente, este comportamiento y afán de control del Poder Judicial es lo que denotan las pocas iniciativas que llevan a cabo el Gobierno de la Nación y el grupo parlamentario Popular. Cuando el primero presenta un proyecto de Ley Orgánica para que Jueces y Magistrados recuperemos el régimen de permisos previo a la crisis, el grupo parlamentario, del mismo signo político “aprovecha” para introducir 50 enmiendas en el trámite parlamentario sobre cuestiones que nada tienen que ver con lo presentado para su aprobación. Dichas enmiendas restan competencias al Consejo General del Poder Judicial en materia organizativa de Juzgados y Oficina Judicial, y confiere poderes al Ministerio para que a través de los Letrados de la Administración de Justicia, sometidos al único imperio de la decisión política de turno, garantizarse un control de la actividad Judicial, decidiendo de qué forma trabajamos, a qué ritmo y con qué medios.

– Sexto.- Por todo lo anterior, consideramos que las reivindicaciones que han motivado la reciente jornada de huelga y los precedentes paros parciales, hoy devienen más justificadas que nunca. Reclamamos una vez más la unidad de todas las asociaciones. Ante comportamientos como los del Ministerio de Justicia y los Secretarios de Gobierno que desoyen los acuerdos de un Presidente de un TSJ, debemos actuar en defensa de nuestra Independencia y la dignidad de la función que desempeñamos.

Exigimos nuevamente la retirada de estas enmiendas y la restauración del equilibrio de poderes que garantiza el funcionamiento de todo Estado de Derecho.

Nuevamente instamos al Consejo General del Poder Judicial para reaccione con firmeza ante tan graves injerencias.