Excmo. Sr:

Los acontecimientos ocurridos tras la publicación de la Sentencia del caso “la manada” han supuesto una crisis judicial nunca antes vista en nuestra democracia. La asociación firmante del presente escrito acepta el derecho a la libertad de expresión que supusieron las críticas de la ciudadanía frente a la resolución dictada. Sin embargo, tras ellas, algunos dirigentes políticos con altas responsabilidades institucionales han acudido en “auxilio del vencedor” para obtener réditos políticos a costa de atacar la independencia del Poder Judicial en España.

La situación es preocupante, como ya ha manifestado el propio CGPJ en dos comunicaciones, pero exige, además de hacer pública una opinión, la adopción de medidas concretas que empiecen a reconducir y garantizar los derechos atacados, no sólo en quienes desempeñados un poder del Estado, sino de toda la ciudadanía.

Por ello, solicitamos el impulso de Su presidencia para adoptar las siguientes medidas:

–      La excepcionalidad de la situación exige que el Consejo General del Poder Judicial inicie una actuación de oficio en amparo, tanto de los magistrados sentenciadores del caso “la manada”, como de los que van a resolver en los futuros recursos contra tal sentencia. Para los primeros resulta necesario protegerlos frente a las críticas a las que pueden ser sometidos en cualquier decisión futura,  dado el descrédito mediático y político al que han sido sometidos. Para los segundos también resulta necesario puesto que les va a ser muy difícil resolver con imparcialidad, objetividad y bajo el principio de legalidad, abstrayéndose de las presiones a las que a buen seguro van a tener que soportar.

–      Las manifestaciones públicas y de determinados políticos de la más alta representación institucional están poniendo en peligro el derecho de todo ciudadano a un tribunal independiente e imparcial, derecho reconocido entre otros, en el art. 6 de la Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Instamos al CGPJ que denuncie las manifestaciones políticas ante las autoridades internacionales competentes a fin de reforzar el trabajo del CGPJ en defensa de la independencia judicial. Desde ya advertimos que los ataques  a la independencia judicial pueden llevar a que se analice por el TEDH la validez de los futuros recursos si los condenados en primera instancia aprecian que el Estado no garantizó la imparcialidad e independencia de los magistrados que tienen que resolver.

–      En tercer lugar instamos al CGPJ a abrir expediente de investigación para conocer y depurar las responsabilidades de quien, desde ese organismo u otros órganos de gobierno, hayan podido filtrar datos gubernativos y relativos a la salud de los magistrados del caso “la Manada”. A las puertas de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos denunciamos el peligro que supone que datos de carácter sensible sean aireados a la opinión pública cada vez que a alguien no le satisfaga una resolución con trascendencia mediática. Esto no lo permitimos en nuestros tribunales y no lo vamos a permitir de quienes imparten justicia. Anunciamos que de no actuar como se solicita la denuncia será de las asociaciones abajo firmantes contra el propio CGPJ por infracción de la legislación en materia de protección de datos.

–      En cuarto lugar interesamos la actuación del Servicio de Prevención de Riesgos del CGPJ a fin de que abra expediente para conocer cómo está afectando al derecho a la salud de los jueces sentenciadores del caso “la manada” la presión social, mediática y política a la que se están viendo sometidos. Ningún trabajo es tan bueno como para dejarse en él la salud, y valoramos que el deber de protección de la salud profesional del juez que asumió el CGPJ con la aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial debe de hacerse efectivo con la actuación solicitada.

–      Por último, y aunque pueda parecer irrisorio, solicitamos formalmente al Presidente del CGPJ, como presidente del Tribunal Supremo, máximo tribunal de España, que se haga partícipe del malestar creado en la carrera judicial a raíz de las manifestaciones políticas en contra de la independencia judicial y encabece la concentración del próximo viernes cuatro de mayo ante el Ministerio de Justicia. El ataque del actual Ministro de Justicia ha sido contra el pilar más fuerte que le queda al Estado de Derecho en España y merece una respuesta similar, no en protección de quienes integramos la carrera judicial, sino de la defensa de las libertades y los derechos de la ciudadanía.

Madrid, 2 de mayo de 2018

Comisión Gestora del Foro Judicial Independiente