Ante los ataques recibidos a jueces y magistrados como consecuencia del cumplimiento de las funciones que les son encomendadas por la Constitución Española, muchos de ellos provenientes de la clase política, consideramos intolerables los que proceden de quien debería velar por la protección y el respeto a los miembros de uno de los poderes del Estado, el poder judicial.

Entendemos que en estos días conviene traer a colación el informe número 18 (2015) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos sobre “la posición del poder judicial y su relación con los demás poderes del estado en una democracia moderna”, informe que el Sr. ministro de justicia debería conocer y aplicar en sus relaciones con el poder judicial. En este sentido el informe:

  1. Recuerda la necesidad de mantener el proceso judicial al margen de las presiones o distorsiones. Señala que los jueces no deben verse sometidos a críticas o a procedimientos disciplinarios simplemente por haber aplicado el derecho vigente.
  2. También proclama que, en opinión del CCJE, existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial.
  3. Señala que los poderes ejecutivos y legislativos tienen la obligación de proporcionar toda la protección necesaria y adecuada cuando la labor de los tribunales se vea amenazada por ataques o intimidaciones contra los miembros del poder judicial. La crítica desmedida por parte de responsables políticos es algo irresponsable y supone un serio problema ya que puede minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, involuntaria o deliberadamente.
  4. Concluye que tales comportamientos comportan un ataque contra la Constitución de un Estado democrático como un ataque contra la legitimidad de otro poder del Estado. Ese comportamiento es también contrario a los estándares internacionales.

Entendemos que las declaraciones de ayer por el Ministro de Justicia, Sr. Catalá, no sólo no han proporcionado la protección necesaria a los miembros del poder judicial en el ejercicio jurisdiccionales sino, que lejos de ello, suponen una flagrante invasión de la independencia del poder judicial. Corresponde exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, la posibilidad de incoar un expediente disciplinario para establecer el enlace de la conducta realizada por el juez o magistrado, resolviendo sobre la existencia o no de infracción y la imposición de la sanción pertinente.

Tal actitud solo puede ser calificada de irresponsable, impropia de un Ministro de Justicia y dirigida a minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Un nuevo ataque al Estado de Derecho y en definitiva a la misma democracia por parte de quien tiene la obligación de respetar otro poder el Estado.

En Madrid, a 28 de abril de 2018.

La Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente.