Desde el respeto a las resoluciones judiciales y mostrando nuestro apoyo a todas las víctimas de tan execrables delitos, las asociaciones firmantes entendemos que debemos hacer las siguientes consideraciones:

El funcionamiento de todo Estado de Derecho se sustenta en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

El Poder Judicial, integrado por Jueces/as y Magistrados/as, es uno de los tres pilares que fundamentan nuestro Estado de Derecho. A los Jueces y Tribunales nos corresponde la enorme responsabilidad de valorar hechos y aplicar las normas emanadas del Poder Legislativo, que ha sido elegido por todos los ciudadanos. Es nuestro trabajo, y lo realizamos con independencia y con pleno sometimiento a las leyes. Los Jueces/as y Magistrados/as, no debemos trabajar movidos por prejuicios ni por lo que resulte de juicios paralelos. El respeto a las leyes es mucho más importante que un eventual reproche social a nuestra labor, pues es la ley el elemento que, en una democracia, asegura la convivencia libre y pacífica de sus miembros.

En el día de ayer tuvo lugar la lectura de la tan esperada Sentencia del llamado caso de “La Manada”. Sin llegar a finalizar la lectura del fallo se produjeron muestras de desaprobación frente a lo resuelto por tres magistrados independientes y sometidos al único imperio de la Ley. En las últimas horas estamos asistiendo a comentarios y descalificaciones que, excediéndose del ámbito de la libertad de opinión, suponen un ataque desmedido frente a quienes han resuelto en conciencia, valorando unos hechos y aplicando unas normas aprobadas por el Parlamento.

Es comprensible que la opinión pública pueda no entender ni compartir lo resuelto. Podemos aceptar la discrepancia jurídica, pero hemos de apelar a la cordura y a la necesidad de respetar la resolución adoptada y el trabajo de los tres magistrados, así como de aquéllos que, en su día, puedan resolver un eventual recurso contra la misma. Los ataques y las descalificaciones a los que están siendo sometidos no están amparados, bajo ningún concepto, por la libertad de expresión.

La sentencia referida plantea cuestiones jurídicas muy complejas, que no tienen respuesta unánime entre los juristas, y por eso es lamentable que se viertan afirmaciones infundadas, sin un mínimo rigor, que obvian los razonamientos expuestos en más de cien folios de resolución judicial.

Los acontecimientos a los que asistimos desde el día ayer debieran mover a la reflexión en ámbitos muy diversos. Cuestionar el Poder Judicial y los jueces y magistrados que lo integran es cuestionar el propio Estado de Derecho. No cabe duda de que es necesario un esfuerzo adicional para explicar a la sociedad el trabajo de los jueces y el sentido de sus resoluciones, más allá del texto mismo de las sentencias. También es necesario que quienes tienen una posición de responsabilidad frente a la sociedad, especialmente desde un cargo público o desde los medios de comunicación, extremen al máximo la diligencia para ofrecer una información exacta, detallada e imparcial de sucesos tan trascendentales. Por último, una vez más, lamentamos profundamente que, por parte del Consejo General del Poder Judicial (y salvo alguna declaración a título personal), se haya omitido cualquier pronunciamiento ante los ataques recibidos.

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE