El acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ atribuyó a determinados juzgados el conocimiento de manera exclusiva y no excluyente de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Los asuntos de “cláusulas suelo”, para entendernos.

El informe que servía de soporte a dicho acuerdo resultó absolutamente superado. A fecha 17 de diciembre de 2017 se habían presentado en España más de 150.000 demandas.

El previsible colapso se hizo realidad en pocos meses y obligó al CGPJ a rectificar. Sin embargo la decisión adoptada ahondaba en el error cometido. El acuerdo de 28 de diciembre de 2.017 prevé que un juzgado por provincia y con un ámbito provincial, además, de otros en Baleares y Canarias, conozcan de manera exclusiva y excluyente de esta materia, implicando en todos ellos a la plantilla titular.

La decisión de “encapsular” el problema conlleva su “enquistación y supuración” ante la evidente falta de medios personales y materiales para atender este tipo de reclamaciones.

Es necesario empezar a hablar de la necesidad de reformas legales que resuelvan los problemas de reclamaciones en masa. Además de búsquedas de sistemas alternativos de resolución extrajudicial de conflictos, las “class action” del derecho anglosajón son un ejemplo a seguir. En nuestra realidad procesal podemos extender y aplicar en la jurisdicción civil conceptos existentes como la prejudicialidad y la extensión de efectos, a fin de no hacer necesaria la reiteración de sentencias ante los mismos conflictos. Y por qué no, plantearnos la aplicación de intereses punitivos como ya se hizo en el año 1989 con el art. 20 de la LCS, lo que redujo drásticamente este tipo de reclamaciones.

Pero mientras que los otros dos poderes siguen ausentes y derivando al Poder Judicial la resolución de todos los problemas del Estado, el desacierto del CGPJ va de la mano a la desidia de nuestros políticos. La última ha sido solicitar a los jueces destinados en “juzgados de cláusulas suelo” que realicen una estadística judicial e informen sobre señalamientos, demandas y sentencias en función del suplico de las mismas. Un trabajo que les obliga a revisar cientos de miles de reclamaciones en un plazo de 7 días.

¿Hasta dónde llegará el despropósito? La orden dada por el CGPJ resulta contraria a lo establecido en el art. 461 de la LOPJ y el art. 182.4 de la LEC. Los jueces y magistrados carecemos de funciones de estadística judicial y de competencias en certificación. Saben que la instrucción dada es ilegal, pero se aprovechan del hecho que muchos de los afectados son compañeros de la 67 promoción y de otros tantos que acaban de tomar posesión provenientes del “cuarto turno”, todos a las espera de que el CGPJ les saque sus plazas. Se está jugando con el temor que causa la incertidumbre en el destino profesional de todos estos compañeros.

Por todo ello, y como ya han empezado a hacer algunos, recomendamos a los jueces afectados no atender a este requerimiento del CGPJ, no acusando recibo siquiera del mail recibido, y nos ponemos a disposición de todos vosotros para asistiros en cuantas dudas podáis tener o presiones podáis sufrir.

Un cordial saludo, en Madrid, a 5 de febrero de 2018.

La Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente.