CUENCA, 25-27 de octubre de 2017

1.- Proclamamos la defensa inquebrantable de la Constitución española de 1978. Expresamos nuestro apoyo incondicional a los jueces y magistrados que ejercen sus funciones jurisdiccionales en Cataluña defendiendo y garantizando día a día los valores de libertad, democracia, igualdad, respeto al Estado de Derecho y defensa de los Derechos Humanos.

2.- Pedimos públicamente la dimisión de D. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, quien ha dirigido un órgano que no ha trabajado por la independencia del Poder Judicial ni ha defendido a los jueces y magistrados que lo integran; ha impulsado propuestas no demandadas por la carrera judicial y que han resultado, incluso, perjudiciales para ésta; ha omitido una enérgica reclamación al poder ejecutivo de medios materiales, imprescindibles para ejercer nuestra función; y ha hecho oído sordos a las legítimas reivindicaciones de las asociaciones judiciales.

3.- Defendemos la implantación del expediente digital, aunque nos oponemos al modo en que se está llevando a cabo: sin inversión suficiente, ausencia de formación y sin tener en cuenta las peculiaridades de la función judicial. Lamentamos que el CGPJ no lidere las reivindicaciones de los jueces en esta materia y reclamamos un sistema de gestión procesal único para todo el territorio nacional, con herramientas específicas para el juez, teletrabajo operativo y estudios rigurosos sobre los riesgos laborales correspondientes.

4.- Mostramos nuestra oposición a que se atribuya al Ministerio Fiscal la instrucción de los delitos, debido al riesgo de injerencias políticas.

5.- Exigimos la derogación de los plazos máximos de instrucción fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el aumento de la planta judicial para mejorar y reducir los tiempos de la instrucción.

6.- Mostramos nuestra disconformidad con la adscripción forzosa de los jueces de menores dispuesta por el CGPJ, por entender que no está justificada y desconoce las peculiaridades de esta jurisdicción.

7.- Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de especialización en materia civil y penal que tramita el CGPJ, por el peligro de introducir criterios subjetivos en la promoción profesional y perjudicar a aquellos integrantes de la carrera judicial que tienen cargas familiares y, especialmente, a las juezas y magistradas.

8- Rechazamos el modelo de sustituciones obligatorias entre órganos judiciales impuesto por la Ley Orgánica 8/2012, entendiendo que toda sustitución entre jueces debe ser voluntaria, retribuida al mismo nivel que el trabajo ordinario, limitada y conforme a las exigencias derivadas de la salud profesional del juez.

9.- Mostramos nuestra conformidad con la propuesta de los Jueces Decanos de que se establezca un régimen de transitoriedad que respete y garantice los derechos profesionales de los actuales magistrados encargados de los Registros Civiles exclusivos, afectados por la ley 20/2011.

 

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE