1.- La lucha por una Justicia independiente y eficaz.

 

La lucha de las asociaciones por la independencia y eficacia de la Justicia, con sus errores y fallos,  no puede calificarse como un esfuerzo inútil. Sin  duda alguna ha producido frutos, especialmente a partir del año 2.003. Se han conseguido mejoras importantes, aunque son muchas más las que quedan por conseguir. Pero sobre todo ha habido un cambio en la percepción del problema por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. Hoy hay una mayor conciencia de la existencia del problema de una justicia falta sin la suficiente independencia y eficacia y de la importancia que este problema tiene para la democracia.

 

2.- La actitud de la clase política.

 

Como consecuencia de ello ha habido un cierto cambio de actitud en la clase política. Una parte, minoritaria, con vacilaciones y errores fruto del desconocimiento en profundidad del problema, aboga por implantar otra independencia. Sin embargo, otra parte, especialmente los partidos mayoritarios, persisten en su oposición a la independencia de la Justicia en el sentido que propugna la doctrina del Consejo de Europa. Sí hay un cambio de discurso. Antes se sostenía que la Justicia no tenía que ser independiente, sino supeditada al Parlamento y Gobierno elegidos democráticamente. Es decir, autónoma más que independiente. Lo importante es la imparcialidad no la independencia. Se vuelve así a un concepto de la Justicia más cercano al de Administración de Justicia que al de Poder Judicial y en todo similar al que inspiró el modelo vigente desde la Ley Provisional de 1.870 y que estuvo en vigor sin problemas durante la dictadura franquista, con pocas modificaciones dirigidas sobre todo a sustraer de la justicia ordinaria los asuntos con trascendencia política. Este modelo, venían a sostener, era malo antes porque no había Parlamento y Gobierno democráticos, pero una vez que los hay es válido y esta es la filosofía que inspira la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985.

Frente a las críticas cada vez más extendidas a un modelo de Justicia supeditado a la dinámica de partidos políticos y contrario a la doctrina del Consejo de Europa y a la separación de poderes que básico para un Estado Democrático de Derecho, fruto en buena medida también de la persistencia en esta cuestión de las asociaciones judiciales, la justificación que la clase política mayoritaria hace del modelo vigente es España es algo más cínica. La Justicia ya es independiente, sostienen, nadie llama ni presiona a los Jueces, como demuestran las causas contra políticos y gobernantes que proliferan. Lo que hay que resolver son problemas menores que crean una “apariencia” de falta de independencia que no es real, un “percepción” equivocada de los ciudadanos.

Confunden de este modo deliberadamente la independencia real y no meramente formal con la precaria capacidad de maniobra que permite a los jueces el que cuando un Juez debe resolver sobre asuntos con implicaciones políticas importantes reciba un apoyo del partido contrario contra el que actúa, en lugar de la protección institucional del CGPJ. Es una situación precaria que, en cualquier momento, puede acabar cuando los partidos políticos lleguen a un consenso para controlar la Justicia y que no funciona desde luego cuando los intereses de los partidos políticos contra un Juez son coincidentes.

 

3.- Los problemas de independencia de la Justicia son reales.

 

La independencia de la Justicia en España es pues, ha de insistirse, precaria y además su falta de eficacia agrava el problema. En la dictadura franquista se eludía el control judicial a través de mecanismos diversos (nombramiento de los cargos gubernativos y de la cúpula de la carrera judicial y por ende de la actividad disciplinaria, posibilidad de nombrar jueces especiales cuando un juez incomodaba al poder en algún asunto ordinario, creación de tribunales especiales para los asuntos de mayor trascendencia política, control sobre la carrera profesional de los Jueces), que no obstaculizaban que en los asuntos ordinarios el Juez no fuera molestado al tomar sus decisiones y que hacían innecesario por regla general llamar o presionar directamente a jueces incómodos. Pero lo cierto es que esos mecanismos, si no los mismos otros muy similares, en menor o mayor medida, siguen vigentes hoy día. Así es cierto que hay un gobierno de la Justicia separado del Gobierno, al contrario que antes, pero no es menos ciertos que sus facultades están muy limitadas, conservando el Ministerio de Justicia y las CCAA facultades importantes; por otro lado los partidos políticos controlan el nombramiento del órgano de gobierno y adquieren con ello capacidad de influir en nombramientos sensibles y por tanto en la carrera profesional de los Jueces; por otra parte los partidos políticos tienen la capacidad de nombrar directamente parte de los Jueces que han de Juzgar a la clase política e influencia a través de un Consejo por ellos designados en determinar quienes serán los restantes; otro mecanismo de influencia es la permisividad para que los Jueces entren en la política y regresen a la judicatura sin penalización de ningún tipo, lo que permite influir sobre ellos; finalmente la clase política se reserva de forma absoluta no sólo el control presupuestario de la Justicia, como es ineludible en una democracia parlamentaria, sino el control directo de las retribuciones, lo que ya es más discutible, por citar sólo los mecanismos más relevantes de influencia en los Jueces que se reservan los políticos.

A ello cabría sumar la ineficacia endémica en la que se mantiene a la Justicia que tarda años en atender las demandas de los ciudadanos contra el Estado o en tramitar las complejas causas en las que se encuentra implicada la clase política, lo que le permite un amplio margen de maniobra para neutralizar las actuaciones judiciales que le son perjudiciales.

Ciertamente un Juez hoy aún puede sacar adelante sus decisiones, aunque sean conflictivas para los que detentan el poder, a pesar de todo ello, pero con sacrificio de sus expectativas profesionales y de su salud, como por otra parte ya ocurría en la dictadura franquista. Un sistema judicial democrático no puede estar basado sin embargo en la heroicidad de sus integrantes. Debe sustentarse en la realidad de que la mayoría de las personas que lo integran son personas normales y corrientes que precisan para poder realizar correctamente su función de un apoyo institucional a su independencia, un entramado de condiciones que le garanticen su futuro profesional y su bienestar económico y un número de asuntos que pueda atender adecuadamente con una jornada de trabajo normal.

Los problemas de independencia de los Jueces españoles son reales, no son un problema de percepción. Es cierto que estos problemas no son sólo de los Jueces españoles, ni siquiera cabe afirmar que son los que tienen problemas más graves al respecto en el contexto europeo ni menos aún en el mundo, pero si no se pone remedio pronto no es descartable que en un futuro no demasiado lejano sean completamente ineficaces por falta de independencia y de medios de defender los derechos de los ciudadanos frente a los gobernantes y que la democracia quede con ello convertida en papel mojado.

Madrid, a 3 de marzo de 2.017.

 

 

Conrado Gallardo Correa

Magistrado

Audiencia Provincial de Sevilla (Secc. 5ª)