Carta de presentación de la Sección Territorial de Foro Judicial Independiente de Andalucía, Ceuta y Melilla al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Excmo. Sr:

La gestora territorial de FJI en Andalucía ha visto oportuno no desaprovechar esta presentación ante VE. Por ello, a la vez que nos ponemos a su disposición para colaborar en la mejora de la situación profesional de magistrados/as y jueces/zas en Andalucía, le presentamos una serie de propuestas, ideas o pensamientos que creemos podrían favorecer las condiciones del trabajo que desempeñamos los jueces de este territorio.

Pasamos a desarrollarlas:

I.- SOBRECARGA DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA.

No es un hecho desconocido, la situación de sobrecarga que soportan la mayoría de órganos judiciales en Andalucía, Ceuta y Melilla. Las sucesivas memorias anuales de este TSJ así lo ponen de manifiesto.

La gravedad de la situación se aprecia en el informe que aportamos como documento 1 del anexo, que es fruto de una previa e interesante tesis doctoral realizada por un magistrado andaluz (le animamos a conocerla).

Este informe refleja cómo en el TSJ de Andalucía la planta judicial es inferior a la media y que la tasa de litigiosidad por 1.000 habitantes es muy superior, lo que le lleva a concluir que el número de asuntos ingresados por juez en 2015 es el más elevado de todos los TSJ.

Somos conscientes de la dificultad de aumento de planta en períodos de crisis económica, pero ello no nos puede llevar al simple conformismo. Se debe de exigir la adecuación de la planta judicial en Andalucía a la carga de trabajo que de manera estructural soportan sus juzgados.

Por ello solicitamos de su impulso para:

  • La creación de nuevos órganos judiciales. De manera urgente, y puesto que requiere de un menor esfuerzo económico, consideramos posible la ampliación de plazas en órganos judiciales colegiados, permitiendo su acceso a los mismos a compañeros de mayor de antigüedad a la vez que se renueva el escalafón.
  • La aprobación de comisiones de servicio con relevación de funciones que refuercen aquellos órganos más colapsados.
  • Hacer patente ante la opinión pública la situación de sobrecarga de trabajo que soportan los órganos judiciales en el territorio que Usted preside.

II.- PROTECCIÓN DE LA SALUD PROFESIONAL DEL JUEZ:

Prevención de riesgos laborales.

El punto 3.3 del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016 determina que los Presidentes de los distintos Tribunales de Justicia y las Salas de Gobierno tienen el deber de colaboración en materia de prevención de riesgos de la Carrera Judicial en aquellas actuaciones propias de sus competencias.

Este deber de colaboración debe de constituir un principio transversal en la toma de decisiones, debiendo de tenerse en cuenta toda la normativa en materia de prevención de riesgos en aquellas cuestiones que de alguna manera se vea afectada la salud profesional del juez.

En cumplimento de estos principios entendemos aconsejable un contacto y colaboración directa con el Servicio de Prevención del CGPJ, órgano facultado de las competencias de asesoramiento en la toma de decisiones.

Representantes judiciales de prevención de riesgos.

La CNSS aprobó un estatuto de los representantes judiciales de prevención de riesgos. Este estatuto fue objeto de informe por el Gabinete Técnico del CGPJ en fecha 19/1/16 que indicó su aplicación como “guía de actuación,posibiliteel pau ejercicio de sus funciones”. Por la C. Permanente del CGPJ de 28/1/16 en su punto 5.1 aprobó el informe elaborado por el Gabinete Técnico.

La citada C. Permanente, en reunión previa de 24/7/13 nombró cuatro representantes judiciales de prevención en Andalucía:

  • Doña Mª Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga. Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla.
  • Don Manuel Espinosa Labella. Audiencia Provincial de Almería, 2.
  • Doña Isabel Tobeña Santamaría. Juzgado de Instrucción nº 13 Málaga.
  • Don Pedro Marcelino Rodríguez Rosales. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 Cádiz.

(Adjuntamos como bloque de documentos 2º los documentos referidos).

Existe pues una estructura orgánicamente implantada dentro de nuestro territorio que vertebra la protección de la salud laboral.

Interesamos que desde Su presidencia se potencia esta figura como mecanismo eficaz de prevención de riesgos, dándole intervención y participación en las decisiones de las que conozca, y en concreto:

  • Que en las actuaciones de Gobierno del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla relativas a la salud laboral del juez sean oídos los representantes judiciales de prevención.
  • Se facilite a estos representantes territoriales de prevención tener una participación activa en los asuntos propios de su competencia.
  • Se establezcan los cauces de comunicación para favorecer un contacto permanente y directo entre los órganos de gobierno del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, y los representantes judiciales de prevención de riesgos.

III.- TRANSPARENCIA.

El acceso sencillo y directo a la comunicación es el mejor ejemplo de una adecuada política de transparencia. Los integrantes de la Carrera Judicial apreciamos déficit en la información suministrada por nuestros órganos de gobierno, en un doble aspecto: tanto de cara a la opinión pública, como hacia nosotros mismos, como acreedores del deber de información de aquellos asuntos que nos afectan.

Creemos que estos déficits se pueden mejorar con actuaciones como:

  • Remitir por el correo corporativo a todos los jueces las actas de las sesiones de las Salas de Gobierno. Algo que ya se hace en otras CCAA. No consideramos suficiente que las mismas sean públicas y estén colgadas en portales de remoto acceso para los compañeros. Igual proceder es posible con todas las comunicaciones que directamente les afecten.
  • Procurar un contacto directo y personal con las personas afectadas por las cuestiones de gobierno. Un trabajo tan individualista como el nuestro, unido a la amplitud de nuestro territorio, nos aleja en muchas ocasiones de manera distorsionada de las decisiones que se adoptan. Mejorar la comunicación personal ayudará a acercar posturas en los conflictos que puedan surgir.
  • Tener presencia en las Redes Sociales con cuentas del propio Tribunal Superior de Justicia (tal como las tienen ya en otros territorios), a fin de dar información cierta de aquellos asuntos de trascendencia mediática. Creemos que es un gran elemento para mejorar la imagen de la justicia en Andalucía.

IV.- EXPEDIENTE DIGITAL Y FIRMA ELECTRÓNICA.

Esta es una cuestión que por su actualidad e inminencia nos preocupa especialmente.

Debemos de recordar que la oficina judicial, y por extensión la administración de justicia, sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional (art. 435 LOPJ). Y debemos de recordarlo porque en muchas ocasiones, las mejoras e innovaciones que se quieran implantar se hacen al margen de jueces y magistrados. Este podría ser el caso del Expediente digital. Se valora en esta necesaria revolución ratios como la mejora de las comunicaciones, su rapidez, la eficiencia del servicio o la protección del medio ambiente, pero se olvida lo esencial: analizar si ha servicio para mejorar la calidad y facilitar la actividad jurisdiccional.

Experiencias piloto han demostrado que estos avances (a los que no nos oponemos) han supuesto una mayor dificultad de acceso y conocimiento del juez a los autos, con lo que la calidad de la justicia se ha visto seriamente resentida.

Por ello pedimos que se nos tenga en cuenta a la hora de implantar la digitalización de la Justicia en nuestro territorio, y en concreto que cualquier decisión tenga en cuenta y valore:

  • Cómo paliar los efectos en materia de salud laboral ante la mayor exposición a pantallas de visualización.
  • Qué medios materiales son los más idóneos para que los jueces y magistrados desempeñen su trabajo con el nuevo expediente digital, facilitándoselos, tanto en el despacho, como, si así lo desean, en el propio domicilio (pues el juez, fuera del horario de audiencia pública, está facultado para desarrollar su trabajo fuera de la sede del juzgado). El expediente digital no puede impedir ni condicionar el desarrollo de la actividad sentenciadora del juez. A él le corresponde organizar su trabajo en conciliación con su vida familiar y personal y es la administración competente en medios materiales la que debe de facilitarle los medios para poder cumplir tal finalidad.
  • Que el visor del expediente digital permita seleccionar las distintas resoluciones de manera clara y precisa, sin necesidad de abrir los documentos. Igualmente que los archivos adjuntos, además de su descripción, incorporen un índice indexado para su lectura selectiva.
  • Se debería implantar un sistema informático de trascripción de declaraciones de juicio, herramienta que reduciría tiempo de trabajo y facilitaría la labor de conocimiento de los órganos encargados de revisar las resoluciones judiciales.
  • Se debería analizar la organización del trabajo de órganos unipersonales y colegiados, para compatibilizar la misma con el nuevo expediente digital. Es destacable, por ejemplo, que en las salas de deliberación los magistrados carezcan de medios informáticos en los que seguir el borrador de resolución que se está deliberando, y poder firmarla electrónicamente inmediatamente después de ser votada.
  • El expediente digital no es un sistema compatible con toda la problemática judicial. En muchas ocasiones, cuando el asunto lo requiere, por su volumen o complejidad, resulta necesario hacerlo compatible con el papel. Esta posibilidad de imprimir los documentos necesarios debe de mantenerse siempre.

V.- FORMACIÓN

La situación de sobrecarga de los juzgados, con agendas programadas a años vistas, no puede ser un obstáculo que impida a los jueces el ejercicio de su derecho a formación continua. El CGPJnstrucciónimpartiólicenciaporestudiosunarelacionados“I con la función judicial y el informe presideque indicaba como se debía de interpretar la concesión de este informe en supuesto de incompatibilidad de la licencia solicitada con señalamientos previos. Estamos convencidos que tales criterios son los más razonables a la hora de informar estas decisiones.

VI.- JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL Y  “JUECES  DE  PUEBLO”

Jueces de adscripción territorial

El pasado jueves 24/11/16 el CGPJ aprobó el Reglamento de los JATs. En una lectura rápida se aprecia la voluntad de regir esta “reciente figura” de nuestro escalafón por criterios de transparencia y objetividad. Nos congratulamos de la igualdad que se consigue en el ámbito estatutario y orgánico del JAT, la preferencia sobre jueces sustitutos y magistrados suplentes y la forma de reparto del trabajo en la asignación de funciones de refuerzo.

Confiamos que todo lo anterior contribuya en este Tribunal Superior de Justicia a dotar de una mayor seguridad jurídica a estos compañeros.

Ello no obstante, lamentamos que se pueda obviar el escalafón en la asignación de plazas, atendiendo a las circunstancias de la plaza o de las circunstancias profesionales y personales del interesado. No entendemos el por qué de esta previsión, que no existe en la asignación de los demás destinos. Solicitamos que de hacer uso de esta previsión reglamentaria, sea excepcional y de forma motivada.

Jueces de pueblo.

Hoy sin duda, muchas de las plazas judiciales en partidos de menor población constituyen destinos de altísima dificultad por varios motivos, entre ellos: la menor experiencia del juez que atiende al destino,ios materiales y personales. Las oficinas judiciales en muchos de estos juzgados son raquíticas, cubriendo servicios que incluyen secciones de instrucción, de primera instancia, familia, violencia de género, guardias, registro civil y servicios comunes con un número de funcionarios muy inferior al necesitado para prestar un servicio de calidad. Resulta necesario impulsar un análisis de la carga de trabajo de cada servicio, de la utilidad de oficinas judiciales de servicios comunes destacadas en poblaciones que no son cabecera del partido judicial, y proceder a impulsar una redistribución y ampliación de plantillas.

Junto a ello, el derecho al descanso de los jueces en estos destinos se ve dificultado por sus guardias de 8 días, más aún en los partidos judiciales unipersonales. La necesidad de atención del servicio no puede estar por encima del derecho a la protección de la salud del juez, y desde los órganos de gobierno de deben articular las medidas necesarias para hacer compatible la prestación del servicio con el derecho al descanso.

VII.- PROTECCIÓN DE DATOS

La sala de gobierno del TSJ es competente para tramitar las licencias por enfermedad inferiores a seis meses (art 229 Reglamento Carrera Judicial 2/2011). Estas licencias se llevan en este órgano sin existencia de ficheros de datos de carácter personal conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999. Recordar sobre el particular que el “ACUERDO de 20 de septiembre de 2006, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de creación de ficheros de carácter personal dependientes de los órganos judiciales: fichero de asuntos jurisdiccionales y fichero de asuntos gubernativos (BOE 12/10/06)”,único existente en la materia (que conozcamos), no incluye este ámbito.

En esta situación, los datos sensibles de compañeros enfermos están expuestos al conocimiento público. Más de una vez se han publicado en medios de comunicación información sobre el estado de salud de algún juez y cómo puede repercutir en los asuntos que lleva en trámite.

Interesamos la creación de los ficheros de datos de carácter personal legalmente necesarios conforme a la LOPD o en su caso, instar del CGPJ el desarrollo de la normativa y acuerdos correspondientes para su creación.

VIII.- IGUALDAD Y CONCILIACIÓN.

En el reciente congreso de nuestra asociación, por su asamblea se puso de manifiesto que existe una desigualdad en la Carrera Judicial, a la vez que manifestaba su apoyo a las medidas necesarias para facilitar la conciliación de la vida familiar con la vida profesional.

De nuevo, como en salud laboral, estos principios deben de ser transversales y de aplicación en todas las decisiones en los que estén en juego. Ni la condición de mujer, ni la de padre/madre, pueden suponer un obstáculo para un pleno desarrollo de la actividad profesional y ello debe de ser tenido en cuenta en las decisiones de gobierno a adoptar.

IX.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA CARRERA.

Algo de lo que se está empezando a hablar en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial y de lo que todavía no hay datos fiables, es el cambio de la pirámide poblacional de la Carrera Judicial en relación a sus destinos. La existencia de promociones muy numerosas a partir de los años 80 ha hecho que compañeros que antes accedían a órganos colegiados con 40/50 años, hoy día, una generación después, sigan prestando servicios en órganos unipersonales y con un pronóstico de jubilarse allí, no por voluntad propia, sino por el estancamiento del escalafón.

Los órganos unipersonales no tienen por qué ser necesariamen trabajo”queloscolegiados, pero sí son indudablemente desti

(en términos de salud laboral). La dinámica de juicios, sentencias, ejecuciones; trato permanente con ciudadano y profesionales; atención a medicas cautelares; decisión unipersonal…puede crear factores de riesgo que se agravan con la edad.

Los años de prestación de servicios no pasan en balde, y en algunos casos, jueces/zas con muchos años de experiencia se ven repentinamente sobrepasados en el trabajo diario del órgano unipersonal.

Sería oportuno valorar esta realidad caso por caso y favorecer adaptaciones de puesto de trabajo o incluso impulsar medidas que permitan la continuidad del desarrollo de la actividad profesional en estas situaciones.

X.- MESA PERMANENTE DE NEGOCIACIÓN.

Los jueces de Andalucía, Ceuta y Melilla desarrollamos nuestro trabajo con medios materiales y personales titularidad o competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía o del Ministerio de Justicia. Son muchas las ocasiones donde no encontramos foros adecuados para poder plantear nuestros problemas, inquietudes o experiencias. El defecto de comunicación entre administraciones competentes y jueces resulta en muchas ocasiones generador de conflictos que podrían tener una solución sencilla de tener herramientas permanentes de comunicación.

Por ello creemos que además de los mecanismos de comunicación institucionales, se debería impulsar la constitución de una mesa permanente de negociación con Junta de Andalucía y con Ministerio de Justicia, en el que estén representados tanto las administraciones competentes en prestación de medios, como los órganos de gobierno de este territorio, así como las asociaciones judiciales.

En ellas se podría analizar y resolver de manera permanente, coordinada y fácil las cuestiones que se suscitan entre las distintas administraciones implicadas en el servicio de la administración de justicia.

Con estos diez puntos hemos pretendido exponer algunas de nuestras inquietudes. Mostramos desde ya nuestra predisposición al diálogo y a la colaboración leal en mejora de la administración de justicia.

La gestora territorial de Foro Judicial Independiente en Andalucía, Ceuta y Melilla.

En Granada, a 28 de noviembre de 2016.