1.- La actual regulación del Consejo de Justicia español contraviene los puntos 27, 40 y 41 de la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilités. Ningún miembro del Consejo de Justicia (Consejo General del Poder Judicial o CGPJ) es elegido por los jueces y carece de competencias en materia presupuestaria, permaneciendo por completo ajenos de la administración de los tribunales el Consejo, los tribunales y las asociaciones profesionales de jueces. Dicha administración de tribunales, por el contrario, queda plenamente en manos del poder ejecutivo. Tampoco tienen competencias sobre el personal que presta servicio en los tribunales

 

         2.- La elección por parte de los partidos políticos de todos los miembros del CGPJ, unido al hecho de las amplias facultades discrecionales de que goza dicho órgano para designar los cargos de la carrera judicial, contraviene los puntos 28, por falta de transparencia y motivación en sus decisiones, y 44 a 48 de la Recommandation CM/Rec(2010)12.

 

3.- Las escasas competencias que se otorgan al CGPJ, en particular en orden a elaborar el presupuesto del Poder Judicial, y la ausencia de medios para una protección efectiva de la independencia judicial vulneran los puntos 8, 26, 40 y 41 de la Recommandation CM/Rec(2010)12.

 

4.- La previsión de un delito de prevaricación culposa para los jueces, la posibilidad de exigir responsabilidad civil directa a los jueces y el uso abusivo de la responsabilidad disciplinaria vulneran los puntos 66 a 69 de la Recommandation CM/Rec(2010)12.

 

5.- La atribución de funciones jurisdiccionales a funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia que no están sometidos a la autoridad del Juez infringe el punto 6 de la Recommandation CM/Rec(2010)12, en cuanto que se priva al Juez de poderes suficientes para hacerse cargo de sus deberes y preservar su autoridad y dignidad. Infringe también los puntos 11 y 36, por cuanto que supone una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial que limita su independencia externa, ya que esta forma de reducir la carga de trabajo de los jueces no es conciliable con la independencia judicial.

 

6.- La carencia de autoridad de los jueces sobre el personal que ha de auxiliarle vulnera los puntos 6, por las mismas razones que se han expuesto en el apartado anterior, y 35 de la Recommandation CM/Rec(2010)12, ya que el personal que no está a las ordenes del Juez no puede considerarse como personal de apoyo al mismo.

 

7.- La carencia de medios materiales y la falta de medidas de seguridad suficientes vulnera los puntos 33, 37 y 38 de la Recommandation CM/Rec(2010)12.

 

8.- La sobrecarga de trabajo de jueces y magistrados vulnera el punto 35 de la Recommandation CM/Rec(2010)12, por cuanto que se debe a la falta de un número suficiente de jueces.

 

9.- La falta de independencia económica vulnera los puntos 54, por cuanto que su retribución no está a la altura de sus responsabilidades, y 55 de la Recommandation CM/Rec(2010)12, por cuanto que se han implantado un sistema que hace depender su remuneración del número de sentencias si tomar en cuenta la calidad o dificultad.

 

10.- La falta de independencia del Ministerio Fiscal afecta a la independencia externa de los jueces, tal y como la configuran los puntos 11 y 13 de la Recommandation CM/Rec(2010)12, por cuanto que al mismo corresponden decisiones que pueden condicionar la actividad judicial y, por ello, la independencia de los tribunales si son adoptadas por un órgano que depende del poder ejecutivo.

 

11.- La atribución de funciones con respecto a la administración de tribunales a órganos regionales, permitiéndoles incluso designar miembros de un tribunal, afecta a la independencia externa de los jueces, contemplada en los puntos 11 y siguientes de la Recommandation CM/Rec(2010)12, por cuanto que facilita la posibilidad de que las autoridades locales y regionales puedan presionar a los jueces de su region en asuntos que les conciernen.

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