Ángel Dolado Pérez

Juez Decano de Zaragoza.

Ex presidente de Foro Judicial Independiente.

Recientemente, en el Consejo General del Poder Judicial , en una jornada de formación de jueces/zas y con carácter divulgativo se presentó el trabajo: “Valoración de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal y la vida laboral según la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” realizado por el Laboratorio de Sociología Jurídica bajo la coordinación de los profesores Manuel Calvo y Teresa Picontó de la Universidad de Zaragoza y auspiciado por la Comisión de Igualdad del CGPJ.

Los derechos de conciliación deben ser herramientas para alcanzar la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres. Con su aplicación y ejercicio se debe llegar a la corresponsabilidad, insertando instrumentos jurídicos de superación de los  obstáculos que han impedido a las mujeres alcanzar puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones que los hombres, topándose con el llamado “techo de cristal”.

El Tribunal Constitucional en dos sentencias 3/2003 y 26/2011 ha resaltado la dimensión constitucional de los derechos de conciliación: arts. 14 igualdad, 39 protección social de la familia y 9.2 promover condiciones de igualdad real y efectiva. La familia, el cuidado de los hijos, el desarrollo personal y profesional son aspectos de la dignidad de la persona.

Después de casi 10 años de la ley y con una profunda crisis económica se ha producido una regresión en la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar, resurgiendo de nuevo los valores tradicionales de la familia y  las viejas relaciones hombre-mujer, por lo que la política social y de igualdad no se están implementando para que la mujer continúe en el mundo laboral. Reivindicar la igualdad es una manifestación de la justicia social.

Los datos estadísticos extraídos del estudio de 1348 sentencias de lo laboral y contencioso-administrativo son concluyentes en la constatación contundente de que en España el ejercicio de los derechos de conciliación es un asunto de mujeres y se perfila su tradicional papel de cuidadora de hijos y familiares. Los permisos de excedencia por cuidado de hijos (en la judicatura de 280 solo 3 jueces la han pedido), reducción de jornada, permiso de lactancia, de maternidad se solicitan en un 98% de los casos por las mujeres. El permiso de paternidad tiene problemas de aplicación práctica y  está conllevando reducción de días, de salario,  despido tras la reincorporación y trabas en el caso de parejas homosexuales.

Todas estas circunstancias no favorecen el cumplimiento de los objetivos de la ley, a saber, mayores dosis de igualdad  y de corresponsabilidad de ambos progenitores frente a las responsabilidad familiares y erradicar discriminaciones.

Resulta llamativo que el reparto equitativo en lo económico y laboral se está produciendo, pero en las tareas de cuidado el reparto brilla por su ausencia. Debemos alertar del riesgo de que todo el cuidado familiar vuelva a recaer en la mujer. Su renuncia al mundo laboral las convierte en dependientes económicamente de la pareja y repercute en su futura pensión de jubilación.

La fiscal del Tribunal Supremo Soledad Cazorla Prieto, experta en violencia de género (D.E.P) decía que la lucha por la igualdad de las mujeres no cesa, va a más. Pero se exigen cambios legislativos que establezcan la imposición obligatoria de muchos de estos derechos de conciliación, ya que la  aparente libre elección de las parejas  está provocando desigualdad, que ha crecido con la crisis. Las leyes no operan milagros, porque el cambio cultural es más lento que el legal y el social, pero en situaciones de discriminación estructural se puede acelerar el cambio social con políticas económico-sociales que proyecten una dimensión constitucional de estos derechos de conciliación corresponsables  como derechos fundamentales.

La profesora Ruth Vallejo finaliza este estudio señalando que queda mucho camino  por recorrer y que también los jueces y juezas en sus resoluciones pueden contribuir a través de interpretaciones más favorables y flexibles, a la consecución del principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, removiendo los obstáculos que impiden su consecución. Si se trata de ganar competitividad y productividad, debe apostarse por la conciliación, porque está demostrado que las empresas que concilian son más productivas.

El principio de igualdad en teoría es incuestionable, pero en el Poder Judicial debemos mantener viva la pregunta de si es una realidad en hogares, familia, trabajo y  sociedad.

En Zaragoza, a 26 de septiembre de 2016.