I.- ANTECEDENTES.
1.1.- La grave crisis padecida en el entorno de los estados pertenecientes a la Unión Europea llevó a la modificación del Artículo 135 de la CE, en Septiembre de 2011 atinente a la contención del gasto, teniendo en cuenta el déficit presupuestario.
Consecuencia de lo anterior ha sido la promulgación de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en dicho artículo de la Constitución Española, para dar cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la Normativa Europea. Al mismo tiempo se establecen en la misma, los mecanismos de control preventivos y medidas correctoras que deberán adoptarse, de acuerdo con lo que establece el artículo 155 de la CE, de manera que se cumplan los objetivos de la Directiva 2011/85/UE del Consejo, sobre requisitos presupuestarios de los Estados miembros. Al respecto cabe señalar que formulados sendos recursos de inconstitucionalidad frente al articulado de dicha Ley, en SSTC de Pleno de 18/12/2014, ha sido declarado conforme a la CE de 1978.
En lo que concierne al gasto, se establece en el texto normativo, que la variación del gasto computable de la Administración Central, CCAA y Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, entendiéndose como gasto computable, los empleos no financieros definidos en términos del sistema de la Unión Europea. El Ministerio de Economía y Competitividad realizará el cálculo de referencia de crecimiento del PIB, y será el marco referencial para cada una de las CCAA a la hora de elaborar sus respectivos presupuestos.
Una vez aprobados por el gobierno los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, conforme establece el artículo quince de la norma ya citada, se formulará una propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para cada una de las CCAA, teniendo que informar a las autoridades de la UE sobre los desviaciones, si las hubiese.
1.2.-Mediante el RD Legislativo 20/2012 se procedió al ajuste presupuestario en el sector público, modificando para ello el EBEP, entre otras materias, en lo relativo al número de días de vacaciones y otros permisos retribuidos que se venían disfrutando.
Se modificó también la LOPJ, dirigida a la antedicha finalidad, con objeto de contribuir a la minoración del déficit público para jueces y magistrados.
Se procedió de igual manera que en el sector público una reducción de los días de vacaciones anuales retribuidas que hasta ese momento se venían disfrutando como consecuencia de la modificación de la LOPJ en el año 2009, de hasta 26 días hábiles.
En el régimen de permisos reglados por la LOPJ, se suprimió el régimen de seis permisos anuales retribuidos de tres  días, en la forma normativamente aplicable, por  los días de permiso  retribuido “para todo el sector público”, tres al año.
Se estableció de igual manera para jueces y magistrados, – tres permisos de tres días anuales -, para resolver asuntos de especial complejidad, circunstancia que se mantiene, aunque entendemos a estos efectos, debe quedar al margen de esta propuesta, precisamente por su finalidad que no es otra  que resolver en el menor tiempo posible aquellas cuestiones de especial complejidad que no pueden ser resueltas en el quehacer diario.
1.3.- La LO 4/2014 complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, modificó la LOPJ LO 6/1985,  con objeto de adecuar los días retribuidos de permiso al año natural al sector público, incrementó a cinco los días  de permiso retribuidos con carácter anual (mod. artículo 373.4), situación en la que nos encontramos en el momento actual.
1.4.- Cuando la situación económica del Reino de España lo ha permitido, se ha procedido a restablecer al sector público, en materia de vacaciones y permisos anuales retribuidos, los derechos reconocidos en el EBEP (Ley 7/2007) que venían disfrutan con anterioridad a la crisis y así se plasmó normativamente en virtud, el RD Legislativo 10/2015 de 11/9/2015. Se dice en la exposición de motivos y en las Disposiciones Adicionales en lo que interesa:
<<<Ante el escenario de grave crisis económica y dificultades de acceso a la financiación se adoptaron con carácter urgente una serie de medidas relativas al empleo público con el objetivo de reducir el gasto público, contenidas fundamentalmente en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
_Tal y como se señalaba en la exposición de motivos del citado Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, estas medidas tenían carácter temporal y estaba prevista su aplicación sólo mientras subsistieran las circunstancias económicas y financieras excepcionales.
_En esta legislatura se ha trabajado intensamente por lograr los objetivos de consolidación fiscal aplicando una política fiscal y presupuestaria orientada a la reducción del déficit público que generara crecimiento económico y empleo.
_Esta política fiscal y presupuestaria rigurosa combinada con la aplicación de las ambiciosas reformas estructurales aprobadas en esta legislatura ha dado buenos resultados, prueba de ello es que se ha avanzado en el cumplimiento de las reglas fiscales y se ha recuperado la senda del crecimiento económico, restableciendo así la confianza internacional en la economía española y aumentando la recaudación tributaria. Todo ello, está permitiendo de forma paulatina, con un impacto económico acorde a las posibilidades financieras, la compensación de los esfuerzos realizados.
_De esta manera, a finales de 2013 se procedió a la restitución del cuarto día por asuntos particulares y en 2014 a la devolución del quinto día, con aplicación en todas las Administraciones Públicas (…)
Con el objetivo de fortalecer en la senda de un crecimiento económico sostenible resulta necesario y urgente aprobar este Real Decreto-ley, que contiene, en su Capítulo I, un conjunto de medidas que contribuyen directamente a estimular el crecimiento económico así como ahondar en el incremento de la eficiencia en el funcionamiento del empleo público, de forma compatible con el necesario cumplimiento de las reglas fiscales. Dichas medidas son, en particular, las siguientes:
_– Recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional de los empleados públicos correspondiente al año 2012.
_– Modificación del número de días de permiso por asuntos particulares restituyendo un sexto día, e incremento de los días de permiso por asuntos particulares en función de la antigüedad y los de vacaciones reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público incrementándolos igualmente en función de la antigüedad.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Permisos y vacaciones de los funcionarios públicos
La limitación que establece el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, para los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referida a la nueva redacción dada por el presente Real Decreto-ley a los permisos y las vacaciones de los funcionarios públicos.
_Disposición adicional segunda. Aplicación del permiso por asuntos particulares por antigüedad a la Administración General del Estado
El permiso a que hace referencia el artículo 2. Dos de este Real Decreto-ley será de aplicación en la Administración General del Estado, organismos y entidades vinculados o dependientes.
_Disposición adicional tercera. Vacaciones adicionales por antigüedad en la Administración General del Estado.
En la Administración General del Estado, organismos y entidades vinculados o dependientes, en el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:
_– Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
_– Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
_– Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
_– Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.>>>
1.5 En virtud de Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, se modificó la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Los anteriores cambios normativos han llevado una modificación en el EBEP y en la Ley de Presupuestos para el año 2016, con objeto de aplicar en la forma en que se indica dichas mejoras en el régimen de permisos y vacaciones anuales retribuidas en el sector público.
II.-  PROBLEMÁTICA QUE SE PLANTEA EN RELACION A JUECES Y MAGISTRADOS.
Como se ha expuesto anteriormente, la recuperación de los derechos  del sector público en la materia que nos ocupa, se produjo mediante RD Legislativo 10/2015, siendo ésta la causa en virtud de  la que jueces y magistrados hemos quedado al margen de esta mejora que, entendemos aplicable, en tanto que integrantes del sector público, a estos efectos, conforme establecen las Leyes Generales de Presupuestos anuales.
Como no puede desconocerse la regulación de estos derechos para jueces y magistrados viene establecida mediante LOPJ, Ley 6/1985 que en su artículo 373.4 determina en la actualidad que se tiene derecho al disfrute de –“cinco días al año”, circunstancia que entendemos resulta un trato diferenciado en relación al sector público, que por mor del RD Legislativo 10/2015 viene disfrutando de seis días.
En  similares términos debemos señalar que la LOPJ aplicable al establecer 22 días hábiles de vacaciones retribuidos, supone un trato diferenciado y discriminatorio en  relación al sector público, que viene disfrutando ya desde el año 2015, de hasta  26 días, según los casos.
2.2.- El desajuste en estas materias,  entendemos que viene atribuido a la normativa de LO que regula los antedichos derechos, que requiere unas mayorías cualificadas para su aprobación y que, debido a la rapidez con que se tramitó el RD Legislativo 10/2015 y posterior disolución del Parlamento.
Ello no obstante, no deja de suponer un trato diferenciado no justificado que debe subsanarse, con objeto de equipar en estos derechos a jueces y magistrados con el resto del sector público.
Conscientes de la imposibilidad de modificación, habida cuenta de los avatares políticos desde las elecciones de Diciembre 2015, es por lo que instamos a los grupos parlamentarios que, para el caso que se presente, la modificación de la LOREG, se introduzca una modificación en el sentido de modificar la LOPJ en la forma que se dirá a continuación. Todo ello con la finalidad de equiparar las vacaciones y días de permiso de jueces y magistrados, incluidos días de permiso anual por antigüedad, con el resto del sector público.
III.- MODIFICACION  DE LA LOPJ QUE SE PROPONE:
PERMISOS .- Articulo 373
<<<4.- También podrán disfrutar de hasta seis días de permiso en el año natural, separada o acumuladamente. Los superiores respectivos sólo podrán denegarlos por razones de servicio. El Consejo General del Poder Judicial adaptará, mediante reglamento, cualquier modificación que se produzca en la Administración General del Estado, a la carrera judicial en esta  materia>>>
7.- Los jueces y magistrados tendrán derecho a permisos y licencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral por razón de de violencia de género y en razón de  antigüedad, en la forma en que se establece para el sector público. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará las particularidades de la carrera judicial>>>
Justificación técnica.-
Expuesta anteriormente. Se trata de igualar con el sector público, en similares términos a los que se plasmaron mediante el RD Legislativo 20/2012, se procedió a la minoración a tres días que, posteriormente, superada la crisis, se han visto incrementados a igual número que anteriormente a la crisis en el EBEP.
Estos derechos no resultan de aplicación en el momento actual al entenderse por el Órgano de Gobierno de los Jueces, CGPJ, que no puede reglarse dicha materia reglamentariamente y ello, a pesar del tenor literal del artículo 377 de la LOPJ, en su actual redacción. Como consecuencia de ello, es lo cierto que no se aplican a jueces y Magistrados, lo que conlleva en sí mismo considerado, una situación de desventaja frente al resto del sector público.
Será de añadir a lo anterior que la Comisión Permanente del CGPJ, mediante resolución de 20/9/2016, insta nuevamente al Gobierno a regular dicha Materia. Se anexa dicho documento.
Señalar que en el mismo se explicita un voto particular por uno de los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ en el que sostiene, en postura minoritaria que puede llevarse a cabo la adaptación de estos permisos y licencias, mediante reglamento, conforme dispone el artículo 377 de la LOPJ.
VACACIONES.- Artículo 371
Redacción que se propone:
<<<1. Los Jueces y Magistrados tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados.
Asimismo, tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio, añadiéndose un día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio, respectivamente, hasta un total de veintiséis días hábiles por año natural.
2. Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y del resto de los Tribunales disfrutarán del permiso de vacaciones durante el mes de agosto; se exceptúan aquellos a quienes corresponda formar la Sala prevista en los artículos 61 y 180 de esta Ley.>>>
Justificación técnica
Se trata de equiparar a todos los servidores públicos bajo un mismo régimen de vacaciones anuales retribuidas, siendo por otra parte la regulación que se contempló en la modificación habida en la LOPJ en el año 2009, disfrutando desde aquella anualidad 2009, según los casos, de hasta 26 días hábiles de vacaciones anuales.
IV.- CONCLUSIONES
Se insta al congreso la necesaria modificación en la forma expuesta, de manera tal, que jueces y magistrados, podamos disfrutar de iguales derechos en las materias indicadas que el resto del sector público.
Entendemos que no existe causa justificativa para trato diferenciado e instamos la modificación en los términos expuestos, muy particularmente en el sentido de que se incorpore a la LOPJ una clausula de remisión explícita en estas materias al sector público, con objeto de evitar situaciones como la que se viene padeciendo desde el año 2015.
Madrid, tres de octubre de 2016
D. Manuel Almenar Belenguer (APM)               D. Raimundo Prado Bernabéu (AJFV)
D. Ignacio González Vega (JpD)          D. Conrado Gallardo Correa (FJI)