Uno de los principios fundadores de FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE es la defensa de los intereses y derechos profesionales del juez, entre los cuales destaca el derecho a una retribución digna, acorde con la formación y responsabilidad que tenemos, garantía de nuestra independencia.

 

En este documento vais a encontrar las mejoras retributivas que propone FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE. Pretendemos con ello, no solo presentar mejoras económicas realistas, sino también resolver las deficiencias de la Ley de retribuciones de 26 de mayo de 2003; afrontar decididamente el grave estancamiento profesional que sufre la carrera judicial, que limita actualmente nuestra progresión profesional; que se reconozca la alta responsabilidad y particularidad de nuestra profesión, sometida a un severo régimen de incompatibilidades y exclusividad mucho más restrictivo que el aplicado a otras profesiones de la función pública (que normalmente se compensa económicamente); que se acabe con el agravio comparativo existente en la función pública, que permite que las retribuciones no se fijen en función de la responsabilidad y preparación, de ahí que en cualquier pueblo o ciudad las retribuciones de los funcionarios locales sean superiores a la de los jueces; y que se compense la pérdida de capacidad adquisitiva sufrida por la carrera judicial agravada por las bajadas de sueldos sufridas en 2010 y 2011, muy superiores, sin motivos, al resto de la función pública.

 

Que no os engañen, si consultamos la Ley de Presupuestos parece que nuestras retribuciones son las más elevadas de la administración, pero eso sólo es debido a que, frente a la trasparencia de nuestros salarios, los de otros colectivos no lo son, ocultándose importantes partes de sus emolumentos en complementos específicos, gastos de representación o productividad que dejan un rastro bastante difuso en la ley de presupuestos, desconociéndose realmente qué gana cada alto cargo o funcionario.

 

Es por ello que, entre las propuestas que a continuación os exponemos, algunas van encaminadas a lograr la existencia de una verdadera carrera profesional que acabe con el desencanto, la desmotivación y la frustración que generalmente acompaña a este mal y que hace que en España, al contrario que en otros países, los jueces tengan sus miras puestas en pasarse a la actividad privada con el paso de los años, y no al revés.

 

Somos conscientes de que los logros que en su caso se alcancen no serán inmediatos, y que la única manera de obtenerlos es mediante una labor paciente, inteligente, constante y, sobre todo, unida, correspondiendo a las asociaciones judiciales la tarea de presentar un frente común que, además, destile seriedad y contundencia. A esa tarea común se compromete FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE.

Éstas son las propuestas:

 

1) SUELDO.

Se debe incrementar en idéntica proporción a la rebaja sufrida en 2010 y 2011, rebaja que fue superior al resto de la función pública, y recuperar la considerable pérdida de capacidad adquisitiva sufrida (desde 1990 el IPC ha subido un 112,4 %, y desde 2004 un 27,7 %, por dar sólo algunas cifras).

Además, se debe justar a la LOPJ, de forma que sólo se retribuyan las categorías (actualmente Juez y Magistrado), mientras que las diferentes presidencias se retribuyan como complemento.

2) ANTIGÜEDAD.

Retribución fija que se llama “trienio”. Pedimos que, en vez de ser el 5 % del sueldo de la categoría de juez (es así durante toda la vida profesional), sea el 5 % del sueldo correspondiente a la categoría que uno tenga cuando se perfeccione.

3) COMPLEMENTO DESTINO

 

Retribución fija que depende del grupo de población en el que se ejerce el trabajo y la función que, en su caso, se desempeñe.

Con relación a lo primero, y dada la no muy lógica distribución actual (por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, con 220.000 habitantes, es de segunda categoría, pero no lo son ciudades con más de 300.000 habitantes tales como Granada, Oviedo, Coruña, etc.), se debe determinar objetivamente el número de habitantes necesarios para pertenecer a un grupo de población. Concretamente, proponemos que sean de segunda categoría todas las capitales de provincia que superen los 200.000 habitantes, y que para el resto se actualicen las categorías atendiendo a los datos del padrón municipal.

Con relación a lo segundo, la retribución habría de pagar la importancia de la función, no a la representación (la cual incluiríamos en otro complemento que luego veremos, de dirección), proponiéndose dos complementos: uno para magistrados de sala que ejerzan labores en órganos de apelación, y otro para magistrados unipersonales.

Se habrían de mantener las retribuciones por circunstancias especiales de los destinados en las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, Navarra, País Vasco, Islas Baleares y Valle de Arán.

4) COMPLEMENTO PENOSIDAD

Retribución fija que actualmente se aplica, sin sentido lógico, sólo a los magistrados de la Audiencia Nacional. Proponemos que debe aplicarse a aquellos destinos que presenten una especial problemática per sé, como la jurisdicción penal (especialmente juzgados de violencia contra la mujer), o a aquéllos de especial complejidad y/o con necesidad de especialización (mercantiles, por ejemplo).

5) COMPLEMENTO DE DIRECCIÓN

Retribución fija que, con el nombre de “complemento por responsabilidad” y sin ninguna relación con su finalidad, actualmente se aplica a magistrados que no desempeñan facultades de dirección, como los de Sala de la Audiencia Nacional o de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional. Proponemos, además de cambiar su nombre por éste “de dirección”, que se aplique a Presidentes de Sala y a todos los jueces decanos (no sólo a los designados por el art. 166.1 y 3 LOPJ, como actualmente pasa)

6) QUINQUENIOS

Se reclama el establecimiento de los “quinquenios”, muy reconocidos en otros ámbitos profesionales públicos con el fin de reconocerles sus singularidades profesionales (su importe ronda los 150 € mensuales por cada uno), y ello, precisamente, con el fin de compensar las extensas incompatibilidades que sufrimos los jueces y la dedicación exclusiva a la profesión, así como premiar la acumulación de conocimientos profesionales a lo largo de toda la carrera, evitando que la gente tenga la tentación de marcharse al ámbito privado. Sería una especia de “complemento de incompatibilidad” que solo tendría verdadero alcance con la modificación de la estructura orgánica de la carrera judicial que a continuación se propone.

 

Así, el quinquenio se obtendría cada 5 años de ejercicio idóneo de la profesión. Eso significa que, al contrario que los trienios, los quinquenios no se devengarían automáticamente cada lapso temporal, sino que su reconocimiento quedaría en manos del CGPJ, el cual podría denegar su devengo justificadamente en la existencia de una sanción disciplinaria firme, que demoraría la obtención del quinquenio durante el plazo que subsista la sanción hasta la plena rehabilitación.

 

Pero sobre todo, el quinquenio también serviría para establecer unos criterios objetivos a partir de los cuales se configuraría el estatuto personal del juez y que permitiría adquirir las distintas categorías profesionales sin necesidad de relacionarla necesariamente con el destino ejercido, garantizándose que la promoción profesional seguirá independientemente de los avatares de la planta judicial, aliviándose así mismo de esta manera la sensación de frustración colectiva que sufre, con toda la razón, la carrera judicial. Quedaría de la siguiente manera:

 

  1. a) Juez. La categoría se obtiene tras aprobar la oposición y superar el periodo de escuela judicial. Con esta categoría uno puede pasar a tener destino en cualquier juzgado unipersonal (de juez o de magistrado) y por estricto orden de antigüedad.

 

  1. b) Magistrado unipersonal. La categoría se alcanza una vez se obtiene el primer quinquenio (si todo va bien, como será en la inmensa mayoría de los casos, ello ocurrirá una vez trascurridos los cinco primeros años de ejercicio como juez). Con esta categoría se podrá seguir destinado allí donde se estaba o bien pedir traslado a otro órgano unipersonal por estricto orden de antigüedad. O incluso pedir traslado y acceder a un órgano colegiado si nadie más antiguo lo pide.

 

  1. c) Magistrado colegiado o de Sala. La categoría se alcanza una vez se obtiene el tercer quinquenio como magistrado unipersonal que ha ejercido durante diez años sus funciones en destinos con categoría de magistrado (no de juez). En circunstancias normales, ya van cuatro quinquenios en el cómputo total. Se podría ir destinado con preferencia y por antigüedad a las plazas de órganos colegiados, o también permanecer en un juzgado unipersonal con categoría de magistrado. Sólo podrán optar a presidente de sección o tribunal los magistrados colegiados que estén destinados en órganos colegiados, concediéndose la plaza al que tenga más antigüedad como magistrado de ejercicio en órgano colegiado.

 

Obsérvese que se exige el doble requisito de tener cuatro quinquenios y haber servido durante diez años en un órgano de categoría de magistrado. Si defendemos la carrera judicial como una verdadera carrera profesional la misma debe tener forma piramidal y fomentar el ascenso por la misma. Nada impide que alguien se quede en destinos de juez toda su vida, pero debe reconocerse que es una opción personal que el sistema no puede favorecer, ya que el sistema quiere que los jueces con más antigüedad y experiencia accedan a los destinos más complejos, que no pueden quedar en manos de los más inexpertos.

 

  1. d) Magistrado de Tribunal Supremo. La categoría se alcanza una vez se obtiene el segundo quinquenio como magistrado colegiado que ha ejercido durante diez años sus funciones en órganos colegiados. En circunstancias normales, ya van seis quinquenios en el cómputo total. Esta categoría permite acceder al Tribunal Supremo por estricto orden de antigüedad siempre que haya plazas libres. Entre tanto no las hay o no se pida, se podrá ejercer la profesión con esta categoría en el órgano colegiado en que se venía desarrollando o pedir traslado a otro. De esta forma se impide el acceso al TS sin tener experiencia profesional, se elimina la discrecionalidad y se garantiza que acceden al TS magistrados ya con cierta edad, permitiendo su renovación más frecuente y mayor rotación en la categoría, para beneplácito de toda la carrera que puede así mirar al TS como un destino o categoría real.

7) RETRIBUCIONES VARIABLES

Al contrario que los apartados anteriores, donde la retribución es fija, aquí se encuadra lo regulado en los art. 7 a 10 de la Ley de Retribuciones, lo que se conoce como “productividad”, y que por todos es sabido que supone una partida ínfima si lo comparamos con el montante destinado a productividad en otras profesiones públicas. De hecho, el crédito total, que por la misma Ley no puede superar el 5 % de la cuantía global de las retribuciones fijas, nunca ha superado de media el 2 %, obviando el esfuerzo colectivo realizado por la carrera judicial (en la actualidad más del 75% de los órganos judiciales superan el 100% de los módulos). Y sin causa justificada se ha retribuido siempre el mínimo previsto, un 5 %, cuando la Ley cuantifica los límites entre el 5 y el 10 % de las retribuciones fijas. Todo un despropósito.

En cualquier caso, ahora es un despropósito compartido por todos, pues antes la retribución variable solo era percibida por una minoría de la carrera judicial, pero actualmente, gracias a los recursos interpuestos y a la tozudez de FJI, la totalidad de la carrera se beneficia de esta (exigua) retribución, limitándose así sus perniciosos efectos derivados de incentivar una errónea actuación profesional que afecta a la salud y riesgo profesional de los jueces y a la calidad de la justicia.

Por todo ello, lo que proponemos es la absoluta modificación de estas retribuciones variables, ELIMINANDO cualquier relación con la productividad del juez que tanto daño está causando a la administración de justicia, empeñadas las altas instancias (CGPJ mediante) en que lo importante es la cantidad y no la calidad.

Así, se debe sustituir el actual modelo de objetivos por otro que establezca una cantidad global fija que no quede al arbitrio del MJ, cantidad fija que valore la conflictividad, la complejidad y la penosidad de cada destino concreto, para lo que deberá tenerse en cuenta el volumen de carga de trabajo que soporte el órgano judicial de que se trate, la materia y la especialidad, correspondiendo la elaboración periódica de los parámetros con los que medirlos al CGPJ, que sabe perfectamente que no es lo mismo ejercer de juez en un juzgado mixto de Estepona, por ejemplo, que hacerlo en algunos juzgados mixtos del interior; o que no es lo mismo trabajar con el volumen de entrada ordinario que hacerlo, además, teniendo que instruir un voluminoso caso de corrupción.

Por último, debería retribuirse especialmente sí o sí a aquellos jueces que desempeñen su función en destinos que superen el volumen máximo de entrada establecido legalmente y no sea posible la urgente creación de nuevas plazas, por un tiempo máximo de un año renovable por otro, a cuyo término sólo cabría la creación de una nueva plaza o el establecimiento de medidas de apoyo externas. Encuadrable en lo que en la Ley se llama “programas de actuación por objetivos” (art. 11 de la Ley)

8) GUARDIAS

Dado que a nadie escapa que la retribución actual por guardias es notoriamente insuficiente porque no tiene en cuenta la especial y superior responsabilidad de los jueces respecto del resto de funcionarios, ni sus cuantías obedecen a criterios objetivos (un médico de la seguridad social percibe unos 17 euros por hora, 19 euros si es festivo o fin de semana), proponemos una SUBIDA de las retribuciones por guardia bajo los siguientes parámetros: a) si la guardia es de presencia, permanencia o disponibilidad; b) no se cuentan las 7:30 horas de jornada ordinaria al día; c) se diferencian las horas de días laborables de las de fin de semana o festivo; d) se tiene en cuenta la penosidad de los destinos en función del número de juzgados; e) para las guardias de presencia, se cobraría lo que el médico de la seguridad social; f) para las guardias de permanencia, las horas de presencia obligatoria se remunerarán con los mismos criterios que la de presencia, y las horas de disponibilidad con una menor retribución porque conllevan menor dedicación previsible; g) las de disponibilidad exclusiva supondrán cantidades proporcionadas a la menor dedicación previsible; h) las guardias de faltas inmediatas se aumentan sobre el 20 % en función del aumento de la carga de trabajo que conllevan y la mayor responsabilidad.

Teniendo en cuenta todo esto, el cuadro resultante es el siguiente:

  GRUPO           SERVICIO               RETRIBUCIÓN                       PROPUESTA

 

 

Nº 1

 

+ 10

Juzgados

de Instr.

 

Guardias de 24 h

de presencia

 

 

f     Faltas inmediatas

 

 

220,82 €  (13,98 €/h)

 

+ 55,20 €/día de f.s/f.

 

33 juzgados 220,82 €

menos        147,20 €

 

293,40 € (16,30 h x 18 €)

 

480 € (24 h x 20 €)

 

250 €

175 €

 

 

Nº 2

 

8-10

juzgados

de Instr.

 

 

Permanencia

durante 7 días

 

 

 

 

 

 

Faltas inmediatas

 

 

248,42 € (35,48 €/día)

 

 

 

 

 

 

 

147,20 €

 

721 € (3 h x 17,00 € + 13,5 h x 5 €) x 5 días

432 € por fin de semana (12 h x 18 € + 36 h x 6 €)

 

+ día de fiesta 4 h x 18 + 20 h x 6= 192 €

 

175 €

 

Nº 3

 

menos de 8

juzgados

de Instr.

4 ó más

juzgados

mixtos

 

Permanencia

durante 8 días,

incluido el día

de faltas inmediatas

 

303,62 € (37,95 €/día)

 

506 € (3 h x 16 € + 13,30 h x 4 €) x 5 días

384 € (12 h x 17 € + 36 h x 5 €)

x -f.s.

+ 48 € (3h x 16 € día de faltas)

 

+ 168 € (4 x 17 + 20 h x 5 €) x

día fiesta

 

 

Nº 4

2-3

juzgados

mixtos

 

 

Disponibilidad

durante 8 días,

incluido el día

de faltas inmediatas

 

138,00 (17,25 €/día)

 

360 € (16,30 h x 4 €) x 5 días disponible

+ 48,00 € (3 h. juicios falta x 16,00 €)

+ 120 € (24 h x 5 €) x día/fin semana o fiesta

 

 

Nº 5

Juzgado

Único

mixto

 

 

Disponibilidad

durante 7 días

 

55,20 € (7,88 €/día)

 

255 € (17 h x 3 €) x 5 días

 

+ 96 € (24 h x 4 €) x día fin de semana o fiesta

 

 

 

Nº 6

Juzgado central

De

Instrucción

 

 

 

Permanencia semanal

 

247,72 € (35,39 €/día)

 

772,5 € (3 h x 20 € + 13,5 h x 7 €) x 5 días

+552 € por fin de semana (12 h x 22 € + 36 h x 8 €)

 

+ 248 € x día de fiesta (4 h x 22 + 20 h x 8)

 

Nº 7

Juzgados

De

Menores,

4 ó más

 

 

3 días de

permanencia

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad

semanal

 

 

331,50 € (110,5 €/día)

 

 

 

 

 

 

 

107,10 € (15,30 €/día)

 

445,5 € (3 h x 18 € + 13,5 h x 7 €) x 3 días

 

212 € (8 h x 20 € + 16 h x 8€ x sábados)

240 (4 h x 20 € + 20 h x 8€) x domingo o festivo

 

412,5 € (16,5 h x 5 €) x 5 días

 

144 € x día fin semana o fiesta (24 h x 6 €)

 

Nº 8

Juzgados

De

violencia contra la mujer,

4 ó más

3 días de

permanencia

285,20 € (95,06 €/día)

+ 55,20 f.s/f

445,5 € (3 h x 18 € + 13,5 h x 7 €) x 3 días

212 € (8 h x 20 € + 16 h x 8€ x sábados)

240 (4 h x 20 € + 20 h x 8€) x domingo o festivo

 

 

9) SUSTITUCIONES

Frente a la actual e insuficiente retribución, se propone la mejora del sistema previendo el abono de esta retribución para todos los supuestos de prórroga de jurisdicción y no sólo los previstos en el artículo 212 LOPJ, en particular para los supuestos en que un Juez, por sustitución de un compañero, debe hacerse cargo del servicio de guardia de más de un Partido Judicial, así como eliminar la cláusula que hace depender el pago de la retribución de la disponibilidad presupuestaria.

Si las sustituciones son de larga duración, deberán ser asumidas por JAT, pues ésa es su razón de ser.

10) INDEMNIZACIONES POR GASTOS PROFESIONALES.

Se deben abonar los gastos de adquisición de las togas, puñetas y escudos, como ocurre con los Abogados del Estado o letrados de la Seguridad Social. Cada diez años podría incurrirse nuevamente en este gasto, para renovar los que seguro estén ya ajados.

Gastos de cursos y actividades profesionales (tales como celebración de juicios fura de la plaza de destino), deberían abonarse siempre con carácter previo a la realización de la actividad.

11) JUBILACIÓN

Somos conscientes de lo delicado de la cuestión y de que el Parlamento establece un importe máximo de las pensiones de jubilación para cada año en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado.

Sin embargo: a) debe evitarse el agravio comparativo que se puede producir tras la última Ley de Presupuestos entre los jueces y el resto de funcionarios públicos que, en igualdad de condiciones y categoría, decidan retrasar su jubilación a los 70 años, lo cuales, según una interpretación de la norma, podrían percibir hasta un 11% más que los miembros de la carrera judicial; b) no puede dejar de ser tenido en cuenta que el estricto régimen de incompatibilidades a que se halla sometida la carrera judicial supone que sus miembros no disponen de las diferentes posibilidades al alcance de otros trabajadores para ir preparando otras fuentes de obtención de rentas complementarias a la pensión que queda tras la jubilación, lo cual deber ser compensado de alguna forma, como sería mediante una indemnización al momento de jubilación.

 

 

Éstas son todas las medidas, resumidas de la siguiente manera:

I.- Modificación de la ley de retribuciones en los siguientes apartados:

1.-  La antigüedad se debería abonar en función del sueldo de la categoría que se disfrute;

2.- La retribución variable por objetivo, productividad, debe elevarse hasta el 5% sin margen discrecional y no debe vincularse al rendimiento sino a la conflictividad y penosidad del destino, siendo la carga de trabajo soportada por el órgano judicial uno de los criterios que se han de tener en cuenta para ello.

3.- En el complemento por población se debe establecer el número de habitantes necesarios para pertenecer a una categoría y también un mecanismo automático y obligatorio de revisión anual conforme a los datos del INE.

4.- El CGPJ nos debe proveer de la toga al acceder a la carrera, y se nos renovará cada 10 años.

5.- El complemento especial por guardia debe tener en cuenta nuestra superior responsabilidad, el nivel profesional y el tipo de guardias.

6.- Se debe instaurar un nuevo complemento específico que recompense el buen hacer profesional cada 5 años.

7.- La ley de retribuciones debe reconocer y gratificar económicamente la especial incompatibilidad que soporta la carrera judicial.

II.- Debe regularse un nuevo estatuto orgánico de la carrera judicial en el que la categoría profesional no esté asociada exclusivamente al destino.

III.- El poder judicial necesita un presupuesto propio y administrado por una instancia independiente del poder legislativo y ejecutivo para que sea realmente independiente.