Recientemente ha vuelto a la actualidad la cuestión de si los vocales judiciales del Consejo General del Poder judicial deben ser elegidos por los Jueces, en lugar de como ahora ocurre por el Congreso de los Diputados y el Senado.

No es en sentido estricto una novedad.

Desde un principio se interpretó por la doctrina más sensata que la elección de entre y por los Jueces era el sistema realmente querido por la Constitución, aunque posteriormente nuestro inefable Tribunal Constitucional entendiera que “no pero sí” es inconstitucional otra forma de elección en una sentencia francamente difícil de entender, lo que por otra parte no puede descartarse que se hiciese a propósito, la oscuridad del razonamiento quiero decir.

Esta fue la forma de elección hasta el año 1.985, es la que defendemos actualmente todas las asociaciones judiciales hasta desgañitarnos. En el caso de Foro Judicial Independiente, desde su fundación en el año 2.003, y la que llevaba el Partido Popular en las elecciones de 2.011 como la medida estrella para despolitizar la Justicia, promesa incumplida sin explicación alguna.

Y no sólo incumplida por omisión, sino por acción, que es más grave, dado que la reforma que llevó a cabo fue exactamente la contraria: politizar aún más si cabe la elección de los vocales judiciales y anular cualquier posibilidad de independencia real del Consejo General del Poder Judicial en la labor que tiene encomendada, que no es otra que la del gobierno de los Jueces.

La novedad reside en que se propone nuevamente como medida para despolitizar la Justicia en el pacto de investidura firmado por el Partido Popular y Ciudadanos, pacto que no ha dado el fruto buscado y que deja la cuestión nuevamente en el aire.

El Partido Popular lo ha aceptado a regañadientes, como gran concesión al otro integrante del pacto, olvidando que en su día formó parte de su programa.

Esta actitud reticente, hasta cierto punto lógica porque supone corregir lo que han aprobado hace poco cuando tenían mayoría absoluta, se ha encarnado en personas relevantes de ese partido, de su entorno y por supuesto de los beneficiados directamente por el actual sistema.

ARGUMENTOS FALACES

Anticipando la legitimidad de una marcha atrás una vez que el pacto no ha resultado, utilizan argumentos tales como el de que es más democrático que elija el Parlamento, que la elección por los jueces daría lugar a un órgano corporativista (gremialista ha llegado a decir alguno en su afán de profundizar en el menosprecio), o que lo que pretendemos las asociaciones, tan politizadas como los partidos políticos pero carentes de su legitimidad democrática, es sustituir a éstos en el control del Consejo General del Poder Judicial.

Alegaciones muy similares por cierto a las que utilizó el PSOE para tomar el control del Consejo en el año 1.985, cuando tenía el poder absoluto, lo que criticó con energía, e incluso ferocidad, el actual Partido Popular, entonces con otra denominación en la oposición; justo hasta cuando llegó al poder, porque una vez en él empezaron a no parecerle tan malas las tesis del PSOE.

Todos esos argumentos no tienen otra explicación que la ignorancia o el deseo de confundir a la opinión pública para mantener el control de un órgano que consideran los políticos clave para protegerse de la amenaza de procesos judiciales cuando incurren en actividades que se apartan de la legalidad, lo que desgraciadamente es actualmente el pan nuestro de cada día.

O, probablemente, ambas cosas, ignorancia y maldad, en proporciones difíciles de determinar y variables según los casos. Porque no hay nada tan desalentador como el desconocimiento generalizado que tienen nuestros políticos del sistema judicial español, de su papel en un Estado democrático de derecho, de las graves deficiencias que lo aquejan y del peligro que implican para la propia subsistencia de la democracia.

Se podría decir que son cuestiones que les importan más bien poco, salvo en lo relativo al concreto proceso judicial que les afecta, claro.

FJI ELABORÓ UN PROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ

La asociación de jueces Foro Judicial Independiente, para combatir esos argumentos maliciosos o fruto de la ignorancia, elaboró en el año 2.012 un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en orden a determinar la forma de elección del CGPJ y las competencias que este precisaría para poder cumplir realmente su función de preservar la independencia y lograr la eficacia del sistema judicial.

Esta propuesta, de la que se dio traslado en su día al Ministro Gallardón se basa en una serie de idas y principios que trataré de exponer lo más sintéticamente posible.

1.- La elección de los 12 Vocales judiciales del CGPJ por los jueces y entre los jueces no es un invento de las asociaciones judiciales, ni en sentido estricto una exigencia o reivindicación de las mismas.

Las asociaciones judiciales nos limitamos a acoger y defender, en aras de los derechos de todos los ciudadanos, y los jueces también somos ciudadanos, la doctrina que propugna un organismo tan poco sospechoso de ideas antidemocráticas, más bien al contrario, en cuanto que encargado de velar por la democracia en el ámbito europeo, como es el Consejo de Europa.

Tanto el Consejo de Ministros, como su Comité Consultivo de Jueces Europeos han establecido en reiteradas ocasiones desde el año 1994 la doctrina de que no hay verdadera democracia sin Estado de Derecho; no hay Estado de Derecho si no existe un Poder Judicial independiente y eficaz que garantice el imperio de la Ley; y no puede haber un Poder Judicial independiente si no existe un órgano de gobierno en el que al menos la mayoría de sus miembros sea elegido entre y por los jueces. Tal principio aparece también recogido en la Carta Magna de los Jueces Europeos, entre otros textos internacionales.

ESPAÑA CONDENADA POR EL TEDH

Y España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y severamente criticada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), entre otras razones, por la falta de independencia del Poder Judicial que implica el que todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por los políticos.

Nuestra Constitución fue pionera en cuanto que, 16 años antes de que esta doctrina fuera emitida por el Consejo de Europa, entendió la importancia de que el gobierno del Poder Judicial fuera independiente y de que la garantía de ello es que la mayoría de sus vocales fueran elegidos por los jueces. Luego vinieron las interpretaciones, no tan pioneras, más bien retrógradas, de los partidos políticos y el Tribunal Constitucional.

Toda esta doctrina internacional es, simple y llanamente, ignorada por nuestros políticos, porque su consecuencia es clara y perturbadora: lo democrático no es que el Parlamento elija a los Vocales judiciales. Esto es pura demagogia.

Lo verdaderamente democrático es que lo hagan los propios jueces, lo que por otra parte responde al principio democrático de que los gobernados, que son los jueces, elijan a sus gobernantes; el CGPJ no gobierna a los ciudadanos, ni los jueces tampoco, sólo aplican las leyes que hacen otros, por lo que no tiene mucho sentido democrático que su órgano de gobierno sea elegido por otro poder del Estado. Con ello lo único que se consigue es que el Estado Democrático de Derecho se debilite.

2.- La propuesta de Foro Judicial Independiente está diseñada para sea extraordinariamente difícil que una asociación consiga los 12 vocales judiciales. No se trata de sustituir partidos políticos por asociaciones; se trata de que esos 12 vocales reflejen con la mayor amplitud posible la pluralidad de la carrera judicial, cuya composición sociológica actual es bastante parecida a la de la sociedad española, fruto de que todavía la mayoría de sus miembros acceden por superar una prueba objetiva que garantice su capacidad abierta a cualquier ciudadano.

Si en el Gobierno de la Nación lo preferible es una mayoría absoluta que garantice su estabilidad y la posibilidad de llevar adelante sus planes, en el órgano de gobierno de los jueces debe buscarse por el contrario que no haya mayorías monolíticas; muy al contrario que existan múltiples puntos de vista y absoluta ausencia de vinculación a ninguna clase de organización ni ideología, de manera que sus decisiones sean fruto del debate y deliberación entre profesionales competentes, con conocimiento de los problemas y experimentados. Por eso también es bueno, y la Constitución fue nuevamente sabia en este punto, que sea un órgano integrado por un número amplio de vocales.

La pluralidad y variedad es garantía de democracia.

Por tanto no sólo no quiere Foro Judicial Independiente “tomar el Consejo”, sino que pretende que no lo “tome” nadie, que no sea propiedad de nadie, sino algo con lo que nos sintamos identificados todos los jueces, asociados de cualquier asociación y no asociados, con independencia de que discrepemos o no de las concretas decisiones que se adopten, y que los ciudadanos puedan percibir como un órgano objetivo y competente en su labor. Y creo que las demás asociaciones actualmente están en esta misma onda.

EL CORPORATIVISMO: UN MITO

3.- El corporativismo de la carrera judicial es un mito de escasa base. El corporativismo es fruto de la empatía que naturalmente se tiene con respecto a otras personas que tienen tus mismos problemas y como tal existe en cualquier actividad o profesión, muy especialmente en España.

Entre los jueces no es un instinto especialmente desarrollado y la prueba es que si se pregunta a cualquier juez quien prefiere que le juzgue elegirá un jurado antes que un compañero, ante el temor de que sea especialmente duro y hasta injusto en su empeño de demostrar que a él no le afecta que el litigante o acusado sea juez. Podría citar muchos ejemplos.

En todo caso no se entiende por qué van a ser menos corporativos 12 jueces elegidos por el Parlamento que 12 jueces elegidos por 5.500 jueces que evidentemente no se conocen todos entre sí.

¿Tienen los políticos especial olfato para detectar jueces no corporativos? ¿Los Jueces saben quien se va a comportar corporativamente y quien no?

Además la Constitución ya adoptó precauciones más que suficientes al respecto; no olvidemos que junto con los 12 vocales judiciales, existen 8 vocales no judiciales, lo que es suficiente para corregir cualquier tendencia corporativa. No es realista pensar que los 12 vocales judiciales, que si se diseña bien el sistema representarán un espectro amplio y diverso, van a hacer bloque común siempre frente a los vocales no judiciales.

Por el contrario, insisto, si se diseña bien, habrá un debate rico y plural donde también contará la opinión de quienes no pertenecen a la carrera judicial.

4.- Otro teórico obstáculo sería la “politización” de las asociaciones. Es un hecho evidente que cuando cuando la Constitución permite a los Jueces asociarse, hasta entonces no podían, es en plena transición política, donde la neutralidad política con respecto al profundo cambio que se produjo en España no era bien entendida. En este contexto nacen tres asociaciones judiciales que, efectivamente, de modo más o menos explícito, se implican en política.

Ello determina que el primer CGPJ, único elegido por los jueces, tuviera una composición de vocales judiciales monolítica y muy politizada. No estoy excusando nada, sólo trato de explicar. En el año 2.002 en que nace Foro Judicial Independiente la transición está ya superada y hay un cierto hastío entre los jueces por la politización de las asociaciones.

Precisamente uno de los motivos de que naciese Foro es el deseo de una asociación alejada de la política y centrada en los problemas profesionales de los jueces y en la defensa de su independencia.

Pero dese esa fecha hasta hoy las cosas han cambiado mucho y para bien. Se puede hablar de una progresiva despolitización de las asociaciones, de una tendencia cada vez más acentuada en ese sentido y de un cambio de rumbo de las asociaciones más antiguas en el sentido de centrar su labor en los problemas profesionales de los jueces y en los que impiden a la Justicia ser plenamente independiente y eficaz. Quedan residuos del pasado, pero la evolución es muy positiva y soy muy optimista sobre el futuro del asociacionismo judicial.

En todo caso, ya he dicho antes que el objetivo no es que las asociaciones controlen el CGPJ, sino que el mismo refleje la pluralidad de la carrera judicial. Si esto se consigue, no hay peligro alguno de que los propios jueces politicemos el CGPJ.

UN PRIMER PASO

5.- La elección por los jueces no resuelve por sí el problema. De lo expuesto resulta que tan importante como esa elección, es el sistema electoral que se diseñe. Ya hemos reseñado que características ha de reunir.

Pero además el sistema debe prever medios para fomentar la participación de un cuerpo electoral de unas 5.500 personas dispersas por todo el territorio nacional, estableciendo la posibilidad de votar por medios electrónicos o físicamente en todas las sedes judiciales, permitiendo a los candidatos darse a conocer entre los electores y que estos sepan las circunstancias que concurren en esos candidatos.

Y no se trata solamente de que se elijan los vocales judiciales por los jueces.

Hay que buscar formas de evitar la politización de los vocales no judiciales elegidos por el Parlamento, exigiendo por ejemplo que sean presentados por los colegios profesionales de los colectivos jurídicos, garantizando de esta manera que sean verdaderos juristas de prestigio y no meros delegados de los partidos políticos.

Finalmente, de nada sirve tener un CGPJ despolitizado si no se le dota de competencias reales para poder trabajar por la eficacia de la Justicia y se configuran adecuadamente sus competencias.

Defendemos por ello que el presupuesto de Justicia sea elaborado por el CGPJ, que es quien lo debe presentar para aprobación al Parlamento, de forma similar a como ocurre, por ejemplo, en los EEUU.

Sería el CGPJ el que decidiría sobre la creación de órganos y dotación de medios materiales y personales de los mismos. Hay que objetivizar los requisitos para acceder al Tribunal Supremo, evitando el amiguismo o las preferencias personales.

NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTES DE TRIBUNALES

Y hay que eliminar la competencia de nombrar a los presidentes de los tribunales, desmitificando estos puestos, considerados actualmente como medio de control, y configurándolos, al igual que los Decanos actualmente, como simples órganos de gobierno de los tribunales que deben ser elegidos por los miembros del tribunal.

Finalmente el CGPJ no es un órgano consultivo del Gobierno o el Parlamento, por lo que sólo debe informar sobre leyes atinentes estrictamente al estatuto de los jueces y/o que puedan afectar a su independencia.

6.- Una última observación: un órgano de gobierno independiente y con competencias reales es presupuesto necesario para un Poder Judicial independiente y eficaz, pero no es ni mucho menos bastante, ni su mero establecimiento va a suponer una mejora significativa de los graves problemas que aquejan a la Justicia española y que sufren los ciudadanos. Son muchos otros los problemas que hay que resolver para conseguir esa finalidad, y, hoy por hoy, ni siquiera hay un proyecto que determine el camino a seguir en el futuro.

Hace falta una reforma de la estructura judicial que defina el modelo judicial en España y supere el actual que data del siglo XIX y está completamente agotado. Hacen falta jueces. Y hacen falta en general recursos materiales, dinero, presupuesto.

Puesto que los recursos son limitados, ello implica que se eleve la prioridad de la Justicia en el gasto público, abandonando los últimos lugares que ocupa en la actualidad.

Todo lo que se gaste en Justicia, si se hace bien, reverterá directamente en el Estado (multas, tasas, ahorro en salarios de tramitación, resolución de contenciosos administrativos, etc.) o indirectamente, permitiendo, por ejemplo, un funcionamiento mejor de la economía.

Si se hace bien, claro, y no como hasta ahora que lo poco que se gasta se despilfarra en una estructura anticuada y en proyectos que carecen de viabilidad o que no responden a necesidades reales.

Conrado Gallardo

21 septiembre, 2016

(Artículo publicado en Confilegal)