La elaboración de un Código Ético sólo tiene sentido cuando su necesidad surge de los propios profesionales a los que afecta, los cuales, para dar respuesta a esa necesidad, se comprometen voluntariamente a cumplirlo. Son notas esenciales del mismo por ello el carácter voluntario de su exigencia, siendo asumido como compromiso institucional con la excelencia de la profesión y como instrumento para fortalecer, en el caso de los Jueces, la legitimación del Poder Judicial mediante el establecimiento de unas reglas de conducta que van más allá de las exigencias disciplinarias, tal y como se desprende del propio Código Iberoamericano de Ética Judicial y Los Principios de Bangalore.

Los Jueces españoles hoy por hoy no perciben como un problema importante la falta de un Código Ético. No hay disfunciones graves y generalizadas en su conducta y existe ya un régimen disciplinario riguroso y que se aplica con rigor. No tiene mucho sentido dedicar esfuerzos a una tarea que no responde a ninguna carencia, y dejar sin abordar los graves e importantes problemas que sí afectan a la Justicia en España en la actualidad. La encuesta formulada a los miembros de la carrera judicial por la Comisión creada por el CGPJ para la elaboración de un código ético, puso de manifestó el nulo interés en la elaboración de un Código Ético, dada la escasísima participación que tuvo la misma, resultados que no han sido comunicados a los miembros de la carrera judicial.

A pesar de ello el CGPJ persiste en su idea de crear por su cuenta un Código Ético que no respondería a una demanda de los Jueces y que tendría más el carácter de criterios de referencia para actuaciones disciplinarias establecidos por el órgano de gobierno de los Jueces que el de normas de conducta aceptadas por los propios Jueces. El CGPJ no es un órgano de representación de los Jueces, sino de gobierno, y como tal no tiene legitimidad para elaborar un Código Ético, siendo su competencia exclusivamente la de aplicar y completar el régimen disciplinario.

Régimen disciplinario que actualmente presenta numerosas deficiencias, tanto en su formulación normativa como en los órganos que lo aplican. En su formulación normativa, por la imprecisión de los tipos, lo que genera inseguridad jurídica, lo desfasado de alguno de ellos, la falta de tipificación conductas que sí son censurables y la escasa proporcionalidad que permiten las sanciones. En los órganos que las aplican, por la falta de experiencia en relación con los órganos que inspeccionan y por tener como objetivo el comprobar números y cuadrar estadísticas, y no determinar la calidad de la Justicia que se administra. Más valdría estudiar los problemas que plantea el actual régimen disciplinario que dedicar inútiles esfuerzos a elaborar un Código Ético que nadie reclama.

Por todo ello manifestamos nuestra total oposición a la elaboración en este momento de un Código Ético prescindiendo de la opinión de la carrera judicial. Y desde luego, en todo caso, nos oponemos a que, tal y como se pretende por algún sector de la Comisión, se diseñe y se defina la figura de Juez, o a que en la redacción del Código intervengan profesionales ajenos a la carrera judicial, lo que equivaldría a que las normas éticas se nos impusieran por otros profesionales, situación por completo anómala, en cuanto que no tiene antecedentes en otras profesiones.

No obstante, seguiremos teniendo presencia en las comisiones creadas al efecto en el CGPJ precisamente para defender esta postura y evitar lo que a todas luces no es otra cosa que la pretensión de endurecer el actual régimen disciplinario.

Madrid, a 16 de marzo de 2.016

La Comisión Gestora Nacional