Por Ángel Dolado, Juez decano de Zaragoza y expresidente de Foro Judicial Independiente

(Artículo publicado en Lawyerpress el 4 de noviembre de 2015)

La Justicia no es el problema, es la solución. Planteo la tesis relativa a que si afrontamos definitivamente el tema de la modernización de la justicia estaremos contribuyendo a poner los cimientos de la regeneración democrática  del país.

No crean que el problema es de naturaleza económica (con el coste de poco más de dos kilómetros de AVE podría ser suficiente), es de voluntad política, y sigue siendo la asignatura pendiente de la democracia, porque no ha existido una verdadera voluntad de acometer la reforma integral de la justicia, con  un modelo y estructura organizativa igual en toda  España.

Recientemente, en las XXV Jornadas de Jueces Decanos, celebradas en Vigo, hemos repasado las 57 medidas de regeneración democrática y contra la corrupción que en 2014 propusimos en Valencia, y salvo cinco (delito de financiación ilegal de partidos, ayuda a jueces de instrucción por jueces de otros órdenes jurisdiccionales, creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos dimanantes de delito, no remisión de atestados sin autor conocido a juzgados y regulación adecuada de las diligencias limitativas de derechos fundamentales), el resto no se han acometido:  supresión de aforamientos,  modificación integral de la Ley del Indulto, creación del cuerpo de peritos contables, expertos informáticos que asesoren a los jueces en la investigación de delitos económicos, limitación de la posibilidad de recurrir decisiones de mero trámite en instrucción, reformas organizativas estructurales, etc.

Sin embargo, en seis meses, estamos asistiendo a una vorágine legislativa: reformas LOPJ, Código Civil, LEC, LECR, Ley Concursal, Ley Registro Civil, Ley de Jurisdicción Voluntaria, Estatuto de la Víctima, digitalización y papel cero en expedientes judiciales en 2016… Lejos de valorar positivamente todas ellas, los Jueces Decanos advertimos que su eficacia será muy limitada porque en sus Disposiciones Adicionales recalcan que se ponen en marcha sin dotación económica, sin aumento presupuestario alguno en medios materiales ni personales, lo que generará falsas expectativas y espejismos; se establecen escasos o nulos plazos de entrada en vigor (al día siguiente, dos o seis meses…) que obligan a jueces, fiscales, abogados y procuradores a trabajar con un  complejo cronograma sobre futuras vigencias de leyes, alguna de las cuales se han modificado aún antes de entrar en vigor.

Especialmente críticos hemos sido en tres temas:

1.- Ley de Segunda Oportunidad de personas físicas. Se generaron muchas expectativas pero en 8 meses solo ha habido 300 solicitudes en España. El proceso es complejo, caro y se aleja de las notas de sencillez, agilidad y eficacia que recomienda la Unión Europea y la Defensora del Pueblo. Los créditos públicos de Hacienda y Seguridad quedan fuera del Plan de Pagos y siguen siendo privilegiados. La protección de la vivienda habitual es relativamente escasa.

2.- Inadecuada regulación  de la normativa española de ejecuciones hipotecarias y desahucios en relación con las normas y jurisprudencia de Derecho europeo. Los jueces reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las administraciones públicas para dar información sobre soluciones ocupacionales en los casos de exclusión social, dentro del respeto al principio de legalidad y seguridad jurídica.

3.- Limitación de los plazos de instrucción penal.

 Los problemas para cumplir los plazos de 18 o 36 meses en causas complejas estriba en la falta de medios. Los procesos no se retrasan porque el juez no trabaje o tarde en tomar una decisión sino porque un informe caligráfico, de huellas o ADN puede tardar seis meses; una comisión rogatoria a EEUU más de un año; transcribir unas escuchas telefónicas mantiene paralizada una causa durante meses;  múltiples registros domiciliarios dan lugar a complejos atestados que pueden dilatarse meses.

El sistema penal en su conjunto no dispone de los suficientes medios para ser ágil. Hacen falta más policías, jueces, fiscales, expertos contables, de Hacienda, informáticos…, como refiere un actual informe de Transparencia Internacional.

Además, es criticable que la solicitud de prórroga de plazos de la instrucción  esté monopolizado en exclusiva por el Ministerio Fiscal. Medida que se entendería  si el MF fuese el instructor de las causas y actuase con independencia del ejecutivo, y no bajo el principio de unidad,  dependencia y jerarquía.

Como conclusión, interesamos que no se haga política con la Justicia, que pactemos a nivel nacional un modelo de administración de justicia igual para todos. Señalamos que  no hay  un modelo común y sin él, es imposible una planificación con parámetros de economía de escala, eficacia y eficiencia.