COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

La asociación FOROJUDICIAL INDEPENDIENTE respeta las competencias que corresponden al resto de poderes del Estado, sobre todo en materia legislativa.

No obstante, esta asociación, en la convicción de que la judicatura española debe señalar cualquier anomalía que altere el equilibrio de poderes, ya criticó abiertamente algunos aspectos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que desde hace meses estaba proyectada, lo que también hicieron el resto de asociaciones judiciales y, en general, todos los profesionales relacionados con la Justicia y el derecho.

A pesar de ello, esta reforma ya es una realidad, constatando así cómo desde el partido gobernante no se han tomado en consideración tales críticas, que, repetimos, eran unánimes en lo referente a cuestiones tan esenciales como la fijación de unos plazos máximos para la investigación judicial de los delitos, transcurridos los cuales se producirá el archivo de las actuaciones.

Repetimos lo dicho entonces, esta limitación de los plazos para instruir es una muy mala idea porque, dada la saturación y deficiencia de medios de la mayoría de los juzgados españoles, los plazos serán imposibles de cumplir en causas especialmente sensibles. En concreto, va a dar lugar a no pocos casos de impunidad de comportamientos delictivos tales como las tramas delictivas complejas o los llamados “delitos de cuello blanco”, en los que los investigados disponen de los medios  y recursos necesarios para bloquear la actuación investigadora que los persigue. Y ello se acuerda justo en un momento como el actual en el que se están investigando no pocos casos de corrupción política y económica.

Con ello, además, se señala falsamente al poder judicial como el culpable de que determinadas instrucciones criminales se alarguen en exceso, como si los jueces no trabajásemos o tuviéramos especial interés en prolongar las investigaciones penales. Y nos señalan quiénes precisamente tiene en su mano agilizar la investigación judicial de los delitos abordando sus causas reales.

Pero es que, dejando de lado la necesaria regulación de una serie de aspectos técnicos de la instrucción de los delitos, si atendemos a determinados aspectos de esta reforma, resulta que las motivaciones que se adivinan son otras muy distintas a esa agilización pretendida. Esta limitación temporal de la instrucción penal, junto con el cambio del término “imputado” por el de “investigado” y “encausado”, o las prevenciones que se establecen para que los medios de comunicación no saquen imágenes de los detenidos, no son reformas que la ciudadanía reclamaba ni que los profesionales de la justicia anhelábamos, pero que ponen de manifiesto qué es lo que de verdad ha preocupado a los dirigentes políticos que han dado luz verde a esta reforma.

Que la instrucción de los delitos se prolongue en el tiempo es debido, ni más ni menos, a la falta de los medios personales y materiales necesarios para su tramitación, medios que corresponde proporcionar, precisamente, al poder ejecutivo y sin los cuales, y sin las adecuadas reformas legislativas (limitación de los recursos, incremento de la oralidad, etc.), no será posible disminuir realmente los periodos de investigación criminal.

Si es eso lo que se pretende de verdad, claro.

En Madrid, a 7 de octubre de 2015