A lo largo de este fin de semana, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de una información relativa al crimen de violencia de género ocurrido en el Hospital de Orense el pasado día 8 de mayo, según la cual la Juez encargada del caso no habría accedido a detener a la persona que, finalmente y según esta misma información, cometió el crimen. Dado que, hasta el momento, el Consejo General de Poder Judicial, órgano que debiera actuar en estos casos, guarda silencio, desde la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE deseamos informar a los medios de comunicación y a la opinión pública de lo siguiente:

1) En un Estado Democrático y de Derecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en uso de las facultades que tienen atribuidas y de acuerdo con la Ley, puede detener en cualquier momento a cualquier persona respecto de la que existan indicios racionales de haber cometido un crimen, así como adoptar medidas de vigilancia para la protección de una posible víctima, y todo ello sin necesidad de pedir autorización previa al juez. Esto es tan claro que casi no necesitaría explicarse.

2) Sólo en aquellos casos en que la Policía Nacional o la Guardia Civil entiende necesario que se adopte alguna medida más excepcionalmente limitativa de derechos fundamentales (por ejemplo registro domiciliario o intervención telefónica) debe pedir previa autorización al Juez.

3) Tanto esas peticiones como cualquier otra que un cuerpo policial quiera dirigir al Juez, deben hacerse por escrito, como una de las garantías procesales propias de un Estado de Derecho. Un escrito además en el que no se reflejen sólo “sospechas”, sino que las mismas deberá estar fundadas en indicios suficientemente relevantes.

4) En el caso del crimen de Orense, según la información publicada, agentes de la Guardia Civil habrían solicitado “verbalmente” a la juez “medidas cautelares e incluso la detención” del sospechoso. A juicio de esta asociación, esta forma de actuar en modo alguno puede constituir base suficiente como para que un Juez restrinja derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre la base únicamente de lo que un agente policial  pueda haberle dicho en la privacidad de su despacho. Ello sería más propio de regímenes totalitarios y policiales.

5) De acuerdo con todo lo anterior, no se entiende que si los agentes de la Guardia Civil que investigaban el caso tenían fundadas sospechas contra el presunto asesino, tal y como ahora se anuncia en los medios, no procedieran a detenerlo y/o a adoptar mayores medidas de vigilancia respecto a la víctima, cuando la Ley les autorizaba a llevarlas a cabo sin necesidad de requerir autorización judicial. A juicio de esta asociación, resulta por completo reprobable pretender centrar la atención mediática en una supuesta negativa judicial, mediante filtraciones interesadas y tendenciosas a la prensa, realizadas por la finalidad evidente de eludir su propia responsabilidad en este lamentable suceso.

6) Por todo ello, deseamos expresar nuestro apoyo a la compañera que se ha visto absolutamente señalada este fin de semana, con muy impactantes titulares en numerosos medios de comunicación, en detrimento, por desgracia, del hecho realmente noticiable,  como es la desoladora realidad de una nueva mujer muerta a manos de su pareja, suceso que, por supuesto, condenamos y lamentamos desde esta asociación.