Por Ángel Dolado Pérez, juez decano de Zaragoza

(Publicado en Heraldo de Aragón)

En una  reciente y novedosa jornada de formación jurídica organizada por el  Tribunal Superior de Justicia de Aragón,  para 200 jueces y secretarios de juzgados de paz en Zaragoza fue un orgullo presenciar la conferencia de la Magistrada Encargada del Registro Civil de Zaragoza Carmen Canfran, espléndida en sus explicaciones  y con un cariño en sus palabras y disposición a aclarar cualquier duda en sala y por correo electrónico, que evidencian la vocación de servicio público que tiene, reflejo fiel de lo que son los funcionarios públicos del actual Registro Civil en nuestra Ciudad y en todos los municipios aragoneses.

El auditorio estaba formado por profesionales acostumbrados a diario a inscribir nacimientos, defunciones, expedientes de  matrimonios y nacionalidad, cambios de nombre, así como a atender a ciudadanos nacionales y extranjeros. Con todo ello, la complejidad de las cuestiones planteadas son de tal envergadura que no comprendo su cesión a los Registradores Mercantiles ( neófitos en esta materia y muy buenos en los actos inscribibles privados), desaprovechando la profesionalización secular del actual Registro Civil y su incardinación natural  con los Juzgados de Paz, en sede de Administración de Justicia. Además, justificaríamos y reforzaríamos  la labor social de la justicia de paz en el Siglo XXI, asentando servicios públicos en municipios y comarcas.

No quiero esconder el gran número de quejas ciudadanas ante el actual servicio y que su funcionamiento es manifiestamente mejorable; pero no se deben a lo que se quiere vender como ineficacia de los servidores públicos. Las causas se centran, principalmente, en la necesaria mejora de los sistemas informáticos y la falta de medios materiales y personales. En Zaragoza, desde hace 10 años soportamos una carga de trabajo que requería el segundo RC exclusivo, pero el Ministerio de Justicia ha ido dejando que se deteriore el sistema para justificar su externalización, con una anunciada gratuidad inicial, pero que justificarán en muy poco tiempo  la fijación de tasas o aranceles  para garantizar, ahora sí, la viabilidad, eficacia y eficiencia del pretendido nuevo RC en manos de los Registradores.

Como afirma Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española “…es necesario un Registro Civil  electrónico y gratuito para los ciudadanos. Se mantienen las dudas sobre su privatización encubierta y el coste añadido que puede suponer para los ciudadanos. Debemos tener un RC único para toda España, de carácter electrónico, dependiente del Estado y no administrativo ni privatizado. Un registro individual de folio personal informatizado único, accesible de forma gratuita para todos los ciudadanos y que mantengan los actuales puestos de trabajo público”.

Abogo porque el 15 de julio de 2015 se vuelva a prorrogar la actual situación de vacatio legis por quinto año y se inicie una reflexión y debate abiertos y transparentes entre Ministerio de Justicia y CCAA con competencias de justicia, Jueces, Secretarios Judiciales, sindicatos de funcionarios, abogados y asociaciones de consumidores, en el prime el interés general público y  que el perjudicado no sea el ciudadano.

 

Mi propuesta sería: La Ley 20/2011 del Registro Civil ordena la desjudicialización del RC, pero no establece la encomienda de gestión de encargar su llevanza al Colegio de Registradores. Por tanto,  aprovechemos lo que tenemos y que el Secretario Judicial y los actuales funcionarios públicos de justicia, expertos en la materia, sigan llevando el servicio  en perfecta coordinación con las agrupaciones de las Secretarias de los juzgados de paz. Los recursos ante la calificación del RC deben mantenerse en la jurisdicción civil ordinaria por garantía jurisdiccional. Se ha de garantizar por ley  su gratuidad y acometer su modernización con   los medios técnicos y personales  necesarios para conseguir un REGISTRO CIVIL DEL SIGLO XXI.

En Zaragoza, a 20 de abril de 2015.