Reforma y regeneración

Por Ángel Dolado Pérez, juez decano de Zaragoza

(Publicado en Heraldo de Aragón, 13 de abril de 2015)

BAJO el sugerente título ‘Diez propuestas para mejorar la calidad de la democracia en España. Informe Funciva’, la Fundación Giménez Abad organizó una jornada de reflexión sobre representación política, reforma constitucional y regeneración democrática. Intentaré dar a conocer una serie de reflexiones de catedráticos de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, porque la sociedad necesita ‘el saber de los sabios’.

Ante la desafección ciudadana a los políticos, que no a la política, la crisis de confianza en las instituciones, la crisis de la representación parlamentaria, la percepción de corrupción y la aparición de demagogias populistas, se plantea un diagnóstico de lo que no funciona o lo hace deficientemente y se debaten posibles soluciones. La tesis planteada es la reforma constitucional como instrumento de defensa de la Constitución de 1978, por la vía del artículo 168, a través de una operación limitada a lo que no funciona, pero manteniendo los elementos esenciales del sistema democrático: garantía de derechos fundamentales y libertades públicas, separación de poderes y la indisoluble unidad de la Nación Española.

Frente a tesis inmovilistas (en tiempo de tribulaciones mejor no hacer mudanza) y a la idea de que no se dan condiciones de consenso, el profesor Javier Tajadura plantea el consenso como punto de llegada y no como punto de partida, como sucedió durante la Transición.

El informe Funciva efectúa un diagnóstico de la crisis constitucional y entiende que hay una crisis subjetiva de la representación política: oligarquización de los partidos políticos y colonización de las instituciones.

Nuestro querido catedrático Manuel Ramírez señalaba que la Constitución atribuye a los partidos políticos una posición hegemónica y se ha transformado en imperialista. En los últimos años decía que estamos gobernados por la partitocracia y la profesionalización de los políticos ha impedido la renovación generacional.

Dentro de la limitación espacial de este artículo, enuncio una serie de propuestas para su debate:

1.- Reducción o disminución de los defectos detectados, con una democracia interna y participativa de los ciudadanos en los partidos. Devolver el protagonismo al debate político en el Parlamento a través de la reforma de sus reglamentos.

2.- Cambios en la legislación electoral: confección de listas, limitación de mandatos, no a puertas giratorias, representación, participación de electores, consultas vinculantes, campañas cortas. Adaptación del sistema electoral alemán, con una representación mayoritaria fija y otra proporcional variable.

3.- Separación de poderes. La Justicia es independiente a pesar del Consejo General del Poder Judicial, que está politizado por la distribución de cuotas partidistas. En momentos como los actuales es más importante que nunca que funcionen los juzgados y tribunales como última garantía de los derechos de los ciudadanos. Debería garantizarse el número de jueces necesarios para la carga de trabajo existente. Autonomía presupuestaria para el Consejo y la Fiscalía General del Estado, sin vinculación al Gobierno.

4.- El Senado se ha convertido en cámara de ‘dinosaurios políticos’ y no ha cumplido el papel de representación territorial diseñado. Para seguir como hasta ahora sería mejor eliminarlo.

5.- Reforma de las Administraciones Públicas. El Título VIII de la Constitución y el Estado de las Autonomías no se resolvieron adecuadamente durante la Transición y han de replantearse, porque con sus duplicidades e instituciones ineficaces nos están llevando a la insostenibilidad del sistema.

6.- Las Autoridades Independientes (Banco de España, Frob, CNMV,

Comisión Nacional de la Energía, Autoridad Fiscal Independiente) deben estar presididas por la idea de la defensa de los intereses generales y, partiendo de su legitimación parlamentaria, han de estar caracterizadas por la imparcialidad y la independencia. Sus directores han de ser elegidos entre ternas de candidatos profesionales, idóneos y con componente internacional, si son los mejores.

7.- La Ley de la Transparencia y la mejora de la calidad democrática. Se ha planteado por la vía del art. 105 de la «acceso de los ciudadanos a los archivos públicos», cuando lo ideal sería un refuerzo constitucional por la vía de derecho fundamental (art. 23, derecho de participación, o art. 21 información y opinión pública informada) y con escasas limitaciones, derivadas de secretos oficiales y seguridad pública nacional.

En un año de elecciones es imprescindible que el debate político sobre ideas de reforma para la regeneración democrática sea el eje de las campañas electorales.

 Conclusión: debemos reivindicar que el consenso no sea un punto de salida sino punto de llegada. Si nuestros constituyentes tuvieron esa grandeza de miras durante la Transición democrática, los ciudadanos del siglo XXI debemos regenerar nuestra democracia para garantizar un Estado de bienestar social a nuestros descendientes.