La asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE quiere aclarar algunas de las manifestaciones que el Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, ha vertido frente a los medios este jueves 30 de octubre con ocasión de la visita de la presidenta de Chile, Dña. Michelle Bachelet, manifestaciones en las que ha venido a señalar que la pronta creación de 112 plazas de magistrado y 167 plazas de jueces de adscripción territorial (además de dos nuevos jueces destinados a la Audiencia Nacional) responde al propósito de intentar atajar la crisis de corrupción que asola a este país.

 

En primer lugar, y por supuesto, nos alegramos de que se vayan a crear 279 plazas judiciales y que, además y entre otras cosas, el Sr. Rajoy haya dicho literalmente junto a lo anterior que “Lo que vamos a hacer es facilitar todos los medios personales y materiales a los jueces para que estas cosas no se vuelvan a repetir en el futuro”, en referencia a esos casos de corrupción que hoy día anegan los juzgados.

 

Pero no podemos evitar tener que denunciar el oportunismo de tales declaraciones.

 

La opinión pública debe saber que no se crean plazas de jueces (ni fiscales) desde hace tres años, y que, como las oposiciones se han ido convocando anualmente, ello ha generado en una situación dramática para los jueces de esas últimas promociones, los cuales, tras años de dura preparación teórica y práctica, se encuentran sin juzgado al que ir, obligados a permanecer en una situación de interinidad y en una indefinición profesional y salarial que las asociaciones judiciales ya hemos denunciado varias veces y que, desde luego, no se merece nadie, pero menos quienes, ya en su juventud, ven así pagado su tremendo esfuerzo.

 

Por lo tanto, la creación de estas plazas no responde a ninguna política del gobierno dirigida a acabar con la corrupción política, sino a la necesidad de dar salida a cientos de jueces que actualmente se hallan sin destino fijo, en una lamentable situación de precariedad y provisionalidad. El propio Sr. Ministro, Sr. Catalá, lo expresó así el pasado 15 de octubre, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando señalo: “Desde 2011 la Planta Judicial permanece inalterada y, sin embargo, que la Escuela Judicial ha seguido aprobando y, por lo tanto, poniendo a disposición del Poder Judicial jueces en los últimos años que, sin embargo, no han podido adscribirse a destinos judiciales. En este momento, tenemos un déficit de 276 plazas, y les anuncio ya que el Gobierno se propone crear 282 unidades jurisdiccionales con el fin de resolver esta grave disfunción que tenía sumida en una incertidumbre a una parte de la carrera judicial, precisamente a los más jóvenes, los recién incorporados a la carrera, los que acaban de aprobar sus oposiciones y que lo que desean es empezar a trabajar”. Esta misma situación se reconoce igualmente en la Exposición de Motivos del Real Decreto por el que se procede a la creación de estas nuevas plazas judiciales.

 

Por lo tanto, se trata de una buena noticia que, sin embargo, no responde a la demanda social de que el Gobierno reaccione contra la corrupción, sino a la necesidad de tratar de arreglar, al menos en parte, la desacertada política judicial de años anteriores.

 

En todo caso, nos alegramos de que el mismo presidente del Gobierno relacione la lucha contra la corrupción con la necesidad de un poder judicial fuerte y bien dotado. Como hemos dicho muchas veces, la ausencia de mecanismos efectivos de control y la fagocitación por parte de los partidos políticos de instituciones y esferas que debieran serles ajenas, han convertido al poder judicial en la última, y a veces única, fuerza de choque contra la corrupción. Por ello, tal y como FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE no se cansa de repetir, es imperativo que de una vez por todas el poder ejecutivo surta al poder judicial de los necesarios medios para ejercer su labor con eficacia e independencia, debiendo ponerse fin a las injerencias políticas que lo arrinconan como medio de salvaguardar la imprescindible separación de poderes, garantía del Estado de Derecho propio de la sociedad democrática que pretendemos ser.

 

En Madrid, a 30 de octubre de 2014