Las Asociaciones Judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial de Andalucía a propósito de la sanción impuesta a los magistrados de la sección primera de la Audiencia de Sevilla por su actuación jurisdiccional en el dictado de la sentencia en el procedimiento 7196/2008 por Pleno de Consejo General del Poder Judicial de tres de marzo de 2014, exponen a la opinión pública.

  1. Respetamos y acatamos la potestad disciplinaria que corresponde del Consejo General del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, en uso del derecho a criticar las resoluciones de los poderes públicos que forma parte de la libertad de expresión, discrepamos públicamente de una sanción que estimamos errónea y equivocada porque la actuación de los Magistrados de la Sección I de la Audiencia de Sevilla no es constitutiva de infracción disciplinaria.

  2. Los jueces tenemos la doble condición de titulares del ejercicio de la Jurisdicción y de empleados públicos. En el ejercicio de la primera somos inamovibles e independientes, siendo una de las funciones primordiales del Consejo General del Poder Judicial garantizar que esa independencia sea efectiva y respetada por todos, en especial por los otros poderes del Estado, sin perjuicio de la crítica necesaria y plausible en un Estado de Derecho Democrático. Como empleados públicos estamos sometidos a la potestad disciplinaria que corresponde, igualmente, al Consejo General del Poder Judicial.

  3. En el ejercicio de la función jurisdiccional penal los jueces y tribunales solo estamos sometidos a la Ley, y solo objeto de control a través de los recursos procesales oportunos. En desarrollo de esa función, la valoración de la prueba practicada en el juicio y la fijación de los hechos probados en atención a esa valoración corresponde a los jueces y tribunales de instancia, e integra el núcleo duro de la función jurisdiccional, sin que el tribunal superior casacional (T.S.) pueda imponer al tribunal de la instancia una determinada valoración de la prueba ni imponer la fijación de unos determinados hechos probados, sin perjuicio que revoque y rectifique la misma en virtud de su propia función jurisdiccional adoptando la decisión judicial que considere correcta y ajustada a derecho. No cabe por tanto sancionar a un tribunal por no haber dictado una sentencia que sea contraria a la convicción formada tras la valoración de la prueba. Nos preocupan enormemente las consecuencias perjudiciales que para la independencia del Poder Judicial tiene la doctrina que se deriva de esta sanción, que confiamos sea revocada en sede jurisdiccional.

  4. Consideramos, además, de suma gravedad que en su primer acuerdo sancionador en el ejercicio de la potestad disciplinaria, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se haya sometido la cuestión a votación sin que estuviera a disposición de sus miembros la totalidad del expediente disciplinario, como pone de manifiesto uno de los votos particulares, de suerte que los vocales no han tenido todos los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión del calado que supone la imposición de una sanción disciplinaria muy grave, como la impuesta.  

En suma, estimamos que la actuación de los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla al fijar los hechos probados, tras valorar la prueba practicada, en la sentencia dictada en el juicio mencionado ha sido estrictamente jurisdiccional y, por ende, exenta de control mediante la potestad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, discrepando por tanto del voto mayoritario y coincidiendo con los dos votos particulares interpuestos a dicho acuerdo sancionador.