COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE EN RELACIÓN CON LA REFORMA DEL REGISTRO CIVIL

En las últimas semanas, los medios de comunicación vienen difundiendo la noticia de que el Ministerio de Justicia, de conformidad con las facultades que le atribuye la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de muy próxima entrada en vigor, va a asignar las funciones de nuevos Encargados del Registro Civil a los Registradores de Propiedad. Incluso, según estas mismas informaciones, el decano del Colegio de Registradores habría ya remitido una carta a sus afiliados de toda España informándoles de la decisión “final” del Gobierno, señalando que los registradores asumirán la competencia con “plena capacidad auto-organizativa” en su organización territorial, material y tecnológica de acuerdo a la ley.

Ante la inminencia de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, y la importante afectación que ello puede suponer para los derechos de los ciudadanos, la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE desea emitir el siguiente comunicado:

A) Resulta, sin duda, sorprendente el hecho de que una reforma de tanta calado se haya abordado sin consultar ni contar con la opinión de los Jueces Encargados de los Registros civiles, que desde la Ley de Registro Civil de 1870 vienen desempeñando estas funciones, incluso en régimen de exclusividad en muchas oficinas desde hace casi treinta años. Es de suponer que la dedicación absoluta a esta materia durante decenios, les ha proporcionado un bagaje de conocimientos, teóricos y prácticos, que debería haber llevado al legislador a contar con su experiencia antes de lanzarse, legítimamente, a la tarea de abordar reformas de tanta trascendencia. Lamentablemente, nada de eso ocurrió.

B) Esta asociación en modo alguno pone en duda que los Registradores de la Propiedad poseen la suficiente capacidad jurídica para resolver los problemas que se presenten en las cuestiones de estado civil, pero no puede evitar señalar que, al menos en la actualidad, los Registros de la Propiedad carecen de la infraestructura necesaria para atender a los miles de ciudadanos, que diariamente y en la mayoría de las ocasiones sin asistencia letrada, acuden a las oficinas del Registro Civil. Existe una absoluta falta de información por parte del Ministerio de Justicia acerca de quién y de qué manera va a asumir en lo sucesivo los costes derivados de la llevanza del Registro Civil. Algunas informaciones apuntaron en los últimos meses a que, al menos determinados trámites, estarían sometidos al abono de tasas o aranceles. Aunque desde el Ministerio de Justicia se han desmentido estas informaciones, es urgente despejar cuanto antes las dudas que sobre esta materia se están planteando, dado el fundado temor de que, al menos en parte, deban ser los ciudadanos quienes tengan que asumir estos costes.

C) Por otro lado, la reforma plantea la eliminación a corto plazo de las oficinas del Registro Civil actualmente situadas en los Juzgados de Paz y en los Juzgados situados en las poblaciones cabeza de partido judicial. La desaparición de los Registros Municipales, alejará del servicio del Registro Civil a muchos ciudadanos que se verán abocados a recorrer importantes distancias para acercase a las oficinas, algo que, pese a la anunciada informatización, aún seguirá siendo necesario para trámites tan trascendente como la inscripción de nacimientos o la determinación de filiación no matrimonial.

D) Por último, esta asociación quiere mostrar su preocupación ante el hecho de que, con arreglo a la nueva regulación, funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo, y situados bajo la dependencia directa de un órgano adscrito al Ministerio de Justicia como es la Dirección General de Registros y del Notariado, van a tener acceso a la todos los datos personales atinentes al estado civil de la totalidad de la población. Esta asociación, por el contrario, defiende la presencia de los Jueces en el Registro Civil, como garantía para los ciudadanos de que los derechos que nos corresponden van a ser respetados con eficacia y protegidos con imparcialidad.

Por todo lo señalado, desde la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE solicitamos al Gobierno que reconsidere su decisión; es necesario que la modificación de la estructura del Registro Civil se haga con sosiego, contando con lo que se ha hecho hasta ahora y con la experiencia, entre otros de los Jueces Encargados del Registro Civil, siendo preciso para ello ralentizar o paralizar los trabajos preparatorios del Anteproyecto de la Ley de Reforma Integral de Registros, así como dejar sin efecto la entrada en vigor el próximo 23 de julio de 2014 de la Ley 20/2011, de 21 de julio.

Madrid, 3 de marzo de 2014.

La Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente.