TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Redacción web FJI.- En el día de hoy, miércoles 4 de diciembre de 2.013, toma posesión el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El CGPJ está compuesto por 20 vocales y un presidente. De los vocales 12 deben ser elegidos entre jueces y magistrados, 6 por el Congreso de los Diputados y 6 por el Senado. Los otros 8 son libremente designados por el Congreso de los Diputados (4) y el Senado (4). Por ello se habla de 12 vocales judiciales y 8 vocales no judiciales o “políticos”.

Los vocales judiciales son los que a continuación se mencionan:

Don Francisco Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, avalado por 41 jueces y magistrados, apoyado por el PP y elegido por el Congreso.
Doña Carmen Llombart Pérez, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, presentada por la APM, con 46 avales de jueces y magistrados, apoyada por el PP y elegida por el Congreso.
Don Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, avalado por 155 jueces y magistrados, apoyado por el PP y elegido por el Congreso.
Don Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, avalado por 41 jueces y magistrados, apoyado por el PP y elegido por el Congreso.
Don Rafael Mozo Muelas, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, avalado por 55 jueces y magistrados, apoyado por el PSOE y elegido por el Congreso.
Doña Clara Martínez de Careaga García, magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, esposa del exfiscal general de Estado Cándido Conde-Pumpido, avalada por 99 jueces y magistrados, apoyada por el PSOE y elegida por el Congreso.
Doña Roser Bach Fabregó, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, exresponsable de la Escuela Judicial, mujer del conseller catalán de Justicia, avalada por 70 jueces y magistrados, apoyada por el PSOE y elegida por el Senado.
Doña María del Mar Cabrejas Guijarro, magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.º 55 de Madrid, avalada por 29 jueces y magistrados, apoyada por el PSOE y elegida por el Senado..
Doña María Victoria Cinto Lapuente, magistrada de la Audiencia Provincial de Vizcaya, avalada por 28 jueces y magistrados, apoyada por el PSOE y elegida por el Senado.
Don Juan Manuel Fernández Martínez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, avalado por 115 jueces y magistrados, apoyado por el PP y elegido por el Senado.
Don Fernando Grande-Marlaska Gómez, presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, avalado por 50 jueces y magistrados, apoyado por el PP y elegido por el Senado.
Don Wenceslao Francisco Olea Godoy, magistrado del Tribunal Supremo, avalado por 50 jueces y magistrados, apoyado por el PP y elegido por el Senado.

Los vocales no judiciales son los siguientes:

Don Enrique Lucas Murillo de la Cueva, catedrático y abogado auspiciado por el PNV, que trabajó para los Gobiernos nacionalistas del País Vasco, elegido por el Congreso.
Doña Nuria Díaz Abad, abogada del Estado y portavoz española ante la Unión Europea, seleccionada por el PP y elegida por el Congreso.
Doña María Concepción Sáez Rodríguez, secretaria judicial promovida por Izquierda Unida y elegida por el Congreso.
Don Álvaro Cuesta Martínez, exdiputado del PSOE y expresidente de la Comisión de Justicia en el Congreso, seleccionado por dicho partido y elegido por el Congreso.
Don Vicente Guilarte Gutiérrez, catedrático de derecho civil seleccionado por el PP, elegido en el Senado.
Doña María Ángeles Carmona Vergara, secretaria judicial actualmente destinada en la Delegación del Gobierno de Andalucía, seleccionada por el PP, elegida por el Senado.
Doña María Pilar Sepúlveda García de la Torre, abogada ejerciente en Sevilla, muy implicada en colectivos feministas y en cuestiones de violencia de género, seleccionada por el PSOE, elegida por el Senado.
Doña María Mercé Pigem Palmés, diputada de CIU, seleccionada por este partido y elegida por el Senado.

Estos vocales han de elegir a un presidente, jurista de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Aunque teóricamente son absolutamente libres para elegir al presidente, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, son los partidos políticos que han intervenido en sus nombramientos los que determinan en realidad la elección. En los medios de comunicación suenan varios nombres. El mejor situado es el actual magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, apoyado por el PP, por ser el que reúne mayor consenso entre PP y PSOE. También suenan como posibles presidentes, por gozar del favor de uno u otro partido el presidente de lo Penal del alto tribunal, Juan Saavedra, el magistrado de lo Militar Ángel Calderón o el de lo Penal Manuel Marchena.

El CGPJ es elegido conforme a la reciente modificación que se ha operado en la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, apoyada exclusivamente por el PP incumpliendo clamorosamente su promesa electoral de estatuir un sistema de elección en el que se respetase el espíritu de la Constitución de que los vocales judiciales fueran elegidos por los jueces. En su lugar, se restringe aún más la intervención de los jueces en la elección de los vocales judiciales, por cuanto que los candidatos precisan reunir sólo 25 avales, se reducen las competencias del CGPJ y la relevancia de sus miembros, por cuanto que sólo cinco y el presidente tendrán dedicación exclusiva, teniendo que compatibilizar el resto sus funciones de vocal con el ejercicio de su profesión.

Cabe destacar del nuevo CGPJ el bajo perfil profesional de sus integrantes, es más que discutible la condición de juristas de reconocido prestigio de los vocales no judiciales, la falta de representatividad de los vocales judiciales, el que más tiene avales que representan apenas el 3% de la carrera judicial y hay vocales que no llegan ni al 1%, y la vinculación notoria y manifiesta de todos ellos con los partidos políticos que directa o indirectamente los han designado, en algunos casos simplemente escandalosa.

A ello hay que unir la reducción relevante de funciones que ha operado la citada Ley Orgánica 4/2013. En definitiva, todo parece indicar que, en flagrante contradicción con lo que persigue la Constitución, se ha querido construir un CGPJ débil, muy vinculado al poder político y fácilmente controlable, como forma de tener un instrumento a través del cual poder influir en los procesos judiciales de corrupción que afectan a la clase política (caso Urdangarín, caso Gürtel, caso Bárcenas, caso de los ERE, etc.).

Ha de tenerse en cuenta que el CGPJ es el órgano que decide sobre las sanciones disciplinarias de los jueces, su promoción profesional, el nombramiento de los presidentes de los tribunales, de los magistrados del Tribunal Supremo y de parte de los miembros del Tribunal Constitucional. Por su parte el Ministerio de Justicia es el que decide y abona las retribuciones de los jueces y asume importantes facultades reglamentarias que ha sustraído al CGPJ la citada Ley Orgánica 2013.

Todo ello supone un importante retroceso en la independencia judicial, la cual puede decirse que se encuentra, en el mejor de los casos, bajo mínimos y con un futuro muy negro a la vista de la composición del nuevo CGPJ.