INFORME de la asociación judicial “Foro Judicial Independiente” ante la promulgación del Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre

Con fecha de 20 de septiembre, fue promulgado el Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

La novedad más destacada del citado Real Decreto consiste en que, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se establece que la cuantía de las retribuciones especiales por sustitución será igual al 80% del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya. Para su cuantificación se tendrán en cuenta el grupo de población en el que se integra y las condiciones objetivas de representación vinculadas al cargo que se sustituye, quedando fuera del cómputo otras circunstancias especiales asociadas al destino a las que hace referencia el artículo 5 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo. Supone, ciertamente, una minoración de gasto para el Ministerio de Justicia así como una reducción respecto del salario que corresponde a llevar un Juzgado con plenitud jurisdiccional, puesto que la cuantía sólo alcanza a un tanto por ciento del complemento de destino y con las minoraciones antes señaladas.

Sin perjuicio de reconocer la mejora que supone el citado Real Decreto respecto la regulación anteriormente vigente, a juicio de esta asociación, el régimen retributivo resultante de esta reforma tiene aún un importante margen de mejora. Así, deben señalarse distintos puntos que resultan, a criterio de esta asociación, severamente criticables:

a) En primer lugar, uno de los puntos más censurables de la reforma resulta el hecho de que no prevea su aplicación retroactiva a la fecha de entrada en vigor de la reforma del régimen de sustituciones llevada a cabo por la por LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LOPJ (BOE 28 diciembre de 2012, fecha de vigencia 29 diciembre 2012). La ausencia de una Disposición Transitoria en este sentido supone la consolidación de la inadmisible situación sufrida por muchos Jueces y Magistrados españoles que, entre el 29 de diciembre de 2012 y el 21 de septiembre de 2013, ante la falta de nombramiento de Jueces sustitutos, se vieron obligados a asumir la carga adicional de trabajo derivada de la ausencia de alguno de sus compañeros, sin generar por ello derecho a retribución adicional alguna.

b) En segundo lugar, resulta igualmente censurable el contenido del apartado cuatro del artículo 2, según el cual “el abono de estas retribuciones se efectuará por el Ministerio de Justicia…dentro de las disponibilidades presupuestarias anuales”. Hubiera sido necesario que este Real Decreto hubiera venido acompañado de una memoria económica, como es preceptivo con arreglo al artículo 24.1.a) de la Ley del Gobierno, a fin de poder conocer si, dentro del presupuesto del Ministerio de Justicia, existe una previsión económica adecuada y suficiente para atender a las obligaciones económicas que recaerán sobre el Ministerio de Justicia como consecuencia de la aplicación de esta normativa. De lo contrario, podríamos hallarnos ante la indeseable situación de un derecho reconocido pero de fecha incierta de cobro.

c) En el plano de las omisiones, resulta igualmente criticable la ausencia a lo largo del texto de toda referencia a la necesidad de que la carga máxima de trabajo que, como consecuencia del desarrollo de tareas de sustitución, soporte cada Juez o Magistrado no exceda de un determinado límite máximo, superado el cual se estaría poniendo en riesgo la salud del trabajador.

d) Por último, esta asociación debe resaltar la existencia de una importante omisión en la Disposición Adicional Cuarta, especialmente relevante en lo que se refiere a la prestación del servicio de guardia. Señala dicha disposición que “las retribuciones que correspondan por la realización de prórrogas de jurisdicción acordadas de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial se someterán al mismo régimen retributivo que el previsto en esta norma para la retribuciones especiales por sustituciones en la carrera judicial”, omitiendo toda referencia al derecho de los Jueces y Magistrados que, por razón de prórroga de jurisdicción, se vean obligados a desplazarse fuera de su lugar de trabajo habitual, a recibir la correspondiente indemnización por razón del servicio, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. A juicio de esta asociación, la normativa antes citada resulta plenamente aplicable a los supuestos de desplazamiento por prórroga de jurisdicción, pero estimamos que hubiera sido procedente su reconocimiento expreso en la citada Disposición Adicional.
A continuación introducimos una tabla explicativa de las cantidades que, en principio, cabría entender que corresponden en concepto de sustitución:
Tabla de retribución por sustituciones, con arreglo al Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre.
Miembros de la Carrera Judicial Grupo de Población Complemento de destino (sin incluir especialidades) 80 % computable en retribución de sustituciones
Cuantía bruta diaria por sustitución

Presidente Audiencia Nacional (no Magistrado del Tribunal Supremo) 1 5.492,40 4393,632 146,45
Presidentes de Sala Audiencia Nacional (no Magistrados Tribunal Supremo) 1 4.147,89 3318,312 110,61
Magistrado Audiencia Nacional (no Magistrado del Tribunal Supremo) 1 4.066,57 3253,256 108,44
Magistrado Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 1 4.066,57 3253,256 108,44
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 1 4.066,57 3253,256 108,44
Presidentes Sala y Magistrados Tribunal Superior de Justicia 1 4.066,57 3253,256 108,44
Presidentes y Magistrados Audiencia Provincial 1 4.009,34 3207,472 106,91
Jueces Centrales y Magistrados de órganos unipersonales 1 3.437,17 2749,736 91,66
Presidente Tribunal Superior de Justicia 2 4.012,20 3209,76 106,99
Presidentes Sala y Magistrados Tribunal Superior de Justicia 2 3.679,15 2943,32
98,11

Presidentes y Magistrados Audiencia Provincial 2 3.621,92 2897,54 96,58
Magistrados de los órganos unipersonales 2 3.049,75 2439,80 81,33
Presidente Tribunal Superior de Justicia 3 3.960,17 3168,14 105,60
Presidentes Sala y Magistrados Tribunal Superior de Justicia 3 3.556,87 2845,50 94,85
Presidentes y Magistrados Audiencia Provincial 3 3.499,64 2799,71 93,32
Magistrados de órganos unipersonales 3 2.927,47 2341,98 78,06
Presidentes y Magistrados Audiencia Provincial 4 3.238,93 2591,14 86,37
Magistrados de órganos unipersonales 4 2.666,76 2133,41 71,11
Jueces 5 1.874,00 1499,20 49,97

Explicación del sistema:
1. Con arreglo al Real Decreto citado, la cuantía de las retribuciones especiales por sustitución será igual al 80% del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya. Para su cuantificación se tendrán en cuenta el grupo de población en el que se integra y las condiciones objetivas de representación vinculadas al cargo que se sustituye, quedando fuera del cómputo otras circunstancias especiales asociadas al destino a las que hace referencia el artículo 5 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo.
2. Las cuantías diarias se determinan partiendo de la base de dividir el ochenta por ciento del complemento de destino entre treinta días.
3. Los Grupos de Población se determinan en el Anexo II.1 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del Régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal:
a) En el Grupo 1, se integran los partidos judiciales de Madrid y Barcelona.
b) En el Grupo 2, se integran los partidos judiciales de Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palmas de Gran Canaria (Las), Bilbao, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.
c) En el Grupo 3 se integran los partidos judiciales de Valladolid, Córdoba, Vigo, Alicante, Gijón, Hospitalet de Llobregat, Granada, Coruña (A), Vitoria-Gasteiz, Badalona, Oviedo, Móstoles, Elche, Sabadell, Santander, Jerez de la Frontera, Pamplona, San Sebastián, Cartagena, Leganés, Fuenlabrada, Almería, Terrasa, Alcalá de Henares, Burgos, Salamanca, Albacete, Getafe, Cádiz, Alcorcón, Huelva, Logroño, Cáceres, Pontevedra, Santiago de Compostela, Castellón de la Plana, Badajoz, San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) y León.
d) En el Grupo 4 se integran el resto de destinos correspondientes a órganos judiciales servidos por magistrados.
e) En el Grupo 5 se integran el resto de destinos correspondientes a órganos judiciales servidos por jueces.

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