Apreciados compañeros:

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, mediante sentencia de diecinueve de Julio de dos mil trece, ha estimado en parte la demanda interpuesta por Foro Judicial Independiente contra el Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, anulando por ser contrarios a derecho los siguientes artículos:

– Artículo 24.4 en su totalidad y artículo 37 en el inciso “como magistrados especialistas en el orden jurisdiccional que corresponda”.
– Artículo 41 y 42 en su totalidad.
– Artículo 210.5 en su totalidad.
– Artículo 326.1.h) en el inciso: “La administración del patrimonio personal y familiar a que se refiere la letra a) del artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, bajo forma de sociedad o cualquier otro tipo de persona jurídica, así como de comunidades de bienes, estará sujeta a la previa concesión de compatibilidad”.
– Artículo 326.1.i) en el inciso: “El desempeño de cargos directivos en fundaciones, públicas o privadas, o asociaciones de cualquier naturaleza exigirá la previa obtención de la compatibilidad”.

A continuación os ofrecemos un extracto de los aspectos más relevantes de la resolución.

1) “…la LOPJ no establece pruebas de especialización en el orden civil y penal para los miembros de la Carrera Judicial con la categoría de magistrado, sino que se trata de una creación ex novo del Reglamento, que efectúa una regulación innovadora en materia del estatuto de jueces y magistrados, que no puede considerarse accesoria, excediendo por tanto de los límites que delimitan su potestad reglamentaria en el artículo 110 LOPJ.” “La conclusión alcanzada sobre la extralimitación reglamentaria en la regulación de estas pruebas no obsta para que la superación de las mismas por los magistrados codemandados pueda ser apreciada como un mérito cualificado para su promoción en la Carrera Judicial, que tenga en cuenta la objetividad y rigor de las referidas pruebas.”

2) “Dice el artículo 326.1 del Reglamento, en su letra h), que la administración del patrimonio personal o familiar a que se refiere la letra a) del artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, bajo forma de sociedad o cualquier otro tipo de persona jurídica, así como de comunidades de bienes, estará sujeta a la previa concesión de compatibilidad. La STS entiende que el Reglamento “sujeta una actividad a una previa autorización, no prevista en la regulación de la LOPJ. La extralimitación reglamentaria se manifiesta en la misma generalidad de los términos utilizados por el precepto, que incluye entre las actividades que sujeta a la condición de la previa concesión de la compatibilidad, no solo la administración del patrimonio personal o familiar por medio de sociedades, que podría presentar alguna similitud con el supuesto de actividad incompatible del articulo 389.8 LOPJ, que se refiere al “ejercicio de toda actividad mercantil, por si o por otro”, sino también la administración del patrimonio personal o familiar por medio de fórmulas tan amplias como cualquier otro tipo de personas jurídicas, así como de comunidades de bienes”. “Estimamos, por tanto, que el precepto impugnado establece ex novo el requisito de la previa concesión de la compatibilidad para actividades que en la LOPJ no están sujetas a dicha condición, lo que excede de la potestad reglamentaria que el artículo 110.i) LOPJ reconoce al Consejo General del Poder Judicial en materia de incompatibilidades, que en el propio precepto está limitada al establecimiento de una regulación secundaria y auxiliar, que no autoriza ni la ampliación de la lista de actividades declaradas incompatibles en la LOPJ, ni la imposición del requisito o condición de la previa concesión de la compatibilidad cuando no está previsto en la dicha Ley”.

3) “La restricción del período vacacional a los indicados meses de junio a septiembre no cuenta con la preceptiva habilitación, esto es, que el Reglamento no es desarrollo normativo del articulo 371 LOPJ y que el CGPJ carece de habilitación legal para establecer tal restricción, que tampoco puede ampararse en el genérico mandato del artículo 377 LOPJ, que habilita al CGPJ para el desarrollo del régimen jurídico de licencias y permisos”. “Se advierte con claridad una diferencia sustancial entre la previsión legal y la reglamentaria, en lo que constituye un elemento determinante del permiso anual de vacaciones, como es su aspecto temporal, al introducir el reglamento, con un signo claramente restrictivo, una limitación que en modo alguno puede considerarse comprendida en la genérica expresión contenida en ese precepto legal”.

4) “Se impugna por el Foro Judicial Independiente el apartado 6º del citado artículo 210, en el se contempla el disfrute de los días de vacaciones que con arreglo al art 371 LOPJ, excedan de un mes, así como el de los días adicionales por razón de antigüedad. Contempla este precepto la posibilidad de su disfrute de manera conjunta o a continuación del referido mes o en cualquier otro momento, siempre que no concurran circunstancias en el órgano judicial que no impidan su disfrute en el periodo solicitado.
Pues bien, en realidad, el contenido de la impugnación ha quedado muy reducido, a tenor de la nueva redacción del párrafo 1º de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, que ha suprimido el día hábil adicional de vacaciones, por lo que esta modificación operada implica la derogación tácita del precepto que aquí se cuestiona”. “Procede, pues, la desestimación de la impugnación formulada”.

Esperando que haya sido de vuestro interés y sin otro particular, atentamente,

Foro Judicial Independiente.