La independencia del Poder Judicial en España

1.- Introducción……………………………………………………………………………1

2.- El sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial………………………………………………………………………………………………..3

3.- La politización y falta de objetividad en el nombramiento de todos los cargos relevantes dentro del poder judicial……………………………………………..10

4.- Las escasas funciones que se atribuyen al Consejo General del Poder Judicial en orden al gobierno de la Justicia y a la defensa de su independencia……………………………………………………………………………………..17

5.- La existencia del delito de prevaricación culposa, la responsabilidad civil directa y el ejercicio abusivo de las facultades disciplinarias………………………………………………………………………………………..18

6.- La atribución de funciones jurisdiccionales o de control del trabajo de los Jueces a los Secretarios Judiciales, quienes dependen del Ministerio de Justicia, dentro de una estructura jerárquica…………………………………………….21

7.- La falta de autoridad de los Jueces sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia………………………………………………………………………23

8.- La ausencia endémica de medios materiales del Poder Judicial y su falta de control sobre esta cuestión…………………………………………………………25

9.- La sobrecarga de trabajo de jueces y magistrados……………………….27

10.- La falta de independencia económica……………………………………….30

11.- La falta de independencia del Ministerio Fiscal……………………………33

12.- La regionalización de la Justicia en España………………………………..35

Conclusiones………………………………………………………………………………..37

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA

“Désirant promouvoir l’indépendance des juges, élément inhérent à l’Etat de droit et indispensable à l’impartialité des juges et au fonctionnement du système judiciaire” .

1.- Introducción

Desde su constitución, la asociación de jueces y magistrados españoles FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE ha tenido una especial preocupación por la creciente degradación de la independencia del Poder Judicial en España. Foro Judicial Independiente nación para defender la independencia judicial que los jueces que lo fundaron veían peligrar.

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, utilizando los términos de la Recommandation CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, ha tenido siempre muy presente que la independencia de cada juez esta protegida por la independencia del poder o de la autoridad judicial en su conjunto y constituye, en este sentido, un aspecto fundamental del Estado de Derecho. Igualmente es consciente de que la independencia externa de los jueces no constituye una prerrogativa o un privilegio acordado en su interés, sino en el del Estado de Derecho y en el de toda persona demandante y que espera justicia imparcial. Y compartimos igualmente la afirmación de esa Recommandation de que la independencia de los jueces debería ser considerada como una garantía de la libertad, del respeto de los derechos humanos y de la aplicación imparcial del derecho. Sin duda alguna, la independencia e imparcialidad de los jueces son esenciales además para garantizar la igualdad de las partes ante los tribunales.

A pesar de que la Constitución Española (CE) de 1978 puede considerarse como una de las más avanzadas de Europa en esta materia, en la practica y desde el año 1985 el modelo de Poder Judicial que configura ha ido quedando vacío de contenido y transformándose en un servicio de Administración de Justicia controlado por el Poder Ejecutivo, o más concretamente por los partidos políticos que controlan el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre los cuales tampoco existe una verdadera separación de poderes.

El artículo 117 de la Constitución Española de 6 de diciembre de 1.978 (CE) consagra la independencia de los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, de manera que los declara exclusivamente sometidos al imperio de la Ley. Para garantizar esa independencia, cuyo contrapeso lógico es la responsabilidad, consagra su inamovilidad y exclusividad en orden al ejercicio de la jurisdicción .

Igualmente, para garantizar esa independencia, establece que todo lo relativo a los Juzgados y Tribunales, incluido el estatuto de Jueces y Magistrados de Carrera y del personal al servicio de la Administración de Justicia, se regularan en una Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Con la misma finalidad se crea un órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. El desarrollo de sus funciones se encomienda a la LOPJ, mencionando como contenido mínimo los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

La configuración que la Constitución hace de un poder judicial independiente como elemento indispensable de un Estado Democrático de Derecho no ha tenido, sin embargo, una plasmación real en las leyes que la han desarrollado.

Así el órgano de gobierno del poder judicial ha visto muy reducidas sus funciones y se encuentra completamente politizado, de modo que los partidos políticos tienen una enorme capacidad de influencia en sus decisiones.

El régimen de responsabilidad de los jueces y magistrados se ha desorbitado, hasta el punto de que se mantiene su responsabilidad civil directa y la posibilidad de incurrir en prevaricación culposa, situación que no tiene paralelo en Europa.

El número de jueces y magistrados se ha mantenido en unos límites mínimos, lo que produce una situación generalizada de sobrecarga de trabajo en la mayoría de los órganos judiciales. Se ha privado a los jueces y a su órgano de gobierno de cualquier competencia sobre el personal al servicio de la administración de justicia, el que es controlado directamente por el poder ejecutivo, atribuyéndose, además, funciones jurisdiccionales o parajurisdiccionales y de control de los jueces a parte de ese personal (con infracción del principio de exclusividad). Finalmente, se ha dejado al poder judicial fuera del control de los medios materiales que precisa para llevar a cabo su labor y en una situación endémica de carencia de los necesarios para ello.

El objetivo de este informe es exponer los problemas más importantes que han dado lugar a la inexistencia de una real independencia del poder judicial, especialmente a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los otros poderes o a controlar el respeto de la ley por parte de quienes detentan los otros poderes del Estado.

2.- El sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Con la finalidad de desarrollar lo prevenido en la Constitución sobre el órgano de gobierno del poder judicial, y entendiendo que tal cuestión no podía esperar al desarrollo de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que se preveía más complicada, se dictó una norma específica sobre esta cuestión, la Ley Orgánica 1/1980. Para exponerlo de forma breve, en la misma se preveía que, de los 20 vocales que componían el Consejo General del Poder Judicial, 12 serían jueces y magistrados elegidos por votación entre los jueces y magistrados, 4 los designaría el Congreso de los Diputados y los 4 restantes el Senado. Conforme a este sistema se eligió el primer Consejo General del Poder Judicial que se constituyó por completo el día 24 de octubre de 1.980, fecha en la que los vocales nombraron a la persona que debería ejercer el cargo de Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Esta Ley duró poco tiempo. En 1.982 accede al poder con mayoría absoluta el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Bajo el lema “Montesquieu ha muerto” , redactan la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 (LOPJ). Entre otros aspectos, todos ellos restrictivos para la independencia judicial y a los que luego haremos referencia, modifica el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

El nuevo sistema parte de interpretar que la Constitución impone que 12 vocales sean elegidos entre jueces y magistrados, pero no necesariamente que sean elegidos por jueces y magistrados. De esta forma establece la LOPJ que el Congreso de los diputados elegirá 6 vocales entre jueces y magistrados y otros 4 vocales entre juristas de prestigio. Otro tanto le correspondía al Senado.

55 diputados del partido político Alianza Popular, actualmente transformado en el Partido Popular (PP), entonces en la oposición, plantearon recurso de inconstitucionalidad de la LOPJ ante el Tribunal Constitucional, el cual fue desestimado por sentencia n.º 108/1986, dictada el día 29 de julio de ese año. La desestimación la hace con un curioso argumento: el sistema que implanta la LOPJ no es inconstitucional aunque conlleve el riesgo de llevar el riesgo de la lucha de partidos al seno del órgano de gobierno de los jueces, porque tal riesgo puede ser evitado nombrando a personas ajenas a la lucha partidaria. No hacerlo sería desde luego contrario al espíritu de la Norma constitucional, pero ello no invalida el sistema de elección puesto que puede también ser utilizado correctamente y conforme a la Norma constitucional .

Naturalmente, las Cámaras parlamentarias, es decir los partidos políticos que las integran, han hecho caso omiso de las consideraciones del Tribunal Constitucional, distribuyéndose los vocales tomando en consideración exclusivamente motivaciones políticas, nombrando los vocales judiciales en función exclusivamente de las garantías que ofrezcan de actuar disciplinadamente, conforme a las instrucciones del partido que los ha designado, alternándose las mayorías de la misma forma que se han alternado en las Cámaras parlamentarias, si bien, los acuerdos no han sido siempre fáciles al no tener ningún partido la mayoría absoluta precisa para llevar a cabo los nombramientos. Ello motivó por ejemplo que con respecto al CGPJ designado en el año 2001, que debía haberse renovado en el año 2.005, se tardase tres años en llegar a un acuerdo.

La situación se vio agravada por el hecho de que las asociaciones judiciales mayoritarias, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con algo menos del 25% de afiliación, y Jueces para la Democracia (JpD), con algo menos del 10% de afiliación, decidieron participar en el sistema. De este modo, reforzaron sus vínculos con los partidos políticos, la primera con el PP y la segunda con el PSOE, como forma de copar todos los vocales del CGPJ y por ende los distintos cargos en la carrera judicial que designa el CGPJ, las presidencias de los Tribunales y otros cargos entre los cuales destacan los nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo. Tales nombramientos han sido ocupados efectivamente de forma abrumadoramente mayoritaria por miembros de dichas asociaciones en concierto con los correspondientes partidos políticos. Un buen número de nombramientos en el Tribunal Supremo ha recaído sobre personas que han desempeñado cargos públicos a las órdnes de uno u otro partido, o han militado en ellos, al término de su carrera política. Sólo una pequeña parte de los cargos han recaído sobre personas no asociadas a esas dos asociaciones y menos aún en personas con verdadero prestigio como juristas .

A título de ejemplo del grado de politización a que ha conducido el vigente sistema de elección podemos citar dos casos. En el primer CGPJ se nombró por el turno de juristas de prestigio a Doña Cristina Alberdi, destacada dirigente del PSOE, a pesar de que ni siquiera cumplía el requisito mínimo de llevar quince años en el ejercicio de la profesión. De hecho, cuando fue nombrada, sólo llevaba colegiada como abogada 14 años y medio. No obstante, el PSOE sostuvo que, como habia terminado la carrera de derecho dos años antes, debía computarse su calidad de jurista desde que obtuvo el título, aunque tardara dos años en colegiarse y ejercer efectivamente la profesión . Don Pascual Estivill fue nombrado vocal del CGPJ a propuesta de Convergencia i Unió (partido mayoritario en Cataluña y que daba su apoyo al Gobierno) en el año 1994. Impulsado por el mismo partido había sido nombrado Juez por el turno de juristas de prestigio en el año 1.990, a pesar de que era un abogado con poco prestigio en el ámbito de la ciudad donde ejercía, Barcelona. Destacaba eso sí por sus conocida simpatía y vinculación con el partido que le había nombrado. Como Juez su labor fue también bastante oscura, a pesar de lo cual el citado partido se empeñó en designarle, dada la confianza que tenía en que defendería sus intereses en el CGPJ. Al año siguiente tuvo que pedir la excedencia y abandonar el CGPJ al ser imputado en varios procesos judiciales por hechos anteriores a su nombramiento como vocal, pero ya siendo Juez. Fue condenado en el año 1.996 por el delito de prevaricación continuada y detención ilegal y en el año 2.005 por los delitos de cohecho, extorsión, prevaricación y detenciones ilegales a la pena de 9 años de prisión.

Son sólo dos ejemplos extremos, pero muy reveladores, del nivel de politización del CGPJ y de sus consecuencias. Con notables excepciones, el prestigio de los vocales era escaso, cuando no se trataba de personas claramente desprestigiadas. A medida que pasaba el tiempo, el único criterio real para la designación fue la vinculación y sometimiento al partido político que llevaba a cabo el nombramiento, hubiese o no prestigio o capacidad.

El creciente deterioro y desprestigio en que incurre el CGPJ como consecuencia de esta situación determina que, tras llegar el Partido Popular al Poder en el año 1996, obteniendo una segunda legislatura en el año 2.000 por mayoría absoluta, PP y PSOE firman el día 28 de mayo de 2.001 un documento denominado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia que, entre otros aspectos, contempla una reforma del sistema electoral de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para tratar de mejorar la imagen del mismo .

Con ello el Partido Popular incumple la promesa que había hecho antes de llegar al poder de restaurar el sistema de elección directa por los jueces y magistrados de los vocales judiciales y consagra la designación por el Congreso de los Diputados y el Senado que antes había considerado poco adecuada al espíritu de la Constitución, con algunas modificaciones mínimas y de escasa relevancia en la practica.

Se limita la modificación a permitir que los jueces y magistrados designen a los candidatos entre los cuales el Congreso de los Diputados y el Senado debe elegir a los vocales que han de tener la condición de jueces y magistrados. Así, los jueces y magistrados podrán proponer 36 candidatos, es decir 3 por cada vocalía. Por otra parte la designación no es necesariamente por votación, sino que se atribuyen cuotas a las asociaciones en función de sus afiliados, siendo sus estatutos internos los que determinan la forma de designación; igualmente se atribuye una cuota a los no asociados que podrán proponer candidatos avalándolos con su firma. Si los no asociados no cubren su cuota, la parte no cubierta acrece a la de las asociaciones judiciales.

El sistema no corriió la politización del CGPJ, sino que la agravó de forma notoria. El número y forma de designación de candidatos garantiza que entre ellos haya un número suficiente de jueces y magistrados vinculados, o dispuestos a vincularse con un partido político u otro, siendo elegidos efectivamente los vocales entre los candidatos que se saben o suponen afines a los partidos políticos que los designan. Por lo demás los partidos políticos efectúan la designación mediante acuerdos en que se reparten los vocales en función del número de diputados o senadores que cada uno tiene. La politización de las asociaciones judiciales a que hemos hecho referencia antes facilita el que los partidos políticos no tengan dificultades para encontrar candidatos que, como mínimo, no disgusten al poder político, cuando no directamente que las asociaciones designen a los candidatos que ellos indican. En cuanto a los no asociados, a pesar de constituir la mitad de los jueces y magistrados, carecen de capacidad organizativa ni siquiera para cubrir la cuota que se les asigna, esfuerzo que, por otra parte, adivinan carente de sentido. De hecho, tras la reforma, sólo uno de los nombramientos de vocales judiciales de un total de doce procedía de los candidatos avalados por jueces no asociados, a pesar de que los jueces no asociados superan el 50% del total de miembros de la judicatura .

El nombramiento del CGPJ que se elige con arreglo al nuevo sistema es, si cabe, el más politizado de toda la historia de la democracia y el que más ha funcionado como un reflejo de las mayorías y minorías parlamentarias que dieron lugar a su nacimiento. El 8 de septiembre de 2.008 se publica por todos los periódicos la existencia de un acuerdo entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del CGPJ, sobre la base de una lista compuesta por nueve vocales propuestos por el PSOE, entonces con mayoría en en el Congreso de los Diputados y ejerciendo el Gobierno de la Nación, igual número por el PP, uno por Convergencia i Unió (CIU) y otro por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), mayoritario en el País Vasco y decisivo para formar las mayorías parlamentarias en determinadas circunstancias. En la prensa se destacaba que con tal composición los dos grandes partidos se aseguraban el control de las designaciones de Magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia .

Pero los dos partidos políticos mayoritarios, PSOE y PP llegaron aún más lejos. Pactaron e impusieron al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que, teóricamente, debían elegir los vocales designados conforme a las propuestas que surgiesen de su seno. Pues bien, el nombre del Presidente fue conocido dos días antes de que se reuniesen los vocales para su designación. No sólo eso, sino que frente a las protestas y conato de rebelión, los partidos reaccionaron convocando a los vocales por ellos designados a una reunión para imponerles el candidato acordado. Los vocales designado por el PSOE fueron convocados sin más a acudir a la sede central de dicho partido en Madrid, donde tuvo lugar la reunión y tras la cual votaron disciplinadamente tanto al presidente propuesto por los dirigentes del PSOE y PP, como al vicepresidente que igualmente se pactó por dichos partidos politicos .

La consecuencia de todo ello no podía ser otra que la de un Consejo General del Poder Judicial que reproduce más que ningún otro la lógica de la lucha entre partidos, con dos bloques perfectamente definidos. Un CGPJ más interesado en defender los intereses de los partidos que eligieron a sus componentes que en la salvaguarda de la independencia de los Jueces y Magistrados que deben gobernar.

Actualmente se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados presentado, por el Gobierno del Partido Popular, y que previsiblemente prosperará al contar con el acuerdo del PSOE y tener en todo caso el PP mayoría absoluta, que agrava, si cabe, la situación. En esencia se elimina el número máximo de candidatos, de forma que lo serán todos aquéllos que cuenten con 25 avales o el aval de una asociación, con el único límite de que cada Juez o Magistrado no podrá avalar más que a 12 y que cada asocación sólo podrá avalar a 12 candidatos. Además, de los 20 vocales sólo seis tendrán dedicación exclusiva, debiendo compatibilizar los demás su cargo con el ejercicio de su profesión. Por otra parte se reducen sus escasas competencias, ya que se elimina su capacidad para dictar reglamentos que desarrollen la LOPJ, competencia que pasa al Ministerio de Justicia, y se le prohíbe dictar normativas que afecten a integrantes de los órganos judiciales distintos de los jueces, lo que en la practica le impide gobernar realmente los órganos judiciales. De este modo el CGPJ queda configurado como un órgano meramente disciplinario, función que se refuerza con la creación de un órgano exclusivamente dedicado a promover expedientes disciplinarios para los jueces. Es decir, se facilita al máximo que los partidos políticos puedan tener candidatos afines a los que elegir y se reduce la capacidad del CGPJ para atender a los asuntos que se le encomiendan, disminuyendo sus competencias y capacidad de reacción para poder defender la independencia judicial con eficacia real.

Examinaremos a continuación alguno de los aspectos más negativos para el funcionamiento de la justicia a que ha dado lugar esta trayectoría del órgano configurado como clave para garantizar la independencia judicial y la falta de sensibilidad de los partidos políticos con respecto a la misma.

3.- La politización y falta de objetividad en el nombramiento de todos los cargos relevantes dentro del poder judicial.

La LOPJ atribuye, con carácter discrecional, determinados nombramientos al CGPJ. Con este carácter le corresponde proponer dos miembros del Tribunal Constitucional . Nombra discrecionalmente a los Magistrados y Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y al Magistrado del Tribunal Supremo encargado de autorizar actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a derechos fundamentales. Del mismo modo nombra al Presidente de la Audiencia Nacional y a sus Presidentes de Sala, siendo competente este tribunal para el conocimiento de causas de terrorismo y otras de gran trascendencia, muchas de ellas relativas a la corrupción política.

Es también discrecional el nombramiento de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia por un período renovable de cinco años. Nombra a los Magistrados de la Sala Civil y Penal de dichos Tribunales, cuyo ámbito de actuación coincide con el de cada una de las 17 Comunidades Autónomas que conforman el mapa de España. El Presidente forma parte de la Sala Civil y Penal, cuya relevancia viene otorgada por el hecho de que instruye y falla las causas por delito contra los altos cargos políticos de cada Comunidad Autónoma. Uno de los Magistrados de esa Sala debe ser nombrado a propuesta de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. Es decir, la Sala que debe juzgar a los altos cargos regionales, cuya composición típica es de tres miembros, está compuesta por un Magistrado propuesto por la Asamblea legislativa a la que pertenecen quienes han de ser juzgados en su caso por dicha Sala, y por otros dos miembros, el Presidente y el otro Magistrado, designados discrecionalmente por el CGPJ, cuyos vocales son nombrados por esos mismos partidos políticos. ¿Es razonable dudar de la independencia e imparcialidad de esa Sala a la hora de enjuiciar a altos cargos políticos o causas que directa o indirectamente les afecten o sean de su interés?

Finalmente corresponde al CGPJ también con carácter discrecional nombrar por mandatos de cinco años renovables a los Presidentes de la Audiencias Provinciales, órgano que actualmente conoce de la mayoría de los recursos de apelación civiles y penales.

El nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional es materia de alta sensibilidad para los partidos políticos. Dado el sistema de cuotas vigente para nombrar a los vocales del CGPJ y la necesidad del voto de 13 vocales, lo habitual es que se llegue al acuerdo de nombrar un candidato “conservador” y otro “progresista”. La designación de las personas concretas normalmente requiere, como mínimo, el visto bueno del partido pertinente, cuando no directamente es este el que señala el candidato a designar .

En orden a los Magistrados del Tribunal Supremo, hay claramente injerencia de los partidos políticos cuando se trata de designar a Magistrados del Tribunal Supremo pertenecientes a la Sala 2ª Penal, por cuanto que conoce de los delitos de los altos cargos del Gobierno, diputados y senadores, y de la Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, dada su competencia para conocer de los recursos contra las decisiones del Gobierno y la Administración. El resto de los nombramientos no suele haber una injerencia directa, pero dado el sistema de nombramiento del los vocales, normalmente se utilizan estos nombramientos para favorecer a partidarios, amigos o afines de partidos políticos, grupos de presión o de los vocales que integran el CGPJ, sin tomar en cuenta más que de forma secundaria méritos y capacidades, que ciertamente concurren en muchos de los candidatos. Así en el Tribunal Supremo recalan con frecuencia jueces o juristas que han sido ministros o altos cargos de los distintos gobiernos.

En los nombramientos del Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de los Magistrados de la Sala Civil y Penal de los mismos, las presiones suelen venir de los cargos regionales de los partidos políticos.

La forma en que se nombran los vocales del CGPJ, con la consecuente capacidad de determinar sus decisiones los partidos políticos, y el hecho de que se le atribuyan competencias discrecionales en materia de nombramientos dentro de la carrera judicial, como ya hemos dicho, lleva a la utilización de criterios ajenos a la capacidad y mérito para realizar esos nombramientos, tales como criterios políticos, de afinidad asociativa o de simple amistad . Ello provoca una extraordinaria sensibilidad de esos cargos así nombrados, con importantes funciones jurisdiccionales y gubernativas, a los intereses y presiones de los partidos políticos y grupos de presión que han influido en su designación. Intereses y presiones que se encuentran presentes en sus decisiones y que trasladan a los órganos que de ellos dependen.

El propio Tribunal Supremo ha criticado en varias ocasiones el mal uso que ha hecho el CGPJ de su facultad discrecional de nombrar los cargos judiciales al no respetar ni siquiera los aspectos formales. En la sentencia que resuelve el recurso 309/2004, dictada el 29 de mayo de 2.006, revoca un nombramiento de Magistrado del Tribunal Supremo por entender que se nombra a un candidato sin que se razone el por qué se elige al mismo frente a los otros posibles candidatos .

Las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2.007, recurso 407/2006 y de 23 de noviembre de 2.009, recurso 372/2008, anulan también sendos nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo por falta de motivación fundada .

En todos los supuestos se trataba de candidatos claramente apoyados por uno u otro partido político, en los que era muy difícil justificar sus mayores méritos con respecto a otros candidatos. Naturalmente el CGPJ ha tomado nota de estas sentencias y ha procurado cumplir formalmente el requisito de la motivación, lo que ha bastado para que el Tribunal Supremo, tampoco demasiado interesado en criticar el sistema por el que, al fin y al cabo, han accedido la mayoría de sus miembros actuales; en estos casos el Tribunal Supremo se limita a afirmar que no puede entrar en el fondo de esa motivación. Desde luego no es, afortunadamente, una postura unánime. Este cumplimiento meramente formal y aparente del requisito ha sido denunciado por alguno de los Magistrados del Tribunal Supremo mediante la emisión de votos particulares. Podemos señalar como ejemplo el voto particular que a la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2.011, recurso 588/2009, puso el Magistrado Don Ricardo Enríquez Sancho, al que se adhirió el Magistrado Don Santiago Martínez Vares García. También formuló voto particular en esa misma sentencia para denunciar esa falta de motivación real el Magistrado Don José Díaz Delgado, al que se adhirieron otros cinco Magistrados .

A veces sencillamente se obvian o ignoran los requisitos mínimos con tal de favorecer al candidato que de antemano se pretende designar. Cabe citar en este sentido como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo dictada el día 17 de mayo de 2.011, recurso 143/2010, que anula igualmente el nombramiento de un Magistrado del Tribunal Supremo por basarse la motivación en méritos y circunstancias que manifiestamente no podían tenerse en cuenta.

El mismo problema se detecta en los nombramientos de Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de Presidentes de Audiencias Provinciales. Examinaremos exclusivamente a título de ejemplo tres casos recientes.

Los nombramientos de Presidentes se hacen por cinco años y el CGPJ tiene la regla no escrita pero que sigue con carácter general, de renovación por un segundo mandato, salvo que en el primero se haya llevado a cabo una mala gestión.

Pues bien esta regla no se cumplió en la renovación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. La razón, según fue público y notorio, fue el veto del denominado sector progresista del CGPJ por haber sentado en el banquillo al actual lendakari (presidente de la Comunidad Autónoma Vasca) Patxi López (PSOE) y a su antecesor, Juan José Ibarretxe (PNV) . Finalmente, ante la evidencia de que el sector progresista no le votaría bajo ninguna circunstancia, decidió renunciar a su candidatura.

El otro caso lo constituye la renovación de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En este caso la no renovación tuvo como causa el que el PP tenía interés en que en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se nombrara a una persona afin a sus posiciones, es decir, de la Asociación Profesional de la Magistratura, por cuanto que el presidente de esa Comunidad del PP se encontraba imputado por un delito de malversación. El sector progresista consintió en prestar su apoyo a un candidato de la APM que tuviera un perfil aceptabe, es decir, lo que la prensa denominó “conservador moderado”, a cambio de que en Cataluña no se renovara en su segundo mandato a la Presidenta de la APM, a pesar de que su desempeño del cargo había sido correcto, y se designara en su lugar un candidato de JpD, como efectivamente se hizo .

Ni en el País Vasco ni en Cataluña ni en Valencia se renovó un segundo mandato a los respectivos presidentes por causas completamente ajenas a como habían desempeñado el primer mandato. En ninguno de los casos el CGPJ hizo la más mínima alusión a una mala gestión como motivo de que no se procediese a la renovación del mandato. Nadie negó que el motivo real eran razones de índole política.

No sólo desde fuera se percibe el carácter político de los nombramientos de cargos judiciales. Las divisiones y enfrentamientos dentro de las distintas facciones del CGPJ han dado lugar a que el representante de alguna facción haya denunciado la situación a los medios de comunicación cuando ha visto frustrada sus expectativas. El actual vocal del CGPJ Sr. Gómez Benítez presentó una carta de dimisión en febrero de 2.010 que transmitió a los medios de comunicación, aunque posteriormente no la hizo efectiva, precisamente a raíz de discrepar de un nombramiento para Magistrado del Tribunal Supremo y considerar que el mismo no se basaba en méritos, sino en acuerdos y negociaciones producto de intercambio de candidatos entre las distintas facciones del CGPJ, situación que él mismo calificaba como generalizada dentro de dicho órgano . Era público y notorio su apoyo a otro candidato con el que le unían lazos de amistad y afinidad política.

Podríamos citar otros muchos casos recogidos de forma profusa y explícita en la prensa , pero entendemos que las sentencias y casos citados a título de ejemplo son suficientes para dejar establecido que en el CGPJ los nombramientos lejos de basarse en criterios de mérito o capacidad, se basan en presiones políticas, negociaciones, “mercadeos”, tráfico de influencias, amiguismos, o clanes de la más diversa tipología, con el consiguiente perjuicio de la independencia judicial.

En resumen, el efecto más perverso del actual sistema de elección del CGPJ, que los nombramientos de los altos cargos judiciales que corresponde hacer discrecionalmente al CGPJ con base a criterios de méritos y capacidad, se hacen realmente en virtud de pactos entre los partidos políticos o, cuando no tienen relevancia política, mediante acuerdos entre facciones del propio CGPJ relativas al reparto de cargos, es algo que está reconocido públicamente y asumido como tal en los medios de comunicación y en la opinión pública, así como la presunción de que estos cargos van a tener en cuenta a la hora de realizar su labor los intereses y presiones de quienes les han nombrado.

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE viene propugnando para evitar esta penosa situación, además de volver a la elección por los jueces de los 12 vocales judiciales mediante un sistema proporcional y voto secreto, libre y directo, lo que no oacurre ahora, el establecimiento de criterios más rígidos y baremados para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo, la designación de los Presidentes de los Tribunales mediante elección por los magistrados integrantes de los mismos y la supresión de la designación por las Asambleas Legislativas y por el CGPJ de los integrantes de las Salas Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, todo ello con escaso éxito, como es de suponer. Los partidos políticos se encuentran cómodos con el sistema actual, que les permite un control efectivo del poder judicial, y no se sienten en absoluto presionados para cambiarlo. Valga el dato de que el Gobierno del PP, ha incumplido por segunda vez su programa electoral, que recogía la devolución a los jueces de la elección de los vocales judiciales del CGPJ sin causa conocida. Ello a pesar de contar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado mayoría absoluta, lo que le permitiría modificar la LOPJ sin necesidad de pacto alguno con otros partidos políticos.

4.- Las escasas funciones que se atribuyen al Consejo General del Poder Judicial en orden al gobierno de la Justicia y a la defensa de su independencia.

A pesar del contriol real y efectivo que la situación descrita proporciona a los partidos políticos sobre el CGPJ, lo cierto es que además dicho órgano carece de competencias reales para gobernar el Poder Judicial. No solamente eran reducidas ya en su inicio, sino que a lo largo de los años se han ido reduciendo más y los proyectos que están en marcha apuntan a una reducción aún mayor. Sus decisiones se limitan, practicamente, a la cuestión de los nombramientos judiciales, a la responsabilidad disciplinaria de los jueces y a la posibilidad de dictar reglamentos en desarrollo de la LOPJ sobre el estatuto de los jueces. Fuera de eso sólo tiene competencias para gestionar su presupuesto interno, regular su funcionamiento e informar sobre leyes con carácter meramente consultivo.

Ciertamente la Constitución sólo menciona cuatro competencias: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Pero de su literalidad resulta con meridiana claridad que se trata de un contenido mínimo. En el espíritu de la Constitución está que el CGPJ pueda y deba tener las más amplias competencias relativas al Gobierno de los Jueces.

Actualmente el CGPJ carece de cualquier competencia en materia presupuestaria, más allá de de gestionar su propio presupuesto. Se limita a hacer una exposición anual al Congreso de los Diputados sobre las necesidades de la Justicia. El proyecto de presupuesto lo elabora el Ministerio de Justicia, lo aprueba el Gobierno y lo somete al voto del Parlamento. Parte de las competencias sobre medios materiales del Poder Judicial están transferidas a las Comunidades Autónomas que las incluyen en sus propios presupuestos, sin coordinación alguna con el CGPJ, ni menos aún con el Gobierno. Lo lógico y coherente con un Poder Judicial realmente independiente sería que la propuesta de su presupuesto lo elaborara y sometiera al Parlamento el propio CGPJ.

El CGPJ carece de competencias sobre los Secretarios Judiciales, que dependen en una estructura jerárquica directamente dependiente del Ministerio de Justicia. Carece igualmente de competencias sobre el resto del personal auxiliar de los Jueces, que dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia y funcionalmente de la Comunidad Autónoma, en aquéllas que tienen transferida la competencia.

Tiene por tanto enormes dificultades para dictar reglamentos en orden a regular aspectos del funcionamiento de los Juzgados y Triubunales, al trabajar en los mismos personas que no dependen de él. De hecho, en el proyecto de reforma de la LOPJ que actualmente se tramite en el Congreso de los Diputados se restringe la posibilidad de dictar reglamentos. Así se prohibe que dicte reglamentos que afecten al estatuto de los Jueces en desarrollo de la LOPJ (competencia que es de suponer asume el Ministerio) y que los reglamentos relativos al funcionamiento de órganos judiciales (que tienen que estar expresamente autorizados por Ley) puedan afectar a Secretarios Judiciales o personal auxiliar de lo Jueces. Practicamente su potestad reglamentaria queda reducida a aspectos de su funcionamiento interno.

No tiene por otro lado a su disposición el más mínimo mecanismo para verificar o controlar que el Gobierno y las Comunidades Autónomas cumplan sus obligaciones en materia de personal y medios materiales. Tampoco para controlar que los Secretarios Judiciales y el resto del personal auxiliar cumplan adecuadamente sus funciones.

En estas condiciones no cabe hablar realmente de gobierno del Poder Judicial que garantice su independencia.

5.- La existencia del delito de prevaricación culposa, la responsabilidad civil directa y el ejercicio abusivo de las facultades disciplinarias.

Sin perjuicio de reconocer que la independencia judicial tiene como necesario contrapeso la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los Jueces y Magistrados, el régimen vigente en España debido a su extraordinario e injustificado rigor coarta severamente la independencia judicial.

El Código Penal español mantiene la prevaricación culposa. No sólo constituye un caso insólito en Europa el que un error por parte de un Juez pueda llevarle a cumplir una pena y perder la condición de Juez, sino que además tal régimen no se mantiene para ningún otro funcionario de ningún rango de la Administración Pública española. Constituye una discriminación injustificada que únicamente aporta inseguridad jurídica al ejercicio de la jurisdicción .

La LOPJ mantiene la responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados . Igualmente es un caso insólito en el ámbito europeo y nuevamente sólo se aplica a los Jueces y Magistrados y no al resto de los funcionarios de cualquier nivel de la Administración Pública. En España la responsabilidad civil se exige al Estado y este, si es condenado, puede repetir contra el funcionario responsable, menos en el caso de los Jueces y Magistrados.

La consecuencia es el uso frecuente de las demandas de responsabilidad civil, que, de prosperar, pueden tener el resultado del cese del juez, en el caso de perder un litigio, por venganza, o simplemente para evitar que ese Juez conozca de un determinado asunto que afecta a la misma parte. Muy pocas de ellas prosperan, pero el resultado es que se perturba e inquieta innecesariamente a los jueces y se les conduce a un ejercicio defensivo de la jurisdicción.

La responsabilidad disciplinaria se aplica con un extraordinario rigor y, así, han venido a reconocerlo los propios integrantes de la comisión disciplinaria . Es el cuerpo de funcionarios públicos a quien se aplica un mayor rigor disciplinario no sólo comparado con otros cuerpos de la Administración Pública, sino en relación con otros cuerpos de la Administración de Justicia como Fiscales, Secretarios Judiciales o personal auxiliar. Parece como si existiese un verdadero empeño de los vocales en agradar a los políticos que los han nombrado reafirmando su opinión, que todos los males de la Justicia proceden de la maldad intrínseca de los jueces. Desde luego, este uso extremadamente riguroso de la facultad disciplinaria genera un estado de temor que hace más vulnerables a los jueces a la hora de aceptar las directrices que se les inculcan.

Muestra de ese innecesario rigor es el alto número de sanciones disciplinarias que posteriormente son revocadas por el Tribunal Supremo . Naturalmente cuando llega la sentencia del Tribunal Supremo las consecuencias negativas del expediente disciplinario y de la sanción ya se han producido y son de difícil reparación.

6.- La atribución de funciones jurisdiccionales o de control del trabajo de los Jueces a los Secretarios Judiciales, quienes dependen del Ministerio de Justicia, dentro de una estructura jerárquica.

Los Secretarios Judiciales han sido tradicionalmente los principales colaboradores en la labor del Juez. Hasta la reforma del año 2.003, además de ejercer la fe publica con independencia, les correspondía asistir a los Jueces en el ejercicio de sus funciones, ostentar la jefatura de personal de la Secretaría de que son titulares, sin perjuicio de la superior dirección de los Jueces y Presidentes, la guarda y depósito de la documentación, dinero y objeto depositados en los órganos judiciales, así como la confección de la estadística judicial.

En la Ley Orgánica 1/1980, correspondía al CGPJ la selección, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de los Secretarios de Juzgados y Tribunales Tras la entrada en vigor de la LOPJ de 1985, coherentemente con la finalidad de reducir la independencia del Poder Judicial reduciendo las competencias de su órgano de gobierno, pasan a depender del Ministerio de Justicia. Desde entonces las competencias corresponden al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las Comunidades Autónomas en todas las materias relativas a su Estatuto y régimen jurídico, comprendidas la selección, formación inicial y continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario.

La Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial agrava aún más la situación en tanto en cuanto elimina la supeditación del Secretario Judicial en su labor a los Jueces y crea una estructura jerárquica en cuya cúspide se encuentra un Secretario General a las órdenes del Ministro de Justicia.

Por tanto la tramitación de los asuntos, sus competencias con respecto a los funcionarios que integran la oficina judicial y las demás que le corresponden las ejercen sin sujeción a la autoridad del Juez. Deben seguir por el contrario las ordenes que se les impartan desde el Ministerio de Justicia. Se convierte con ello en un delegado o representante del Poder Ejecutivo dentro del Judicial, con importantes funciones que pueden menoscabar sin duda alguna la labor judicial si ese fuera el propósito.

En el año 2.009 se da un paso más en el acorralamiento del Poder Judicial. La Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, y la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, complementaria de la anterior, y por la que se modifica la LO 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial. Atribuyen a los Secretarios Judiciales potestades que antes correspondían a los Jueces en ámbitos importantes de la tramitación de los procesos, facultades que ejercen con total autonomía, y que sólo pueden ser revisadas por vía de recurso y no en todos los supuestos. Supone una invasión más del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, utilizándose como instrumento para ello un funcionario adscrito y a las órdenes del Ministerio de Justicia .

7.- La falta de autoridad de los Jueces sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia.

En la Ley Orgánica 1/1980 correspondía al CGPJ el sistema de selección, formación y perfeccionamiento, incluido la aprobación de programa y nombramiento de Tribunales, del personal auxiliar y colaborador de la Administración de Justicia. En la misma línea que se ha comentado antes de reducir las competencias del CGPJ al mínimo, tras la entrada en vigor de la LOPJ de 1985, pasan a depender del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas.

Al menos, las decisiones de los Secretarios Judiciales pueden controlarse jurisdiccionalmente por vía de recurso, con la burocracia y retrasos que ello implica. Pero en el caso de los funcionarios, sencillamente quedan fuera del control de los Jueces. No hay un sólo precepto en toda la LOPJ ni en ninguna otra Ley que faculte al CGPJ o a los titulares o presidentes de los distintos órganos judiciales para dar ordenes o instrucciones a los funcionarios que teóricamente han asistirles en sus funciones. Las competencias respecto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia corresponden al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en todas las materias relativas a su estatuto y régimen jurídico, comprendidas la selección, formación inicial y continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario. A los Secretarios Judiciales por su parte les corresponde la organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales, asegurando en todo caso la coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial y con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Ya hemos visto que los Secretarios Judiciales no pueden ser supervisados en forma alguna por los Jueces. Los Jueces sencillamente quedan por completo ajenos a cualquier materia relativa a las personas que, teóricamente al menos, tienen como misión auxiliarles en su labor de impartir justicia.

En definitiva el Poder Ejecutivo controla plenamente al personal auxiliar del Poder Judicial. Ni el órgano de gobierno del Poder Judicial ni sus integrantes pueden dar ordenes, organizar su trabajo ni tomar decisión alguna con respecto al mismo, donde se incluyen los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Auxiliares de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Es una situación por completo anómala, que priva de eficacia a la labor de auxilio que debe realizar ese personal y que disminuye gravemente la independencia del Poder Judicial, en tanto que esta situación facilita el control de su funcionamiento al Poder Ejecutivo.

De este modo las ordenes o directrices que de un Juez en orden a la tramitación de los asuntos que son de su competencia, pueden ser ignoradas o contradichas por ordenes dadas por personas al servicio del Poder Ejecutivo o directamente por miembros del mismo. Los órganos judiciales a través de los Secretarios Judiciales quedan en buena medida en manos del Poder Ejecutivo.

A ello debe añadirse la inexistencia de una policía judicial que realmente esté a las ordenes de los Jueces, puesto que es facilitada por el Poder Ejecutivo y, en caso de confrontación, en la practica prevalecen las órdenes del Poder Ejecutivo sobre las del órgano judicial que precisa sus servicios.

Tampoco existe un servicio de seguridad propio de los Juzgados y Tribunales. La vigilancia externa de los edificios queda encomendada a fuerzas y cuerpos de seguridad a las ordenes del Poder Ejecutivo o a servicios de vigilancia privada, lo que parece razonable. La seguridad en el interior de los edificios y en las salas donde se celebran los juicios es sencillamente inexistente, salvo por la custodia policial que acompaña a los presos y los policías que acuden como testigos a los juicios, en el orden penal. La inseguridad es total en otros órdenes jurisdicionales.

8.- La ausencia endémica de medios materiales del Poder Judicial y su falta de control sobre esta cuestión.

El mal estado e insuficiencia de los edificios judiciales, la carencia de un verdadero sistema informático que facilite la tramitación de los asuntos, así como la antigüedad y falta de renovación de los equipos informáticos, la falta de medios de locomoción y carencias importantes en general en medios materiales es algo tradicional en España que ningún partido político ha resuelto y que lastra gravemente la eficacia de la labor de los Jueces.

Por señalar uno de esos problemas, el Poder Judicial utiliza los ordenadores casi exclusivamente como procesadores de textos. El sistema informático es incapaz ni siquiera de sacar la estadística judicial, que se sigue elaborando a mano; el sistema de comunicaciones telemáticas entre órganos judiciales y con los ciudadanos y profesionales sigue estando incompleto y tiene un funcionamiento muy deficiente. Por supuesto no existe la más mínima posibilidad de presentar escritos y documentos por vía telemática. Los expedientes judiciales siguen documentándose en papel, lo que provoca enormes pérdidas de tiempo para examinarlos y estudiarlos y graves problemas logísticos por los continuos desplazamientos de que son objeto.

Son frecuentes también y generalizadas las deficiencias graves en los edificios judiciales en general. Pocos reúnen las condiciones mínimas para ejercer con la dignidad precisa la función jurisdiccional. Incluso los nuevos edificios se construyen con presupuestos insuficientes y de forma inadecuada. Así los casos de ratas, humedades, malos olores, problemas de habitabilidad, falta de espacio y salubridad de los edificios se dan con tanta habitualidad que en muchos casos no son ni noticia.

Esta situación está ampliamente documentada en la prensa, y está prácticamente reconocida incluso por los propios partidos políticos, sin que sea remediada por quien tiene las competencias, el Poder Ejecutivo.

Por su parte el Consejo General del Poder Judicial carece por completo de competencias, no solo para proveer de medios materiales a los órganos judiciales, sino para controlar y exigir a quienes tienen esta competencia para que cumplan adecuadamente las obligaciones que conlleva la misma. De hecho la actitud de los distintos CGPJ suele ser la de inhibirse de estos problemas y remitir a los Jueces para la solución de los mismos directamente a los organismos responsables de suministrar medios materiales. A pesar de los graves y habituales incumplimientos, no se conoce un sólo caso en que el CGPJ haya exigido al Ministerio de Justicia o a la Comunidad Autónoma pertinente que provea de edificios y medios adecuados a los órganos judiciales.

9.- La sobrecarga de trabajo de jueces y magistrados.

Según datos del CGPJ en España en el año 2.011 entraron 9.041.442 asuntos, de los cuales 6.542.545 corresponden a la jurisdicción penal. Los Jueces y Magistrados Españoles resolvieron 9.143.077 y dictaron 1.673.127 sentencias. Aún así, a final de año quedaron pendientes 3.063.263 asuntos, debido al atraso que se arrastraba de años anteriores.

Mientras que, por ejemplo, Alemania tuvo 1.935 asuntos civiles nuevos contenciosos por cada 100.000 habitantes y Francia 2.758, España alcanzó la cifra de 4.219. Similar proporción, o incluso mayor, puede observase en otros ordenes jurisdiccionales .

Y todo ello con un menor número de jueces que los países mencionados a título de ejemplo y que la mayoría de los países del entorno europeo . Este volumen de asuntos fue asumido por 5.171 Jueces y Magistrados, lo que implica una ratio de 11 jueces por cada 100.000 habitantes . En el año 2.010 Francia tenía 5.855 jueces y Alemania 24,3 jueces por 100.000 habitanes . Esto puede dar una idea de la enorme sobrecarga de trabajo que pesa sobre los jueces españoles y del extraordinario esfuerzo por sacarla adelante.

La situación de sobrecarga, mezclada con la falta de control sobre la organización del personal que ha de auxiliarle y la carencia de medios materiales conduce a situaciones de grave estrés laboral, con el consiguiente deterioro de la salud de los Jueces y Magistrados. Tras años de denunciar esta situación por parte de las asociaciones judiciales, finalmente el Consejo General del Poder Judicial accedió a crear un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en su seno. Ello venía a remediar la insólita situación de ser el único colectivo laboral, tanto en en sector público como en el privado, que carecía de una efectiva regulación de prevención de riesgos laborales. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial fue creada el día 21 de mayo de 2.012. El sistema de prevención de riesgos laborales aún está en fase de construcción y lo más relevante hasta el momento es un estudio encargado a una empresa especializada (Fundación Galatea), cuyas conclusiones y recomendaciones fueron presentadas el día 19 de febrero de 2.013. Cabe destacar como la citada empresa ha detectado una preocupante situación de estrés laboral como consecuencia de la elevada carga de trabajo, de la respuesta del sistema judicial, que a través de la Inspección pretende agilizar el funcionamiento de la administración de justicia incrementando el trabajo más allá de lo razonable, la falta de control sobre la organización del trabajo y las deficiencias estructurales en los juzgados .

Esta situación es actualmente reconocida por el CGPJ, si bien no sin reticencias. Desde el año 1997 los distintos CGPJ han tratado de medir cual es la carga razonable de trabajo que pueden soportar los tribunales. Se trataría de elaborar unos módulos con la doble finalidad de determinar la carga de trabajo que puede soportar un órgano jurisdiccional, módulos denominados de entrada, y de fijar los rendimientos orientativos de jueces y magistrados, módulos de dedicación o de salida. Tras diversos intentos, rechazados por la carrera judicial por su carácter manifiestamente irreal fruto de las presiones políticas para fijar una elevada carga de trabajo que ahorrase la creación de órganos judiciales, en el año 2004 el CGPJ en un intento de obtener una evaluación objetiva, se encargó a una empresa privada, Steria & Norman Brothers, la realización de un estudio que llevó a cabo tras una amplia encuesta entre miembros de la judicatura. Sus resultados dieron la razón a las asociaciones judiciales, que sosteníamos que los módulos propuestos inicialmente eran totalmente ajenos a la realidad, y fueron bien acogidos por los Jueces. El CGPJ, en cambio, ignoró las conclusiones de la empresa a pesar de haber gastado una considerable cantidad de dinero en el estudio .

Tras la renovación del CGPJ se iniciaron nuevos trabajos que, en buena medida gracias a la actitud firme y razonada mediante informes solventes de las asociaciones judiciales, dieron como resultado una propuesta que sí tomaba en cuenta tanto los informes de las asociaciones como el informe de la empresa privada a que se ha hecho referencia. Ello permitió la fijación de unos módulos de entrada en octubre de 2.013, aceptados por las asociaciones judiciales, si bien siempre con la prevención de considerar los mismos meramente orientativos. Tales indicadores tienen como objetivo única y exclusivamente fijar la carga máxima de trabajo que puede soportar un órgano judicial, por lo que su superación es indicativo de la necesidad de reforzarlo o de crear nuevos órganos judiciales. Ha quedado aplazado la elaboración de unos módulos que establezcan criterios objetivos para evaluar el rendimiento individual de Jueces y Magistrados, dada la complejidad de la tarea.

Conforme este sistema de medición, resulta que el 56,4% de los órganos judiciales superan el límite máximo de carga de trabajo, entre ellos los que se encuentran en las zonas más pobladas; por contra el 43,5% no llegan al mismo. Obviamente, en cuanto a este segundo grupo, ello no implica que tengan una carga de trabajo baja, sino únicamente que no superan el máximo. De hecho, según las cifras absolutas que hemos dado antes, es absolutamente excepcional que un órgano judicial español tenga una carga de trabajo baja. Y los pocos que se encuentran en esta situación no es por falta de rendimiento de sus titulares, sino por deficiencias estructurales, es decir, por ser órganos que cubren regiones extensas pero poco pobladas o porque tienen pocas competencias, como ocurre en el caso de las Salas Civiles y Penales de los Tribunales Superiores de Justicia, que prácticamente se dedican a esperar a que resulte imputado algún alto cargo político regional. Estas cifras lo que indican pues es una justicia que se encuentra al borde de quedar por completo superada.

Sin embargo, el Congreso de los Diputados, a instancia del Grupo del Partido Popular, a una semana de una huelga de jueces para protestar de las reformas encaminadas a reducir la independencia judicial, y en una nueva demostración de la absoluta falta de respeto de la clase política española a la independencia del Poder Judicial, manipuló estos datos de cara a desprestigiar ante la opinión pública la huelga de jueces, y aprobó el día 14 de febrero de 2.013 manifestar su preocupación porque el 43 por ciento de jueces no lleguen al módulo de entrada de asuntos. En consecuencia en ese documento piden al Consejo General del Poder Judicial que mejore la productividad judicial mediante el incremento de la tasa de asuntos resueltos por cada juez, escrito que, por supuesto no ha tenido respuesta alguna por el CGPJ. Es decir el Congreso de los Diputados, de forma intencionada o por ignorancia inexcusable, con la aquiescencia del CGPJ, que una vez más hace dejación de su función de defender la independencia de los Jueces, convierte unos módulos máximos de entrada en unos módulos mínimos de trabajo. Y todo ello lo justifican con que se ha incrementado de manera notable el número de Jueces en los últimos años sin resultados. La realidad es que según los datos suministrados al Consejo de Europa por el Gobierno español entre 2006 y 2010 el número de jueces en España por habitante se ha incrementado sólo en un 0,3%, lejos de la media europea de 1,6% . España lleva décadas en ese promedio de 10 jueces por 100.000 habitantes que se encuentra lejos de la media europea.

10.- La falta de independencia económica.

También en el terreno económico la independencia de los jueces españoles se ha visto fuertemente socavada. Los sueldos de los jueces y magistrados fueron colocados a un nivel aceptable en el año 1.988. No obstante al tratarse de una subida puntual y sin mecanismos de revisión, en años sucesivos nuevamente se fue deteriorando la situación económica al quedar desfasada la subida por la inflación y la subida del nivel de vida. La situación en el año 2.000 estaba ya bastante deteriorada y provocó protestas de los Jueces. Ello motivó que los partidos políticos en el año 2.001 accedieran a una importante revisión salarial y a regular la retribución de los Jueces y Magistrados en una Ley especial.

En el apartado 7 del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el día 28 de mayo de 2.001 por el Partido Popular y el PSOE se recogía el compromiso de dar por fin cumplimiento a la previsión que contenía la Ley Orgánica del Poder judicial de 1.985 de una Ley específica que regulase las retribuciones de los Jueces . Tras iniciar negociaciones con las asociaciones judiciales, que entonces eran tres por cuanto que Foro Judicial Independiente se constituyó después, dos aceptaron las propuestas del Ministerio de Justicia, APM y JpD, y una tercera ser retiró de la mesa de negociaciones, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. El resultado fue la Ley 15/2003, de 26 de mayo, que no convenció al conjunto de la carrera judicial por cuanto que no cumplió ninguno de las expectativas que en ella se habían depositado y provocó de hecho movilizaciones y manifestaciones contra la misma .
Foro Judicial Independiente desde su constitución se opuso frontalmente a la Ley de Retribuciones por los siguientes motivos:

1.- El control de las retribuciones de los Jueces se mantiene en manos del Ministerio de Justicia, es decir, del Poder Ejecutivo, cuando una de las reivindicaciones esenciales eran que pasaran a ser competencia del CGPJ .

2.- La subida no compensaba la pérdida de poder adquisitivo que se produjo desde el año 1.988.

3.- Parte de la subida se supeditaba a un sistema de productividad a destajo incompatible con lo que debe ser el ejercicio de la función jurisdiccional. Se destinaba a esta finalidad hasta el 5% de la masa salarial de los Jueces. En realidad nunca se ha destinado más del 2% como luego explicaremos. Además el reparto de estas cantidades se reservaba a los Jueces que superasen la carga máxima de trabajo en un 120% (!!).

4.- Quedaba fuera del sistema retributivo, y de la productividad, el Tribunal Supremo, a quien se le daba un trato especial, dividiendo de esta forma y sin causa justificada el sistema retributivo del Poder Judicial. Especialmente sangrante es el problema de entender que no es aplicable la productividad al Tribunal Supremo. Se transmite con ello el mensaje de que la única verdadera función jurisdiccional digna de respeto y confianza es la que se ejerce por dicho tribunal. El trabajo del resto de los jueces parece considerarse como burocrático y rutinario y, por tanto, sólo tiene interés su cantidad, pero no su calidad.

5.- No se prevé en la Ley un mecanismo de actualización que evite la reproducción del problema. La única previsión es la reunión cada cinco años de una comisión mixta Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Consejo General del Poder Judicial y Asociaciones Judiciales con la única finalidad de elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, propuestas de revisión de las retribuciones adecuadas a los principios contenidos en la Ley. La Comisión se ha reunido una sola vez sin que se elevara propuesta alguna al Gobierno, incumpliendo con ello el espíritu y la letra de la Ley.

6.- No se modernizaba la estructura salarial de Jueces y Magistrados.

En definitiva, no aportaba solución alguna a los problemas de las retribuciones de los jueces, ni garantizaba la independencia económica de los mismos.

Para determinar la forma de distribución de ese teórico 5% destinado a productividad se desarrollaron normas reglamentarias que fueron recurridas por APM, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. La Sala 3ª del Tribunal Supremo dictó sentencia de fecha 3 de marzo de 2.006, Recursos 14 y 16/2004, declaró nulo el Reglamento 2/2003 para el cumplimiento de la Ley 15/2003 de 26 de Mayo reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal en lo relativo a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de la carrera judicial. La razón no fue otra que la de que no se realizaba una valoración individualizada del rendimiento de los Jueces, tarea de enorme dificultad para lo que no eran suficientes unos baremos pensados para calcular la capacidad de carga de los juzgados y que tenían un carácter meramente orientativo. Desde entonces, en buena medida debido a la presión de las asociaciones, ese fondo de productividad, que nunca ha alcanzado el 2% de la masa salarial sin explicación alguna de por qué no se llegaba al máximo previsto en la Ley, se ha distribuido de forma bastante equitativa entre todos los Jueces y Magistrados, si bien constituye una cantidad insignificante de sus retribuciones, aproximadamente el 0,5%.

Aunque aparentemente parece que los Jueces reciben retribuciones similares a la de otros funcionarios públicos con similar nivel de preparación y responsabilidad, en gran medida obedece a que, mientras que los jueces sólo perciben las retribuciones que se recogen como tales en la Ley de Presupuestos, las retribuciones de otros colectivos no siempre son tan transparentes, pues una gran parte son gastos de representación, dietas, complementos específicos o productividad que dejan un rastro bastante difuso en la ley de presupuestos, de tal suerte que se desconoce la concreta cuantía que cada alto cargo o funcionario percibirá, al proceder en buena medida de partidas presupuestarias que no se asignan por la Ley a cada funcionario individualmente, sino que se reparte posteriormente entre los colectivos a que van destinados con criterio bastante poco transparentes. De modo que analizando exclusivamente la Ley de Presupuestos no es posible saber lo que van a percibir realmente esos funcionarios. Ya hemos dichos que el único complemento que no viene predeterminado para los Jueces es la retribución variable por productividad que supone sólo un incremento inferior al 2%, aproximadamente, de sus retribuciones anuales tal y como vienen fijadas en la Ley de Presupuestos.

En una de las ponencias de la IX Asamblea del Foro Judicial Independiente se expuso una ponencia sobre el tema donde se ilustró la discriminación salarial que sufren los Jueces en España. El ponente utilizó como ejemplo las retribuciones que se pagaban en un pueblo, Alcalá de Guadaira, de unos 70.000 habitantes. Población con cuatro Juzgados que debido a la cercanía con Sevilla y a ubicarse en sus terrenos un polígono industrial, tienen una considerable carga de trabajo. Según los datos que consiguió reunir el ponente, un juez gana 47.200 € anuales, menos que el Secretario o Interventor municipal (80.000 y 79.000 € anuales), que los jefes de servicio o directores de áreas del Ayuntamiento, 65.000 y 70.000 € anuales, y que el jefe de la Policía Local, 63.176 € anuales, estando a la altura de un inspector de la policía local, 47.179 € o de un jefe sección de archivos del Ayuntamiento 47.092 €. Todo ello, sin contar productividades y otros complementos.

Todo ello tiene como resultado un grave deterioro de la capacidad adquisitiva de Jueces y Magistrados, agravada por la crisis. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, desde enero de 2004 a diciembre de 2011 el IPC alcanzó el 24,4% (el dato entre enero 1990 y diciembre 2011 es el 107,2%)

Sin contar la eliminación de la paga extra de navidad que tuvo lugar en el año 2.012, la pérdida de poder adquisitivo para un magistrado del Tribunal Supremo rondaría el 15%, dado que en 2004 ganaba 105.918,32 € y en la actualidad 111. 564,11. La de los jueces rondaría un 14%, pues en 2004 ganaban 42.751 €. y en la actualidad 47.250 €. A ello habría que sumar el 3% del incremento del IPC del año 2012.

Incluso si descontamos la bajada de sueldo que se impuso en 2010 como consecuencia de la crisis, superior que la del resto de la Administración Pública puesto que supuso un 10% para los magistrados del TS, un 7,50% para los magistrados y casi un punto menos para los jueces, la pérdida de capacidad adquisitiva rondaría en 8 años entre el 5% de los magistrados del TS y el 7% de los jueces.

Ha de señalarse también que no solamente otros funcionarios de nivel similar a los Jueces perciben retribuciones públicas complementarias por diversos conceptos, sino que su régimen de incompatibilidades es menor, permitiéndoles la realización de actividades retribuidas complementarias que a los Jueces están estrictamente prohibidas. Efectivamente, al ejercer el poder judicial, los jueces tienen, por un lado, especiales limitaciones en el ejercicio de derechos ciudadanos, recogidas en el artículo 127 de la CE (prohibición de pertenecer a partidos políticos o sindicatos), y en el ejercicio profesional (especial deber de reserva de la información recibida y limitaciones en la forma de dirigirnos a otros poderes, autoridades y funcionarios); y, por otro, un severísimo régimen de incompatibilidades, regulado en los artículos 389-397 de la LOPJ y 325-349 del Reglamento de la carrera judicial, que es muy superior al que se exige a la función pública en general (regulado en la Ley 53/84, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas).

La independencia económica de los Jueces es insuficiente, debilita a los Jueces, limita el número de candidatos que están interesados en pasar las duras pruebas de ingreso en la carrera judicial, promueve el que los jueces más preparados y experimentados emigren a otras profesiones jurídicas y posibilita influir en sus decisiones mediante la promesa de ingresos extras que dependen de la discrecionalidad política (acceso a cargos discrecionales mejor retribuidos), cuando no crea el peligro de sobornos y cohechos.

11.- La falta de independencia del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal en España no forma parte del Poder Judicial, pero como pieza fundamental para que el mismo pueda llevar a cabo su labor se encuentra regulado en el Título VI que la Constitución dedica al Poder Judicial . Se organiza mediante una estructura jerárquica en cuya cúspide se encuentra el Fiscal General del Estado.
La propia Constitución recoge que el Fiscal General del Estado sea nombrado por el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Puede estimarse lógico que este nombramiento quede en manos del Gobierno al ser el Fiscal General del Estado una pieza esencial para que aquél pueda sacar adelante su política criminal. Pero dadas las importantes funciones que se atribuyen a los fiscales, tanto en la instrucción, donde sólo puede decretarse prisión a petición suya por ejemplo y tienen un papel importante en la investigación que se quiere potenciar, como en el enjuiciamiento criminal, por cuanto que son los que mantienen la acusación pública, este sistema de nombramiento debería haberse compensado con una limitación en orden a sus competencias sobre nombramientos, ascensos y cuestiones disciplinarias. El equilibrio, además de nombrar a personas de prestigio sin claras inclinaciones políticas, exigía un Consejo Fiscal, órgano en buena parte elegido por votación entre los Fiscales, con funciones decisivas en orden al estatuto de los Fiscales. De este modo el sometimiento de estos al principio de jerarquía no les privaría de la autonomía suficiente para tomar sus decisiones con imparcialidad, al quedar las decisiones vitales para su carrera en manos de un órgano imparcial.

Lejos de buscar ese equilibrio, normalmente el nombramiento de Fiscal General del Estado se ha caracterizado por su carácter sectario, por la busqueda, ante todo, de una persona afecta a Gobierno que lo nombra y dispuesta a seguir a sus indicaciones sin crítica alguna, coincidan o no con los intereses de la Justicia y con las obligaciones que conlleva el cargo. Sólo dos de los diez Fiscales Generales nombrados desde entonces han sido reconocidos como personas imparciales y no subordinadas a los intereses del Gobierno que les nombró.

A ello se suma una reducción progresiva de las funciones del Consejo Fiscal, privándole de su capacidad para decidir en cuestiones básicas para el estatuto de los Fiscales y de carácter vinculante a sus informes, de modo que las decisiones quedan a la absoluta discrecionalidad del Fiscal General del Estado. De este modo el Ministerio Fiscal ha pasado de defender los intereses generales, a defender los intereses concretos y específicos del partido político que en un determinado momento gobierna.

11.- La regionalización de la Justicia en España.

Finalmente no queremos terminar sin hacer una referencia a la creciente capacidad que las autoridades regionales y locales tienen para presionar a los Jueces en su labor cuando intervienen en materia que les afectan.

Ya hemos indicado que las asambleas legislativas regionales designan a un Magistrado de la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que es la que juzga los delitos de los altos cargos de la Comunidad Autónoma. De las 17 Comunidades Autónomas existentes, 12 tienen transferidas competencias en materia de medios personales y materiales.

A pesar de que la Constitución define las competencias sobre Justicia como exclusivas del Estado, los partidos políticos han elaborado una teoría, avalada eso sí por un Tribunal Constitucional siempre complaciente con las decisiones del Poder Ejecutivo, se ha distinguido entre Administración de Justicia en sentido estricto, reservada al Poder Judicial, y se concreta en sentencias dictadas por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley, y la Administración de la Administración de Justicia encargada de poner a disposición de la primera los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento.

De este modo el Ministerio de Justicia y cada Comunidad Autónoma con competencias transferidas debe dotar a Juzgados y Tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que ostentan, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El personal no judicial de aquéllos, en principio tenía una doble dependencia, porque en lo funcional estarán a lo que dispongan jueces, fiscales y secretarios judiciales y en lo orgánico a lo señalado por la Comunidad Autónoma transferida correspondiente, que ostenta competencia y potestad reglamentaria reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de jornada laboral, organización, gestión, inspección y dirección de personal. En la actualidad ya hemos visto que se ha eliminado la dependencia funcional de los jueces.

La teoría es absurda porque es imposible distinguir en la practica la función jurisdiccional de los medios que ha de utilizar el juez para poder ejercerla. Si no tiene medios no puede juzgar y esos medios determinan la verdadera eficacia que puede tener su trabajo. La consecuencia es un control por parte de las Comunidades Autónomas del trabajo de los jueces y una falta de coordinación que provoca importantes disfunciones. Como ya hemos indicado también no existe ningún tipo de control que garantice que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas cumplan adecuadamente ese deber.

Ello determina además disfunciones graves que entorpecen la solución de los problemas. Así, para crear un órgano judicial en Andalucía o Cataluña, por citar a dos de las comunidades más grandes con competencias transferidas, no basta que el CGPJ lo considere necesario por superarse los módulos que utiliza, sino que hace falta que esté de acuerdo el Ministerio de Justicia, que no olvidemos tiene competencias sobre Secretarios Judiciales y es el que puede dictar o hacer aprobar las normas precisas, sino el acuerdo de la Comunidad Autónoma que ha de sufragar los gastos de ubicación y personal. Ha habido problemas de interconectividad entre los sistemas informáticos de cada Comunidad, que no son compatibles entre sí, ni con el sistema del Ministerio de Justicia. De modo que un Juzgado no tiene problemas para enviar un exhorto telemático a Francia o Portugal, pero un Juzgado en Andalucía si puede tener problemas para enviarlo a Valencia o Cataluña. La enumeración de los problemas y disfunciones innecesarios que esta situación genera merecería un estudio aparte.

Por otro lado la atribución de estas funciones a las Comunidades Autónomas, que les ha permitido crear sus Consejerías de Justicia, y la dependencia de aspectos relevantes del gobierno del poder judicial de los partidos políticos, que antes hemos explicado, ha incrementado la posibilidad de los poderes regionales, normalmente en manos de los mismos partidos políticos que dominan el panorama político nacional, de influir en las decisiones de los jueces en materias como delitos de corrupción política o infracciones urbanísticas, por citar algunos ejemplos.

Como señala Leandro Despouy, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, un poder judicial descentralizado podría caer bajo el dominio del ejecutivo local . Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en buena medida en España.

Conclusiones

La existencia de un Poder Judicial independiente, como elemento esencial de un Estado Democrático de Derecho, tal y como preveía la Constitución, ha tenido un escaso desarrollo en la practica, de forma que tal independencia es inexistente en tanto en cuanto aún cuando formalmente nadie puede dictar las decisiones de los jueces, si existen múltiples caminos para que los otros poderes puedan influir en las mismas y, en todo caso, los jueces españoles carecen de capacidad real para controlar que quienes detentan el poder político cumplan con la legalidad vigente.

Los partidos políticos que realmente tienen posibilidades de alcanzar el poder, y de hecho lo detentan, por encima de diferencias ideológicas están de acuerdo no sólo en mantener esta situación, sino incluso en restringir aún más si cabe la independencia judicial mediante proyectos legislativos que están en marcha, para hacer de ella algo simbólico y carente de eficacia. Sólo algunos partidos políticos minoritarios han expresado su voz discordante, aunque carecen de fuerza para que sea efectiva .

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE cree que los jueces españoles se encuentran en verdadero peligro de perder todo rastro de independencia, si es que tal situación no es la que existe, al menos, en cuanto a la posibilidad de controlar al Poder Ejecutivo. Por ello ha decidido denunciar esta situación y el alejamiento del Estado español de los principios, recomendaciones y opiniones que en esta materia han dictado los distintos organismos vinculados al Consejo de Europa y recabar su apoyo, a través del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, en defensa de la independencia del Poder Judicial español, solicitando que, si lo considera preciso, compruebe sobre el terreno el incumplimiento del contenido de esos documentos y el alejamiento del Estado español de los principios que deben inspirar a un verdadero Estado Democrático de Derecho.