Aspectos de la reforma que propone el Gobierno sobre

el Consejo General del Poder Judicial que

afectan a la independencia del Poder Judicial

1º.- ELECCIÓN DE LOS VOCALES

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros mantiene la elección de los vocales judiciales por parte del Congreso y del Senado, perpetuando de esta forma una de las principales causas de la politización de la justicia, de pérdida de independencia del Poder Judicial y de fracaso del CGPJ en la función que le atribuye la Constitución.

En la exposición de motivos no se hace la más mínima alusión a las razones por las que se mantiene la elección parlamentaria de los vocales judiciales a pesar de ser una flagrante contradicción con lo prometido por el PP en su programa electoral.

Se contienen además unas innovaciones destinadas a facilitar la posibilidad de que cada partido político pueda elegir vocales de su agrado y se aumenta considerablemente el peso del Tribunal Supremo en la composición del CGPJ.

Las cámaras en principio deben tomar en consideración la proporción existente en la Carrera Judicial en el momento de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre Jueces y Magistrados no afiliados y los afiliados a cada una de las distintas Asociaciones Judiciales.

Más concretamente, como mínimo, se obliga a seguir la siguiente proporción: tres Magistrados del Tribunal Supremo; tres Magistrados con más de 25 años de antigüedad en la Carrera Judicial; cuatro Magistrados con menos de 25 años de antigüedad y dos Jueces. Si no existieren candidatos a Vocales dentro de alguna de las mencionadas categorías, la vacante acrecerá el cupo de la siguiente. En caso de no existir candidatos con categoría de Juez, las vacantes acrecerán las otras categorías en el orden señalado. A los Magistrados del Tribunal Supremo, apenas un 1% de la Carrera Judicial, se le otorga el 25% de los vocales judiciales. El resto de las asignaciones se hace de forma fija y sin tener en cuenta el peso real de cada grupo en la Carrera. Por otro lado ¿qué significa “como mínimo” y cuál sería el máximo? ¿cómo se van a coordinar las cámaras para respetar esos cupos si cada una nombra de forma independiente seis vocales judiciales?

Se establece pues un pseudodemocrático sistema de representación “orgánica” o por estamentos, dando prioridad a uno de ellos, el que accede a sus puestos por designación discrecional, difícil de llevar a cabo en la practica y que trata de ser un sustitutivo de una verdadera elección democrática de los vocales por los jueces a través de un sistema proporcional.

Si a ello añadimos que cada asociación puede presentar un máximo de doce candidatos y que basta el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial (que no tienen por qué ser no asociados) para presentar una candidatura, el resultado es que el sistema va encaminado a garantizar un número suficiente de candidatos que sean del agrado de los partidos políticos que controlan las cámaras encargadas de nombrar a los vocales judiciales.

2º.- REDUCCIÓN DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL CGPJ

Se excluye al CGPJ de la toma de decisiones sobre el funcionamiento de los Tribunales.

Se elimina la posibilidad de que el CGPJ dicte reglamento para desarrollar el estatuto de los Jueces y Magistrados. ¿Quiere esto decir que el Gobierno podrá realizar ese desarrollo reglamentario? Igualmente se prohíbe al CGPJ que dicte normas reglamentarias que regulen directa o indirectamente los derechos y deberes de personas ajenas al mismo. Es decir el CGPJ no podrá dictar norma alguna que afecte a Secretarios Judiciales o funcionarios, de forma que no podrá intervenir en forma alguna en la regulación del funcionamiento de los órganos judiciales. Ello queda en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo.

Fuera de los reglamentos de funcionamiento interno, sólo tiene la posibilidad de regular aspectos accesorios de actuaciones judiciales cuando una ley se lo permita expresamente.

Por tanto su labor en materia de funcionamiento de los Tribunales se limita a informar en relación con las normas sobre las que debe ser consultado sin carácter vinculante y a presentar una memoria anual de las necesidades del Poder Judicial, con la eventual intervención de su presidente si es llamado por las Cortes Generales.

El CGPJ finalmente no selecciona a los Jueces y Magistrados, sino que “participa” en su selección en los términos que determine la Ley.

Por tanto sus funciones principales reales quedan reducidas a la de nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo y a la labor disciplinaria que se fomenta con la creación de la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, funcionario nombrado por el CGPJ con la exclusiva función de atender las quejas y promover la incoación de expedientes disciplinarios, pudiendo ser objeto de recurso su negativa a incoarlo. Una especie de “fiscal de jueces”.

3º.- DEDICACIÓN REDUCIDA DE LOS VOCALES.

Sólo tendrán dedicación exclusiva los miembros de la Comisión Permanente, que se renovarán anualmente “procurando” que pasen por la misma todos los vocales, salvo los de la Comisión Disciplinaria, únicos que son nombrados por cinco años. La Comisión Permanente la forman el Presidente, tres vocales judiciales y tres vocales no judiciales.

Por tanto habrá en todo momento nueve vocales judiciales y cinco vocales no judiciales que tendrán que compatibilizar su cargo de vocal con la dedicación a sus tareas habituales.

La idea puede parecer atractiva dada la nefasta imagen que el cargo de Vocal se ha ganado a lo largo de los años y las escasas atribuciones reales que tiene el CGPJ. Pero aplaudir esta iniciativa es un grave error.

Lo que hace al anteproyecto es minimizar la relevancia de un órgano constitucional al que reduce poco menos que a la categoría de una sala de gobierno y ello es negativo para la independencia del Poder Judicial. En lugar de garantizar que accedan al CGPJ vocales judiciales elegidos por los Jueces como garantía de su independencia y vocales no judiciales elegidos exclusivamente por su méritos profesionales y de dotar al CGPJ de competencias que le permitan gestionar realmente el Poder Judicial y garantizar su independencia y eficacia, se reducen sus competencias y se minusvalora la labor de sus integrantes estableciendo la dedicación ocasional de la mayoría de los mismos.

Un vocal que tenga que atender los problemas diarios que genera el órgano judicial al que pertenece ¿estará en condiciones de informarse en profundidad y reflexionar con tranquilidad sobre las cuestiones de relevancia constitucional que debe decidir como vocal del CGPJ? ¿Por qué esta solución es buena para los vocales del CGPJ y no para los senadores o diputados.

CONCLUSIONES

1.- La reforma perpetúa un sistema de elección que mantendrá el control del CGPJ en manos de los partidos políticos, lo que indudablemente repercutirá de forma negativa en su misión de garantizar la independencia del Poder Judicial, como ha venido ocurriendo hasta ahora.
La reivindicación de un sistema de elección directa por los jueces de los vocales judiciales es algo irrenunciable conforme al ideario de FJI, puesto que sin ello no cabe hablar de independencia judicial.

2.- La reforma reduce competencias importantes del CGPJ, dejando a éste sin capacidad para intervenir en la configuración del estatuto de los Jueces y en el funcionamiento de los órganos judiciales. Dado que los jueces carecemos legalmente de autoridad gubernativa alguna, la organización y funcionamiento de los Juzgados y Tribunales queda exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo.

La reivindicación en este punto de FJI ha sido hasta ahora el aumento de las competencias del CGPJ hasta llegar a la total gestión, incluso presupuestaria del CGPJ. Ahora bien, como mínimo y con carácter irrenunciable debe defenderse que el CGPJ pueda desarrollar reglamentariamente el estatuto de los Jueces y dictar normas sobre la organización y funcionamiento de los Juzgados y Tribunales que sean vinculantes para las personas que en ellos trabajan auxiliando al Poder Judicial.

3.- La reforma reduce la capacidad de dedicación de la mayoría los vocales, lo que sin duda alguna redunda en perjuicio de la eficacia a la hora de cumplir su misión constitucional y deja en la practica el CGPJ en manos del Presidente, cuyas competencias se incrementan, y de una burocracia funcionarial, lo que facilitará el control del mismo por los partidos políticos. El hecho de que los vocales de los sucesivos Consejos no hayan cumplido adecuadamente sus funciones, no puede resolverse impidiendo que lo hagan por falta material de tiempo, sino mediante el establecimiento de un sistema de elección que garantice como vocales a jueces y juristas honestos y competentes y dispuestos a trabajar con intensidad e independencia de criterio en la función que se les encomienda.
No obstante, dado que en todo caso las competencias actuales del CGPJ son reducidas, cabría entender que este es un punto no esencial y podría cederse en el mismo en una hipotética negociación, si se consigue un sistema de elección directo, sin perjuicio de reconsiderar esta cuestión en el futuro, sobre la base de un aumento sustancial de competencias.

4.- Se refuerza hasta límites extremos el papel del CGPJ como órgano casi exclusivamente disciplinario y no contiene la reforma actuación alguna en orden siquiera a atenuar su actual incapacidad para intervenir con eficacia en defensa de la independencia de los Jueces.

5.- El resto de las reformas, con independencia de su mayor o menor acierto, tienen en principio un carácter técnico y una relevancia secundaria en relación con la independencia judicial.

Como conclusión final se podría decir que la reforma merece en su conjunto un juicio muy negativo, ya que debilita el papel constitucional del CGPJ como órgano de gobierno de los Jueces y garante de su independencia, convirtiéndolo en una especie de Sala de Gobierno nacional. Se trata del ataque más demoledor contra la independencia del Poder Judicial desde 1985. La reforma prácticamente liquida el concepto Poder Judicial y vuelve a la administración de justicia franquista. El poder y control del ejecutivo sobre el judicial queda consagrado y reforzado, eliminando en la práctica la separación de poderes, que en realidad nunca existió al instaurarse un sistema de partitocracia. No se elige a nuestros representantes y menos aún a los gobernantes, sino al partido que los nombra que es el que toma las decisiones de las que el Parlamento y el gobierno son mera correa de transmisión. Lo único que quedaba fuera de control de los partidos políticos en teoría es el Poder Judicial, pero con esta reforma, como en las constituciones sudamericanas, queda por completa vacía de contenido dada las facultades de control que tiene el ejecutivo que hacen que en la práctica los políticos queden fuera del control judicial, como desgraciadamente podemos observar en numerosos casos de actualidad.

15 de enero de 2013

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE