La Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales tras valorar la situación actual en la que nos encontramos y preocupados por prestar a los ciudadanos la Justicia de calidad que nuestro sistema constitucional exige reclama:
1. PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LOPJ DE MEDIDAS DE EFICACIA PRESUPUESTARIA. Retirada inmediata del Proyecto de Ley de reforma de la LOPJ, que perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica.
2. POTENCIACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS DEL CGPJ Y CONSEJO FISCAL. El CGPJ debe mantener su actual estructura y competencias, potenciando el Consejo Fiscal. Mostrando nuestro rechazo a cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
3. AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA DEL CGPJ Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y de la Autonomía del Ministerio Fiscal.
4. NUMERO DE JUECES Y FISCALES. El aumento de la planta con Jueces y Fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea. Debiendo convocarse anualmente oposiciones con un mínimo de 250 plazas.
5. JUSTICIA PROFESIONAL. La Justicia debe ser impartida exclusivamente por Jueces y Fiscales profesionales. La sobrecarga desmedida de los órganos judiciales y fiscalías exige la creación de plazas necesarias de Jueces y Fiscales de carrera para terminar de forma progresiva y gradual con la justicia interina.
6. CARGA DE TRABAJO. Determinación definitiva de la carga de trabajo por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado. Aplicación como límite de entrada máximo admisible y con efectos inmediatos. Una vez alcanzada la carga máxima, deberán crearse las nuevas plazas judiciales y fiscales necesarias de forma automática.
7. ORGANIZACIÓN JUDICIAL Y FISCAL. Apuesta por la eficacia y optimización de recursos: nueva demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, creación de Tribunales de Instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales, cuya actual modelo es ineficaz sin la modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado.
8. INVERSIÓN. Adopción de medidas para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los Juzgados y las Fiscalías, debido a la ausencia absoluta de medios personales y materiales, con especial referencia a la penosidad de las guardias.
9. ESTATUTO JUDICIAL Y FISCAL. Regulación de un Estatuto Judicial y Fiscal acorde con la especialidad de la función que desempeñan los Jueces como Poder del Estado y los Fiscales en tanto que integrados en el Poder Judicial con autonomía funcional. La retribución económica debe ser adecuada a la responsabilidad de las funciones desempeñadas.
10. TASAS JUDICIALES. Tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la Justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas.
Con estas propuestas queremos hacer un nuevo llamamiento a todos los responsables de la Justicia, recordando que ésta no puede ser vista como un problema. Debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis.
Una Justicia centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos.
Una Justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica.
Mª Teresa Sáez Martínez
APM
José Luis González Armengol
AJFV
Joaquín Bosch Grau
JD
Angel Dolado Pérez
FJI
José Hidalgo García
Asociación de Fiscales
José María Caballero Sánchez – Izquierdo
APIF
María Moretó Matosas
UPF