I N F O R M E que se emite por la Asociación de jueces y magistrados FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, en trámite de alegaciones al «Estudio de la medición de la carga de trabajo de Juzgados y Tribunales, aprobado de forma provisional por el Consejo General del Poder Judicial en fecha 11/10/2012 ».

SUMARIO

Parte I: Sobre los Principios básicos del sistema que deben sustentarse sobre la carga máxima de entrada que deben soportar juzgados y tribunales conforme la jornada legal establecida para el sector público en España.

Parte II: De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

1. FINALIDAD
2. METODOLOGÍA

Parte III: Conclusiones

Parte IV: Análisis de todos los órdenes jurisdiccionales y evaluación de lo que se considera por esta Asociación Judicial, carga razonable de trabajo “de entrada”

PARTE PRIMERA

CONSIDERACIONES EN RELACION A LA PARTE PRIMERA

1.- Principios básicos del Sistema.

2.-Se desconoce la metodología empleada.

3.-Se desconoce el entorno en relación con el número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.

4.-El modelo adolece de indefinición que genera indefensión.

5.-Lo que deberían ser los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual en los juzgados y Tribunales.

Rechazamos, en términos generales, a salvo excepciones que se dirán, el cálculo de asuntos de entrada que se ha realizado por el servicio de inspección, al no constar en el mismo parámetro alguno, en relación a las horas que deben emplearse por cada Juez/Magistrado para la poder llevar a cabo con eficacia y eficiencia su función jurisdiccional, lo que sitúa al colectivo en una especie de situación de indefinición y desregulación que conlleva una indefensión, al no tener una regulación de jornada, convirtiéndose, por mor de dicha ausencia normativa de regulación “en una especie de jornada laboral continuada de 24 horas”, en las que se desconoce el momento en que se puede descansar en esa especie de situación de trabajo continuado “ ad Hoc”.

Entendemos que resulta de todo punto necesaria la regulación de una jornada legal, que debe venir referenciada al Sector público, y más concretamente a la Orden JUS/615/2012 y JUS/797/2012 que regulan la jornada para Secretarios y funcionarios del MJ, por ser éstos los colaboradores directos en la realización del trabajo de jueces y magistrados. Afirmamos que la carga de trabajo de entrada, debe tener en cuenta los principios constitucionales, entre otros y como paradigma, el principio de inmediación conforme establecen las Leyes Procesales. Este aspecto tiene mucha importancia a la hora de calibrar la entrada de asuntos.

También se debe tener en cuenta el resto de principios constitucionales en particular todos los principios que tengan como finalidad prestar la tutela judicial efectiva que preconiza el artículo 24 de la CE, a los ciudadanos que son en definitiva, a quien va dirigida la función jurisdiccional, en aras de resolver las controversias suscitadas, constituyendo los jueces y tribunales la “ última ratio”, en un estado social y democrático de derecho, como es el que configura la Constitución del Año 1978.

A lo anterior debemos añadir que en el estudio que se ha aprobado, no se realiza remisión ni cita alguna de la normativa aplicable a los Jueces y Magistrados, en relación de las disposiciones sobre prevención de riesgos laborales. Esa omisión en el estudio aprobado, al desconocer y no tener en cuenta los problemas de prevención de riesgos laborales en la salud de jueces y magistrados, está desconociendo una faceta, que puede influir e incluso ser determinante en lo tocante a la carga de trabajo de entrada en juzgados y Tribunales.

Tal y como esta asociación puso de manifiesto en el estudio que se realizó en el año 2009, designando los archivos del CGPJ, a estos efectos y de futuro, en lo tocante al número de asuntos que como carga máxima de entrada pueden tramitarse en un juzgado o tribunal, consideramos que deberán tenerse en cuenta igualmente los tiempos necesarios a la hora de examinar los asuntos, resolver las posibles cuestiones incidentales, medidas cautelares, medidas cautelarísimas/provisionalísimas, cuestiones que se suscitan en ejecución de Sentencia, debiendo incluirse cualquier otra cuestión incidental y aquellos otros tiempos necesarios para el estudio de las Leyes Procesales, actualización; examen del BOE; y cualquier otra normativa; los estudios necesarios para encauzar la tramitación de los procedimientos y para la resolución de los problemas técnicos procesales que puedan producirse, que no necesariamente tienen que reflejarse en el módulo de salida. Constituye un ejemplo de lo anterior, las actuaciones que deban que realizarse por jueces y magistrados, “ab initio”, en el caso de que los asuntos finalicen mediante Decreto, tiempos que también deberán computarse a los efectos de la jornada laboral, que hemos dejado señalado, resulta necesaria establecer, para poder definir el número de asuntos que pueden tramitarse por un determinado juzgado.

PARTE SEGUNDA
De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

Desde la asociación Foro Judicial Independiente, pensamos que la finalidad de estos módulos no es, ni mucho menos, la de «ajustar la carga de trabajo de entrada a unos niveles razonables que permitan, tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención de riesgos de trabajo de jueces y magistrados».

1. FINALIDAD.

El estudio que se nos presenta, «persigue», a nuestro juicio, dar carta de naturaleza a las insuficiencias estructurales del sistema, ocultándolas de forma eufemística, bajo el expediente de presumir «normal» y de convertir en «ordinario», que la inasumible carga de trabajo de entrada, (según los datos del año 2011 aproximadamente 9.500.000 de asuntos), pueda convertirse en carga “razonable” por mor del estudio realizado por la inspección, sin que con el trabajo que se nos presenta, pueda conciliarse la vida personal y familiar, máxime teniendo en cuenta la tramitación del Proyecto de Ley en el que, en breve espacio de tiempo, no podrán designarse jueces y magistrados sustitutos, tal y como se contempla en dicho proyecto de Ley que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Los criterios que se expresan en el documento de la Inspección, hacen referencia y aluden a los diversos trabajos elaborados, citando los estudios realizados por la empresa Steria & Norman Brotherts, el estudios elaborado por la Inspección en el año 2009, incluidas alegaciones; los datos proporcionados por la Sección de Organización y Gestión y Estadística a 1/12/2010, y las medianas estadísticas.

Se dice en el estudio que se ha realizado una ponderación a la baja, teniendo en cuenta y así se reconoce, <<>>

Compartimos los criterios rectores del estudio, pero no podemos compartir en términos generales, (a salvo excepciones) que el número de asuntos de entrada que se propugna pueda ajustarse al cumplimiento y finalidad de los principios y criterios que se expresan en el estudio, una vez analizados los distintos órdenes jurisdiccionales. Creemos por el contrario, examinados los números asignados a los distintos órdenes jurisdiccionales que se pretende, una vez más cuadrar los números, introduciendo, ahora sin mencionarla, la disposición de adición que se pretendió introducir en la LOPJ en su artículo 403.4, de manera tal que se resuelva el número de asuntos que se ingresa en juzgados y tribunales.

Entendemos que el sobreesfuerzo que se viene realizando por la carrera judicial, para cubrir las carencias estructurales, se pretende mediante este estudio, no sólo perpetuar, sino darle carta de naturaleza, en una especie de “limbo jurídico”, al desconocerse los más elementales parámetros referenciales, como son a cuantas horas semanales o mensuales va referido. Este hecho, hace que todo el estudio carezca de fiabilidad desde el punto de vista técnico que en definitiva lo que pretende, en concordancia con el proyecto de Ley, en trámite parlamentario, es acomodar y ajustar el número de asuntos que entran en juzgados y tribunales, con el número de jueces, “profesionales”, ya que va a resultar imposible la designación de jueces sustitutos, en caso de necesidad, tal y como se articula en Proyecto de Ley en tramitación por la vía de urgencia.

En los criterios, se omite toda referencia al “exceso de entrada”, que supone un grave problema, a los efectos de prevención de riesgos laborales, ya que ello conlleva situaciones de stress, cuando concurre, con cierta frecuencia que se turnan a los órganos jurisdiccionales, un número de asuntos elevadísimo, máxime en estas épocas de crisis. El sólo hecho de tener que tramitar ese elevado número de asuntos, con sus incidentes y medidas cautelares, provoca situaciones generadoras de riesgos laborales, debiendo pronunciarse en este sentido el estudio, determinando los criterios en estos casos, es decir, que se hace “con el exceso”.

2. METODOLOGIA

La metodología seguida ha sido la de ir ajustando los números a un resultado prefijado: MEDIANA ESTADÍSTICA desconociéndose qué órganos jurisdiccionales se han tomado para realizar dicho cálculo, ajustado a la conveniencia, con objeto de superar la carga irrazonable de trabajo de entrada, que pesa sobre los órganos judiciales, para acomodarla al número de juzgados existentes.

Debemos reiterar en este apartado, las alegaciones que se realizaron en el año 2009 que transcribimos <>>.

Esta asociación como ya ha venido exponiendo en todos los trabajos realizados con anterioridad, sostiene que resultan imprescindibles a los efectos metodológicos, el análisis de importantes variables, que exceden de las medianas estadísticas, que en definitiva son las medias aritméticas ponderadas que reflejan las estadísticas, que se han realizado por la inspección. Reiterar que en el estudio realizado por la empresa Steria & Norman Brotherts, se tomó como referencia el marco legal de la jornada legal en España; que se realizó un trabajo de campo, con metodología propia de la Ciencias Sociales; se estratificaron los campos a analizar mediante diferentes muestras aleatoriamente estratificadas. Se realizó una ficha técnica de la población que debía analizarse y la muestra que se estratificó fue de entre el 7/10 % de la población total. Los resultados expresados mediante paneles de resultados, en los que se configuraban no sólo los datos de entrada sino los datos de resultados. Aprobado dicho trabajo por el Consejo, por causas que desconocemos, no se ha llevado a la práctica, desde el año 2004.

En definitiva, ponemos de manifiesto en este Informe que los cálculos que se realizan por la Inspección, adolecen de precisión técnica a los efectos de configurar la carga razonable de entrada en juzgados y tribunales, por los motivos expuestos, a lo que debemos añadir, que se han hecho por personal que no goza de la cualificación técnica de expertos, careciendo por tanto de fiabilidad desde un punto de vista técnico, sin expresar en dicho trabajo los índices de error (sigmas).

De ello deducimos que no podemos considerarlos como criterios técnicos válidos, con todos los efectos legales inherentes a dicho pronunciamiento presentes y de futuro. En definitiva de lo que se trata es de ajustar las medianas, (desconociéndose la ficha técnica utilizada) para de esta manera ajustar la entrada de asuntos al número de juzgados. A título de ejemplo, llama poderosamente la atención, el incremento en cuanto al número que experimentan los juzgados de instrucción, los juzgados mixtos, el incremento de la carga de los Juzgados Contenciosos Administrativos, penales ejecutorias, y otros, observándose por el contrario una minoración de hasta un tercio de asuntos en otros órganos, extremo éste que se puede comprobar realizando un análisis somero del estudio, sin que exista causa aparente para tal minoración. Seguramente, esta minoración que se constata, entre otros, para la Audiencias Provinciales Civiles, en un tercio de la entrada de los asuntos, en relación a anteriores trabajos, se encuentra justificada, pero seguramente, tomando en consideración los mismos planteamientos, debería minorarse en un tercio el resto de órganos en las distintas jurisdicciones, ya que la mediana refleja la inasumible carga de trabajo de entrada por ejemplo en los mixtos. Sin embargo, al realizarse el estudio sobre las medianas aritméticas, el resultado es que, al haber resuelto un número elevado de asuntos, las medianas se elevan en igual proporción numérica, lo que conlleva al resultado de que, a más trabajo, más altas las medianas estadísticas y mayor número de asuntos de entrada.

A modo de conclusión, debemos expresar que al haberse rechazado de plano la metodología utilizada, no queremos obviar los errores y contradicciones que presentan los criterios de dedicación utilizados en el informe, y sobre el particular, indicar:

– Que resulta paradójico que para determinados órganos judiciales se tomen como parámetros de cálculo el informe de la empresa Steria & Norman Brothers y el de carga de trabajo calificada de 2011, ambos rechazados por el Ministerio de Justicia y por el propio CGPJ respectivamente. ¿Por qué son ahora válidos?

– Que con respecto a los datos de la mediana estadística de las tres últimas anualidades, tal índice de resolución se ha obtenido en un momento de grave crisis económica, donde la entrada de asuntos se ha visto incrementada sin el correspondiente aumento de unidades jurisdiccionales. Esta situación ha conllevado a un sobre esfuerzo de jueces y magistrados que no puede ser considerado ahora (ni por medias estadísticas) como el rendimiento “normal” o la carga de trabajo razonablemente asumible.

– Que no es cierto que se haya aplicado en todos los órganos sobrecargados un porcentaje corrector (por ejemplo en juzgados de instrucción).

– Que no se ha tenido en cuenta la influencia que distintas reformas legislativas han tenido en distintos órganos jurisdiccionales.

– Que por último, FALTA UNA SISTEMÁTICA CONJUNTA en el cálculo de la carga de trabajo. Así y por ejemplo, para los Juzgados de Primera Instancia se parte de una entrada de asuntos, se reduce un porcentaje atendiendo al exceso de dedicación y a ello se le suma jurisdicción voluntaria y ejecuciones. El sistema de cálculo cambia totalmente para los Juzgados de Instrucción, sin aplicarle porcentaje reductor alguno inexplicablemente. Más cambio se observa si cabe en los Juzgados de lo Social, donde el número final se obtiene de la media del indicador actual, la entrada hasta 2009, la carga de trabajo cualificada y el informe de Steria, nada que ver con la fórmula de cálculo anteriormente expresada. Por último, con respecto a Juzgados como los Penales y Contenciosos Administrativos, no se sabe en el informe cómo se llega al número final.

PARTE TERCERA

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se realizan las siguientes conclusiones:

Primera.- Entendemos que en el estudio que se nos presenta no se explicitan determinadas variables que resultan imprescindibles para poder determinar que la carga de trabajo de entrada, que se propone, como son la de no estar referenciada a tiempo de trabajo semanal mensual o anual. De igual forma debemos reseñar, que no se acompaña estudio técnico en el que podamos comprobar las medianas que nos dicen en los cuadros estadísticos.

Segunda.- Con la elaboración de las cargas de trabajo, lo que no puede pretenderse es que se acabe con la pendencia, elevando el número de asuntos de entrada, como carga razonable. No se trata de cuadrar las estadísticas en relación con el número de jueces y magistrados existentes en la actualidad. De lo que se trata es de atribuir a los juzgados y tribunales una carga de entrada de trabajo razonable, conforme las Órdenes Ministeriales de Abril del presente año del Ministerio de Justicia que fija el número de horas a realizar por Secretarios y funcionarios del Ministerio de Justicia en 1625 horas anuales, teniendo en cuenta la colaboración directa de dichos profesionales a la hora de poder determinar el número de asuntos razonable de entrada en cada órgano jurisdiccional.

Tercera.- Se desconoce el entorno en relación con el número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia. Debe de tenerse en cuenta, el dictamen del Consejo de Europa para 2007, en el que se expresa que, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es, en el Reino de España, de 10,1 ―en algunos casos como Madrid, no llega―, mientras que en Europa la media es de 19,8 por cada cien mil habitantes. El informe del Consejo de Europa del año 2008 (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia), con referencia a datos del año 2006, nos sitúa en el puesto número 38, sobre 47 países, en relación con el número de jueces por cada cien mil habitantes.

El artículo 1.6 de la Carta Europea de los jueces (1998) establece que los gobiernos deben dotar a los jueces de medios para poder dar respuesta en plazo razonable. Con nuestra ratio (puesto 38 sobre 47 países, según informe del año 2008), resulta imposible dar una respuesta en tiempo razonable. Desde luego, lo que no puede pretenderse es cuadrar los números mediante el establecimiento de una carga de trabajo de entrada que resulte inasumible, realizando las medianas estadísticas. En el mismo sentido la Carta Magna de los Jueces, (Comité Consultivo de Jueces Europeos CCJE) de fecha 17/11/2010.

Cuarta.- El estudio, carece de una cláusula de salvaguardia, al no determinarse cual ha de ser la solución para el caso en que se supere la carga razonable. Es decir, la previsibilidad en las consecuencias para el caso en que se produzca un exceso en la entrada de asuntos, exceso que por otra parte se produce en muchos de los órganos jurisdiccionales. Entendemos que, tal y como se propuso en el Informe de la CNSS carrera judicial, el exceso, <>.

Esta asociación quiere poner de manifiesto a los efectos de la correspondiente modificación reglamentaria, que la carga máxima de entrada a los efectos de salud laboral será revisable anualmente, o cuando se preciso por modificaciones normativas, previa negociación con las asociaciones. Que para el caso de superación de la carga de entrada establecida, por el Consejo General del Poder Judicial, se establecerá un mecanismo de salvaguarda, de forma tal, que superada aquélla, no pueda responsabilizarse al juez o magistrado titular, en forma alguna del retraso en la tramitación de los asuntos turnados. Que puede verse incardinada la situación aludida, a aquéllas que se contemplan en prevención de riesgos laborales, a todos los efectos, como generadoras de Stress laboral. De ello debemos deducir que deberán establecerse por el CGPJ los mecanismos técnicos necesarios para preservar la salud de los jueces y magistrados.

Quinta.- Para finalizar, no podemos dejar de referirnos a la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia y modificación de la LOPJ, en lo atinente al procedimiento que en la misma se instaura en relación al régimen de <> entre jueces y magistrados. El articulado de dicho proyecto de Ley, de facto, va a impedir el nombramiento de jueces y magistrados sustitutos, lo que agravará más aún las cargas de entrada que se prevén en este estudio, haciendo inasumible la tramitación en tiempo razonable de los procedimientos ingresados.

Sexta.- La existencia de un proyecto de reforma de la LOPJ que conlleve un cambio de las competencias atribuidas al CGPJ y que a partir de ese momento, sea el Ministerio de Justicia y no nuestro órgano de gobierno, el encargado de fijar la carga de trabajo, no nos puede llevar a dar el VBº al presente informe. Estamos convencidos que de aprobarse la reforma legal el Ministerio de Justicia, en su caso, no tendrá pudor alguno en derogar aquella regulación de carga de trabajo que no le parezca suficiente, para sustituirla por la que considere adecuada. Llegará entonces el momento de recurrir por parte de las asociaciones, pero no por ello vamos a dejar de intentar mejorar el presente estudio por vía del presente informe.

PARTE CUARTA

ANALISIS DEL ESTUDIOS EN LOS DISTINTOS ORGANOS JURISDICCIONALES

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

A) EXAMEN DE LA PROPUESTA EN RELACIÓN CON LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID

1) PREVIO

La declarada voluntad de distinguir el nuevo sistema de medición de las cargas de trabajo, de la medición del rendimiento de jueces y magistrados, no significa, en modo alguno, que no tenga o vaya a tener un reflejo o repercusión segura, en la medición de dicho rendimiento. Dicho de otro modo, la medición de las cargas de trabajo es indudablemente, el presupuesto/precursor de la medición del rendimiento; la lógica de esta consideración conduce a un análisis diferente y crítico con la propuesta pensada o elaborada para los Juzgados de Primera Instancia. Insisten en la distinción fundando el estudio en la determinación de “asuntos que han de ser despachados por el Juez o magistrado, el secretario y los funcionario…, a fin de poder contar con un instrumento adecuado para al toma de decisiones que afectan a refuerzos, planes de urgencia, medidas de prevención….licencias, régimen disciplinario, compatibilidades, creación órganos o incremento de plazas”. Esta asimilación de cuerpos y funciones que se presenta como actividad homogénea, no puede aceptarse acríticamente, pues no responde al modelo constitucional y reduce a la mecanización algo tan trascendente y singular como el enjuiciamiento, comprensivo de la actuación en SALA y del estudio, análisis de las pruebas y plasmación técnica de la resolución ad hoc pertinente. Tampoco es aceptable, en el plano del razonamiento lógico, uniformar decisiones que, generalmente, afectan casi de modo exclusivo a los jueces y magistrados, haciéndolas extensivas al órgano en el que ejercen jurisdicción. Resulta evidente que, derivándose de la medición de cargas, tan importantes consecuencias (decisiones) para el ejercicio de la función jurisdiccional, se minimice ésta, hasta extremos impropios del órgano que constitucionalmente tiene atribuido el gobierno del Poder Judicial.

El estudio se justifica por la necesidad de “ajustar -la medición de la carga…- a las peculiaridades de cada órgano, el número de asuntos, su complejidad, la dotación de la plantilla….etc., fijando el acento “no en la medición de tipos de asuntos concretos, sino en el conjunto”. Estas declaraciones resultan contradictorias en sí mismas, pues difícilmente puedes sostenerse la peculiaridad del órgano, considerando número, tipología y complejidad de asuntos, para luego diluirlo en el conjunto. Otro tanto sucede con la homogeneidad dispensada al Juzgado de Primera Instancia, sea cual sea el partido judicial en el que radique, cuando es un hecho de pública notoriedad y conocimiento, la extraordinaria diferenciación entre éstos, destacadamente los de las grandes capitales de provincia y, ya dentro de ellas, los de la capital del Estado, que constituyen más del 25% de la litigiosidad de acciones instrumentadas a través del Juicio Ordinario y, en torno al 17%, con relación al resto de procedimientos, conforme el propio CGPJ conoce y publica en los informes anuales (“La justicia dato a dato”).

– Sobre los CRITERIOS empleados para la determinación de la carga de trabajo.

Se contienen fuentes informadoras del estudio (el trabajo elaborado en 2004 por la empresa Steria & Norman Brothers, otro llevado a cabo en el año 2009 por el Servicio de Inspección y la denominada “carga calificada” recogida en los estudios elaborados también por dicho Servicio en los meses de mayo y junio de 2011) y la aplicación de los métodos estadísticos para justificar, una vez más, los beneficios de la medición….pero sin explicar cómo, por qué, llegan a esas cifras salvíficas (¿). Únicamente apuntan – para justificar la no exclusión de ese tipo de procesos- sus máximas de experiencia (las del Servicio de Inspección) con relación a los procesos de ejecución y el proceso especial monitorio, corrigiendo así la absoluta arbitrariedad que mantenía la exclusión de éstos, sobre la base de una pretendida “menor” intervención del Juez. Recordar, una vez más, que “hacer ejecutar lo juzgado” forma parte inescindible de la función jurisdiccional, resultando redundante el recordatorio, si no fuera por la facilidad con la se minimiza, diluye y degrada la ejecución. En todo caso se valora positivamente la inclusión.

2) ORGANOS UNIPERSONALES DE LA JURISDICCIÓN CIVIL (JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA).

La propuesta parte del indicador actual, las valoraciones efectuadas por la empresa y Servicio de Inspección en los años ya mencionados con anterioridad para, tras obtener la media estadística, establecer como indicador la cantidad de 738-884 asuntos (incluida la Jurisdicción Voluntaria y la Ejecución).

El indicador, en sí mismo, no sirve para la finalidad declarada en el estudio; si no se especifica la tipología de asuntos, no puede haber en rigor fundamento para proponer las “decisiones” que, en todos los ámbitos (planta judicial, régimen disciplinario, conciliación, prevención de riesgos, sustituciones, refuerzos… etc.), afectan de manera directa a la potestad jurisdiccional; no puede admitirse acríticamente la conclusión cuando la secuenciación del proceso no existe. Es, por ello, por lo que deberían tenerse en cuenta, en primer lugar las propias normas del proceso, y en segundo términos, la extraordinaria variabilidad de los procedimientos en función del tipo de acciones, de la importancia económica de éstas, de las pluralidad de partes…, exclusión o no, de recursos….entre otras consideraciones.

El indicador, analizado con la generalidad que se expone, no puede ser aceptado sin crítica por cuanto se viene razonando y porque ha omitido factores determinantes en la medición. Así:

– Las reformas últimas llevadas a cabo por Ley 4/2011, de 24 de marzo, Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio, y las Leyes 37 y 38/2011 ambas de 10 de octubre, han modificado sustancialmente algunos procedimientos y el tiempo que debe dispensarse en Sala a éstos, con el correlativo incremento del tiempo invertido en su resolución: Los procesos verbales de escasa cuantía – en los que la ley permite acudir a los litigantes sin abogado- tratan fundamentalmente de cuestiones/controversias de consumo nada fáciles de probar y, en consecuencia, resolver. Si añadimos a estas circunstancias el hecho de que las sentencias dictadas – menos de 3000 euros- no son recurribles en grado de apelación, resulta obligado incrementar el tiempo de audiencia y el tiempo de resolución para minimizar el riesgo de error, repercutiendo directamente tanto en la agenda de señalamientos como en la “cartera” y densidad de resoluciones del juez.
– Existen un gran número de acciones y trámites impugnatorios que se articulan a través del trámite del Juicio verbal, sencillo y parco en el trámite, y complejo en cuanto al desarrollo o contingencias que puedan exponerse en la Vista y, desde luego, en la resolución (demanda de oposición al Juicio cambiario, oposición a ejecuciones dinerarias y no dinerarias, incidentes varios sobre liquidación….., división de patrimonios hereditarios o, sencillamente la oposición de los monitorios por cuantía inferior a 6.000 euros, entre otros) que solo ocasionalmente tienen el debido reflejo en el indicador de entrada.
– El incremento de la cuantía en el juicio verbal (hasta 6000 euros) ha supuesto una disminución relativa tanto en la entrada como en la tramitación correlativa de los procedimientos ordinarios, pero también ha supuesto una mayor inversión en las horas de audiencia por el natural incremento de la prueba y, por supuesto, en el tiempo necesario para su resolución.
– Las extraordinarias cuantías que se ventilan en procedimientos diversos- principalmente en P. ordinarios pero no sólo-, constituyen una sobreexposición de los Jueces radicalmente diferenciada de aquellos procesos de cuantías que se sitúan en los umbrales de su base mínima; no es racional ni verosímil pensar un mismo tratamiento para cuantías extraordinarias cuya eventual ejecución provisional será, seguro, una controversia reforzada.
– Las medidas cautelares, las diligencias preliminares o la anticipación de la pruebas…., todas ellas de una importancia capital para el buen fin de la acción que se ejercite, son no solo muy utilizadas sino, en general, verdaderos procesos condensados en un mínimo tiempo.
– Los procesos de tramitación preferente por ley, producen solapamientos seguros con la agenda programada. En materia de derechos fundamentales, este dato no es menor o irrelevante.
– La jurisdicción civil por su carácter de jurisdicción ordinaria y supletoria (Art. 9.2 de la LOPJ), ha de dar respuesta a todos aquellos asuntos que la propia evolución económica y social va elaborando o creando; así ha sucedido con los contratos de asesoramiento financiero, swaps o permutas financieras, mercado inmobiliario e hipotecario, derechos de la persona……, y todos aquellos que se sitúan fuera del núcleo de las acciones del orden civil atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil y cuyas cuestiones de competencia acaban retornando a los Juzgados de Instancia.
– La jurisdicción voluntaria (que extiende su alcance desde autorizaciones diversas a protocolización de actos) sigue teniendo trascendencia en lo concerniente a cuestiones hereditarias no siempre pacíficas para el promovente.

3) CONCLUSIÓN

El indicador postulado por el Servicio de Inspección no ofrece garantías para resolver los problemas que describe el propio Servicio y proponer fundadamente en sus méritos, las “decisiones” a las que alude en su estudio.

Sólo una exacta objetivación de los asuntos a repartir a cada órgano- con detalle analítico del tipo de proceso, tipo de acción/es, partes, pluralidad de éstas, asociaciones o entidades ejercitando acción de otro tenor colectivo y/o difuso, importancia económica del procedimiento, registro completo de las incidencias previas (medidas, diligencias o pruebas) y de las que se susciten intra-proceso, entre otros factores decisivos, podrá dar lugar a una aproximación de la carga de trabajo de entrada para cada órgano jurisdiccional.

B) EXAMEN DE LA PROPUESTA EN RELACIÓN CON LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA

La propuesta de la medición de la carga de trabajo de Juzgados y Tribunales realizada por el servicio de inspección del CGPJ, elaborada por un grupo de Vocales y pendiente de aprobación por el pleno de dicho Consejo, esto es, 738-884 asuntos, incluidos jurisdicción voluntaria y ejecución judicial, es una propuesta adecuada para desarrollar un juzgado prototipo de primera instancia y para dotar de una respuesta razonable a los ciudadanos.

Cotejados los datos con los juzgados de tal competencia objetiva y jurisdicción, (en este caso, el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona), se determina que; en los juzgados de 1ª instancia la entrada de asuntos esencialmente contenciosos excluidos los monitorios, jurisdicción voluntaria y cualquier ejecución oscilan en torno al 40%, lo que generaría según la propuesta efectuada por el Consejo aproximadamente 320 señalamientos anuales.
En la actualidad giran en torno a 500 señalamientos anuales, si bien por circunstancias diferentes, a saber; por encontrarse las partes en vías de acuerdo, por efectivamente alcanzar un acuerdo, por ser fundamental el realizar la prueba en unidad de acto o por imposibilidad de acudir los letrados a las vistas o juicios se suspenden actualmente en torno al 20% de señalamientos.

Se debe resaltar que actualmente y conforme a los datos estadísticos aportados por los juzgados en cumplimiento del acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales, queda al margen del cómputo de los asuntos de jurisdicción voluntaria aquellos que exclusivamente haya conocido el Secretario desde su admisión y finalización, es decir, los actos de conciliación, que suponen en torno al 10% del número de asuntos registrados y que aparecen excluidos de la propuesta de 738-884 asuntos. No obstante, si se pretende la medición de la carga de trabajo del juzgado, es decir de toda la plantilla, deberían incluirse en la horquilla de asuntos propuestos.

El indicador más significativo, en cuanto al tiempo invertido por los jueces y magistrados en los juzgados de 1ª instancia, gravita en la resolución de los asuntos contenciosos y que son aproximadamente del 40%, en relación al número de asuntos totales registrados y computados conforme a la propuesta, y que conllevan; vistas o juicios y resoluciones y estudios que incrementan su complejidad y dedicación, a saber; conflictos de competencias, acumulación de procesos, recursos de reposición, aclaración o subsanación de resoluciones, excepciones procesales resueltas mediante auto, intervención de terceros en el pleito, cuestiones prejudiciales, etc., y otras que se derivan de otros asuntos contenciosos como pudieran ser; los incidentes de impugnación de justicia gratuita, la comparecencia o vista en relación a los ocupantes en un procedimiento hipotecario o incidentes de nulidad, al margen de la resolución de recursos de revisión contra resoluciones procesales del secretario.

Cuestiones todas ellas que no son computadas en el número de asuntos registrados y que se tienen en cuenta para aceptar la propuesta como nivel razonable de trabajo en los juzgados de primera instancia, y ello tanto desde el punto de vista del juez o magistrado como del nivel de trabajo de los órganos judiciales.

JUZGADOS DE FAMILIA

En relación a la propuesta formulada por el CGPJ sobre la medición de la carga de trabajo y en concreto, en relación a los Juzgados de Familia, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Resulta acertado incluir las ejecuciones y la jurisdicción voluntaria dentro del número de asuntos que computan para el módulo de entrada.

2. Sin embargo, se entiende que no se pondera de forma ajustada a la realidad el trabajo que supone, al menos, en esta Jurisdicción de Familia, tanto la ejecución de las resoluciones, como los múltiples incidentes que dentro de la misma, surgen de forma constante, y que no tienen reflejo numérico alguno. Por otro lado, la jurisdicción voluntaria en materia de familia, en la medida en que afecta a derechos de menores de edad, en muchas ocasiones, tiene una complejidad que excede de la que es habitual en otro tipo de diligencias de esta naturaleza, requiriendo una especial dedicación del Juez o Magistrado.

3. No se valora en modo la atribución a los Juzgados de Familia, de nuevas competencias tras las últimas reformas procesales. Tal es el caso de lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que añade una excepción 4.ª al apartado 3 del artículo 438, con la siguiente redacción:
«4.ª En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.»
4. Igualmente, no se toma en consideración que pese a la falta de previsión legal, desde hace algunos meses, los Juzgados de Familia de Madrid – lo que no ocurre en otras Capitales de provincia- han asumido, tras una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid (SECCION 22ª, rollo N°: 353/12, autos 701/11), la autorización para el internamiento de menores tutelados por la Administración y con trastornos disociales de conducta, en Residencias Especializadas de Adaptación Psicosocial, así como a la legalización de la actuación administrativa, si el internamiento se ha producido por razones de urgencia, y el control posterior de la situación de tales menores en las citadas residencias, por considerar que se trata de una situación de restricción de su libertad. Tales procedimientos, en la medida en que afectan a derechos fundamentales, exigen una dedicación y multiplicidad de diligencias, que pese a la falta de recursos para ello, se están supliendo con gran esfuerzo. Debe hacerse constar dada la reciente asunción de tales competencias, que estas solicitudes se inician a raíz de un durísimo informe del Defensor del Pueblo sobre las mismas, al que se puede acceder a través del siguiente link y cuya lectura refleja la complejidad extrema de este tipo de procedimientos, nunca valorados con anterioridad:

http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_1261583365854.html

5. Tampoco se valora la incidencia que el Derecho Internacional tiene en esta jurisdicción, dado el incremento de procedimientos con algún elemento de extranjería, con especial referencia a los procedimientos de sustracción internacional de menores, que tiene un plazo de respuesta de seis semanas, según el R. CE 2201/2003.
6. No se contempla en el informe la carga de trabajo de los Juzgados que asumen competencias de Familia y de Internamientos e Incapacidades.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se justifica suficientemente la modificación de la carga de trabajo propuesta, en relación al informe elaborado por el Servicio de Inspección sobre el ESTUDIO DE LA MEDICIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, elaborado en marzo de 2009, y que fija un módulo de entrada para los Juzgados de Familia de 878 asuntos, incluyendo ejecución y jurisdicción voluntaria, considerando que una cifra superior no sería asumible por este tipo de Juzgados, en la medida en que la sociedad demanda de los mismos una respuesta rápida dados los interés personalísimos que se discuten en la misma.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

La propuesta sobre Estudios de la medición de la carga de trabajo de Juzgados y Tribunales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial es claramente perjudicial para los Juzgados de Instrucción, alejándose de los propios criterios que el Consejo General señala para la determinación de la carga de trabajo. Así, el Consejo señala que trata de evitar que se considere como un trabajo normal o razonable lo que ha sido una situación excepcional en los Juzgados y Tribunales, así como ajustar la carga de trabajo del órgano a unos niveles razonables que permitan al personal que lo sirve, al secretario judicial y al juez o magistrado en él destinado tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar, mediante la fijación de un número de asuntos que permita su estudio pormenorizado, en cumplimiento de los criterios de calidad y atención individualizada que exige una auténtica tutela judicial efectiva, conforme recuerda la STS de 3 de marzo de 2006.

Pues bien, dichos parámetros no son tenidos en cuenta cuando se elabora la propuesta para los Juzgados de Instrucción.

La proposición del CGPJ es la siguiente:

(1)La mediana estadística de los tres últimos años (2009-2011), respecto a los órganos cuya tasa de resolución (ratio entre el número de asuntos ingresados y resueltos) oscila entre el 0,9 y el 1,1 (resuelven los asuntos que entran), sitúa la entrada en 7.418 asuntos anuales en los Juzgados de Instrucción.
(2)En el período considerado supone que varía respecto de dicha media en un porcentaje alrededor del 9,4% superior o inferior en cada anualidad, entendiendo que procede fijar la horquilla respecto del mencionado dato aplicando una variación del 9%, por encima y por debajo, por lo que se propone una entrada que podría oscilar entre 6.751 y 8.085 asuntos anuales por órgano.

En primer lugar, aumenta la carga de trabajo para estos juzgados, puesto que la carga máxima señalada por el indicador actual, 6.700 procedimientos (6.000 Diligencias Previas y 600-700 Juicios de Faltas), lo convierte en el mínimo de la horquilla propuesta, llegando la misma a más de 8.000 procedimientos de entrada. Para obtener dicho cálculo, hace una mediana estadística de los años 2009 a 2011, donde ha habido una sobresaturación y aumento de la litigiosidad, debido, quizás, al inicio y agravación de la crisis económica existente. Ello implica que considera como normal la carga de trabajo de una situación excepcional, olvidando los propios criterios establecidos por el CGPJ en el estudio. Si existe una equiparación entre asuntos ingresados y resueltos, ello se debe al sobreesfuerzo de los Jueces y Magistrados, junto con el resto del personal del Juzgado, como podrá apreciarse en los rendimientos obtenidos por Jueces y Magistrados de la jurisdicción. Por tanto, se pretende aprobar una carga de trabajo que convierte en normal lo excepcional. No se considera que la carga propuesta sea razonable y asumible por los Juzgados de Instrucción.

Dicho estudio y dado el alto volumen propuesto como carga de trabajo no respeta el criterio del propio Consejo de conciliación de la vida laboral y familiar, que permita un estudio pormenorizado, en cumplimiento de los criterios de calidad y atención individualizada. No puede ni conciliarse la vida familiar ni dedicarse una atención individualizada con un módulo de entrada de más de 8.000 procedimientos. Dada la especificidad del trabajo en los Juzgados de Instrucción, cada procedimiento requiere una dedicación y atención directa por parte del Juez, sin que la oficina judicial pueda impulsar de forma autónoma el procedimiento como ocurre en otras jurisdicciones o Juzgados. A diferencia de otras reformas procesales, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha supuesto una reducción del trabajo y responsabilidad del Juez en la instrucción de los procedimientos por un aumento del de Secretarios judiciales y funcionarios judiciales. La carga de trabajo propuesta es incompatible con el respecto al principio de inmediación y la tramitación de los procedimientos en un tiempo razonable.

En los Juzgados de Instrucción no parece tenerse en cuenta las ejecutorias, que conlleva una dedicación relevante, a diferencia de la propuesta del Consejo para otras jurisdicciones. Dichas ejecutorias requieren la atención personal del Juez, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y conllevan muchas de ellas, bien directamente o por ejecución de la responsabilidad subsidiaria, privación de libertad, que para su ejecución requieren, la mayor de las veces, librar las oportunas ordenes de busca y captura.

De igual manera, resulta absolutamente imprescindible la unificación a nivel estatal de las prácticas de incoación, de forma que los partidos judiciales no puedan asumir modos de incoación que se traduzcan en dobles cómputos, o en una falsa apariencia de entrada de asuntos.
Por otro lado, falta en la propuesta del Consejo un dato que es esencial para determinar la carga de trabajo en los Juzgados de Instrucción: el número medio de detenidos en el partido judicial puesto en conexión con el número de días disponibles para la instrucción y el número de juicios de faltas. En efecto, es evidente la incidencia del servicio de guardia y del número de juicios de faltas a celebrar en el tiempo de trabajo que le queda al juez instructor para, propiamente, instruir. Ese tiempo será, por ejemplo, marcadamente inferior en un juzgado de instrucción donde la guardia es semanal, habiendo 4 juzgados de instrucción, con un promedio de 20 detenidos diarios y 1200 juicios de faltas al año que en un juzgado de instrucción donde la guardia es semanal, habiendo 6 juzgados de instrucción, con un promedio de 8 detenidos diarios, y 700 juicios de faltas anuales.
Este dato nunca aparece en las estadísticas y es esencial para determinar la carga de trabajo asumible. Habría de exigirse la constancia en las estadísticas judiciales del número de puestas a disposición judicial en servicio de guardia. La omisión del mismo constituye un grave déficit al abordar las cargas de trabajo, y la falta del dato en cuestión se traduce en que los instructores que disponen de tiempo para instruir durante la guardia se vean manifiestamente favorecidos por la carga de trabajo objetiva cuando además los días de servicio de guardia en cuestión son menos que en otros partidos judiciales.

En definitiva, la propuesta elaborada por el Consejo General del Poder Judicial para los Juzgados de Instrucción es francamente perniciosa y vulnera los propios criterios fijados por dicho Consejo para su elaboración, basándose en estadísticas anteriores que pretenden normalizar la sobresaturación de estos juzgados y el sobreesfuerzo de su personal. No valora ni tiene en cuenta las concretas circunstancias de estos juzgados, la incidencia que el servicio de guardia provoca en las cargas de trabajo ni los diferentes sistemas informáticos que, en muchas ocasiones, inciden directamente en el número de asuntos registrados. Con dicha propuesta como módulo de carga de trabajo y referencia para la creación de nuevos juzgados, se colapsarán los Juzgados de Instrucción, hasta la fecha amortiguado por el esfuerzo de Jueces y Magistrados, así como por el resto del personal que sirven en los mismos.

En consecuencia, FJI considera razonable establecer una carga de trabajo realmente razonable y adecuada a una Justicia penal de calidad y fijar el número de asuntos de entrada en este tipo de Juzgados entre 4.500 y 6.200 asuntos anuales, cifras que estarían avaladas no solo por la experiencia diaria de los distintos Juzgados de Instrucción sino también por el estudio objetivo que en su día realizó la empresa Steria & Norma Brothers.

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

La propuesta sobre la medición de la carga de trabajo en lo que afecta a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, es la de aumentar la entrada de asuntos en dichos órganos jurisdiccionales.

La propuesta es la siguiente:

Llama la atención que la conclusión sea elevar la carga de trabajo de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer partiendo para ello como premisa, que el indicador de entrada establecido por el CGPJ, (que ahora se pretende elevar), no se cumple más que un 6.8% de los Juzgados en el año 2010, y un 9,4 % en el año 2011, afirmándose a la vez, que la carga de trabajo existente es moderada y que la pendencia de asuntos en esos Juzgados es baja, de forma que, se concluye, el tiempo de respuesta por parte de esos Juzgados es muy bueno.

Se toma como referente a la hora de fijar el módulo de entrada apropiado el de los Juzgados de Instrucción llegando a la conclusión de que debe elevarse la entrada de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

A la hora de hacer la propuesta no se toma en consideración lo delicado de la materia que se tramita en estos órganos judiciales pero, en cualquier caso, mediante la equiparación a los instrucciones como fórmula para determinar el módulo de entrada se parte de una premisa errónea pues no se contemplan las particulares características de funcionamiento de los Juzgados de Violencia.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer especialmente en las poblaciones en que no existe entre ellos servicio de guardia, – (la mayoría), funcionan como si realmente lo estuvieran, pues se opera a través del cauce de juicios rápidos siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quienes señalan y ponen a disposición judicial detenidos por asuntos de la llamada violencia de género, entregando igualmente en horario de audiencia pública, atestados con solicitudes de órdenes de protección que se hace preciso tramitar con gran celeridad y que concluyen en que, o bien de manera permanente (en los partidos judiciales con un Violencia exclusivo) o bien, por semanas alternas (cuando existen más), se opere como un Juzgado de Instrucción en materia de violencia sobre la Mujer de guardia semanal de forma que, en muchas ocasiones, no se concluyen las diligencias a practicar dentro del horario de audiencia debiendo continuar fuera de ella pues, sin embargo, el atestado ha sido entregado y el detenido puesto a disposición dentro del mismo. Esta forma de funcionamiento comporta estrés, pues se trabaja contrarreloj y por ello, gran desgaste personal y dificulta sobremanera la conciliación de la vida personal y familiar, pues la agenda judicial no es fruto de señalamientos propios, careciéndose de control sobre ella al ser objeto de citación policial.

A ello, ha de agregarse que han de ser objeto de señalamientos ordinarios por parte del propio Juzgado las declaraciones derivadas de los asuntos que no se tramitan como Diligencias Urgentes o que iniciadas como éstas, se han convertido en Diligencias Previas y además, deben señalarse los juicios civiles propios de estos Juzgados, y proceder a la exploración de los menores, lo cual debe hacerse fuera de las semanas de señalamiento policial para evitar disfunciones derivadas de la atención prioritaria de los asuntos penales tramitados como juicio rápido y de las órdenes de protección.

Esta forma de funcionamiento impide que se deba tomar como referencia a los Juzgados de Instrucción pues en la forma de operar ambos órganos judiciales no existe identidad de razón.

Además, entre los procedimientos competencia de los Juzgados de Violencia que se toman en consideración para valorar la carga de trabajo de los mismos, ni se menciona los procedimientos de ejecución derivados de los procedimientos civiles, con la litigiosidad propia de la materia, máxime al haber acontecido hecho relevante penalmente o estar éste pendiente de enjuiciamiento, ni tampoco la existencia de juicios de faltas y sus correspondientes ejecutorias.

Si de lo que se trata es de resolver con calidad y garantías los asuntos que tienen entrada en los Juzgados prestando un servicio público eficaz al ciudadano, lo que no parece razonable es aumentar la carga de trabajo de los existentes, pues con ello se aumenta el tiempo de respuesta, sobrecargando al órgano judicial pues, en definitiva, si el tiempo de respuesta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer es tan bueno, lo que debería plantearse es mantener la carga de trabajo actual y proceder a la búsqueda de fórmulas de distribución de asuntos que posibiliten que todos los órganos judiciales puedan responder de idéntica manera, no sobrecargar los que tienen buena capacidad de respuesta. Con la propuesta realizada lo que se pretende es convertir en regla general la sobresaturación de asuntos pendientes ante los órganos judiciales.

Por ello se insta a que se modifique la carga de trabajo prevista para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tomándose en consideración las particularidades de la materia, su naturaleza mixta (penal y civil) y su modo habitual de funcionar a través del cauce de las Diligencias Urgentes, todo lo cual comporta desgaste personal y grandes dificultades para la conciliación de la vida personal y familiar.

JUZGADOS DE LO PENAL

Con carácter previo merece la pena poner de manifiesto que los números y datos que utiliza el estudio atienden al promedio de sentencias dictadas por este tipo de juzgados. Así y a pesar de que en la introducción del estudio se repite en varias ocasiones que el mismo no tiene por objeto evaluar el rendimiento de los jueces y magistrados, a la hora de establecer la carga de entrada del juzgado se acoge en su punto 4) el promedio de sentencias dictadas (425 sentencias por juez de media durante los años 2009/2010) para realizar la medición. Partir de ese dato supone dar por normal un volumen de trabajo que a todas luces ha sido excesivo y que se ha visto incrementado año tras año según las estadísticas del propio Consejo General del Poder Judicial. Ello explica lo elevado de la entrada que propone el estudio como carga razonable, dotando de normalidad de forma ficticia a unos datos que según todos los indicadores suponen una sobrecarga de los Juzgados de lo Penal.

JUZGADOS DE LO PENAL CON EJECUTORIAS

El estudio propone una entrada de entre 364-436 Procedimientos Abreviados y entre 410-490 ejecutorias anuales por órgano. Al respecto debe indicarse:

1) En el estudio no se computan los Juicios Rápidos, esto es, aquellos procedimientos que, no requiriendo una instrucción especialmente compleja, son remitidos durante la guardia al Juzgado Penal competente para su enjuiciamiento. En el propio documento se indica que el volumen de entrada referido a estos asuntos y que proviene de los Juzgados de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer se han tenido en cuenta sólo a nivel de ejecutorias que, considera, es la auténtica y real carga de trabajo.

Ciertamente dichos procedimientos suelen implicar menos trabajo para la oficina judicial de un Juzgado de lo Penal, fundamentalmente porque las partes y testigos son citados a juicio por el Juzgado de Instrucción. Pero, por un lado, ello no siempre es así ya que debido a defectos ocasionales se requiere que por parte del Juzgado de lo Penal se lleven a cabo de nuevo citaciones al acto del juicio. A veces incluso ello no es posible, lo que supone suspender el juicio y volver a realizar todas las citaciones para una sesión posterior, equiparándose así el trabajo realizado al que requiere la tramitación de un procedimiento abreviado. En segundo lugar, el propio acto de la vista oral implica tiempo de trabajo para el personal del Juzgado; por supuesto para el Juez, el Secretario Judicial y el agente judicial que están en la sala, pero también para el resto de funcionarios del Juzgado que atienden a los profesionales y ciudadanos que acuden al juicio y tienen que realizar algún trámite relacionado con él, sobretodo en casos de sentencias de conformidad en las que se suele abrir ejecutoria y se realizan notificaciones y requerimientos. Por último, las sentencias dictadas en Juicios Rápidos exigen, además de su redacción, su notificación, así como la tramitación de los recursos que puedan interponerse contra ella, siendo todo ello tareas que indudablemente ha de asumir el personal del Juzgado de lo Penal. Todas estas cuestiones no se hallan contempladas en el estudio que se analiza.

2) Sentado lo anterior, se considera que el máximo de la entrada propuesta (436 Procedimientos Abreviados) es abiertamente excesiva. Baste recordar que el propio servicio de inspección del CGPJ fijó en 425 el número máximo de entrada de procedimientos abreviados, y según el estudio elaborado en 2011 por la Sección de Organización y Gestión sería de 410 procedimientos abreviados. En atención a las estadísticas anuales de este tipo de juzgados, la entrada máxima debería fijarse en un máximo de 350 procedimientos por año, y ello considerando como tales tanto los Procedimientos Abreviados como los Juicios Rápidos. Según los datos del propio Consejo General del Poder Judicial (La Justicia Dato a Dato 2011), en la jurisdicción penal el promedio de sentencias dictadas por cada juez o magistrado fue de 268,1 (0,3 más que la anualidad anterior). Si bien el estudio de medición carga de trabajo insiste en que no se trata de evaluar el rendimiento de los jueces y magistrados, en el tipo de Juzgados que se está analizando los asuntos que ingresan terminan, salvo contadas excepciones como fallecimiento del acusado o prescripción del delito, con sentencia.

Los datos indican además que aún con el sobreesfuerzo que llevan a cabo estos Juzgados, el número de asuntos pendientes sigue aumentando año tras año (año 2011: registrados 181.841, resueltos 180.699, pendientes 161.605). Ello debido sencillamente a la imposibilidad de dar respuesta a más número de asuntos con los medios disponibles y a la imperiosa necesidad de crear más órganos judiciales, así como de medios personales y materiales que permitan aumentar el número de resoluciones.

Por otro lado el mínimo de entrada no debería fijarse por encima de los 300 procedimientos anuales. El arco que oscila entre 300-350 de entrada de asuntos es más razonable que el propuesto por el estudio y permitirá la tramitación de los Procedimientos Abreviados y Juicios Rápidos con la celeridad y atención que merecen.

3) En cuanto a las ejecutorias, de las estadísticas judiciales (año 2011) se desprende que este tipo de Juzgados registró 189.712 ejecutorias nuevas en todo el país, resolviendo esa misma anualidad 291.305, pero quedando pendientes aún 277.680. Dado que las ejecutorias derivan de las sentencias condenatorias dictadas anualmente en los procedimientos tramitados (Abreviados y Juicios Rápidos), fijar como hace el estudio entre 410 y 490 el número de ejecutorias por año parece incongruente con los 364-436 de entrada de procedimientos que propone el mismo estudio. Si bien es cierto que según los números con los que juega el estudio, en las ejecutorias se incluyen las derivadas de juicios rápidos que no han sido computadas como carga de entrada, en realidad y probablemente, se ha tratado de cuadrar el alto volumen de ejecutorias pendientes de tramitar actualmente con la pretendida entrada, debiendo ser tratadas de forma independiente so pena de dar por normal y exigible la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los Juzgados de lo Penal en materia de ejecutorias. Debe distinguirse por tanto entre el número de ejecutorias que se registran cada año y aquellas que se hallan en trámite. Respecto de las primeras, que son el objeto del estudio de carga de trabajo, en ningún caso deben superar los datos relativos al registro anual de Procedimientos Abreviados y Juicios Rápidos, por la sencilla razón de que las ejecutorias nacen de las sentencias condenatorias y estas suelen rondar el 75-80% de las dictadas. Con esta información estamos en disposición de proponer que el número de ejecutorias a registrar que pueden asumir los Juzgados oscila entre 225 y 262 anuales. En lo que se refiere al elevado número de ejecutorias pendientes en la actualidad, ello debe ser afrontado y solventado con las correspondientes medidas de refuerzo o a través de la creación de juzgados de lo penal con competencias exclusivas en materia de ejecución.

JUZGADOS DE LO PENAL SIN EJECUTORIAS

El estudio propone una entrada de entre 455-545 Procedimientos Abreviados. Al respecto debe indicarse:

1) Debe darse por reproducida aquí la crítica ya expuesta sobre la omisión simple y llana de toda la carga de trabajo que suponen los Juicios Rápidos. Los defectos ocasionales en las citaciones desde los Juzgados de Instrucción o de Violencia Doméstica, el propio acto de la vista oral y el trabajo que requieren las sentencias dictadas en este tipo de juicios, se hallan incomprensiblemente ausentes de valoración en el estudio de medición de carga de trabajo.

2) El estudio no contempla la tramitación de los beneficios de sustitución y suspensión en caso de sentencias de conformidad. En estos supuestos, que se dan con relativa frecuencia, se exige de la oficina judicial un trabajo extra, ya que se requieren las alegaciones de las partes, manifestaciones de los perjudicados y del reo y aportación de documentación para acreditar diversas cuestiones (como la capacidad económica, las cargas familiares, domicilio distante del de la víctima, etc).

3) Tampoco parece tener en cuenta la escasa plantilla de la que dispone este tipo de juzgados, limitándose a hacer los cálculos numéricos sin contar con el necesario factor funcionarial. Considerados únicamente como órganos de enjuiciamiento, el personal presta servicio para la tramitación de asuntos es mínimo. A ello se añade el dato de que este tipo específico de juzgados se sitúa en grandes capitales y las estadísticas del CGPJ indican que el diez por ciento de los partidos del país han de atender al 42,2% de la población (boletín de información estadística de 28 de diciembre de 2011).

3) Por todo ello se considera que el máximo de la entrada propuesta (545 Procedimientos Abreviados) es abiertamente excesivo. Baste recordar que el propio servicio de inspección del CGPJ fijó en 510 el número máximo de entrada de procedimientos abreviados, y según el estudio elaborado en 2011 por la Sección de Organización y Gestión ese máximo sería de 450 procedimientos abreviados. Una vez más el estudio hace caso omiso de esos datos, que ni siquiera son de una entidad ajena al CGPJ sino que son propios, y eleva injustificadamente el máximo de carga de trabajo. En atención a las estadísticas anuales de este tipo de juzgados, el volumen de entrada debería fijarse en un máximo de 475 procedimientos por año, y ello considerando como tales tanto los Procedimientos Abreviados como los Juicios Rápidos.

Por otro lado el mínimo de entrada no debería establecerse por encima de los 375 procedimientos anuales. El arco que oscila entre 375-475 de entrada de asuntos es más razonable que el propuesto por el estudio y permitirá la tramitación de los Procedimientos Abreviados y Juicios Rápidos con la celeridad y atención que merecen.

JUZGADOS DE LO PENAL EXCLUSIVOS DE EJECUTORIAS

El estudio propone una entrada de entre 2.000-2.400 ejecutorias. Al respecto debe indicarse:

1) Por un lado y con el pretexto de que los datos relativos a aquellas ejecutorias que han sido o pueden ser objeto de reapertura varían significativamente de un juzgado a otro, se optado simplemente por ignorar las mismas, cabiendo otras posibilidades para adecuar los números algo más a la realidad (como atender a la media, por ejemplo).

2) No se contemplan determinados trámites que exigen ciertas ejecutorias y se ha optado por establecer unos números de forma genérica sin llegar a explicar porqué se consideran los apropiados. Así, no se tiene en cuenta la tramitación y evacuación de los informes del Ministerio Fiscal y del Juez sobre petición de indulto. Tampoco se consideran los casos en los que no se resuelve en sentencia sobre los alejamientos y debe ser el Juzgado de lo Penal exclusivo de ejecutorias quien determine con exactitud los términos de la ejecución de este tipo de medidas. Asimismo, en ocasiones se requieren trámites considerables para fijar la responsabilidad civil cuando esta no ha sido definitivamente fijada en sentencia, lo que requiere la aportación de documentos o facturas o la realización de peritajes y convierte la ejecución prácticamente en un nuevo procedimiento civil. Finalmente, no son pocos los problemas que provoca la decisión en fase de ejecución de todo lo relativo a las piezas de convicción sobre las que no se ha pronunciado la sentencia y que requieren un trabajo notable de la oficina judicial.

3) Con respecto a la carga de trabajo indicada para los juzgados de ejecutorias penales, si bien supone una reducción sobre el modulo que viene fijado entre un 10%, a un 20%, la franja que ha sido fijada en la actualidad situada por el Servicio de Inspección entre 2.000 y 2.400, sigue siendo una horquilla demasiado amplía debiendo de adecuarse la misma al informe que ya se emitió en su día y que sería la siguiente, siempre al objeto de llegar a unos standares de dedicación adecuados a la materia que se ejecuta.

PROPUESTA: Valorando la repercusión de las nuevas reformas procesales penales que constantemente se llevan a cabo y que requiere una revisión de las sentencias que se están ejecutando el oscilará entre un 20% y un 30%, aplicado dicho porcentaje sobre el Grado Estándar del Informe Speria:

EJECUCIONES: entre 1657 y 1450, es decir, 1554.

No puede desconocerse el elevadísimo número de actuaciones que se realizan en un Juzgado de Ejecutorias de capital de provincia, con el incremento de la violencia, y las constantes reformas procesales que obligan a la revisión de lo que se está tramitando, en la forma que establece el ordenamiento jurídico.

JUZGADOS DE MENORES

Con carácter previo debemos recordar que el citado Estudio se realiza a modo de borrador provisional sin el mayor rigor en orden a un análisis de profundidad sobre la carga de trabajo que pesa sobre los Juzgados y Tribunales. Al parecer dicho estudio fue elaborado con la finalidad de orientar futuras decisiones en materia de planta judicial, es decir, si son o no necesarios más juzgados en los distintos órdenes jurisdiccionales. Pero en ningún caso realiza un análisis con profundidad de la verdadera carga de trabajo que puede soportar un juzgado, ni tiene en cuenta las peculiaridades de ciertas jurisdicciones especialmente sensibles como es la Jurisdicción de menores que tienen por objeto menores de edad infractores. Olvida las verdaderas atribuciones del Juez de Menores como juez de enjuiciamiento sin límite en cuanto a los delitos, juez de garantía, juez de ejecución y juez de vigilancia penitenciaria. Por el contrario considera que la Jurisdicción de menores es una jurisdicción de menor importancia y no aplica los mismos criterios y parámetros que utiliza otros órdenes jurisdiccionales como el penal, el social, contenciosa, civil mercantil a fin de valorar la media de asuntos reales ingresados en los Juzgados y Tribunales de igual clase.

Consideramos que el estudio sobre la carga de trabajo elaborado por el CGPJ y presentado al Pleno de 11 de octubre de 2012, carece de toda lógica y razonamiento, resulta especialmente desproporcionado en la Jurisdicción de menores al atribuir el número de 700 asuntos de entrada a los Juzgados de Menores sin incluir ejecución, con una propuesta de 789 a 961 incluyendo ejecución, lo que constituye una carga excesiva teniendo en cuenta las especialidades de la jurisdicción de menores, la competencia para conocer todo tipo de delitos y la realización de otras actividades jurisdiccionales que el estudio ni valora. Carga excesiva como lo demuestra que el propio estudio reconoce que la media estadística en el periodo comprendido entre 2009/2011 está en 469 asuntos, que estadísticamente se comprueba que solo dos juzgados en toda España (Tarragona y Almería) consiguen superar con dificultad a ese número, juzgados en donde se observa retraso en la tramitación y resolución de una justicia penal tan sensible para los ciudadanos. Entendemos que todo módulo de entrada que supere los 469 asuntos provocaría un gran retraso y detrimento en la justicia penal de menores, y un trato discriminatorio con otros órdenes jurisdiccionales, afectando a una justicia con un elevado número de reinserciones y resocializaciones en la actualidad. Especialmente si tenemos en cuenta que un juzgado de lo penal sin ejecutoria se le atribuye un módulo de 450 asuntos (con una propuesta de 455 a 545 asuntos), y la competencia del juez de menores rebasa la de estos órganos teniendo competencia para conocer de asuntos que en la Jurisdicción de adultos se atribuirían a la Audiencia Provincial como son homicidios, asesinatos, agresiones sexuales, etc. Que a las secciones penales de las Audiencias Provinciales se les atribuye un modulo de 300 asuntos (con una propuesta de 182 a 218 asuntos), conociendo tres magistrados. Se observa un trato discriminatorio con otras jurisdicciones a mayor abundamiento cuando se reconoce en el estudio que en otras jurisdicciones se toma como baremo la media estadística que entran en el conjunto de los juzgados de igual clase. No se explica porque el estudio califica de “irreal” esa situación en los Juzgados de menores, y por el contrario si se observa un total desconocimiento de las especialidades de esta jurisdicción.

Por lo tanto el estudio atiende en el resto de las jurisdicciones a la media estadística que llevan los juzgados de la misma clase de toda España, y sin embargo se aparta de ese criterio a la hora de fijar los módulos de los juzgados de menores sin al mas mínimo razonamiento argumentando que sería “irreal” e ignorando la actuación jurisdiccional de esta clase de juzgados especializados intentando acomodarlos a otros jurisdicciones con un enorme desconocimiento de la jurisdicción especializada y la especial necesidad de celeridad de estos procedimiento.

El Tratado de Lisboa exige a la UE promover la protección de los derechos de los menores de edad. Los derechos del menor forman parte asimismo de los derechos fundamentales que la UE se ha comprometido a respetar en virtud del artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, los 27 países de la UE han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre 1989, España la ratifica sin reservas. Así la Convención señala en el art 40,2, iii) dentro de los derechos fundamentales del menor el que la “ la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente.”. También las Reglas Mínimas de Organización de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas Beijín) establece en la regla 20.1 que: “Todos los casos se tramitarán desde el comienzo de manera expedita y sin demoras innecesarias.”

Especial complejidad presenta los expedientes de reforma con medidas cautelares privativas de libertad, en las que el tiempo máximo de internamiento establecido en el artículo 28 de la LORPM, según redacción dada por la reforma 8/2006 de 4 de diciembre, es de 9 meses. En 9 meses debe instruirse la causa, celebrase el juicio, poner la sentencia, tramitar la apelación y que esta venga resuelta de la Audiencia Provincial, todo ello en asuntos de extrema gravedad como homicidios, asesinatos, agresiones sexuales, etc. Una sobrecarga de asuntos impediría dar una respuesta puntual para este tipo de caso, con el peligro y la alarma social que provocaría poner a los menores en libertad antes de la celebración del juicio por el simple hecho de haber transcurrido el tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento. Una sobrecarga de asuntos impide dar una respuesta adecuada a casos de extrema gravedad.

La rapidez en la tramitación de los casos de menores es de fundamental importancia. De no ser así, peligrarían cualesquiera efectos positivos que el procedimiento y la resolución pudieran acarrear. Con el transcurso del tiempo, el menor tendrá dificultades intelectuales y psicológicas cada vez mayores, por no decir insuperables, para establecer una relación entre el procedimiento y la resolución, por una parte, y el delito, por otra.
La necesaria celeridad del proceso penal juvenil quedaría diluida si la carga de trabajo es excesiva, como lo sería con 700 casos de entrada. Las medidas tienen una finalidad sancionadora educativa por lo que cuanto menos tiempo transcurra entre el hecho y el cumplimiento de la medida más fácil será interiorizar el hecho y que la finalidad reeducadora se pueda cumplir.

La delincuencia juvenil es una delincuencia grupal de carácter espontánea, la codelincuencia y coparticipación es muy frecuente, mucho más que en la jurisdicción de adultos, Esta cuestión también es ignorada por el estudio. Así son frecuentes los expedientes en los que se ven inmersos un gran número de menores, Lo que conlleva mayor tiempo de tramitación del Expediente de Reforma, mayor tiempo para la celebración del juicio, mayor complejidad de la sentencia. Esta cuestión no se contempla en el estudio. No se valora en el estudio la frecuencia de actuaciones llevadas a cabo por bandas juveniles de las que se han hecho eco distintas resoluciones y recomendaciones internacionales como el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 15 de julio de 2009, que pone de manifiesto esta problemática en España desde la década del 2000. Bandas Juveniles que en los últimos años han cometido hechos en España de gravedad y cuya compleja tramitación y enjuiciamiento requiere especial cuidado y dedicación.

Tampoco tiene en cuenta el estudio que con frecuencia los menores cometen delitos contra menores, con mayor frecuencia que contra adultos. Victimas menores de edad que requieren de especial protección y valoración de la prueba, protección que fue abordada por la Decisión Maco del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001 y la reforma operada en España por la Ley 8/2006 de 4 de diciembre. Ello lleva especialidades en orden a la protección y práctica de este tipo de prueba que provoca una mayor complejidad y tiempo de dedicación en este tipo de procesos.

Tampoco se contempla en el estudio la exigencia de que el desarrollo de los expedientes de reforma, el juicio y la sentencia debe ser realizados en lenguaje comprensible para los menores y en atención a su edad. Ello exige mayor tiempo y dedicación en la tramitación de este tipo de procedimientos. Así lo expresa toda la normativa internacional desde las Reglas Mínimas de Organización de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 29 de noviembre de 1985 en cuya regla 14.2 señala que: “El procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente”. El propio artículo 36,1 de la LORPM afirma que se le “informará al menor expedientado, en un lenguaje comprensible y adaptado a su edad, de las medidas y responsabilidad civil solicitadas por el Ministerio Fiscal y, en su caso, la acusación particular y el actor civil, en sus escritos de alegaciones, así como de los hechos y de la causa en que se funden”. También el artículo 37,2 afirma que “El Juez, al redactar la sentencia, procurará expresar sus razonamientos en un lenguaje claro y comprensible para la edad del menor”. Ello exige un mayor tiempo y dedicación en el desarrollo del proceso a fin de hacer este comprensible para un menor de edad.
También olvida el estudio que la competencia del Juez de menores no se limita a la competencia de un Juez de lo penal sino que conoce de todas los hechos cometidos por menores mayores de 14 y menores de 18, cualquiera que sea la índole de los asuntos, así conoce de homicidios del art137 del CP, asesinatos del art138, agresión sexual del artículo 179, las agravadas del art180 etc. Asuntos que de haber sido cometidos por un adulto sería competencia de un órgano colegiado con tres magistrados, la Audiencia Provincial.
Tampoco tiene en cuenta el estudio que el Juez de menores es competente no solo como juez de enjuiciamiento sino también como juez de garantía para la adopción de diligencias restrictivas de derechos fundamentales que afecten al menor expedientado(con un gran elenco comprendido en entradas y registros; intervenciones telefónicas; acopio de tráfico de llamadas, intervenciones en la persona del menor, etc. Diligencias de extraordinaria gravedad especialmente cuando afectan a un menor de edad. Pero no solo esto sino también la declaración de secreto de las actuaciones, el reconocimiento y `protección de testigos y peritos, así como la adopción de medidas cautelares, con toda una serie de resoluciones respecto de los menores que se encuentran en medida cautelar y especialmente los privados de libertad, lo que conlleva una especial actividad que el estudio no valora, peticiones, quejas, recursos, programas de intervención educativa, ejecución de actividades, informe de seguimiento, régimen disciplinario, limitación de visitas, convivencia con hijos menores de tres años, salidas, permisos, traslados, régimen disciplinario, modificaciones de medidas cautelares, visitas a centros, etc. Omite también el estudio toda referencia respecto del servicio de guardia prestado por algunos de dichos órganos jurisdiccionales fuera de los horarios de audiencia por las tardes y en días festivos, dicha circunstancia no se ha tenido en consideración y debería haberse hecho.
Especial consideración tiene la reforma experimentada por la LORPM por Ley 8/2006 de 4 de diciembre que permite el ejercicio conjunto de la acción penal y civil dentro del proceso de reforma, desapareciendo al menos la pieza de responsabilidad civil tal y como se concebía inicialmente, como proceso autónomo e integrándose en el expediente de reforma. Ello provoca que este se vea complicado con la personación de la acusación particular, el actor civil y el responsable civil, razón de más para que el volumen deba equipararse a un juzgado de lo penal o incluso a una Audiencia Provincial, dependiendo de la gravedad del hecho a enjuiciar. Esta circunstancia también complica la ejecución en orden a la responsabilidad civil, que antes de la citada reforma se remitía la LORPM a la LEC1/2000, y tras la reforma operada por la Ley 8/2006 de 4 de diciembre debido a la acumulación de las acciones penales y civiles se ventila en el proceso. Ello provoca un doble perjuicio frente a los procesos penales ordinarios. De un lado porque en el enjuiciamiento penal ordinario las diligencias previas ya llevan consigo o incorporan en la pieza separada todo lo relativo al aseguramiento de las responsabilidades civiles dimanantes del delito, en muchos casos con declaraciones de insolvencia que facilitan las cosas, lo que en la jurisdicción de menores no se da, de manera que en la ejecución civil todo lo relativo a la ejecución del fallo de los condenados (en escasa ocasiones por motivo de edad el condenado satisface de manera voluntaria el crédito), se he de hacer en ejecución de sentencia en lo que atañe al procedimiento civil, con todas las actuaciones ejecutivas subsiguientes. Y en segundo lugar porque en la jurisdicción de adultos la falta de pago voluntario lleva consigo la pérdida de determinado derechos y facultades en orden a la ejecución de penas privativas de libertad, por lo que en menores la ejecución civil es una tarea mucho mas ardua que en la jurisdicción de adultos. A mayor abundamiento frente a la ejecución civil, nos encontramos ante una ejecución de mayor complejidad que debería haberse valorado adecuadamente.
Atendiendo a las especiales circunstancias que convergen en la jurisdicción de menores, a la que hay que añadir el necesario estudio, análisis y resolución de la situación psicosocial del menor, elemento clave en el proceso penal de menores y que hay que añadir a todas las demás cuestiones enjuiciadas en el proceso.
Por último omite el informe y no valora la labor del Juez de menores como Juez de ejecución de las medidas, dado que aunque el artículo 45 de la LORPM atribuye a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla la ejecución de las medidas, siempre lo es “bajo la supervisión y control del Juez de menores” quien acuerda un gran numero de actuaciones muchas de ellas de enorme relevancia en orden a la refundición de medidas, aprobar programas de ejecución, modificación de medidas, permisos y salidas de fines de semana en el internamiento en régimen cerrado, recursos contra las decisiones de los directores de los centros, régimen disciplinario, visitas a loa menores en los centros, convivencia de las menores con sus hijos menores de tres años, traslados de centro, traslados de los mayores de 18 o 21 a centro penitenciario en los casos en que proceda, visitas a los Centros de menores algunos a una larga distancia del órgano jurisdiccional, y un largo número de actuaciones en los que el estudio ni entra.

JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

1) La determinación de la medición de la carga de trabajo, de forma exclusiva sobre el número de internos dependientes de cada Juzgado, no es indicativo del volumen de trabajo de un Juzgado. Basta para ello tener en cuenta que los internos presos preventivos no generan el mismo número de asuntos que un preso penado. En cualquier caso un número razonable de internos –la ratio de 1.000 internos lo es– permiten un mayor conocimiento personalizado.

2) La determinación de la medición de la carga de trabajo exclusivamente porel número de asuntos registrados, no es indicativo del volumen de trabajo de un Juzgado pues está sujeto a variaciones relevantes a causa del registro de los asuntos. Baste como ejemplo la pena de trabajos en beneficio de la comunidad: puede incoarse un solo expediente por sentencia (como una ejecutoria) o bien un expediente por cada plan propuesto por el Servicio de gestión de penas y medidas alternativas (es frecuente que por una pena se confeccionen varios planes). O el caso de un expediente PER en el que se autoricen los permisos semestrales, lo que excluiría al menos dos expedientes de este tipo.

3) Es necesario valorar, además de las resoluciones, los desplazamientos que los titulares de este tipo de Juzgados realizan a los Centros Penitenciarios: También el tiempo dedicado a las visitas de familiares.

4) Asimismo, deben indicarse las oscilaciones que en el número de internos puede haber en un mismo centro penitenciario de forma provisional o incluso definitiva puesto que en Aragón está prevista una ampliación de la capacidad del Centro Penitenciario de Teruel, con el previsible aumento de trabajo.

Como conclusión señalar que la propuesta como valoración de la carga de trabajo en función del número de asuntos (de 4.766 a 5.708) se considera excesiva, indicando que estos Juzgados no cubrirían el mínimo pese a superar con creces el número de 1.000 internos por Juzgado (de los que el número de preventivos no es relevante) y sugiriendo que, en todo caso, se den pautas para el registro de asuntos a fin de uniformar la carga de trabajo.

ÓRGANOS UNIPERSONALES MIXTOS

El presente informe tiene por objeto exclusivamente hacer alegaciones y propuestas de modificación a los indicadores de entrada previstos por el estudio de medición de carga de trabajo elaborado por el CGPJ, en relación con los juzgados de primera instancia e instrucción (o “mixtos” como vienen referidos en el informe).

En relación con los juzgados mixtos pueden hacerse, por un lado, las mismas apreciaciones críticas que cabe realizar al conjunto del estudio elaborado por el CGPJ, y que, sintéticamente, pueden resumirse en la discutible opción del Consejo consistente en tomar en consideración el número global de asuntos que entran en cada juzgado, sin descender a la tipología y características de cada uno de ellos, así como hacer referencia no en sentido estricto al rendimiento que cabe exigir al juez sino a la carga de trabajo razonable que debe soportar el juzgado en su conjunto, omitiendo además cualquier referencia a las consecuencias que habrán de producirse cuando el volumen de entrada rebase el tope máximo de las “horquillas” contenidas en el informe de medición, algo ciertamente previsible.

Igualmente, pueden aplicarse también a los juzgados mixtos las mismas alegaciones contenidas en este informe respecto de la medición del trabajo para los juzgados exclusivos de primera instancia o de instrucción, que por ello en este punto damos también por reproducidas.

Pero, por otro lado, también cabe hacer ciertas apreciaciones a las previsiones específicas contenidas en el informe del Consejo sobre la carga de trabajo de los juzgados mixtos, que son las que constituyen propiamente el objeto de este informe. Así, de manera separada, pueden hacerse las siguientes propuestas de modificación:

a) A nuestro juicio, el informe del Consejo no valora adecuadamente ni de manera ajustada la incidencia del servicio de guardia en la carga de trabajo de los juzgados mixtos. En efecto, el informe afirma haber aplicado un factor de corrección del diez por ciento, por razón de la mayor penosidad de la jurisdicción mixta, dada la existencia de dos tipos de señalamientos y de la necesidad de prestar el servicio de guardia.

Sin embargo, no parece acertado dar el mismo tratamiento a la incidencia del servicio de guardia para todos los juzgados mixtos. Así, debe reconocerse que dicha incidencia será mucho mayor en un juzgado único, que se encuentra en servicio de guardia de manera ininterrumpida, que en cambio en un partido judicial que cuente con siete juzgados mixtos, que únicamente prestan el servicio de guardia, en régimen de permanencia, una vez cada siete semanas.

Por ello, desde Foro Judicial Independiente proponemos que el factor de corrección del diez por ciento, si bien parece ajustado para los partidos judiciales de al menos cuatro juzgados y servicio de guardia de permanencia, debe incrementarse hasta un quince por ciento para los partidos judiciales de dos y tres juzgados, que prestan servicio de guardia en régimen de disponibilidad, y hasta un veinte por ciento para los juzgados únicos, en servicio de guardia de manera ininterrumpida.

b) Por otro lado, en la medida en que el informe del Consejo parte de la base de que su objeto no es medir el rendimiento del juez sino la carga de trabajo adecuada para el Juzgado, debería igualmente valorar que, con mucha frecuencia, el número de funcionarios que conforman la plantilla de los juzgados mixtos de pueblo es inferior al de los juzgados de capital de provincia, en los que se han dividido jurisdicciones.

Lógicamente, no puede exigirse el mismo rendimiento a un juzgado que dispone de una plantilla de diez funcionarios, como es frecuente en las capitales de provincia, que a un juzgado que dispone de apenas cuatro funcionarios, dos en la sección civil y dos en la sección penal, supuesto nada infrecuente en los juzgados mixtos de pueblo.

A ello debe añadirse que también es igualmente frecuente que los juzgados mixtos de pueblo tengan ciertamente una peor condición que los de capital de provincial en materia de medios materiales-desgraciadamente existen numerosas sedes judiciales en partidos judiciales de pueblo que se encuentran en un estado paupérrimo-o en relación con otros profesionales que trabajan para la Administración de Justicia, pues como todo juez de pueblo sabe, no es lo mismo disponer de médico forense y fiscal en el mismo edificio judicial, a que estos deban desplazarse desde la capital para practicar alguna actuación de guardia.

Por ello, Foro Judicial Independiente propone igualmente que el informe de medición aplique también un coeficiente de corrección adicional, tomando en consideración la menor dotación funcionarial y con frecuencia peores medios materiales que sufren los juzgados mixtos de pueblo.

c) Por último, a nuestro juicio, el informe de medición de carga de trabajo debería de contener igualmente alguna previsión específica para los Juzgados mixtos con competencia en materia de Registro Civil. Resulta llamativo que, ni en el ámbito de los Juzgados exclusivos de Primera Instancia ni tampoco en el de los Juzgados mixtos, el informe realice mención alguna al volumen de asuntos generados por el desempeño de un servicio básico como es el Registro Civil que, indudablemente, supone también una fuente de entrada de asuntos en el juzgado que han de ser convenientemente tramitados y resueltos. Parece como si la tramitación de expedientes como por ejemplo los de nacionalidad o matrimonio, con las correspondientes audiencias reservadas y la propia boda, no supusieran una labor más que debe realizarse en estos Juzgados y que ha de ser tomada en consideración para medir la carga de trabajo adecuada de estos Juzgados.

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Lo primero que resulta sorprendente es que, de acuerdo con los datos propuestos en el Estudio, pueda superarse con la calificación de “razonable” la carga de trabajo correspondiente al número de registro de entrada de los antiguos módulos anulados por el Tribunal Supremo. Es decir, tomando la cifra máxima propuesta (518) y los 100 asuntos repetitivos nos encontraríamos, haciendo una sencilla operación, con 618 asuntos, lo que resulta imposible de atender con unos mínimos estándares de calidad para el justiciable.

El Estudio indica que la media de resolución de asuntos por juzgado ha girado en torno a 636 asuntos (unas 368 sentencias), pero no puede olvidarse que ello ha sido debido a una situación de sobreesfuerzo que no puede mantenerse en el tiempo y a los refuerzos de los juzgados por parte de más de un juez, de manera que no puede tomarse esa tasa de resolución como “normal”.

Por otra parte, la nueva regulación sobre imposición de costas al litigante vencido va a provocar un obstáculo disuasorio de los asuntos de menor entidad económica y, normalmente, de menor enjundia. Los asuntos que se están registrando desde la entrada en vigor de la Ley 37/2011 de agilización procesal son de una notable complejidad, que exigen en la mayoría de los casos un mayor esfuerzo intelectual individualizado que precisa más tiempo para resolver. Es decir, ya son contadas las controversias fáciles de resolver y, en general, presentan dudas de hecho y de derecho muy dificultosas de abordar, a la vez que se mantiene una amplísima diversidad de materias tras la ampliación de competencias de diciembre de 2003, que ha convertido al juez de lo contencioso en el juez universal de la actividad de los entidades locales. A la anteriormente expuesto se une el hecho de que los juzgados conozcan de los actos (también de contenido absolutamente dispar) de organismos autónomos autonómicos, lo que lleva a que se enjuicien procesos sobre responsabilidades patrimoniales sanitarias (sin límite cuantitativo) de los servicios de salud, contrataciones y deudas a proveedores de estos mismos servicios, selección de personal estatutario fijo, contratos de todo tipo o autorizaciones ambientales respecto a los proyectos de la mayor importancia ambiental y económica.

Asimismo, la materia de extranjería (normalmente simple en su resolución) se ha reducido, en general, considerablemente y la que tiene actualmente entrada en los juzgados es también más compleja en cuanto exige analizar situaciones nada sencillas de resolver (como es la existencia de altos niveles de arraigo en ciudadanos extranjeros que también han protagonizado conductas antisociales, etc.).

Por otro lado, no puede obviarse la dificultad objetiva que presentan ciertos incidentes, como ejecuciones o medidas cautelares que suponen consecuencias sociales o políticas muy relevantes en los territorios donde radican nuestros juzgados. Tales asuntos pueden paralizar la actividad resolutiva de un juzgado una semana o un tiempo superior, si se quiere adoptar una decisión sosegada y lo más correcta posible.

De ahí que, en cuanto a la carga máxima de trabajo razonable anual de los juzgados de lo contencioso administrativo, FJI siga manteniendo que lo correcto sería acoger los parámetros fijados en el grado estándar por la empresa Steria Norman & Broders: 450 asuntos anuales para los órganos jurisdiccionales unipersonales de lo contencioso administrativo. Se trata de un trabajo hecho por profesionales, riguroso, objetivo, científico y sin directrices sobre resultados predeterminados.

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE LO SOCIAL

A.- Juzgados de lo Social con ejecuciones.

Para obtener la carga de trabajo de entrada el informe parte de el actual indicador de entrada (con 15% de coeficiente reductor por cambios legislativos), el realizado por la empresa Steria en 2004, el estudio del servicio de Inspección realizado en 2009 sobre una mediana de entrada de las tres últimas anualidades y el informe de carga de trabajo cualificada de 2011. El resultado se ha sumado y se ha dividido entre cuatro.
A la anterior fórmula de cálculo alegamos los siguientes motivos de oposición:

I.- Modificaciones legislativas y su relevancia en la actividad de los Juzgados de lo Social.

Los sumandos utilizados se han fijado sin tener en cuenta los cambios normativos que han dificultado el conocimiento de los asuntos en esta jurisdicción, sin que el 15% de coeficiente reductor a los 850 asuntos sea un número suficiente, dada la trascendencia de los cambios habidos, y en concreto:

– La Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial introdujo, entre otras cosas modificaciones:

o La acumulación de acciones de extinción de contrato de trabajo por impago de salarios con las de reclamación de cantidad (art. 26 de la LPL), asumiendo en un único procedimiento, con la dificultad que ello implica, dos acciones que hasta ese momento tenían entrada en demandas distintas.

o La misma reforma determinó un cambio más importante si cabe: los arts. 29 y siguientes implantaron de forma obligatoria la acumulación de procesos presentados ante el mismo o distintos órganos judiciales, bien por identidad de acción o bien por conexidad, para evitar el dictado de Sentencias contradictorias. Con esta reforma, la entrada de asuntos no cambia, pero sí se reduce el número de resoluciones a dictar, con aumento de la dificultad en ellas.

– El RDL 10/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y la posterior Ley 35/2010, supuso, entre otras cosas, la modificación de las causas objetivas de extinción del contrato de trabajo, iniciándose un camino de abandono del “despido exprés” (algo sin dificultad técnica en los tribunales), para aumentar el número de despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Este aumento de la dificultad sin cambio en el número de entrada, tampoco se ha tenido en cuenta suficientemente.

– La Ley Reguladora de Jurisdicción Social 36/1011 entró en vigor en diciembre de 2011. Aquí el cambio ha sido radical y no suficientemente valorado; como principales reformas que tienen relevancia para el presente informe, cabe destacar:

o Que las acciones de despido y de extinción de contrato de trabajo son acumulables.

o Que también lo son las acciones de despido con la reclamación de cantidad en términos del art. 49.2 del ET.

o Que la jurisdicción social asume toda la impugnación sancionadora de la administración en el marco laboral y el derecho administrativo en lo que afecta al ámbito sindical y otras materias relativas a funcionarios públicos y estatutarios, como indica el informe; en este sentido, la necesidad de adaptación, la mayor complejidad técnica, y el aumento de las medidas cautelares exigen un mayor esfuerzo que no ha sido suficientemente valorado en el informe, sin que la ley haya dado soluciones similares a la jurisdicción CA en supuestos de demandas reiterativas, como el pleito testigo.

o De la misma forma se asume de una manera definitiva todas las acciones derivadas de accidente de trabajo, con acumulación de acciones y procesos; lo que en otros ámbitos jurisdiccionales da lugar a una demanda, una contestación a la demanda, una audiencia previa y un posterior acto de juicio aquí se ventila en un juicio verbal, minusvalorando el informe esa importante diferencia en tramitación y resolución con respecto a otras jurisdicciones.

o Por último y no menos importante, las reclamaciones de cantidad que pueden acceder a la vía de recurso de suplicación pasan de las que superan los 1.800 € a las que superan los 3.000 €: son ahora más los asuntos que conocemos en única instancia y ello obliga a una mayor serenidad y sosiego en el estudio y la resolución.

– El RDLey 3/12 y la posterior Ley 3/12 de reforma del mercado de trabajo han supuesto, entre otras cosas:

o La supresión del despido exprés, siendo sustituidos por despidos objetivos más complicados técnica y jurídicamente.

o La mayor flexibilidad interna, con aumento de las demandas de modificación sustancial de condiciones de trabajo, contra las que no cabe recurso.

o La supresión de la ultra actividad de los convenios, con una mayor inseguridad jurídica en la normativa a aplicar aún por valorar.

o En definitiva y a modo de ejemplo para aclarar todo lo expuesto, si a fecha de los valores que han servido para obtener la media de carga de trabajo cualquier juzgado podía tener 75 demandas de 25 trabajadores de una misma empresa que accionaban por despido, extinción de contrato de trabajo y reclamación de cantidad, ahora todo se ventila en una única demanda con 75 acciones acumuladas y ese desvío real y habitual se quiere corregir con una reducción de 50 asuntos de entrada (de 850 a 800), resultando del todo insuficiente.

– El Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, en vigor al día siguiente de su publicación, BOE 30/10/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, además de regular reglamentariamente el proceso de despido, la suspensión del contrato de trabajo y al reducción de jornada colectivos, ha determinado las causas y el proceso de los despidos colectivos del personal laboral del sector público, modificación posterior al informe analizado y de máxima trascendencia en esta Jurisdicción. La apertura de esta posibilidad abre una nueva vía de flexibilidad externa para el sector público que mucho nos tememos, conllevará una avalancha de decisiones extintivas, con sus correspondientes impugnaciones individuales y colectivas. Estos asuntos, por su importancia, la mayor complejidad técnica y motivadora, deben tener una ponderación en la medición de la carga de trabajo, debiendo de reducir el número de entrada de asuntos para poder dedicarle a estas materias la atención que necesiten.

II.- La realidad de los Juzgados de lo Social.

Como segundo ámbito de oposición a la medición de la carga de trabajo propuesta, y en relación con el primero, hay que resaltar una realidad que todos los que prestamos servicios en los Juzgados de lo Social constatamos diariamente. Los incesantes cambios normativos, las reformas continuas, están dificultando su adaptación por todos los operadores jurídicos. A pesar de los cambios ocurridos, existen demandas que se siguen presentando de forma individual y no acumulada. En los decanatos, la adaptación a la actual normativa en materia la acumulación de procesos también está siendo dificultosa. Esta realidad está llevando a que muchos asuntos se sigan presentan de forma separada, a pesar de que la norma permite u obliga a su acumulación.

Esta es la realidad que se ha tenido en cuenta para realizar la medición de carga de trabajo de entrada, una realidad ajena a la norma de aplicación. Frente a ello, una vez que las reformas procesales se asienten, serán muchos menos los asuntos que se registren, presentándose por el contrario demandas en las que la acumulación objetiva y subjetiva de acciones sea algo general. A la vez la acumulación de procesos se convertirá en algo rutinario no ya solo perseguido de oficio, sino instado por las partes.

El panorama es claro: menor número de entrada y mayor dificultad y tiempo en la resolución de un menor número de Sentencias. Si hoy por hoy las demandas se presentaran en forma, 800 asuntos al año serían inasumibles, y si lo están siendo ahora es precisamente por lo expuesto, porque por distintas razones e intereses no se cumple al 100% con las normas de acumulación vigentes.

III.- Las variaciones en partidos judiciales.

Una alegación que es extensible a otras jurisdicciones, pero especialmente se constata en la social, es la variable dificultad de los asuntos, dependiendo del partido judicial en el que se preste servicio. No es lo mismo desarrollar la actividad jurisdiccional laboral en ciudades como Madrid o Barcelona, que en otras con menos tejido empresarial. La dificultad es mayor en poblaciones asentadas en ciudades con amplio desarrollo industrial que en otras mayoritariamente rurales. Esta realidad tampoco se tiene en cuenta en el estudio realizado, sin que la horquilla de máximos o mínimos dé respuesta justificada ni suficiente a tal incidencia.

IV.- El Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Presupuestaria en la Administración de Justicia y modificación de la LOPJ.

El cuarto motivo de oposición tiene un claro contenido general, que afecta a todas las jurisdicciones y órganos judiciales, pero especialmente a ésta, donde el tipo de proceso verbal y la dinámica de trabajo de demanda, juicio y sentencia, te obliga a un esfuerzo semanal e ininterrumpido.

Si el proyecto de reforma sale adelante en sus actual articulado, debemos de fijar fórmulas de sustitución entre compañeros, asumiendo obligatoriamente el conocimiento de asuntos de otros Juzgados. Asumir el trabajo de otros compañeros obligará a reducir la cantidad de trabajo a realizar para poder conocer y resolver sin dilaciones prohibidas por la ley, tanto los asuntos de tu juzgado, como los que asumes por sustitución. Este elemento no se ha tenido en cuenta en el estudio objeto de este informe, al fijarse carga de trabajo por órganos judiciales y no por titulares de los mismos.

B.- Juzgados de lo Social sin ejecuciones.

– Todo lo dispuesto en el apartado anterior hay que darlo por reproducido en el presente, por ser coincidente.

– A la fecha del indicador de resolución tomado en cuenta (abril de 2011), no se habían producido la mayoría de las reformas expresadas en el apartado anterior, por lo que procede descartar igualmente su validez para trasladar sus consecuencias al momento actual.

C.- Juzgado de lo Social especiales en ejecución.

– Una vez más se toman en consideración un período de tiempo (2009-2011) en el que la crisis económica ha afectado de manera muy importante a la jurisdicción social y se asume como “normal” la carga de entrada que han asumido estos órganos jurisdiccionales, convirtiendo el sobreesfuerzo de todos los profesionales que en ellos han prestado servicios en la carga de trabajo de entrada “razonable”, algo que no se puede asumir, debiendo de haberse realizado un estudio más profundo que incluyera, entre otras cosas, la concurrencia de refuerzos, el tiempo de respuesta o la duración de la tramitación de las distintas ejecuciones.

Evaluación de la carga de trabajo “razonable”.

Ante todo lo expuesto, nos oponemos a la carga de trabajo razonable propuesta por considerarla excesiva ante la realidad del día a día de los Juzgados de lo Social, proponiendo:

– LA DISMINUCIÓN EN UN 20% DE LA PROPUESTA EN EL ESTUDIO OBJETO DEL PRESENTE INFORME, al fin de poder asumir y resolver con la necesaria tranquilidad y dedicación los asuntos que se tramitan y resuelven en los juzgados.

– AUMENTO DE LA HORQUILLA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS A UN 15% PARA ADAPTAR LA CARGA DE TRABAJO A LA REALIDAD DE CADA PARTIDO JUDICIAL, debiendo de fijarse una escala en la que los partidos con mayor dificultad técnica asuman tan solo la carga mínima.

Por todo lo indicado, la CARGA RAZONABLE SERÍA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL CON EJECUCIONES: 590 ASUNTOS, HORQUILLA DE 502 A 678 ASUNTOS.

– JUZGADOS DE LO SOCIAL SIN EJECUCIONES: 672 ASUNTOS, HORQUILLA DE 572 ASUNTOS A 772 ASUNTOS.

– JUZGADOS DE LO SOCIAL ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 2.712 EJECUCIONES, HORQUILLA DE 2.306 A 3.118 EJECUCIONES.

AUDIENCIAS PROVINCIALES

AUDIENCIAS PROVINCIALES (SECCIONES CIVILES)

I.- Consideraciones previas.

a) Foro judicial independiente ya llevó a cabo un estudio de la carga de trabajo de las secciones civiles de las Audiencias Provinciales en marzo del año 2.009 con ocasión de informar a un estudio llevado cabo en esa fecha por el Servicio de Inspección. En dicho estudio se concluía que “una carga de trabajo racional y razonable debe situarse en 4 ponencias semanales por magistrado, lo cual significarían 640 ponencias anuales para salas de cuatro magistrados y 480 ponencias anuales para salas de tres magistrados, cifra que nunca debería ser rebasada”.

b) Las consideraciones y conclusiones de ese informe deben seguir considerándose válidas al día de hoy, partiendo de la base de que lo que se trataba de fijar es el rendimiento razonable que cabe exigir a un Magistrado, por lo que se determinaba el número máximo de ponencias que, de media anual, debía examinar y resolver.

c) Ahora bien, según se dice en el presente estudio, lo que se propone es un “nuevo sistema de medición de las cargas de trabajo, no de medición del rendimiento de jueces y magistrados, cuya determinación requerirá un trabajo posterior”. Por tanto de lo que se trataría ahora, según parece, es de establecer un límite a partir del cual debe estudiarse la creación de nuevas plazas judiciales y no el rendimiento específico que cabe exigir a cada Magistrado. Ciertamente es loable además que se rebaje la media estadística sobre la base de estimar la actual asunción por parte de los Magistrados de una sobrecarga de trabajo, calculándola de forma generosa a partir de los trabajos llevados a cabos con anterioridad.

d) Aunque la carga de trabajo máxima y el rendimiento exigible son dos conceptos íntimamente relacionados, dado que no cabe pensar que un Magistrado pueda soportar una carga de trabajo consistente en un número de asuntos muy superior a los que pueda estudiar y resolver, lo cierto es que en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales un porcentaje de asuntos se resuelve sin necesidad de dictar resolución de fondo, bien por desistimiento del apelante, bien por apreciación de defectos formales que impiden que se examine el fondo del asunto, bien por otras causas que determinan que la asignación de la ponencia no haga preciso su estudio para deliberación y fallo y el dictado de una sentencia resolviendo las cuestiones planteadas en el recurso, poniéndose fin a la tramitación del asunto por decisiones carentes de toda complejidad o que incluso en la legislación actual se atribuyen al Secretario Judicial.

e) Por ello se considera admisible que haya una pequeña diferencia entre carga máxima y número de asuntos que debe resolver el Magistrado, bien entendido que el hecho de quedar exentos esos asuntos de deliberación y fallo sobre las pretensiones del recurso, no excluye el que contribuyan a la carga de trabajo del órgano judicial requiriendo resoluciones de trámite que también requieren, si bien en menor medida, estudio y tiempo.

f) Desde esta nueva perspectiva, el proyecto de medición de carga de trabajo que ahora se somete a alegaciones abandona el criterio de horas punto (y con él la referencia a lo que se puede resolver razonablemente por cada miembro del órgano en la jornada establecida para los funcionarios públicos como única referencia objetiva y no corrompida que permita metodológicamente establecer la carga de trabajo que debe soportar cada magistrado y, por la suma de los que lo componen, el órgano jurisdiccional). De este modo se elude la cuestión esencial de que desde hace mucho tiempo los jueces resuelven mucho más de lo que razonablemente puede resolverse en una jornada laboral a costa del sacrificio de su vida personal y familiar, por cuanto evidentemente, como se puso de manifiesto por las alegaciones de FJI y de otras asociaciones de jueces al anterior proyecto, si se fija una carga de trabajo asumible en la jornada laboral de un funcionario la media de lo que cada magistrado viene resolviendo nunca se alcanzará. Para alcanzar el nuevo objetivo se opta por abandonar todo criterio metodológico de medición de la carga de trabajo, basando las conclusiones en la ponderación de medianas estadísticas (obtenidas de órganos sobrecargados de trabajo y en muchas ocasiones reforzados). Así los redactores del nuevo estudio, en apoyo de este nuevo enfoque, colocan sucesivamente las distintas propuestas de número de asuntos por magistrado que se han ido elaborando en los últimos años.

Se echa de menos un estudio de las consecuencias que para la carga de trabajo tiene el que los asuntos de menor complejidad hayan quedado fuera del recurso de apelación tras las últimas reformas procesales. Es decir no se toma en cuenta que la eliminación de los asuntos de menor complejidad ha conducido a un aumento en términos estadísticos de la complejidad de los asuntos que ahora examinan las secciones civiles de las Audiencia Provinciales.

g) Merece igualmente un juicio positivo que se reconozca que los indicadores establecidos por el Consejo hasta ahora para secciones civiles de Audiencias Provinciales estaban por completo alejados de la realidad, situación que había provocado que los magistrados de las secciones civiles de las Audiencias Provinciales quedasen sistemáticamente excluidos de las retribuciones variables, salvo los pertenecientes a secciones especializadas en familia, a pesar de que su esfuerzo era en todo equiparable a los de otros órganos que sí percibían esas retribuciones.

h) El proyecto objeto de este informe distingue secciones civiles “puras” de las secciones civiles “especializadas en familia” y “especializadas en mercantil”. Las secciones “especializadas en mercantil puras” son sólo 2 en toda España y las secciones “especializadas en familia puras” tampoco superan el número de 2. Existen sin embargo secciones especializadas en familia y/o mercantil que además llevan asuntos civiles ordinarios, superando en ocasiones en número de asuntos civiles ordinarios el de aquéllos que asumen en función de su especialidad. Se echa de menos en estos supuestos normas para determinar el peso que los asuntos mercantiles o de familia suponen en la medición respecto de los civiles que junto con ellos siguen llevando. Sería preciso por ello que se expresara, como se hace en los Juzgados de primera instancia con competencia mercantil, el valor que se daría a los procedimientos mercantiles y de familia que llevasen estas secciones no dedicadas en exclusiva a estas materias.

Particularmente, la materia mercantil suele comprender los asuntos de mayor complejidad y dificultad, cuya doctrina suele aún no estar sentada, así como los de mayor cuantía, y por tanto mayor responsabilidad. El indicador de valor relativo no puede ser inferior al que se fija para el mismo tipo de asuntos en los juzgados de primera instancia que llevan asuntos mercantiles. Y debe tenerse en cuenta, igualmente, que el hecho de ser las secciones con competencia mercantil y civil general supone mayor necesidad de estudio individualizado de los asuntos mercantiles que en las secciones mercantiles puras, en las que será habitual la repetición de asuntos con similares pretensiones y objeto.

Se propone por todo ello que se multiplique por 2,2 la puntuación de los asuntos mercantiles con respecto a un asunto civil ordinario y que se pondere el la horquilla en estas secciones con arreglo a ese criterio. Sería conveniente una corrección similar para los asuntos de familia de que conozcan las secciones civiles que lleven también este tipo de asuntos en exclusiva. Así se ha hecho, por otra parte, en normas de reparto aprobadas para algunas Audiencias Provinciales, como la de Las Palmas.

j) Del estudio que se hizo con ocasión de la propuesta elevada en marzo de 2.009 resulta que Foro Judicial Independiente estimaba que cada Magistrado no debía resolver en ningún caso más de 160 ponencias al año, propuesta que debe seguir siendo considerada más que razonable ya que lo deseable es que los Magistrados tengan tiempo más que sobrado para estudiar y deliberar los asuntos con la serenidad y tranquilidad que las delicadas decisiones que han de tomar exigen.

La propuesta actual del Consejo es que cabe considerar como carga razonable de trabajo la entrada en el órgano judicial de entre 182 y 218 asuntos por Magistrado para las secciones civiles puras.

La cifra más baja supone superar en 22 asuntos el asignado como número máximo de ponencias en el informe de FJI de marzo de 2.009. La cifra más alta implica superar esa cifra en 58 asuntos, lo que parece excesivo.

No obstante si partimos de que esas cifras no van a significar el aumento de ponencias que efectivamente debe resolver un Magistrado, sino que sólo establecen la carga de trabajo a los efectos de creación de nuevas plazas, puede considerarse aceptable la horquilla que se propone, sobre la base de que se trata de números que miden la entrada y de que aumentos o disminuciones de la carga de trabajo de carácter circunstancial o temporal y de poca entidad relativa no deben conducir a la adopción de decisiones sobre creación o disminución de plazas judiciales.

Al mismo tiempo, conforme a lo que se ha dicho, es igualmente razonable que ese número sea algo superior cuando la sección se encuentra especializada en familia y que sea claramente inferior cuando la sección se encuentra especializada en mercantil, lo que debería medirse mediante un índice de ponderación del valor de los asuntos de familia y aplicando a las secciones especializadas en mercantil, al menos, el indicador de 2,2 con respecto a los asuntos civiles que se propone para los juzgados de primera instancia con competencias mercantiles.

II.- CONCLUSIONES.

1.- Foro Judicial Independiente debe mantener que no cabe exigir a un Magistrado de una sección civil pura de Audiencia Provincial que estudie, delibere y resuelve más a allá de 160 ponencias al año, por cuanto que sólo esa cifra garantiza que de dedique a las resolución de los asuntos el estudio y deliberación que garanticen la calidad exigida por los ciudadanos, debiendo considerarse el hecho de que actualmente se supere de media esta cifra como un esfuerzo o sobrecarga que están llevando a cabo los Magistrados de estos órganos con respecto al cual deben adoptarse medidas para eliminarlo.

2.- Partiendo de ese número máximo de resoluciones de fondo, puede considerarse aceptable que se fije la carga de trabajo razonable a los efectos de tomar decisiones sobre la creación o supresión de plazas en una horquilla comprendida entre los 182 y los 218 asuntos por Magistrado, siempre que en tales cifras se entiendan incluidos todos los asuntos que ingresan en el órgano judicial, cualquiera que sea la forma de terminación de los mismos (incluso por Decreto del Secretario).

3.- La diferenciación de la carga de trabajo según las secciones carezcan de asuntos mercantiles o de familia o tengan atribuido el conocimiento de estos asuntos supone un acercamiento del proyecto a la realidad evidenciada por las tasas de resolución en las distintas secciones civiles de las Audiencias Provinciales que por primera vez se reconoce por el Consejo General del Poder Judicial. No obstante se hace necesaria la indicación de un módulo de ponderación del valor relativo de los asuntos de familia y mercantiles respecto a los asuntos civiles que en ningún caso podrá ser inferior al que se propone para los órganos jurisdiccionales de primera instancia (2,2 para los asuntos mercantiles) para ajustar la medición a la realidad en aquellas secciones que, estando especializadas, siguen no obstante llevando asuntos civiles ordinarios.

AUDIENCIAS PROVINCIALES (SECCIONES PENALES)

I.- CRÍTICAS GENERALES.

1.- Se desconoce por qué para fijar el óptimo de entrada de asuntos se toma en consideración la media de los años 2009-2011 cuando se reconoce en el informe del CGPJ que las secciones penales soportaron exceso de trabajo esos años.

2.- Si se tomaron en consideración los datos del año 2004, se ha de precisar que desde esa fecha han cambiado sustancialmente las condiciones de trabajo de las secciones penales.

Las numerosas reformas penales que se han sucedido, y las que están en ciernes de ser aprobadas, han provocado una mayor complejidad de los asuntos tanto en los enjuiciamientos en primera instancia (mayor número de acusados y partes), como en las apelaciones de sentencia de los juzgados penales (necesidad de visionar las grabaciones de los juicios y mayor complejidad de los mismos por idénticas razones a las ya expuestas para los juicios competencia de las Audiencia Provinciales); como en el control de la instrucción y fase intermedia (por la mayor complejidad de las causas).

3.- No se comprende por qué se concluye que no se tienen en cuenta las ejecuciones de sentencias, cuando su número rondaría la nada despreciable suma de unas 60 al año, y a causa de las reformas legales cada vez tienen mayor dificultad por el creciente número de penas y medidas alternativas que establecen las nuevas normas (alejamiento, controles telemáticos, trabajos en beneficio de la comunidad, cursos etc.), junto a la tradicional complejidad derivada de suspensiones y sustituciones de penas privativas de libertad, que, normalmente, obligan a dictar varias resoluciones bien para conceder o denegar los citados beneficios.

4.- Asimismo, como quiera que las normas en trance de aprobación imponen sustituciones obligatorias, será necesario reservar un número de días para realizar las mismas en otras secciones, o en las propias cuando tengan 4 o más magistrados, con ocasión de bajas de enfermedad, cursos, vacaciones de compañeros etc.

II.- SEMANAS UTILES

1.- Para la celebración de juicios orales hay 36 semanas útiles, descontando 6 en verano, 3 en navidad, 3 por las fiestas nacionales, locales y autonómicas y Semana Santa, porque resulta imposible conseguir la presencia segura de los testigos y profesionales en los juicios.

2.- Para el resto de actividades: apelaciones sin vistas contra sentencias de los juzgados penales (y de menores) y contra las sentencias de los juicios de faltas; apelaciones contra resoluciones de la instrucción y fase intermedia de los juzgados de instrucción, menores y violencia contra la mujer; apelaciones contra resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria; tendríamos 40 semanas útiles, teniendo en cuenta que no lo son 5 en verano por vacaciones, 1 en navidad, 3 por el resto de fiestas y Semana Santa, 1 cuando presida cada uno de los magistrados el procedimiento del Jurado que le corresponderá cada año, que le obliga a estar a entera disposición del Jurado una semana al menos, y 2 por sustituciones a otras secciones por bajas, cursos y vacaciones. Si el número de sustituciones realizadas rebasase el de 10 al año, se compensaría con la parte proporcional de ponencias asignadas por cada día que se sustituya de más.

III.- CARGA DE TRABAJO ÓPTIMA

La carga de trabajo que se considera óptima debe tener en cuenta que, deducidas, al menos, dos mañanas casi completas a la semana para la celebración de las vistas de los juicios orales, quedarían menos de 30 horas a la semana para el resto de actividades comunes de la sala (deliberar y leer 13,5 resoluciones a la semana), estudio y redacción de las ponencias propias (6,5 de media a la semana), más la ejecución de las sentencias y otras cuestiones procedimentales (señalamientos de juicios, incidencias generales, visitas de profesionales, consultas de funcionarios) y de estudio general (consultas de BOE y estudio de leyes etc.).

Todo ello, sin contar la posibilidad de que se reciban procedimientos de extraordinaria complejidad, que necesitarán una dedicación especial, o, que, si se despenalizan las faltas, se deberá aumentar el número de otras resoluciones, pero en menor cantidad que el que se asigna a las faltas, por la menor dificultad de las resoluciones que se dictan contra las resoluciones adoptadas en estos procedimientos. En su caso, la nueva carga de trabajo se reduciría a razón de 2 faltas/1 sentencia o auto en apelación.

Las secciones que cuenten con 4 o más magistrados tendrán idéntica proporción de trabajo, aunque las sustituciones serán, normalmente, en turno interno de la propia sección.

*Asimismo, las Secciones que conozcan Vigilancia Penitenciaria tendrían una conversión de 2 ponencias por cada recurso de apelación contra resoluciones de la instrucción y fase intermedia de los juzgados de instrucción, menores y violencia contra la mujer. La menor dificultad así lo justificaría.

Ejemplos. Si cada magistrado dicta 50 autos por apelaciones de VP tendría que resolver, además, 55 recursos generales (50/2=25 + 55). En total, 105 de esa clase magistrado/año y 284 en total magistrado/año.

Si cada magistrado dicta 100 autos por apelaciones de VP tendría que resolver, además, 30 recursos generales (100/2=50 + 30). En total, 130 de esa clase magistrado/año y 309 en total magistrado/año.

Si cada magistrado dicta 150 autos por apelaciones de VP tendría que resolver, además, 5 recursos generales (150/2=75 + 5). En total, 155 de esa clase magistrado/año y 334 en total magistrado/año.

Clases de
resoluciones Nº de
semanas
útiles Carga Semanal x magistrado Carga anual x magistrado Carga anual
de la sala
Sentencias de
juicios orales 36 0,5
18
54
Sentencias de Jurado 1

1 3
Sentencias en
apelación 40 2
80 240
Autos en
apelación* 40 2 80 240
Sentencias de faltas 40 2
80 240
Total x magistrado
6,5 x semana 259 x año

Total Sala 19,5 x semana 777 x año

SALAS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y AUDIENCIA NACIONAL

SALAS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

Se constata en el estudio realizado por el servicio de inspección que la mediana estadística refleja un número de asuntos de entrada que podría fijarse entre 237/283 asuntos anuales, a lo que debe añadirse otros 60 asuntos repetitivos. En este sentido realizamos las siguientes alegaciones.

Primera.- Manifestamos nuestra disconformidad con los datos que se expresan en el estudio de la Inspección, por entender que no se ha tenido en consideración que, en vigor la Ley 37/2011, el número de Recursos de Apelación ha sufrido un decremento y se prevé que el mismo será superado, cuando entre en vigor en su plenitud dicha reforma legislativa.

De esta manera, debemos hacer resaltar que aproximadamente el ochenta por ciento o incluso número superior de los asuntos que se registran en los TSJ Salas Contencioso Administrativa, son procedimientos que se tramitan en “única instancia” hasta la cuantía de 600.000 euros. A partir de dicha cuantía litigiosa únicamente podrá formularse Recurso de Casación Ordinario y Casación en Unificación de doctrina, previo cumplimiento de los requisitos establecidos “ope legis” a partir de 30.000 euros.

La tramitación de los recursos que se plantean ante los TSJ, requieren de tramitación procedimental como si de un juzgado unipersonal se tratase, que conlleva práctica de prueba, en esta única instancia, de cualquiera de las admitidas en derecho. Debido a la diferente tipología de las materias es difícil encuadrar los medios probatorios más frecuentes, pero si se puede indicar que es habitual la práctica de pruebas periciales de las más variada etiología y naturaleza, dependiendo de la materia a enjuiciar. Así por ejemplo, es frecuente en materia de urbanismo la práctica de pruebas periciales de Arquitectos o Arquitectos Técnicos, de gran complejidad; en materia tributaria, periciales emitidas por economistas o censores de jurados de cuenta; en materia de contratación administrativa emitidas por economistas o por expertos contables; en responsabilidad administrativa por daños, periciales frecuentemente más de una pericial, por expertos de las aseguradores y de la parte actora.

Mención especial debe hacerse en la materia de Responsabilidad Patrimonial Sanitaria, debido a sus peculiares características. En estos litigios, en todos ellos existen tres o a veces cuatro partes procesales personadas; la parte recurrente; la Administración, la Compañía aseguradora, y la representación del Hospital, siendo muy frecuente y casi puede decirse generalizado, la práctica de tres o cuatro periciales. Todo ello supone una complejidad técnica a la hora de la tramitación de los distintos procedimientos y supone una dedicación del Magistrado a la tramitación de los mismos. En el mismo sentido debemos exponer en relación al procedimiento sancionador. Los datos expuestos anteriormente deben ser tenidos en consideración a la hora de ponderar el número de asuntos de entrada por magistrado, que consideramos resulta elevado por los motivos expuestos.

Entendemos que el número de asuntos atribuible a cada magistrado debe estar incardinado en una horquilla desde 180/215, número equivalente y equiparable al de las Audiencias Provinciales, máxime cuando en estos Órganos Colegiados, todos los asuntos que se resuelven son Recursos de Apelación y por tanto Segunda Instancia.

Subsidiariamente, por similitud, debe entenderse razonable un número de 200/240 que son los atribuidos a la Sala de Contencioso de la Audiencia Nacional.

No entenderlo así, supondría un trato diferenciado e injustificado en relación a los órganos colegiados señalados, lo que en su momento, se podrá hacer valer en los correspondientes recursos. A lo anterior se debe añadir que el número de asuntos que se expresa por magistrado, de entrada, supondrá un retraso para los justiciables, al no poderse tramitar el número de procedimientos a los que se hace referencia, ni dar una respuesta judicial en tiempo razonable.

Segunda.- Se hace referencia en el estudio al número de asuntos sentenciados, cuando es lo cierto que, según se expone en la introducción del estudio, el mismo se refiere a la carga de trabajo “de entrada”. Manifestamos nuestra disconformidad en cuanto a los datos que en el mismo se vierten acerca del número de Sentencias, ya que como bien se indica en el estudio, la mediana estadística debe incluir todos los planes de refuerzo existentes en las distintas Salas de lo Contencioso Administrativo, debiendo procederse por el Consejo a realizar un módulo de resolución de los Tribunales Superiores de Justicia, en razón a la complejidad de las materias, referenciando en el mismo el número de asuntos que se deben resolver, que no constituye objeto de este estudio.

Tercera.- Entendemos que el número de asuntos que deben repartirse a cada Magistrado, si se quiere dar una respuesta a los justiciables, en tiempo razonable, no debe exceder del número que hemos expresado con anterioridad y reiteramos ahora. Una horquilla entre 200/240 asuntos año/magistrado.

AUDIENCIA NACIONAL, JUZGADOS CENTRALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El informe del CGPJ realizado por el Servicio de Inspección, propone como carga de trabajo 341-409 asuntos (+100 asuntos repetitivos) indicando que la mediana estadística de los tres últimos años (2009-2011), sitúa la resolución en 525 asuntos anuales por Magistrado, con un promedio de 364 sentencias al año.

Primera.- Para el cálculo de tal mediana se ha partido de la tasa de resolución de los Juzgados Centrales obtenida de los datos de la Sección de Estadística del CGPJ, pero no consta que para ello se hayan incluido solamente las sentencias dictadas por los magistrados que como titulares sirven en estos Juzgados. Por el contrario los datos de los que se parte conducen a entender que se han tenido en cuenta, a la hora de hallar las medianas, las sentencias dictadas por los magistrados de refuerzo que han tenido algunos de estos Juzgados en los últimos años. De ello se sigue que se está incrementado la mediana como consecuencia de añadir a la tasa de resolución de los magistrados titulares la que resulta de los refuerzos puntuales y coyunturales acordados para algunos Juzgados en razón de la elevada pendencia que, por causa ajenas a quienes los desempeñaban, presentaban aquellos. Se debe proceder a la depuración de tales datos estadísticos y considerar como mediana solo la tasa de resolución de los jueces titulares de estos Juzgados Centrales de lo CA. Además se ha de indicar que el número de 364 sentencias a que alude el informe se ha conseguido con un sobreesfuerzo que no puede mantenerse en el tiempo.

Segunda.- Añadir que en la propuesta/estudio, puede incluso superarse la carga de trabajo correspondiente al número de registro de entrada de los antiguos módulos anulados por el Tribunal Supremo fijados en 450 asuntos. Así, tomando la cifra máxima propuesta (409) y los 100 repetitivos, nos pondríamos en 509 asuntos. Número de asuntos que resulta imposible de atender con unos mínimos estándares de calidad para el justiciable. Sobre el concepto nuevo introducido, relativo a los asuntos “repetitivos”, decir que se desconoce a que se refiere el mismo, toda vez que, los que, pudiera pensarse, integran tal definición, tienen en la LJCA una regulación específica, cuyo cumplimiento es obligado (el denominado pleito testigo). Fuera de estos casos no existen supuestos repetitivos. Sí pretensiones similares y hasta en ocasiones con la misma causa de pedir, pero en ningún caso iguales, al precisar de un estudio individualizado que requiere tiempo.
En ocasiones es más fácil resolver el recurso, la cuestión de fondo, que las consecuencias de tal decisión. El ejemplo lo tenemos en los supuestos de responsabilidad patrimonial.

Tercera.- En el informe se habla de la importante incidencia a la baja del número de asuntos que ha supuesto la Ley 37/2011. Sin embargo esta afirmación no resulta aplicable a estos Juzgados Centrales, en los que la entrada en vigor de dicha Ley no ha supuesto un menor registro sino un incremento de los asuntos ingresados, a diferencia de lo que ocurre con otros órganos de esta jurisdicción. Pero además ocurre que los asuntos que llegan a estos Juzgados son más complicados; a la vez que han aumentado los asuntos de única estancia derivado del incremento de las cuantías fijadas para la apelación.

Se ha de reseñar el incremento de los asuntos complejos como consecuencia de la determinación de las competencias de estos Juzgados, derivado de la creación por el Estado de las Agencias, de la atribución de nuevas competencias a los organismos, de la centralización del control de la mayor parte de los actos sancionadores de los órganos de la Administración Central del Estado cualesquiera que sea el ámbito sectorial en que se inserten, o los que resuelven reclamaciones de responsabilidad patrimonial etc.; y junto a ello se han reducido hasta ser testimoniales los asuntos de menor dificultad, como los dictados en materia de inadmisión de asilo que antes suponían un número importante de los registrados.

También hay que poner de manifiesto que, el informe del CGPJ no puede ceñirse al número de sentencias; toda vez que existen multitud de cuestiones que hay que resolver y que ocupan buena parte del tiempo. Hablamos de cuestiones de competencia, medidas cautelares, recursos de reposición, admisiones de prueba, incidentes de ejecución, autorizaciones de entrada, consultas, revisión del dictado de resoluciones…

Si se persiste en fijar el módulo que el Consejo informa, toda la materia que se ha de resolver por el titular del órgano, comportará que no se pueda decidir en un tiempo prudencial y con un estudio sosegado y atento de los diferentes casos, dando respuesta fundada a los distintos motivos impugnatorios que se deduzcan para sostener los recursos. Los ciudadanos lo merecen.

De los cinco días de trabajo de la semana, se ha de quitar un día de señalamientos y pruebas. Los asuntos, como se indicó, son más complejos; ha aumentado la instancia única y las competencias.

Cuarta.- Se considera que la capacidad de resolución, por seguir el criterio del informe para lograr una correcta resolución de todos los asuntos; no podría llevar a dictar más de 25-27 sentencias al mes. Lo que hace un total de unas 300 sentencias máximo, dentro de la horquilla referida. Carga sujeta a nueva valoración a la luz de las modificaciones legislativas, toda vez que en estos momentos no puede determinarse con exactitud el número y complejidad de los asuntos a resolver. A buen seguro, no llegarán a los Juzgados asuntos nimios por el efecto de las tasas y la condena en costas.

De no ser así, nos exigiría, con toda seguridad, más de una jornada completa de cualquier funcionario jurídico superior de cualquier Administración e imposible de mantener en el tiempo sin consecuencias para nuestra salud. Y lo que resulta más relevante, no garantizaría a los justiciables el derecho a la tutela judicial efectiva en los términos de calidad y motivación que la Constitución exigen.

Quinta.- Por último, y con un criterio comparativo respecto de los Juzgados Provinciales de lo Contencioso-advo, indicar que la propuesta de entrada efectuada por el Consejo para dichos Juzgados Provinciales ha supuesto una mayor rebaja de asuntos que la propuesta realizada para los Juzgados Centrales, sin conseguir encontrar una explicación razonada y comprensible.

Añadir que el informe del CGPJ habla de la carga de trabajo del órgano y no del titular/es. Pues bien, sobre este extremo poner de manifiesto que ello exigiría revisar las plantillas en algunos órganos judiciales, toda vez que, en ocasiones se ha traslado el número de funcionarios de unos Juzgados, donde la tramitación es más complicada, a otros, con procedimientos más sencillos y menos complejos. Con menos tramitación, como ocurre con los Juzgados de lo Contencioso advo. Un magistrado/a, no puede absorber el trabajo de 6 funcionarios en un tiempo de espera razonable.

Sexta.- Por todo se entiende que, el número de asuntos que un Magistrado puede resolver, si se quiere dar una respuesta, en tiempo razonable y con un estudio aquilatado, no debe exceder de 375- 400 de entrada. Número no ampliable con los casos repetitivos. Con dicha entrada, se considera que se conseguiría el número de sentencias antes indicado, toda vez que hay que contar que algunos asuntos concluyen con decreto del Secretario/a Judicial.