Democratización del Poder judicial y principio de legalidad

Cuando las encuestas y barómetros judiciales señalan que los ciudadanos consideran a la administración de justicia como uno de los problemas sin resolver de la Democracia, destacando una pérdida de prestigio y de confianza en el sistema judicial, los jueces somos los primeros en hacer un diagnóstico sobre la imagen que estamos dando y si la misma se refiere a nuestro trabajo diario o, más bien, se identifica con la del Consejo General del Poder Judicial, con la del Tribunal Constitucional, o, con mayor amplitud aún, con el fenómeno de la politización de la justicia y la influencia de los poderes políticos y fácticos en la propia administración de justicia.

 

En momentos de cambios políticos y de crisis económica puede ser interesante resaltar alguna de las conclusiones que 43 Jueces Decanos, elegidos democráticamente por sus compañeros y que representan a más de 1800 jueces, al margen de si forman parte o no de alguna asociación judicial, han puesto de manifiesto en unas jornadas celebradas en Vitoria, sobre lo que yo denomino intento de “democratización del poder judicial” para lograr una efectiva independencia del Poder Judicial.

 

Las conclusiones a las que me estoy refiriendo son las siguientes:

 

1. Cese del intervencionismo de los partidos políticos en los órganos de gobierno del Poder Judicial.

 

Los jueces españoles están hoy más preparados que nunca. Sin embargo, no es esta la percepción ciudadana. Existe un notable desprestigio de la judicatura. Asumimos que no hemos sabido trasmitir el valor de nuestro trabajo, que requiere neutralidad, vocación y dedicación. Pero no es menos cierto que existe un excesivo protagonismo de los partidos políticos en el ámbito de los órganos de gobierno y, especialmente, en el CGPJ. La tendencia expansiva e invasiva del poder político no cesa y está causando un enorme daño a la Carrera Judicial, ajena por completo a esta situación, que los jueces deseamos que cambie radicalmente.

2. Nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y no por los grupos políticos.

 

Es necesario reformar el sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ, de modo que 12 de los 20 vocales sean elegidos por sufragio directo de los jueces, evitando así el monopolio en su nombramiento por parte de los grupos políticos. El máximo órgano de gobierno del Poder Judicial debe quedar al margen de las disputas e influencias políticas que tanto dañan la imagen de independencia judicial. Este fue el sistema diseñado en la Constitución de 1978, incomprensiblemente abandonado en la LOPJ de 1985 y de cuyos riesgos advirtió el TC en sentencia 118/1986. Hay que recuperar la división de poderes y restablecer la imagen de independencia de los jueces españoles tan injustamente deteriorada por este motivo. Por otro lado, éste es el sistema que siguen países como Francia, Bélgica, Italia y Portugal y que recomienda y avala el consejo de Europa.

 

3. Revisión del sistema de elección de Presidentes de Tribunales Superiores y Audiencias.

 

La elección de los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional, debería realizarse por los propios jueces mediante sufragio directo. Esta medida supone avanzar en la democratización de los órganos del gobierno y en la independencia de los mismos, toda vez que deberán su puesto exclusivamente a los votos de sus pares y no a la designación directa o indirecta de los partidos políticos.

4. Supresión de la figura del Magistrado del TSJ nombrado a propuesta de los Parlamentos Autonómicos.

 

Debe suprimirse el nombramiento de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia a propuesta de los parlamentos autonómicos. Es un modo de acceso extravagante y perturbador de la independencia judicial. Tales nombramientos vulneran manifiestamente el principio de división de poderes, pues suponen una evidente contaminación política de dichos tribunales. No debe olvidarse que los parlamentos autonómicos proponen a magistrados que pueden enjuiciar en el futuro a los propios parlamentarios que los propusieron, aforados en dicho tribunal.

5. Límites al regreso a la carrera judicial desde la política.

 

Deben establecerse severos condicionantes para la reincorporación a cargos jurisdiccionales de aquellos miembros de la Carrera Judicial que hayan ejercido cargos políticos. En coherencia con lo anterior, merece un reproche contundente y sin paliativos la reforma introducida en septiembre de 2011 en la LOPJ, que permite extender la situación de servicios especiales, incluso retroactivamente, a cualquier miembro de la Carrera Judicial que ocupe o haya ocupado un cargo político. Interesamos la derogación de la mencionada reforma con la misma rapidez con la que se aprobó, por el enorme daño que causa a la imagen de independencia de los jueces.

 

Además, de las conclusiones enunciadas, por mi parte quiero acabar abordando el tema de la Independencia económica y principio de legalidad

 

En íntima relación con la independencia judicial está la independencia económica de los jueces y quiero centrarme en el apartado relativo a que se cumpla el “principio de legalidad” en esta materia. Así, la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de la Carrera Judicial establece la obligatoriedad de proceder a su revisión a los 5 años de su entrada en vigor. Han pasado más de 9 años, el plazo se ha cumplido sobradamente y, sin embargo, no se han revisado las bases retributivas de los jueces. Instamos a que se cumpla dicho principio de legalidad con la revisión o incluso con la promulgación de una nueva Ley de Retribuciones que corrija los desajustes de la vigente. Mientras tanto, los jueces solicitamos mayor transparencia y celeridad en el abono de las retribuciones variables, así como que se distribuya el 5% de la cuantía global de las retribuciones fijas. No estamos hablando de insolidaridad social con el momento crítico actual; lo entendemos, aunque no seamos en absoluto responsables de esta situación. Pero, lo que no podemos es perder un tiempo precioso para establecer las bases adecuadas para un futuro mediato.

 

Posiblemente, ahora sea el momento en que debemos plantearnos la independencia económica del Poder Judicial. Hoy en día, resulta extraordinariamente anómalo que las retribuciones a los miembros del Poder Judicial estén en manos del Ministerio de Justicia. Actualmente el poder ejecutivo puede mediatizar e inquietar a otro de los poderes del Estado (el judicial) mediante su desestabilización económica, provocando un claro desequilibrio. Si se quiere progresar en las cotas de independencia y avanzar en el Estado de Derecho, ha de ser el Consejo General del Poder Judicial quien, con autonomía presupuestaria, se haga cargo de las retribuciones de jueces y magistrados. El Consejo Consultivo de Jueces Europeos lo tiene muy claro: «los tribunales no serán realmente independientes hasta que dispongan de un presupuesto propio y administrado por una instancia independiente del poder ejecutivo o legislativo, ya sea por un Consejo de la Justicia o por una agencia independiente» (§74, Informe 10/2007, Estrasburgo, 21-23 noviembre 2007).

 

En consecuencia: Reclamamos la independencia económica del Poder Judicial. No puede ni debe seguir dependiendo de la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos. Hay que apostar por la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, estableciendo un porcentaje fijo de los PGE para justicia de alrededor de un 3%, cuya gestión correspondería al propio Poder Judicial. Al menos debería garantizarse dicha autonomía presupuestaria para decidir y dotar las medidas de apoyo, refuerzo, sustituciones y política de creación de plazas judiciales, ya que el sistema actual en el que intervienen el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el CGPJ es caótico, lento e ineficaz. En todo caso, las retribuciones de los jueces deben pasar a depender del CGPJ y no del Ministerio de Justicia.

 

Como Decano de los jueces de Zaragoza, firmante de las conclusiones de Decanos de Vitoria y como Presidente Nacional de la Asociación de jueces y magistrados Foro Judicial Independiente, considero un ejercicio de responsabilidad profesional y de compromiso ético denunciar ante la ciudadanía el abandono que sufre la administración de justicia y sus efectos devastadores en el sistema de garantías y de protección de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, estas ideas son compartidas por la gran mayoría de los jueces españoles, no asociados y de otras asociaciones judiciales. Desde este escrito hago una llamada a la unidad de acción de todos los jueces ante los grupos políticos parlamentarios para que estas conclusiones no caigan en saco roto y sean una meta a conseguir en esta legislatura y anunciar un “basta ya” frente a la deriva a la que intencionadamente nos están llevando y que nos avoca a que cada día se preste un peor servicio público de justicia.

 

En Zaragoza, a 15 de Diciembre de 2011.

 

ANGEL DOLADO PEREZ.

Juez Decano de Zaragoza.

Presidente Nacional de FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE.