BARRABÁS

Se ha tardado muchos siglos en instaurar un sistema judicial penal que destierre los linchamientos y los simulacros de juicios como formas de impartir justicia. El establecimiento de una serie de garantías alrededor del principio de presunción de inocencia es una gran conquista que permite alejarla de la arbitrariedad y dotar de una cierta seguridad jurídica y cientifismo a una función eminentemente subjetiva que no permite aplicar operaciones matemáticas para obtener una conclusión y, mucho menos, para demostrar que ésta sea correcta.

Créanme si les digo que la dificultad de juzgar radica no solo en la necesidad de tener conocimientos teóricos sino también en la dificultad de decidir en conciencia teniendo en cuenta muchas veces pruebas eminentemente subjetivas y circunstanciales, cuya interpretación no es inequívoca y depende de la apreciación personal de cada uno (¿quién dice la verdad entre dos testigos que aportan versiones contradictorias?). Bienvenidas, por tanto, las nuevas pruebas (análisis biológicos…) que permiten aclarar por medios científicos fiables hechos que antes dependían casi exclusivamente de las manifestaciones subjetivas de implicados que complicaban enormemente la decisión judicial.

¿Es la ciudadanía consciente de la importancia de las garantías del proceso, las comparte y asume? Sinceramente creo que, a groso modo, sí, por eso, cuando vemos una película o leemos una historia sobre juicios del pasado, nos estremecemos al comprobar cómo la tortura era procedimiento habitual para lograr la confesión de los imputados o las ordalías para decidir su culpabilidad. Entonces, ¿qué ocurre para que, a veces, la opinión pública parezca renegar del sistema, al que se tacha peyorativamente de garantista? Varias causas podrían explicarlo. Una de ellas quizás sea la dinámica que se establece en torno a un proceso judicial en estos tiempos de globalización e inmediatez de la información. En los llamados ‘casos mediáticos’, los medios de comunicación informan con profusión de cuanto ocurre en los juzgados, como es su obligación, así, la opinión pública puede formar sus conclusiones antes incluso de que se celebre juicio, de suerte que la decisión del juez no determina para algunos la verdad oficial del conflicto. Consecuentemente, cuando el fallo judicial no se acomoda a la idea prefijada de la opinión pública, se puede crear una gran frustración social y una gran grieta entre la ciudadanía y el sistema judicial. La Justicia aparece entonces, a ojos de algunos ciudadanos, como un elemento extraño, incomprensible y hostil; hasta el punto de considerar que la Justicia se equivoca simplemente porque la sentencia no se ajusta a lo que ellos pensaban.

Desde luego, los jueces no somos infalibles y el sistema no es perfecto, nos equivocamos como todo ser humano, pero, con independencia de que el sistema tiene mecanismos apropiados para revisar las decisiones, creo que los jueces somos quienes estamos en mejores condiciones para impartir justicia: tenemos conocimientos teóricos, somos independientes y, a diferencia del resto de partes, no defendemos ningún interés particular ni tenemos a priori una posición en contra o a favor de nadie de los que intervienen en el conflicto.

Entiendo que la ciudadanía tenga una opinión propia de los sucesos y que pueda criticar las decisiones judiciales, y comprendo que las partes implicadas pretendan llevar el ascua a la sardina de su interés, pero me extraña que la ciudadanía no analice con lógica prevención y actitud crítica las opiniones de las partes que por su origen pueden no ser imparciales y, por el contrario, concedan poco crédito a la opinión técnica, imparcial y desinteresada del juez.

¿Qué está ocurriendo? Me inclino a pensar que estos lodos son consecuencia, sobre todo, de la deteriorada imagen que tiene la Justicia gracias al abandono, precariedad y politización (a la que no somos ajenos los jueces) a que la someten los otros poderes del Estado. Es difícil respetar algo que funciona mal, es humillado por los otros poderes y carece de prestigio social. Aunque también el desconocimiento que los ciudadanos tienen de la función asignada al poder judicial puede contribuir a ello, hasta el punto de que se suele achacar a la justicia responsabilidades que no le corresponden ni está en su mano remediar: los jueces no hacemos la ley ni podemos imponer las penas arbitrariamente; determinar cuando una conducta es delictiva y qué pena se puede imponer corresponde al poder legislativo.

Hace dos años la carrera judicial hizo la primera huelga en España. Advertimos del grave deterioro de la administración de justicia y de la urgente necesidad de que se arbitraran medios para paliar las deficiencias de un servicio público esencial que está politizado, maltratado y olvidado como pocos. El Ministerio de Justicia se dedicó a apaciguar con falsas promesas los ánimos de los jueces y, con la coartada de la crisis (excusas de mal pagador, porque en épocas de bonanzas tampoco se invirtió), se ha mantenido a la Justicia, con plena conciencia por parte los responsables, en la indigencia y en un progresivo deterioro de imprevisibles consecuencias para el Estado de Derecho. Para empeorarlo todavía más, de forma paralela se aprueban precipitadas e insensatas reformas (como la nueva oficina judicial o los tribunales de instancia), que en vez de dar solución se están convirtiendo en un nuevo problema y en una nueva merma de la independencia judicial.

Al final, el ciudadano, sin capacidad crítica ante la abrumadora información de los juicios y alarmado por el deficiente servicio que ofrece la Justicia, no sabrá identificar quien es el responsable y acabe confundido. Y de la misma forma que, al ver una película, tenemos muy claro que la tortura no es forma de hacer justicia, que las garantías nos protegen a todos, algunos acaben por pensar que, en realidad, son las garantías las que obstaculizan la acción de la Justicia. Esa confusión es lo peor que nos puede pasar como sociedad. En una democracia el cauce de protesta es otro. Cuando la ciudadanía exija a sus gobernantes que adecenten el funcionamiento de la justicia, que perfeccionen la legislación y que fortalezcan la independencia del poder judicial, la visión general de la Justicia, como servicio público, comenzará a cambiar. De todas formas, no puedo evitar ser pesimista: aún en el supuesto de que algún día la ciudadanía se vuelva reivindicativa y la clase dirigente actúe en consecuencia, puede que sea demasiado tarde, que la corrupción se haya convertido ya en un decorado más de nuestro paisaje, que el desánimo y el abandono en sus profesionales sea generalizado, y que en los ciudadanos se haya instalado la idea de que la justicia no es digna de confianza por naturaleza, quebrando una de las utopías necesarias en todo Estado democrático.

Si llegamos a este punto, no hará falta que nos preguntemos por las consecuencias, ya las conocemos. Hace dos mil años, so pretexto de que era la voluntad del pueblo soberano, se acabó indultando a Barrabás. Pero que nadie confunda el debate: existen problemas; se cometen errores; existen deficiencias, pero el futuro no es Barrabás. Yo, al menos, aspiro a una justicia digna e independiente basada en la ley y a no tener que ejercer el papel de Pilatos, que tanto me desagrada.

FUENTE: Francisco Gutiérrez. Artículo publicado en el Mundo de Andalucía.