28/02/2011

A LA CARRERA JUDICIAL.

FJI emitió recientemente un comunicado difundiendo la noticia de la interposición de un recurso contra el nombramiento de altos cargos judiciales por inconstitucionales y anunciando que el Tribunal Supremo lo había admitido a trámite. Han sido recurridos los nombramientos de los Presidentes de los Tribunales de Justicia de Cataluña y Valencia. No se ha recurrido el nombramiento del Presidente del TSJ de Andalucía porque, a juicio de quienes dirigen el proceso, no aparecen signos tan evidentes de intervención partidista pues, al parecer, en el último momento se produjo una deserción de algunos vocales por razones que desconocemos.

El recurso interpuesto no se dirige contra persona alguna. No se dirige contra asociación judicial alguna. Se trata de un recurso que pretende única y exclusivamente acabar con el actual sistema de nombramientos, tan perjudicial para la Carrera Judicial. FJI está convencida de que los escollos que padecemos los Jueces y Magistrados en el ejercicio de nuestra función y el progresivo desprestigio de la Justicia tienen su origen en la politización partidista de los nombramientos de determinados cargos y puestos judiciales. Perseguimos proteger uno de los pilares básicos que conforman la estructura de nuestra independencia. Queremos terminar con el sistema que hasta ahora ha imperado para el nombramiento de altos cargos judiciales y que se ha basado únicamente en una negociación partidista tan clamorosa que ha adquirido carta de notoriedad en los distintos ámbitos de la vida social, política y económica española.

Todo el mundo sabe y a todos consta que se produce un reparto de los distintos trozos del pastel según la puja de los partidos políticos. En numerosas ocasiones se ha hablado en todos y cada uno de los medios de comunicación del “bloqueo en los nombramientos”, “estancado el nombramiento”, “negociaciones” y otras expresiones vergonzosas que, claramente, ponen de manifiesto que no se acude a los criterios de mérito y capacidad para asignar estos altos cargos judiciales, sino que es el reparto partidista el que reina en estos nombramientos. El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno que debe velar por nuestra independencia, participa de este reinado y acepta negociar.

FJI no pone en duda la valía profesional de los nombrados para los cargos. Quiere reaccionar contra un sistema inconstitucional que, además de perjudicar profundamente a la Justicia y a todos los integrantes de la Carrera Judicial, perjudica a los propios nombrados a quienes la opinión pública les adjudica directamente el cargo por su pertenencia o proximidad a tal o cual asociación y la conexión de ésta a un determinado partido político y así son presentados a los medios de comunicación, lo cual conlleva implícitamente cuestionar su propia capacidad y mérito profesional.

Ciertamente hay otros muchos motivos de preocupación que sería imprescindible afrontar desde la unidad asociativa, como la NOJ, los tribunales de instancia, el régimen esclavistas de las guardias, etc. Lo que afirma FJI es que la inconstitucional arquitectura del Consejo y los altos cargos de la carrera está en la base de la inmensa mayoría de los males que afectan al Poder Judicial. El desprecio que demuestra el Gobierno hacia los Jueces y Magistrados en asuntos como las retribuciones, el régimen de guardias, la carga de trabajo, las modificaciones procesales de la NOJ y la regulación de los tribunales de instancia no sería posible si efectivamente existiera un Consejo realmente independiente y que defendiera, a su vez, la independencia del Poder Judicial.

¿Alguien se imagina a algún Ministro de Justicia defendiendo un proyecto legislativo tras otro, en contra de la opinión beligerante del Consejo?

El Ministro de Justicia, el Gobierno y la oposición en su caso no tienen ninguna preocupación por lo que diga la Carrera y el Consejo. Simplemente saben que tienen amordazado al Consejo y a la cúpula judicial que les debe su posición.

De no ser así, todo cambiaría. ¿Qué Consejo o cargo ha levantado su voz contra una intromisión del Gobierno en la independencia del poder judicial desde hace 30 años? ¿O es que no ha habido ninguna?

Esta Asociación nació para la defensa de la independencia judicial y de los intereses profesionales de Jueces y Magistrados. Entre sus finalidades no está la consecución de cargos ni tiene vinculación alguna con partidos políticos o centro de poder alguno.

Para cumplir con estas finalidades seguirá ejerciendo cuantas acciones y actuaciones sean necesarias, sin que de ello deba inferirse un ataque a ninguna de las restantes asociaciones judiciales. Si efectivamente se está en desacuerdo con el modelo de designación parlamentaria de los vocales del CGPJ, resulta incoherente negar que tal desacuerdo nace precisamente de su utilización partidista. Lo contrario es simplemente negar lo obvio.

La Comisión Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente.